AC3127-2023 (2023-04093-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AC3127-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04093-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- AECSA S.A. instaur\u00f3 demanda ejecutiva contra Daniel Alberto Vanegas Candil, con el prop\u00f3sito de recaudar las sumas de dinero incorporadas en el pagar\u00e9 No 6915884, as\u00ed como los intereses moratorios causados sobre ellas. <\/p>\n
2.- El libelo introductorio fue radicado ante los jueces civiles municipales de Bogot\u00e1, justific\u00e1ndose all\u00ed su competencia, \u00aben raz\u00f3n a la naturaleza del proceso, al lugar se\u00f1alado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, esto es en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C conforme al numeral primero de la carta de instrucciones del pagar\u00e9 base de la presente ejecuci\u00f3n\u00bb, [folio 1 a 4, archivo digital \u00abDemanda y Anexos\u00bb]. <\/p>\n
3.- Asignado el asunto al despacho Veintiuno Civil Municipal capitalino, rehus\u00f3 el conocimiento y dispuso la remisi\u00f3n del infolio a sus hom\u00f3logos de Ibagu\u00e9, resguardado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del nuevo estatuto de procedimiento, porque \u00ablas pretensiones de la demanda giran en torno a un t\u00edtulo valor (pagar\u00e9) y el domicilio del demandado DANIEL ALBERTO VENEGAS CANDIL es la ciudad de Ibagu\u00e9\u00bb, evocando prove\u00eddo de esta Corte del 4 de junio de 2004 [archivo digital 004]. <\/p>\n
4.- Al recibir el negocio el Juez S\u00e9ptimo de la \u00faltima circunscripci\u00f3n territorial, tambi\u00e9n se neg\u00f3 a asumirlo, argumentando que \u00abla parte ejecutante eligi\u00f3 radicar la demanda ante los Juzgados Civil Municipales de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, elecci\u00f3n que concuerda con la regla 3\u00aa del precepto mencionado. <\/p>\n
Basado en aquellos razonamientos, trab\u00f3 la presente colisi\u00f3n, ordenando el env\u00edo del legajo a esta colegiatura, [archivo digital 0003]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Al tenor de lo estipulado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
Por su parte, el numeral 3\u00ba del mismo canon precept\u00faa que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (se destaca). <\/p>\n
3.- Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos est\u00e1 radicada en el lugar de domicilio del demandado, sin perjuicio de aquellos juicios originados en un negocio jur\u00eddico o, que involucren t\u00edtulos ejecutivos, pues, en tales eventos, ser\u00e1 competente, adem\u00e1s, el juez del lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida; en otras palabras, cuando concurran los factores de asignaci\u00f3n acabados de referir, el actor est\u00e1 facultado para optar por cualquiera de los dos foros mencionados, dado que no existe competencia privativa. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Colegiatura ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019 (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00) (CSJ AC1439-2020, 13 jul., rad. 2020-00875-00, criterio reiterado en CSJ AC527-2023, 8 mar., rad. 2023-00708-00 y CSJ AC1096-2023, 2 may., rad. 2023-01401-00). <\/p>\n
4.- En el sub lite es incontestable que la pugna planteada por AECSA S.A. va dirigida a obtener el cobro forzado de las obligaciones dinerarias representadas en el referido pagar\u00e9, que le fue endosado en propiedad por el banco Davivienda S.A., por manera que, para la fijaci\u00f3n del juez natural, concurr\u00edan dos fueros, esto es, el general que prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., y el especial contemplado en el ordinal 3\u00ba ibidem, de suerte que la sociedad ejecutante ten\u00eda la potestad de decidir si la impulsaba ante el juez del lugar del domicilio de la parte convocada que, seg\u00fan inform\u00f3 en la postulaci\u00f3n inicial se sit\u00faa en Ibagu\u00e9, o en el de la locaci\u00f3n donde tendr\u00eda lugar el cumplimiento de las acreencias contenidas en los t\u00edtulos base de recaudo que, seg\u00fan su literalidad, lo es Bogot\u00e1. <\/p>\n
Ante esa disyuntiva, la sociedad radic\u00f3 su causa ante los jueces de la capital colombiana, manifestando con absoluta claridad en el ac\u00e1pite \u00abCOMPETENCIA Y CUANT\u00cdA\u00bb del escrito inaugural que el juzgador elegido era competente por ser el del \u00ablugar se\u00f1alado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, esto es en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, atestaci\u00f3n que encuentra respaldo en el contenido del instrumento b\u00e1culo de la acreencia, en el que qued\u00f3 consignado que el se\u00f1or Vanegas prometi\u00f3 pagar \u00abSOLIDARIA e INCONDICIONALMENTE pagar\u00e9 al BANCO DAVIVIENDA S.A., o a su orden, en sus oficinas de Bogot\u00e1 D.C. (\u2026)\u00bb las cantidades debidas [folio 7, archivo digital \u00abDemanda y Anexos\u00bb]. <\/p>\n
Siendo esto as\u00ed, emerge claro que la prestaci\u00f3n debida se debe honrar en la ciudad de Bogot\u00e1, siendo irrelevante para este caso si el deudor tiene su domicilio en Ibagu\u00e9, pues, se itera, la compa\u00f1\u00eda gestora no hizo su elecci\u00f3n con base en la regla general de competencia, sino en la pauta alternativa que el propio legislador habilit\u00f3, la cual, a no dudar, resulta ajustada a derecho de acuerdo con lo previsto en el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Valga la pena resaltar que la juez capitalina al soportar su determinaci\u00f3n en el precedente de esta Sala del 4 de junio de 2004, pas\u00f3 por alto que la soluci\u00f3n dada en aquel asunto se acompasaba con el ordenamiento procesal para entonces vigente y que vino a ser sustituido por la ley 1564 de 2012 que fij\u00f3 nuevas pautas para la asignaci\u00f3n de la competencia por el factor territorial, las cuales, a m\u00e1s de ser de orden p\u00fablico, son de aplicaci\u00f3n inmediata y desde enero de 2016 que entr\u00f3 en vigencia son las llamadas a gobernar la ritualidad de los asuntos sometidos a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, equivocadas resultan las argumentaciones de la Juez Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1, en cuanto a que la atribuci\u00f3n para conocer el coercitivo estaba en cabeza de la autoridad judicial de Ibagu\u00e9, por ser el domicilio de la demandada, habida cuenta que la regla del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n procesal, contiene un par\u00e1metro leg\u00edtimo para habilitar la tramitaci\u00f3n ante los jueces capitalinos por ser el sitio para el recaudo de la acreencia contenida en el documento presentado al cobro. <\/p>\n
6.- Consecuente con lo indicado se ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n del plenario a la juez primigenia para que proceda de conformidad, como en efecto se dispondr\u00e1, e informar de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a la otra dependencia involucrada y a la convocante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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