ATC1204-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1204-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00228-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 23 de agosto de 2023, con la cual se deneg\u00f3 por improcedente el amparo invocado por Diego Fernando Andrade Escalante -actuando en nombre propio-, contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al trabajo, acceso a cargos p\u00fablicos, debido proceso administrativo y el principio de confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura cre\u00f3 varios despachos judiciales en todo el pa\u00eds, entre ellos, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de C\u00facuta \u2013con dos cargos de oficial mayor-. En raz\u00f3n a que integra la lista de elegibles conformada por la Resoluci\u00f3n CSJNS2021-093 del 27 de octubre de 2021, solicit\u00f3 ser nombrado en uno de esos cargos. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que la titular del despacho enjuiciado \u2013con Resoluci\u00f3n del 4 de mayo de 2023- neg\u00f3 el pedimento implorado. Y, en su lugar, nombr\u00f3 a Javier Alberto Hern\u00e1ndez Ni\u00f1o y Marco Antonio Bustos Celis en los cargos de oficial mayor. Inconforme con ello, impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, la autoridad citada \u2013con acto del 23 de mayo siguiente- mantuvo su postura. <\/p>\n
2.2. En su sentir, no se tuvo en cuenta lo ordenado en la sentencia C-295 de 2002, pues se omiti\u00f3 que \u00e9l hace parte de la lista de elegibles a la que debi\u00f3 acudirse para hacer los nombramientos. Resalt\u00f3 que no se tuvo en cuenta que tiene una experiencia de m\u00e1s de 2 a\u00f1os en el mismo cargo, pero en un Juzgado de Familia. Asimismo, recalc\u00f3 que tiene una mejor ubicaci\u00f3n en la lista que Javier Hern\u00e1ndez, mientras que Marco Bustos ni siquiera la integra. <\/p>\n
2.3. Se duele de que la Juez no hizo un juicio de ponderaci\u00f3n serio en el que considerara los estudios y experiencia de todos los aspirantes. Agreg\u00f3 que lo correcto era darle aplicaci\u00f3n al precedente de la Corte Constitucional, la Circular PCSJC17-36 de 25 de septiembre de 2017 y el Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales disponen que los nombramientos de los nuevos empleos se efectuaran usando las listas de elegibles. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin efecto las resoluciones proferidas el 4 y 23 de mayo de 2023. Y se proceda a realizar su nombramiento en alguno de los cargos descritos. <\/p>\n
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta \u2013con prove\u00eddo del 23 de agosto de 2023- neg\u00f3 por improcedente el amparo invocado. Para ello, expuso que \u00abno era mandatorio que la Juez Octava Civil del Circuito privilegiara el nombre del actor por sobre el de los designados por el solo hecho de que aqu\u00e9l estaba en una lista elegibles, cuando en realidad de verdad la misma est\u00e1 suspendida\u00bb. Remarc\u00f3 que \u00abno se evidencia que las decisiones reprochadas hubieren sido caprichosas o arbitrarias. Todo lo contrario, all\u00ed se consign\u00f3 el ejercicio evaluativo y de ponderaci\u00f3n realizado sobre la hoja de vida del tutelante y de las otras dos personas postuladas\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abel comportamiento que el demandante estima lesivo de sus prebendas fundamentales est\u00e1 recogido en un par de actos administrativos. Bien puede adelantar en contra suya el juicio de legalidad pertinente ante los jueces de lo contencioso administrativo, lo que descarta la procedencia de la tutela dada su naturaleza subsidiaria. M\u00e1xime que, seg\u00fan los medios suasorios obrantes en la foliatura, el accionante se encuentra nombrado en un cargo de oficial mayor del circuito en un Juzgado de Familia, de all\u00ed que se descarte la ocurrencia de un perjuicio de naturaleza grave, inminente o irremediable como lo exige la jurisprudencia constitucional para que pueda salir airosa la aspiraci\u00f3n del actor siquiera como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el accionante. Adujo que con la decisi\u00f3n adoptada \u00abse premia a una persona que no tiene derecho a ocupar el cargo que actualmente ostenta. El se\u00f1or MARCO ANTONIO BUSTOS CELIS, no hace parte de la lista de elegibles vigente del cargo de oficial mayor de circuito, por lo tanto, cada d\u00eda que pasa en dicho cargo, se da en desmedro de los derechos que si me asisten de haber sido nombrado as\u00ed sea en provisionalidad\u00bb. Adicion\u00f3 que \u00abla nominadora del J8CC, nombr\u00f3 en uno de los dos cargos al se\u00f1or JAVIER ALBERTO HERNANDEZ NI\u00d1O, quien se encuentra en la lista de elegibles vigente del cargo de Oficial Mayor de Circuito. Luego, por principio de igualdad debi\u00f3 tambi\u00e9n haber accedido al nombramiento en provisionalidad del accionante, al ostentar las mismas condiciones del se\u00f1or HERNANDEZ NI\u00d1O\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla. Dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
2. Ahora bien, seg\u00fan el inciso segundo del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, \u00abcuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. Al respecto, esta Sala -con auto ATC1097-2022- unific\u00f3 su criterio respecto a este asunto. Esto es, \u00abtoda acci\u00f3n de tutela que impetren los sujetos calificados en el numeral octavo ib\u00eddem \u2013funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sin importar contra quien se dirija la queja, deber\u00e1 ser conocida por la jurisdicci\u00f3n de los Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como en el presente caso la acci\u00f3n de tutela fue interpuesta por un empleado judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y al estar involucrado el Juzgado Octavo Civil del Circuito de C\u00facuta, la competencia para conocer del amparo \u2013en primera instancia- correspond\u00eda al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de acuerdo con lo reglado por los numerales 8\u00ba y 5\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. Por lo tanto, lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior de C\u00facuta est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. En consecuencia, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por ser el competente para resolver el reclamo implorado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar que por Secretar\u00eda se remita el asunto al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por ser el competente para resolver. <\/p>\n
TERCERO. Comunicar lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrese las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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