AC3057-2023 (2023-03780-00)<\/p>\n
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AC3057-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03780-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre la Comisar\u00eda Novena de Familia Fontib\u00f3n (Bogot\u00e1) y la de Distracci\u00f3n (Guajira). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Deiris Patricia Ospino Padilla denunci\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia de Distracci\u00f3n a su pareja Rafael Enrique Bertel Monterrosa, por hechos de violencia verbal, f\u00edsica y psicol\u00f3gica acaecidos en dicho territorio y donde la peticionaria estaba domiciliada. Dicha autoridad dict\u00f3 medidas de protecci\u00f3n a favor de la solicitante y su \u00abgrupo familiar\u00bb el 15 de noviembre de 2012. <\/p>\n
2.- En febrero de la presente anualidad, Deiris Patricia puso en conocimiento de la Comisar\u00eda Novena de Fontib\u00f3n el incumplimiento por parte de su expareja y la ocurrencia de nuevos actos violentos frente a su n\u00facleo familiar, entre ellos su \u00abhijo menor de edad\u00bb; sin embargo, esa agencia se rehus\u00f3 a asumir el caso tras considerar que deb\u00eda ser tramitado por la hom\u00f3loga que imparti\u00f3 las \u00f3rdenes, a la cual remiti\u00f3 el asunto. <\/p>\n
3.- La receptora se abstuvo de asumir el conocimiento, toda vez que el domicilio actual de la afectada es la \u00abcarrera 104B n\u00famero 23 47 de la localidad de Fontib\u00f3n\u00bb, por lo que a su juicio deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 2126 de 2021 que define la competencia por el domicilio de la v\u00edctima. Por esa raz\u00f3n propuso conflicto negativo de competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien mediante auto de 12 de julio pasado repeli\u00f3 el conflicto y lo remiti\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte est\u00e1 habilitada para dirimir la presente colisi\u00f3n de acuerdo con el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto est\u00e1n involucradas autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales y pertenecen a distintos distritos judiciales. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, a voces del numeral 16 del art\u00edculo 21 \u00eddem, corresponde a los Jueces de Familia conocer de \u00ablos conflictos de competencia en asuntos de [esa especialidad] que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic\u00eda\u00bb, pero esta circunstancia presupone que el juzgador sea superior funcional com\u00fan de los servidores involucrados en la colisi\u00f3n, pues de lo contrario le ata\u00f1e dirimirla al respectivo Tribunal Superior, cuando aqu\u00e9llos est\u00e9n adscritos a distintos Circuitos pero al mismo Distrito Judicial, o a la Corte Suprema de Justicia, cuando pertenezcan a diferentes distritos, conforme a las reglas generales que imperan en esta materia. <\/p>\n
En efecto, el tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar en cuesti\u00f3n es de naturaleza judicial si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n final es susceptible de control ante el Juez de Familia, seg\u00fan el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el 12 de la Ley 575 de 2000. La misma disposici\u00f3n remite al Decreto 2591 de 1991 en punto a las normas procedimentales en caso de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n impuestas, siempre que \u00absu naturaleza lo permita\u00bb. As\u00ed lo ha reconocido la Sala en los CSJ AC1375-2020, AC1664-2021 y AC4433-2022, entre otros. <\/p>\n
Lo anterior armoniza con el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que menciona los organismos encargados de administrar justicia y a\u00f1ade que excepcionalmente la \u00abley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas\u00bb, lo que reforz\u00f3 la Ley 270 de 1996 al contemplar en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 13 que \u00ab[e]jercen funci\u00f3n jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: (\u2026) 2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia se\u00f1ala en el numeral 4\u00b0 que es funci\u00f3n de los Comisarios de familia \u00abtomar las medidas de protecci\u00f3n en casos de violencia intrafamiliar\u00bb. Sobre el particular en CSJ AC889-2019 y AC1991-2023 se memor\u00f3 lo expuesto en CSJ AC 5 jul. 2013, rad. 2012-02433-00, en el sentido de que <\/p>\n
(…) aunque el art\u00edculo 83 de la ley 1098 de 2006 se\u00f1ala que las Comisar\u00edas de Familia \u201c[s]on entidades distritales o municipales o intermunicipales de car\u00e1cter administrativo e interdisciplinario\u201d, ese mismo fundamento normativo conduce a concluir que, en cuanto hace al tr\u00e1mite de las acciones o medidas de protecci\u00f3n, las Comisar\u00edas de Familia son autoridades administrativas que tambi\u00e9n desempe\u00f1an funciones judiciales, precisamente de aquellas que el ordenamiento jur\u00eddico le ha asignado a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria. (CSJ AC, 5 Jul. 2013, rad. 2012- 02433-00, reiterado en CSJ AC889-2019). <\/p>\n
2.- En un procedimiento de violencia intrafamiliar, reglado en la Ley 294 de 1996, se distinguen dos fases: La primera corresponde a la etapa de conocimiento donde, previa audiencia de la persona denunciada y pr\u00e1ctica de pruebas, se decide si hay lugar o no a imponer medidas de protecci\u00f3n a favor de la v\u00edctima. La segunda es posterior y no siempre se da, pero puede suscitarse en caso de que la v\u00edctima denuncie nuevos hechos de violencia derivados del mismo conflicto o el incumplimiento de las medidas decretadas en la primera fase. Ambas, sin perjuicio de la competencia asignadas a los jueces de familia en dichas causas, est\u00e1n a cargo de la autoridad que la acogi\u00f3 en un comienzo. <\/p>\n
As\u00ed se desprende del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el 10 de la Ley 575 de 2000, a cuyo tenor \u00ab[e]l funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n\u00bb. Sobre el particular, la Sala en CSJ AC764 de 2017, reiterado entre otros en AC4433-2022 y AC1991-2023, indic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el funcionario competente para conocer de las medidas de protecci\u00f3n para v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, es el del lugar donde ocurrieron los hechos o del domicilio de la persona agredida. De igual forma, si el funcionario expide una de tales \u00f3rdenes, mantendr\u00e1 su competencia para su ejecuci\u00f3n y cumplimiento. (se resalta). <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, f\u00edjese que el citado art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, entre otros aspectos prev\u00e9 que \u00ab[e]n todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, la Sala, respecto del anotado principio de la perpetuatio jurisdictionis, que es aplicable a las actuaciones de violencia intrafamiliar por su car\u00e1cter jurisdiccional, en CSJ AC 26 ago. 2009, rad. 2009-00516-00, citado entre otras providencias en AC2806-2022 y AC1991-2023, precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto (\u2026). Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio. <\/p>\n
As\u00ed pues, por regla general, en los procedimientos de violencia intrafamiliar en los que se haya decretado una medida de protecci\u00f3n, la atribuci\u00f3n para conocer de las actuaciones subsiguientes a que haya lugar est\u00e1 asignada a la autoridad que las expidi\u00f3, sin que las alteraciones de las circunstancias durante el tr\u00e1mite principal o las actuaciones consecuenciales posteriores tengan la virtualidad de alterarla. <\/p>\n
Ahora, dicha pauta no es absoluta y admite como excepci\u00f3n el que la medida de protecci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis se haga extensiva a ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. <\/p>\n
En efecto, conforme se dijo en AC1901-2023 <\/p>\n
(\u2026) la Sala ha reconocido la necesidad de dar aplicaci\u00f3n a las disposiciones constitucionales y legales que expresan que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb y destacan el inter\u00e9s superior de los menores (inciso final, art\u00edculo 44, Constituci\u00f3n y art\u00edculos 8 y 9, Ley 1098 de 2006), permitiendo que cuando var\u00edan su lugar de residencia igualmente cambien los funcionarios que rit\u00faan los diligenciamientos con que se pretende salvaguardar sus privilegios. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa se ha establecido que el postulado de la perpetuatio jurisdictionis no es una cl\u00e1usula p\u00e9trea, y que debe ceder en procura de la realizaci\u00f3n de dichas prerrogativas, permitiendo que los asuntos que involucran a dichos sujetos de especial protecci\u00f3n sean arbitrados por la autoridad que en todo momento se halle en mejor posibilidad de hacerlas efectivas, especialmente facilit\u00e1ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, realizando el mandato que tener en cuenta \u00absus opiniones\u00bb (art. 26 Ley 1098 de 2002), inmediando la pr\u00e1ctica de las pruebas y vigilando las medidas de protecci\u00f3n provisionales y definitivas, todo ello en el marco de especial de celeridad por el que el propio ordenamiento propende. <\/p>\n
Por ello en AC4860-2021, reiterado en AC1901-2023 memor\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) en un asunto que pas\u00f3 de la sede administrativa a la judicial, en el que la menor involucrada cambi\u00f3 de ubicaci\u00f3n, la Corte concluy\u00f3 que la competencia para proseguir con el tr\u00e1mite de ese proceso deb\u00eda asignarse teniendo en cuenta que \u00abel inter\u00e9s superior del menor tiene como objetivo, en el caso particular, evitar imponerle al menor o a quien se encuentre a cargo de su cuidado, que se desplace a un lugar distinto del de su residencia (CSJ AC, 4 julio 2013, Exp. 2013-00504, reiterado en AC1828-2019). <\/p>\n
3.- En el presente caso la promotora acus\u00f3 ante la Comisar\u00eda Novena de Familia de Fontib\u00f3n que Rafael Enrique Bertel Monterrosa incumpli\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n que fueron ordenadas por la hom\u00f3loga de Distracci\u00f3n, toda vez que se ha comunicado telef\u00f3nicamente a ejercer presuntos actos de violencia verbal y psicol\u00f3gica sobre su n\u00facleo familiar, entre ellos su \u00abhijo menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Es decir que, de aplicarse el criterio general de territorialidad, ser\u00eda la \u00faltima autoridad en comento a quien le corresponder\u00eda conocer el incidente posterior, pero como el mandato de protecci\u00f3n consisti\u00f3 en ordenarle a Rafael Enrique que se abstuviera de \u00abrealizar la conducta objeto de la queja anteriormente descrita, u otra similar sobre la v\u00edctima o cualquier otro miembro del grupo familiar\u00bb (se destaca), es evidente que la salvaguarda se hizo extensiva tambi\u00e9n a sus descendientes, dentro de los cuales se halla un \u00abhijo menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, al estar involucrado el resguardo a un infante, que conforme lo inform\u00f3 su progenitora est\u00e1 domiciliado con ella en Fontib\u00f3n en el Distrito Capital, esto habilitaba a la comisar\u00eda de dicha localidad para conocerlo en atenci\u00f3n al inter\u00e9s superior de ese sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
4.- As\u00ed, en aras de dar prevalencia a los derechos del menor, se asignar\u00e1 la competencia a la Comisar\u00eda Novena de Familia de Fontib\u00f3n, por ser el lugar de residencia de aqu\u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que la Comisar\u00eda Novena de Familia de Fontib\u00f3n es la competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver virtualmente, por Secretar\u00eda, el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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