ATC1249-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00459-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Camilo Acosta Buelvas, como Comisario Primero de Familia de Soacha, frente al fallo proferido el pasado 14 de septiembre por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero de Familia del mentado municipio; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello, porque no enter\u00f3 del inicio de esta sumaria tramitaci\u00f3n a los padres biol\u00f3gicos de la menor de edad involucrada en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos g\u00e9nesis del conflicto de competencia cuya definici\u00f3n se cuestiona, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar de encontrarse debidamente vinculados a aquella actuaci\u00f3n2 y, l\u00f3gicamente, tener inter\u00e9s directo en lo que aqu\u00ed se llegue a resolver. <\/p>\n
Se recuerda que las notificaciones echadas de menos deben efectuarse de forma directa a los interesados, sin que sea v\u00e1lido surtirlas a trav\u00e9s del apoderado que eventualmente los represente en el tr\u00e1mite fustigado, destacando que cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio, incluso, puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corte. <\/p>\n
3. El precepto 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal… Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces… <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador… (CC A-018\/05) <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Karen Patricia Rayo P\u00e1ez y Cristian Danilo Rodr\u00edguez Romero, toda vez que al omitirla se les impidi\u00f3 intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Karen Patricia Rayo P\u00e1ez y Cristian Danilo Rodr\u00edguez Romero, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba de la regla 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Comun\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Obs\u00e9rvese que en prove\u00eddo de 18 de mayo de 2023 la Defensor\u00eda de Familia del ICBF – Centro Zonal Soacha, adem\u00e1s de disponer la apertura del proceso administrativo a favor de la NNA involucrada, entre otras resoluciones, orden\u00f3 \u00abidentificar y citar a [sus] representantes legales\u2026 y dem\u00e1s personas con quienes conviva o sean responsables de su cuidado o de quienes de hecho la tuvieran a su cargo, y de los dem\u00e1s implicados en la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos\u00bb; lo que dio lugar a que a ese tr\u00e1mite fueran vinculados, a trav\u00e9s de notificaci\u00f3n personal, Karen Patricia Rayo P\u00e1ez (seg\u00fan acta que reposa en el expediente contentivo de esa actuaci\u00f3n), y mediante enteramiento por aviso, Cristian Danilo Rodr\u00edguez Romero. <\/p>\n
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