ATC1201-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1201-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 11 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Alejandro Fuentes G\u00f3mez contra el Juzgado Segundo de Familia de Los Patios, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad, acceso a cargos p\u00fablicos, trabajo y acceso a una recta administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Expuso que tras superar las fases del concurso de m\u00e9ritos \u00abpara los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de los distritos judiciales de C\u00facuta, Pamplona y Arauca y Administrativos de Norte de Santander y Arauca\u00bb, el 24 de mayo y 27 de octubre de 2021, se expidieron las resoluciones publicando el \u00abregistro seccional de elegibles\u00bb que \u00abincluye el cargo de Oficial Mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito\u00bb para el cual aplic\u00f3, cuyo periodo individual de vigencia es de \u00abcuatro (4) a\u00f1os, es decir, hasta el 27 de octubre de 2025\u00bb. <\/p>\n
Que en proceso de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho [incoado por] por Roddy Estupi\u00f1\u00e1n y Jaime Rojas]\u00bb, con \u00abprovidencias del 28 de marzo y 30 de junio de 2022, dictadas por el Juzgado 9\u00b0 Administrativo de C\u00facuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, (\u2026) se decret\u00f3 y confirm\u00f3 una medida cautelar [consistente en ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura] que suspenda provisionalmente (\u2026), la actuaci\u00f3n administrativa relativa a la publicaci\u00f3n de las sedes vacantes en el cargo de Oficial Mayor Circuito, hasta tanto la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura emitan la recalificaci\u00f3n y los respectivos pronunciamientos, [ello], con el fin de garantizar que en el evento de que en la nueva calificaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de los recursos se determine que los [demandantes] aprobaron la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y\/o habilidades (\u2026), tengan la oportunidad y en las mismas condiciones de los dem\u00e1s participantes, de optar y seleccionar alguna de las sedes que a\u00fan se encuentran vacantes\u00bb. <\/p>\n
Que tras desestimar la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela que desat\u00f3 el Consejo de Estado el 22 de septiembre de 2022, ordenando al Juzgado Noveno Administrativo proferir \u00abnueva\u00bb determinaci\u00f3n, a lo que este procedi\u00f3 \u00abcon providencia del 14 de octubre de 2022 [para] modificar la medida cautelar [y] en su lugar, \u201cOrdenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander que se mantenga la suspensi\u00f3n provisional de la actuaci\u00f3n administrativa relacionada con la publicaci\u00f3n de las sedes vacantes para el cargo de Oficial Mayor (\u2026), hasta que se haya tomado una decisi\u00f3n de fondo, debidamente ejecutoriada\u2026\u00bb. <\/p>\n
Que por lo anterior, \u00abel Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, desde el mes de mayo del a\u00f1o 2022, ha suspendido solo la publicaci\u00f3n de las vacantes para el cargo de Oficial Mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito, [pues] dichas cautelas ya fueron objeto de recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n [pero] la lista o registro seccional de elegibles del cargo [en comento], no fue suspendido, por ende, (\u2026) la vigencia del registro lleva corriendo desde el mes de mayo de 2022 a la fecha, para un total de 16 meses sin que se pueda marcar la opci\u00f3n de sede para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito, lo cual se traduce en un claro perjuicio por cuanto el tiempo de agotamiento de la mentada vigencia, no se podr\u00e1 reponer\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que mediante \u00abAcuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022\u00bb se crearon \u00abcargos permanentes en algunos tribunales y juzgados\u00bb, entre ellos \u00abun Juzgado de Familia del Circuito en Los Patios, [en cuya planta de personal hay] dos (2) sustanciadores de circuito (\u2026)\u00bb, y \u00aben el art\u00edculo 70 se estableci\u00f3 que \u201clos nombramientos de los cargos de que trata el presente acuerdo se efectuaran de las correspondientes listas de elegibles vigentes conforme a la Constituci\u00f3n, la Ley Estatutaria y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura\u201d (\u2026), el d\u00eda 2 de mayo de 2023, elev\u00e9 postulaci\u00f3n o solicitud de nombramiento provisional al cargo de Oficial Mayor o Sustanciador (\u2026), petici\u00f3n que fue remitida directamente al correo institucional del titular de ese Despacho\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aba la fecha [29 de agosto de 2023] ha existido omisi\u00f3n por parte de la autoridad nominadora, por cuanto no fue atendida mi postulaci\u00f3n, ni he recibido siquiera respuesta alguna frente a la solicitud del nombramiento provisional (\u2026) en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito de ese Juzgado, [y que como para tales nombramientos] nunca hubo convocatoria para que los interesados de las \u201clistas de elegibles vigentes\u201d remitieran las hojas de vida, (\u2026) se incumpli\u00f3 a lo se\u00f1alado en la circular PCSJC17-36 del 25 de septiembre de 2017, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y al precedente de Corte Constitucional en las sentencias C-713 de 2008, C-333 de 2012 y 532 de 2013, que indica que para proveer esos cargos se debe hacer uso o tener en cuenta, se itera, a los integrantes de los registros de elegibles vigentes\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse le ordene al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Los Patios, que (\u2026), profiera acto administrativo tendiente a nombrarme de manera provisional en uno de los dos cargos de Oficial Mayor Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito de ese Juzgado\u00bb, o se disponga \u00abcualquier otra soluci\u00f3n que permita cesar con la vulneraci\u00f3n de mis derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo desestim\u00f3 el auxilio, al sostener que como \u00abla prestaci\u00f3n del servicio [de administraci\u00f3n de justicia] no puede verse truncada por la ausencia de lista para la provisi\u00f3n de un cargo [habida cuenta la orden judicial de suspensi\u00f3n], el nominador dispone de un poder discrecional para la escogencia del personal en que recaer\u00e1 la designaci\u00f3n con car\u00e1cter provisional, [para lo cual] conf\u00eda el legislador en que de todos modos el nominador procurar\u00e1 la excelencia en la prestaci\u00f3n del servicio y acudir\u00e1 a las personas que en su leal saber y entender cumplir\u00e1n la misi\u00f3n de la entidad del mejor modo posible. Pero, se insiste, no le dicta par\u00e1metros expresos de selecci\u00f3n, como s\u00ed lo hace en trat\u00e1ndose de nombramientos en propiedad\u00bb. Y que como \u00abesa suspensi\u00f3n trae consigo (\u2026) que la resoluci\u00f3n con la cual se conform\u00f3 la lista de elegibles que integra el accionante, simple y llanamente no puede ser usada (\u2026), no resulta valedero, (\u2026), alegar con \u00e9xito el desconocimiento del principio al m\u00e9rito cuando no existen razones jur\u00eddicas que le permitan a una persona considerarse titular de una potestad que genuinamente no tiene\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, observ\u00f3 que los dem\u00e1s cargos de ese despacho se coparon con sustento en las listas de elegibles vigentes, y que no se vulner\u00f3 el derecho de petici\u00f3n \u00abporque la misiva fue remitida [por el accionante] a un buz\u00f3 electr\u00f3nico que no corresponde al del juzgado al que aspir\u00f3\u00bb. Por \u00faltimo, dijo que, frente al acto criticado, el actor \u00abpuede adelantar en contra suya el juicio de legalidad pertinente ante los jueces de lo contencioso administrativo, lo que descarta la procedencia de la tutela dada su naturaleza subsidiaria\u00bb. <\/p>\n
5. El reclamante impugn\u00f3 para refutar que \u00abla postulaci\u00f3n o solicitud de nombramiento provisional al cargo de Oficial Mayor o sustanciador de Circuito, [la envi\u00f3] al correo institucional del [juez, quien, el mismo d\u00eda que [la] recibi\u00f3, realiza los nombramientos como autoridad nominadora\u00bb; que fue err\u00f3nea \u00abla interpretaci\u00f3n de la Ley 270 de 1996 para la provisi\u00f3n de cargos\u00bb, porque las providencias emitidas por los jueces administrativos \u00abdan una sola orden expresa al Consejo Seccional de la Judicatura (\u2026) y es la de suspender provisionalmente la actuaci\u00f3n administrativa relacionada con la publicaci\u00f3n de las sedes vacantes (\u2026)\u00bb, y que procede la tutela porque \u00abse est\u00e1 causando un da\u00f1o y perjuicio irremediable\u00bb, por lo que \u00abme asiste derecho de pedir ser tenido en cuenta para los nombramientos en provisionalidad en el cargo referido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 ibidem (aplicable a esta acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Revisados la demanda y dem\u00e1s piezas procesales que hacen parte del expediente, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta carece de competencia para resolver la presente acci\u00f3n, al advertirse que la queja contra el Juzgado Segundo de Familia de Los Patios -del cual la colegiatura en menci\u00f3n es su superior funcional-, no est\u00e1 dirigida a censurar un asunto jurisdiccional sino una actuaci\u00f3n netamente administrativa. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien dentro de las reglas para el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela contenidas en el citado Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021), la 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 establece que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, en este caso, se itera, el reproche del actor no entra\u00f1a una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de orden jurisdiccional del funcionario encartado, sino en una de car\u00e1cter administrativo. <\/p>\n
En efecto, la cr\u00edtica se dirige contra la decisi\u00f3n del titular del despacho de no nombrar al quejoso, quien se postul\u00f3 para ejercer un cargo \u00abde manera provisional\u00bb mientras judicialmente se define la aplicaci\u00f3n de la lista de elegibles que \u00e9l integra para ocupar en propiedad el cargo de \u00abOficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito\u00bb, y, por tanto, hacer parte del personal del estrado accionado. As\u00ed, claramente se vislumbra que el debate se enfila contra acto administrativo del nominador de un empleo p\u00fablico, frente a la cual se descarta la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n transcrita. <\/p>\n
En tales condiciones, la regla que deviene procedente es la prevista en el numeral 1\u00b0 de la disposici\u00f3n antes citada, en la que se establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
La postura anterior ha venido siendo sostenida por esta Sala, precisando que, si el juez censurado funge como autoridad administrativa, se torna inaplicable la regla que define como competente al juez o tribunal que funge como superior funcional, \u00abporque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 00234-01, citado entre otros en ATC, 10 may. 2012, rad. 00593-01; ATC6185-2015, 23 oct., rad. 00627-01; ATC8523-2016, 9 dic., rad. 00396-01, y ATC2685-2017, 11 may., rad. 00098-01). <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n no asumi\u00f3 la segunda instancia de un asunto y lo devolvi\u00f3 para que se conociera por un juez de circuito, al encontrar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el objeto de la censura en el asunto de la referencia versa alrededor de una cuesti\u00f3n eminentemente administrativa\u2026raz\u00f3n por la cual la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la queja constitucional\u2026Por lo anterior, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, y teniendo en cuenta que no se est\u00e1 controvirtiendo una actuaci\u00f3n de \u00edndole judicial y adem\u00e1s se trata de una entidad del orden Departamental, esta Corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de avocar el conocimiento por ser un asunto propio de competencia de los jueces anteriormente mencionados y dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Monter\u00eda, para que efect\u00fae el reparto correspondiente, por tener el accionado sede en esa capital. Sobre este t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u2018s\u00f3lo cuando la acci\u00f3n se promueve contra el Tribunal en calidad de Corporaci\u00f3n Judicial le compete a la Corte Suprema de Justicia conocer de las tutelas, en calidad de superior funcional, seg\u00fan mandato del numeral 2 de la norma citada. \u2018Los t\u00e9rminos \u2018superior funcional\u2019 implica la posibilidad de conocer en recurso de apelaci\u00f3n o alzada las decisiones jurisdiccionales que en ejercicio de sus funciones cumplan los inferiores jer\u00e1rquicos\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 27 ago. 2008, rad, 00597, citado en ATC557-2023, 24 may., rad. 00307-01, entre otros). <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
Ante la anunciada declaraci\u00f3n de falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta para resolver esta acci\u00f3n, en cumplimiento al inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la nulidad s\u00f3lo afectar\u00e1 el fallo de primer grado que se dict\u00f3 bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, sin perjuicio de lo que el funcionario habilitado para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar, como realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas. Y, en consecuencia, se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente al reparto de los jueces civiles municipales de esa ciudad. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC458-2023, 3 may., rad. 00271-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a lo decidido por esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la atribuci\u00f3n de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que seg\u00fan el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abEl juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en la acci\u00f3n de tutela de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 11 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n del presente expediente a los Juzgados Civiles Municipales de C\u00facuta, para que el asignado por reparto asuma en primer grado el conocimiento del presente ruego tuitivo. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1201-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1201-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00252-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76569","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76569"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76569\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}