ATC1240-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1240-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01572-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el pasado 17 de agosto por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Martha Cecilia Camacho Cruz contra el Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca en su programa EPS (en adelante EPS Comfenalco), la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la promotora acude a esta herramienta buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00aba aplicar la sentencia de tutela a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
Su reclamo, en s\u00edntesis, gravita en torno a la supuesta lesi\u00f3n de las aludidas prerrogativas superiores, ocasionada por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali al expedir el auto del pasado 30 de agosto, por medio del cual se abstuvo de sancionar por desacato a la empleada de la EPS Comfenalco encargada de materializar las \u00f3rdenes constitucionales impartidas al interior de la acci\u00f3n de tutela 2023-00023, por lo que solicita que \u00abcese la violaci\u00f3n de [sus] derechos por encontrarse en total ejecutoria y firmeza la calificaci\u00f3n de invalidez [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el amparo centrando su an\u00e1lisis en unos prove\u00eddos emitidos con anterioridad al que alude el presente resguardo, a trav\u00e9s de los cuales (i) el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali declar\u00f3 en desacato a la mencionada trabajadora (24 de julio de 2023) y (ii) el Tribunal Superior de aquel distrito judicial revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n (31 de julio de 2023), concluyendo que los mismos se mostraban razonables. <\/p>\n
3. El fallo fue impugnado por la gestora aduciendo que la Colegiatura de primer grado \u00abno ley\u00f3 a fondo el esp\u00edritu de los hechos que motivaron la acci\u00f3n\u00bb habida consideraci\u00f3n que el reclamo no se dirigi\u00f3 contra el Tribunal Superior de Cali, el cual \u00abes ajeno a cualquier irregularidad porque la acci\u00f3n de tutela jamas va contra el [sic]\u00bb, sino que el agravio de sus garant\u00edas iusfundamentales radica exclusivamente en el actuar de la c\u00e9lula judicial cognoscente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el Decreto 333 de 2021 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para resolver, en primera instancia, la presente acci\u00f3n comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali que, con vista en el ordenamiento legal la habr\u00eda facultado para conocer el resguardo en las condiciones que lo hizo, pues el reclamo se centr\u00f3 exclusivamente contra el auto del pasado 30 de agosto por medio del cual el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali se abstuvo de sancionar por desacato. <\/p>\n
Ciertamente cuando la tutela se dirige contra autoridades judiciales, las reglas de reparto contenidas en el ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determinan que \u00ab(\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aunque en la demanda la gestora menciona a la referida colegiatura, ninguna lesi\u00f3n le atribuye, tanto as\u00ed que en la impugnaci\u00f3n es enf\u00e1tica al referir que el tribunal \u00abes ajeno a cualquier irregularidad\u00bb, de ah\u00ed que no le impute conducta atentatoria de sus garant\u00edas fundamentales, ni formule pretensi\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Entonces, queda claro que m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, esta tutela no se ciment\u00f3 en alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya, pues, como arriba se indic\u00f3, el ataque apunt\u00f3 concretamente al proceder del Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de Cali, despacho que, a trav\u00e9s del auto del pasado 30 de agosto se abstuvo de continuar con el tr\u00e1mite incidental por desacato dentro del resguardo 2023-00023, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n de la aludida corporaci\u00f3n, en este caso, resulta apenas aparente pues sustancialmente se requiere que se le atribuya vulneraci\u00f3n y ello no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de competencia <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, de conformidad con la regla 5\u00aa del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en la propia Sala Penal del Tribunal Superior de Cali por ser el superior funcional del Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
As\u00ed, en el presente asunto se encuentra configurada la nulidad prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, en atenci\u00f3n a lo normado en el canon 138 \u00eddem, implica que \u00ab\u2026 lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se reitera, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, conforme lo dicho precedentemente. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que el funcionario que asuma el conocimiento de la misma determine su procedencia o no, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Cecilia Camacho Cruz, inclusive, desde el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali a efectos de que el asunto sea asignado por reparto a uno de los magistrados que la integran, quien deber\u00e1 asumir su conocimiento y adelantar el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
TERERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la Sala a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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