AC3003-2023 (2023-03546-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3003-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03546-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre las Comisar\u00edas Segunda de Familia de Facatativ\u00e1 y de Familia de Bosa II – Porvenir (Bogot\u00e1) para conocer del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos promovido por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Facatativ\u00e1, en favor del menor de edad Juan1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda Segunda de Familia de Facatativ\u00e1, con auto de 7 de marzo de 2023, dio inicia al proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor del menor de edad Juan2; orden\u00f3 como medida provisional ubicarlo en medio familiar en la vivienda de su padre, Carlos3; notificar personalmente a los progenitores y correrles traslado para que se pronunciaran. <\/p>\n
2. Sin embargo, en el marco de la verificaci\u00f3n de derechos, la entidad administrativa de Facatativ\u00e1 resolvi\u00f3 modificar la ubicaci\u00f3n de Juan4, envi\u00e1ndolo junto a su t\u00eda paterna, Mar\u00eda5, quien reside en la \u00abCALLE 54 D N.\u00b0 82 B – 23 SUR BARRIO PORTAL CALI EN BOGOT\u00c1\u00bb, por lo que remiti\u00f3 las diligencias a la comisar\u00eda de familia de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. La Comisar\u00eda receptora del expediente rechaz\u00f3 las diligencias y suscit\u00f3 el conflicto de competencia. Indic\u00f3 que no pod\u00eda conocer del asunto en cuanto el t\u00e9rmino establecido por la ley 2126 de 2021 para la remisi\u00f3n de diligencias \u00abse encuentra ostensiblemente vencido por la autoridad remitente, ya que han trascurrido 90 d\u00edas desde el auto de apertura; y su despacho lo recibi\u00f3 el d\u00eda 20 de abril de 2023 y han trascurrido 33 d\u00edas de que lleg\u00f3 a su despacho comisarial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien el numeral 16 del art\u00edculo 21 \u00eddem se\u00f1ala que corresponde a los jueces de familia conocer de \u00ablos conflictos de competencia en asuntos de [esa especialidad] que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic\u00eda\u00bb e igualmente el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia les defiere esa atribuci\u00f3n en los casos de restablecimiento de derechos, ello presupone que el juzgador sea superior funcional com\u00fan de los servidores involucrados en la controversia; sin embargo, le ata\u00f1e dirimirla al respectivo tribunal superior cuando aquellos est\u00e1n adscritos a distintos circuitos pertenecientes al mismo distrito judicial, o a la Corte Suprema de Justicia cuando pertenezcan a diferentes distritos, conforme a las reglas generales. <\/p>\n
No debe olvidarse que el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos es jurisdiccional, al punto que la decisi\u00f3n final es susceptible de homologaci\u00f3n ante el Juez de Familia, quien igualmente debe asumir competencia para conocer el tr\u00e1mite cuando el comisario al que en principio est\u00e1 adscrito no emite decisi\u00f3n de fondo o no desata en tiempo el recurso de reposici\u00f3n que procede contra este pronunciamiento (art. 100 \u00eddem). <\/p>\n
Lo anterior armoniza con el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que menciona los organismos encargados de administrar justicia y a\u00f1ade que excepcionalmente la \u00abley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas\u00bb, lo que reforz\u00f3 la ley 270 de 1996 al contemplar en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 13 que \u00ab[e]jercen funci\u00f3n jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: (\u2026) 2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes\u00bb, tal como lo expuso esta Corte en AC1664-2021, al tratar un asunto de similar alcance. <\/p>\n
2. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 294 de 1996, modificado por los art\u00edculos 1\u00b0 de la ley 575 de 2000 y 16 de la ley 1257 de 2008, \u00ab[t]oda persona que dentro de su contexto familiar sea v\u00edctima de da\u00f1o f\u00edsico, ps\u00edquico, o da\u00f1o a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n por parte de otro miembro del grupo familiar, podr\u00e1 pedir (\u2026) al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos (\u2026), una medida de protecci\u00f3n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresi\u00f3n o evite que esta se realice cuando fuere inminente\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 96 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, corresponde a los Defensores y Comisarios de Familia procurar y promover la realizaci\u00f3n y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en tal C\u00f3digo. Respecto al seguimiento de las medidas de protecci\u00f3n o restablecimiento adoptadas por las autoridades mencionadas, estar\u00e1n a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, los adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587 de 1998, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, adolescentes, que se encuentren implicados en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 da competencia territorial para conocer de las actuaciones en pro del restablecimiento de los derechos de los menores a las autoridades administrativas del lugar donde estos se encuentren. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
4. Aplicando las anteriores nociones y teniendo en cuenta que el menor, en favor de quien se sigue el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos impulsado desde el 7 de marzo de 2023 por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Facatativ\u00e1, fue entregado a su t\u00eda paterna mediante medida de protecci\u00f3n provisional, quien reside actualmente en la localidad de Bosa (Bogot\u00e1), debe concluirse que la competencia por el factor territorial en el sub examine corresponde a la Comisar\u00eda de Familia Bosa II \u2013 Porvenir, de esa localidad, por ser el lugar donde se encuentra tal sujeto de especial protecci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, asignaci\u00f3n que da prevalencia a los derechos e inter\u00e9s superior de este, por su relevancia constitucional. <\/p>\n
Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ib\u00eddem, \u00ab[e]n toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior citado, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019 (STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01). <\/p>\n
5. Desde esta \u00f3ptica corresponde la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte a la Comisar\u00eda de Familia de Bosa II – Porvenir, por cuanto en esta localidad se encuentra el menor de edad involucrado en el tr\u00e1mite, en virtud de la medida provisional decretada, raz\u00f3n suficiente para dar aplicaci\u00f3n al citado art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia en los t\u00e9rminos esbozados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural declara que el competente para conocer del tr\u00e1mite de Comisar\u00eda de Familia de Bosa II – Porvenir, a la que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a la otra entidad administrativa involucrada en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
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