ATC1277-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
ATC1277-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00437-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la impugnaci\u00f3n presentada por Jos\u00e9 Augusto Tamara Garrido, frente a la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de mayo de 2023, a trav\u00e9s de la cual rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que junto con Mar\u00eda Fernanda Calder\u00f3n Pab\u00f3n formularon contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, el Congreso de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Floridablanca, y las Salas de Casaci\u00f3n Penal, Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que, con ocasi\u00f3n de un accidente de tr\u00e1nsito, el 25 de junio de 2021 muri\u00f3 el canino de nombre Ritter de su propiedad avaluado en $2.000.000, evento en el que la persona que conduc\u00eda el veh\u00edculo incurri\u00f3 en omisi\u00f3n de socorro, pues no intent\u00f3 brindarle los primeros auxilios ni transportarlo a un centro veterinario, conducta que, en su criterio, se encuentra \u00abdentro del tipo penal de maltrato animal\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron que la muerte de animales dom\u00e9sticos, producto de accidentes de tr\u00e1nsito originan un problema de salud p\u00fablica, sobre el cual resulta necesario que el Congreso de la Rep\u00fablica legisle sobre el \u00abanimalicidio\u00bb, la \u00abomisi\u00f3n de socorro animal\u00bb y la inclusi\u00f3n en el SOAT de los animales. <\/p>\n
Indicaron que \u00abse procur\u00f3 el acceso a la justicia en dos jurisdicciones diferentes Penal y policiva, no logr\u00e1ndose\u00bb, por lo que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n debe realizar vigilancia administrativa en el caso, as\u00ed como el Consejo Superior de la Judicatura, para que determinen \u00abel mal procedimiento sobre este proceso\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que la Sala Plena, y las Salas de Casaci\u00f3n Penal, Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00abdesconocen el derecho al acceso a la justicia de un ciudadano y la aplicaci\u00f3n de la ley de protecci\u00f3n animal\u00bb (sic). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abSe d\u00e9 acceso a la justicia \u201cpenal o policiva, a la cual tiene derecho un ciudadano\u201d, para proteger el delito de maltrato animal suscitado por otro ciudadano al atropellar a un canino no darle atenci\u00f3n m\u00e9dica, recaer en omisi\u00f3n de y por \u00faltimo se produjera la muerte de Ritter \u201cnuestro hijo perruno\u201d\u00bb,<\/p>\n
ii. \u00abSe otorgue protecci\u00f3n legal \u2013 constitucional y judicial a los derechos de un canino en conexidad con los derechos violados hacia su due\u00f1o\u00bb y,<\/p>\n
iii. \u00abse permita el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para darle protecci\u00f3n a nuestros derechos como ciudadanos que reclaman sobre la muerte y derechos de un canino que era nuestro hijo y no un simple bien material\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria requirieron, exhortar al Congreso de la Rep\u00fablica para que estudie la necesidad de la inclusi\u00f3n de los animales en el SOAT y considere la creaci\u00f3n del tipo penal de \u00abanimalicidio y omisi\u00f3n de socorro animal\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia STP4803-2023 de 4 de mayo de 2023, dispuso no avocar la acci\u00f3n de tutela y rechazarla por temeraria, teniendo en cuenta que la inconformidad de los reclamantes estaba dirigida nuevamente a cuestionar las actuaciones donde han puesto de presente las circunstancias en las que muri\u00f3 su perro Ritter y la falta de investigaci\u00f3n sobre tal hecho. <\/p>\n
Igualmente se\u00f1al\u00f3 lo indicado en anterior fallo constitucional, STP1259-2022 proferido por esa Sala de Casaci\u00f3n, en el que dispuso rechazar la solicitud de amparo tras advertir la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela porque era temeraria, pues la misma tambi\u00e9n guarda estrecha similitud con el fallo de tutela STP17876-2021, y en ese orden, resolvi\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Primero: NO AVOCAR la presente acci\u00f3n constitucional interpuesta por MAR\u00cdA FERNANDA CALDER\u00d3N y JOS\u00c9 AUGUSTO TAMARA GARRIDO. <\/p>\n
Segundo: RECHAZAR por temeraria la tutela interpuesta por MAR\u00cdA FERNANDA CALDER\u00d3N y JOS\u00c9 AUGUSTO TAMARA GARRIDO. <\/p>\n
Tercero: CONDENAR a MAR\u00cdA FERNANDA CALDER\u00d3N identificada CON C.C. 1.005.260.406, a pagar en los tres (3) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de presente providencia las costas procesales previstas en el inciso 3.\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, en cuant\u00eda de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo cual deber\u00e1 ser pagado a favor de la Naci\u00f3n \u2013 Consejo Superior de la Judicatura, Banco Agrario, cuenta DTN multas y cauciones efectivas en la cuenta No.3-0820-000640-8 del Banco Agrario de Colombia SA. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuarto: CONDENAR a JOS\u00c9 AUGUSTO TAMARA GARRIDO, el cual se identifica con C.C. 1.098.672.298, a pagar en los tres (3) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de presente providencia las costas procesales previstas en el inciso 3.\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, en cuant\u00eda de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo cual deber\u00e1 ser pagado a favor de la Naci\u00f3n \u2013 Consejo Superior de la Judicatura, Banco Agrario, cuenta DTN multas y cauciones efectivas No.3-0820-000640-8 del Banco Agrario de Colombia SA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Quinto: Ordenar que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Contra ese pronunciamiento Jos\u00e9 Augusto Tamara Garrido present\u00f3 impugnaci\u00f3n, que fue concedida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de junio de 2023, por lo que el expediente se remiti\u00f3 a esta Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el caso en estudio, la impugnaci\u00f3n interpuesta se dirige contra el auto de 4 de mayo de 2023, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 no avocar la acci\u00f3n de tutela presentada por Mar\u00eda Fernanda Calder\u00f3n Pab\u00f3n y Jos\u00e9 Augusto Tamara Garrido y la rechaz\u00f3 por temeraria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que esta Corporaci\u00f3n reiteradamente ha sostenido que tal censura resulta improcedente, pues acorde con las normas que disciplinan el procedimiento de la acci\u00f3n de tutela, \u00fanicamente est\u00e1n previstos como medios encaminados a controvertir las providencias judiciales, la impugnaci\u00f3n para la sentencia y, la consulta para la providencia que impone sanciones por desacato, am\u00e9n de la eventual revisi\u00f3n del fallo por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 31, 32, 33 y 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (CSJ. ATc544-2020, ATC258.2023, ATC459-2023 y, ATC1006-2023, entre otras). <\/p>\n
Del mismo modo, en los pronunciamientos citados, se indica que la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992 se contrae a \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, [hoy C\u00f3digo General del Proceso] en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto [2591 de 1991]\u00bb, raz\u00f3n por la cual no es posible aplicar las preceptivas consagradas en tal ordenamiento para recurrir las determinaciones adoptadas en el \u00e1mbito de la mencionada actuaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Sala se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab4.- No obstante, dicho recurso es improcedente, porque las normas que disciplinan el procedimiento tutelar, solamente previeron como instrumentos encaminados a controvertir las providencias judiciales, la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb de la sentencia y la consulta para el prove\u00eddo que impone sanciones por desacato, am\u00e9n de la eventual revisi\u00f3n de este por la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 31, 32, 33 y 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (CSJ ATC544-2020, reiterada en Rad. 2022-01772-01. febrero 17 de 2023 y en el ATC763-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n atacada es el auto de 4 de mayo de 2023 que no avoc\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por Mar\u00eda Fernanda Calder\u00f3n Pab\u00f3n y Jos\u00e9 Augusto Tamara Garrido y, la rechaz\u00f3 por temeraria, se declarara inadmisible la impugnaci\u00f3n por no reunir los requisitos legales para su concesi\u00f3n. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, el despacho resuelve: <\/p>\n
1. Rechazar, por improcedente, la impugnaci\u00f3n formulada contra el auto de 4 de mayo de 2023. <\/p>\n
2. Por la Secretar\u00eda de la Sala proc\u00e9dase, de manera inmediata, conforme al numeral 5\u00ba de la providencia en comento, esto es, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese esta determinaci\u00f3n a los accionantes, y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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