ATC1267-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1267-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 76001-22-10-000-2023-00129-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 7 de septiembre de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que concedi\u00f3 la salvaguarda promovida contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, si no fuera porque la abogada que interpuso el recurso no acredit\u00f3 estar legitimada para actuar en nombre de quienes dice representar, lo cual inviabiliza su tr\u00e1mite. <\/p>\n
1. En efecto, la impugnaci\u00f3n fue impetrada por Sonia Agudelo Torres, quien dijo actuar como apoderada de los vinculados Guillermo, Angela Mar\u00eda y Andr\u00e9s Villegas Guti\u00e9rrez, pero no alleg\u00f3 al tr\u00e1mite constitucional poder especial que la habilite para ejercer su representaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la impugnante solo anex\u00f3 el poder conferido por los vinculados para que los representara en el tr\u00e1mite de filiaci\u00f3n extramatrimonial fustigado, no obstante, esa condici\u00f3n no la faculta para asumir la vocer\u00eda judicial de los interesados en este espec\u00edfico asunto, ya que para ello se requiere el correspondiente poder especial. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala ha establecido que para acudir a la acci\u00f3n de tutela por medio de apoderado judicial este debe contar con un poder especial, pues el \u00abpoder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
En cuanto al mandato requerido en sede de tutela, esta Sala, en reciente sentencia (CSJ STC10721-2023), concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
Y, en particular, respecto de los poderes generales, abiertos o anticipados para interponer acci\u00f3n de tutela, la Sala precis\u00f3 que <\/p>\n
no son aceptables, pues un mandato en esos t\u00e9rminos solo contiene una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, por ejemplo de autoridades judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos t\u00e9rminos, se desconoce en concreto los despachos judiciales que tramitar\u00e1n la controversia, las garant\u00edas involucradas, la providencia que afectar\u00eda o lesionar\u00eda el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina esta especial acci\u00f3n (CSJ STC3312-2023). <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, en pret\u00e9rita oportunidad, la Sala determin\u00f3 que la tutela era improcedente, porque: <\/p>\n
el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 (CSJ STC485-2023). <\/p>\n
3. Aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto es evidente que el poder allegado por la impugnante no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, pues fue conferido con anterioridad a la actuaci\u00f3n en la que pretende agenciar y la facultad general para interponer tutelas, como se indic\u00f3, no es suficiente, raz\u00f3n por la cual carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar la sentencia proferida en primera instancia. <\/p>\n
4. En consonancia con lo expuesto, resulta pertinente se\u00f1alar que es perentorio que quien impugna un fallo estimatorio del auxilio demuestre, en debida forma y al momento de interponer el recurso, la legitimaci\u00f3n requerida. As\u00ed las cosas, es necesario que el \u00abJuez que se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, (\u2026) examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb (CSJ STC 14 dic. 2010, rad. 00008-02, citada en CSJ ATC1445-2019), raz\u00f3n por la cual si esta no se acredita se impone declarar impr\u00f3spera la admisi\u00f3n del recurso1, de manera que, ante la ausencia del poder especial requerido, la impugnaci\u00f3n que se analiza es inadmisible, por lo que no es procedente conocer la tutela de la referencia en segunda instancia. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 inadmisible la impugnaci\u00f3n planteada y se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
SEGUNDO: Previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al a quo, por Secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para que su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares ver, entre otros CSJ ATC1396-2022 y CSJ ATC829-2022. <\/p>\n
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