ATC1200-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1200-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00997-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 31 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Dar\u00edo Prieto contra el Juzgado Treinta y Cinco de Familia de esa ciudad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a cargos p\u00fablicos y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso que particip\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos \u00abdestinado a proveer las vacantes de empleados en juzgados, tribunales y centros de servicios\u00bb, aspirando al cargo de \u00abasistente social\u00bb, y tras superar las etapas previas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 \u00abconform\u00f3 el registro de elegibles para el cargo de asistente social de Juzgado de Familia y Promiscuo de Familia y Penales de Adolescentes grado 1, en donde (\u2026) ocup\u00f3 el puesto 22\u00bb. <\/p>\n
Que, dentro de la \u00ablista de elegibles\u00bb para asistente social remitida por el Consejo Seccional de la Judicatura al Juzgado Treinta y Cinco de Familia de Bogot\u00e1, \u00e9l \u00abocup\u00f3 el primer lugar\u00bb, y por esa raz\u00f3n, \u00abel 9 de mayo de 2023\u00bb, dicha corporaci\u00f3n le inform\u00f3 a la titular de ese despacho \u00ablos t\u00e9rminos a los que deb\u00eda acogerse en el proceso de nombramiento y posesi\u00f3n\u00bb, consistentes en: \u00abnombramiento: 10 d\u00edas; comunicaci\u00f3n del nombramiento: 8 d\u00edas; aceptaci\u00f3n o rechazo nombramiento: 8 d\u00edas; posesi\u00f3n: 15 d\u00edas, [y] pr\u00f3rroga posesi\u00f3n: 15 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante Resoluci\u00f3n No. 008 del 25 de mayo de 2023, el Juzgado 35 de Familia [lo] nombr\u00f3 en propiedad en el cargo de asistente social, [requiri\u00e9ndolo] para que en caso de aceptaci\u00f3n (\u2026), tomara posesi\u00f3n y de ser el caso, allegara los documentos [pertinentes]. Decisi\u00f3n que notific\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico el 6 de junio [de 2023]\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 14 de junio, Mar\u00eda Camila Guerrero, quien ocupa en provisionalidad el cargo de asistente social en el juzgado, se comunic\u00f3 telef\u00f3nicamente con [\u00e9l] para preguntarle sobre su intenci\u00f3n de optar por ese juzgado, teniendo en cuenta que tambi\u00e9n ocupaba el primero lugar en otra lista de elegible. Con posterioridad sigui\u00f3 comunic\u00e1ndose, e incluso, [previa] cita personal (\u2026) [m]e explic\u00f3 las funciones del cargo. En una de estas comunicaciones [m]e dijo que la fecha estimativa de su posesi\u00f3n ser\u00eda el 13 julio [de 2023]\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 10 de julio de 2023, el Juzgado 35 de Familia, mediante Resoluci\u00f3n No. 014 de 2023, resolvi\u00f3 declinar [su] nombramiento, bajo el entendido de que se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino para la posesi\u00f3n sin que este se acercara a realizar el acto. Decisi\u00f3n contra la que consider\u00f3 que no proced\u00edan recursos, pues solo orden\u00f3 comunicarla\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se \u00abdeje sin valor y efectos la Resoluci\u00f3n No. 014 del 10 de julio de 2023 y en su lugar fije fecha para la posesi\u00f3n en propiedad al cargo de asistente social [del despacho accionado], indic\u00e1ndole los documentos que se requieren para su nombramiento\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo resolvi\u00f3 \u00abnegar (sic) por improcedente\u00bb el amparo, al estimar que \u00abel accionante cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir el acto administrativo que le fue adverso, [esto es], la Resoluci\u00f3n N\u00b0 014 de 10 de julio de 2023 [que] tuvo declinado el nombramiento de Rub\u00e9n Dar\u00edo Prieto como Asistente Social del Juzgado accionado, [pues], si bien es cierto, (\u2026), en dicho acto administrativo no se dijo nada expresamente sobre la impugnabilidad de la decisi\u00f3n, (\u2026), al menos por v\u00eda de reposici\u00f3n, [tal omisi\u00f3n no impide que el interesado pueda] acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, a entablar la acci\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 ibidem (aplicable a esta acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Revisados la demanda y dem\u00e1s piezas procesales que hacen parte del expediente, la Corte encuentra que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 carece de competencia para resolver la presente acci\u00f3n, al advertirse que la queja contra del Juzgado Treinta y Cinco de Familia de esta ciudad -del cual la colegiatura en menci\u00f3n es su superior funcional-, no est\u00e1 dirigida a censurar un asunto jurisdiccional sino una actuaci\u00f3n netamente administrativa. <\/p>\n
Ello, porque si bien dentro de las reglas para el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela contenidas en el citado Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021), la 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 establece que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. Resaltado y subrayado fuera del texto. <\/p>\n
No obstante, por cuanto, se itera, como el reproche del actor no entra\u00f1a una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de orden jurisdiccional del funcionario encartado, sino que versa sobre la decisi\u00f3n de no nombrar a una persona que se postul\u00f3 para ejercer un cargo en propiedad y por ende integrar la planta de personal del Juzgado Treinta y Cinco de Familia de Bogot\u00e1, claramente se vislumbra que el debate se enfila contra un acto administrativo expedido por el juez como nominador de un empleo p\u00fablico, frente a la cual se descarta la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n transcrita. <\/p>\n
En su lugar, la regla que deviene procedente es la prevista en el numeral 1\u00b0 de la disposici\u00f3n antes citada, en la que se establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
La postura anterior ha venido siendo sostenida por esta Sala, precisando que, si el juez censurado funge como autoridad administrativa, se torna inaplicable la regla que define como competente al juez o tribunal que funge como superior funcional, \u00abporque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 00234-01, citado en ATC, 10 may. 2012, rad. 00593-01; ATC6185-2015, 23 oct., rad. 00627-01; ATC8523-2016, 9 dic., rad. 00396-01, y ATC2685-2017, 11 may., rad. 00098-0, entre otros). <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n no asumi\u00f3 la segunda instancia de un asunto y lo devolvi\u00f3 para que se conociera por un juez de circuito, al encontrar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el objeto de la censura en el asunto de la referencia versa alrededor de una cuesti\u00f3n eminentemente administrativa\u2026raz\u00f3n por la cual la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la queja constitucional\u2026Por lo anterior, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, y teniendo en cuenta que no se est\u00e1 controvirtiendo una actuaci\u00f3n de \u00edndole judicial y adem\u00e1s se trata de una entidad del orden Departamental, esta Corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de avocar el conocimiento por ser un asunto propio de competencia de los jueces anteriormente mencionados y dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Monter\u00eda, para que efect\u00fae el reparto correspondiente, por tener el accionado sede en esa capital. Sobre este t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u2018s\u00f3lo cuando la acci\u00f3n se promueve contra el Tribunal en calidad de Corporaci\u00f3n Judicial le compete a la Corte Suprema de Justicia conocer de las tutelas, en calidad de superior funcional, seg\u00fan mandato del numeral 2 de la norma citada. \u2018Los t\u00e9rminos \u2018superior funcional\u2019 implica la posibilidad de conocer en recurso de apelaci\u00f3n o alzada las decisiones jurisdiccionales que en ejercicio de sus funciones cumplan los inferiores jer\u00e1rquicos\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 27 ago. 2008, rad, 00597, citado entre otros en ATC3946-2014, 15 jul., rad. 01504-00 y ATC557-2023, 24 may., rad. 00307-01). <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primer grado, sin perjuicio de lo que el funcionario habilitado para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar, como realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas. <\/p>\n
En este punto se hace necesario precisar que la competencia de este asunto hab\u00eda sido asignada al Juzgado Juzgado 80 Civil Municipal de Bogot\u00e1, hoy 62 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, quien lo admiti\u00f3 el 18 de julio de 2023 y lo fall\u00f3 el 31 del mismo mes y a\u00f1o; empero, en sede impugnaci\u00f3n, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta capital, mediante prove\u00eddo del 15 de agosto de 2023, opt\u00f3 por declarar la nulidad de dicha providencia al considerar que siendo el accionado un juez de familia de este circuito judicial, quien deb\u00eda desatar la acci\u00f3n en primera instancia era su superior funcional. <\/p>\n
Ahora, como de lo antedicho es claro que la posici\u00f3n expuesta por el juzgado ad quem en auto del 15 de agosto de 2023 no se ajusta al entendimiento legal y jurisprudencial de las reglas de competencia, habida cuenta que en el sub j\u00fadice no se debate aspecto jurisdiccional sino exclusivamente administrativo, tal determinaci\u00f3n queda sin efectos, emergiendo la vigencia del fallo proferido el 31 de julio de 2023 por el Juzgado 80 Civil Municipal de Bogot\u00e1, hoy 62 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad. <\/p>\n
As\u00ed, al declararse la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n, se impone declarar la nulidad de la sentencia emitida bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, y para que se defina la segunda instancia se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien inicialmente se le hab\u00eda atribuido el conocimiento del recurso de impugnaci\u00f3n que interpuso el accionante. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC1798-2022, 1\u00b0 dic., rad. 01075-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC458-2023, 3 may., rad. 00271-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia de tutela de primer grado, proferida en la acci\u00f3n de tutela de la referencia por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 31 de agosto de 2023, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para que resuelva el recurso de impugnaci\u00f3n planteado por el accionante contra el fallo proferido el 31 de julio de 2023 por el Juzgado 80 Civil Municipal de Bogot\u00e1 -hoy 62 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad-. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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