ATC1192-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1192-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 54001-2213-000-2023-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta el 11 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Luis Alberto Castro G\u00f3mez en representaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Temporal Canal Bogot\u00e1 formul\u00f3 contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Constructora I&M Universal SAS, el Fondo Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres, la Fiduprevisora SA., el Consorcio Constructora C\u00facuta SA., Cosan SA., Uribe y Abreo SAS., Enertel SA., Juan Carlos Garc\u00eda Ram\u00edrez y Sergio Mauricio N\u00fa\u00f1ez Hartmann y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso con radicado 54001-3103-005-2022-00153-00, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que es integrante de la Sociedad Constructora I&M Universal SAS con una participaci\u00f3n del 49%, quien es demandada por Sergio Mauricio N\u00fa\u00f1ez Hartmann y Claudia Marcela Serrano Su\u00e1rez en los procesos que se adelantan en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta bajo radicados 2022-00135 y 2022-00153. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, por impedimento del Juez de conocimiento, el proceso 2022-00153 fue remitido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad y que, en el citado tr\u00e1mite los demandantes solicitaron medidas cautelares de los bienes de la Sociedad demandada. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 5 de noviembre de 2022, solicit\u00f3 que el embargo en el proceso ejecutivo solo recayera sobre las utilidades que corresponden a la demandada, petici\u00f3n que fue resuelta en auto del 30 de noviembre de 2022, modulando la medida cautelar decretada en el numeral 10 de la providencia de 10 de junio de 2022. <\/p>\n
Expuso que, con ocasi\u00f3n a la creaci\u00f3n de nuevos despachos, el expediente fue reasignado al Juzgado Octavo Civil del Circuito de C\u00facuta, ante el que formul\u00f3 solicitud de \u00abcorrecci\u00f3n o aclaraci\u00f3n de medida cautelar\u00bb, que neg\u00f3 en providencia de 3 de agosto de 2023. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Octavo Civil del Circuito de C\u00facuta, declarar la nulidad del auto de 3 de agosto de 2023 \u00aby se disponga que la medida de embargo en contra de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL S.A.S., solamente recaigan respecto a las utilidades que le corresponden; es decir, el 49% del 5% de la utilidad del contrato\u00bb. <\/p>\n
2. La presente acci\u00f3n constitucional fue repartida a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, autoridad que en auto de 5 de septiembre de 2023 la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, ordenando la notificaci\u00f3n del Juzgado accionado y vinculados. <\/p>\n
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de C\u00facuta, indic\u00f3 que con ocasi\u00f3n al Acuerdo n\u00b0 CSJNSA23-224 de 12 de mayo de 2023 del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, le fue remitido el proceso con radicado No 2022-00153-00, en el que mediante providencia de 14 de julio de 2023 dispuso avocar conocimiento, decretar pruebas, fijar hora y fecha para llevar a cabo audiencia de que trata los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Superior de C\u00facuta, y en determinaci\u00f3n de 28 de junio de 2023 requiri\u00f3 a la parte actora a fin de que se pronunciara sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n de medida cautelar presentada por la parte demandada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en providencia de 3 de agosto de 2023, procedi\u00f3 a resolver la solicitud presentada por el ejecutado, y atendiendo las indicaciones del Tribunal Superior, neg\u00f3 la petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos presentada, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n mantuvo. <\/p>\n
Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2023, el Tribunal Superior constitucional declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n tras considerar que, no se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, fallo que impugn\u00f3 la Uni\u00f3n Temporal accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como de vieja data lo ha explicado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 5\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 numeral 5\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, de la revisi\u00f3n del expediente digital allegado a este tr\u00e1mite, se desprende la falta de competencia del a quo [Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta] para definir el amparo en primera instancia, por cuanto, conoci\u00f3 con antelaci\u00f3n del proceso ejecutivo objeto de estudio, puesto que, mediante auto de 28 de junio de 2023 resolvi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n del Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta de 30 de noviembre de 2022 y, en consecuencia, orden\u00f3 al Juez de conocimiento dar a la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de medida cautelar\u00bb el tr\u00e1mite que corresponde, atendido su verdadero sentido y finalidad. <\/p>\n
3. Ante tal panorama, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta carec\u00eda de competencia para conocer en primera instancia de la presente acci\u00f3n constitucional, en tanto que, el amparo se hac\u00eda extensivo a esa Corporaci\u00f3n, pues como qued\u00f3 expuesto en l\u00edneas precedentes, adopt\u00f3 una decisi\u00f3n en el proceso que se queja la aqu\u00ed accionante, raz\u00f3n por la que, indudablemente, debe ser vinculada al presente amparo. <\/p>\n
4. As\u00ed, le corresponde entonces a esta Sala de Casaci\u00f3n, la definici\u00f3n, en primera instancia del amparo rese\u00f1ado. <\/p>\n
5. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
6. Con fundamento en lo expuesto, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda de esta Sala, realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar el conocimiento de este asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural para que realice el reparto, tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Tribunal de origen y a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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