ATC1322-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1322-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la solicitud que elev\u00f3 la accionante para que se aclare y\/o adicione la sentencia emitida en el asunto de la referencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Esta Corporaci\u00f3n mediante fallo STC9427-2023 (19 sep.) confirm\u00f3 la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que Adelaida Rodr\u00edguez le promovi\u00f3 a la Di\u00f3cesis de Socorro y San Gil, y a los Juzgados Segundo y Quinto de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
Entre otras razones para ratificar la desestimaci\u00f3n del veredicto de primer grado, la Sala indic\u00f3 que el resguardo enfilado frente a la Di\u00f3cesis, dirigido a que se deje sin efectos la correcci\u00f3n de la partida de bautismo de Arturo Silva, no cumple con el requisito de subsidiariedad, por disponer de otras herramientas para cristalizar sus aspiraciones como acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo o la jurisdicci\u00f3n eclesi\u00e1stica. <\/p>\n
2.- Enterada de esa determinaci\u00f3n, la promotora pidi\u00f3 que se complemente y\/o aclare en el sentido de indicar cu\u00e1l es el mecanismo concreto que tiene para hacer sus derechos. Esto, porque \u00ab[l]a amplia jurisprudencia de las Altas Cortes ha sido un\u00edsona en indicar que el operador judicial de tutela, al indicar el medio de defensa judicial ordinario \u2013 que desecha el camino judicial constitucional de la acci\u00f3n de tutela -, debe precisar con seguridad jur\u00eddico dicho medio, con el fin de otorgar seguridad jur\u00eddica al accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Acorde con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 resultan aplicables a la tutela las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, siempre que sea necesario acudir a ese estatuto para interpretar las normas especiales que reglamentan este decurso y no le sean contrarias a su esencia residual, expedita e informal. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, el precepto 285 de dicho estatuto contempla que \u00ab[l]a sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3. Sin embargo, podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella\u00bb. Por su parte, el art\u00edculo 287 se\u00f1ala que \u00ab[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. <\/p>\n
2.- Bajo dichos lineamientos, la Sala advierte que lo suplicado por el reclamante es improcedente. <\/p>\n
As\u00ed, nada hay que aclarar por cuanto en el fallo la Corte consign\u00f3 claramente las razones por las cuales la acci\u00f3n era improcedente para cuestionar la correcci\u00f3n de la partida eclesi\u00e1stica de Arturo Silva. Entre otros aspectos, se dijo: <\/p>\n
Como lo ha reiterado la Sala, dado el car\u00e1cter residual y excepcional de este sendero, a \u00e9l s\u00f3lo puede acudirse cuando su promotor carezca de otros mecanismos de defensa para hacer valer sus derechos. Pues bien, la naturaleza de actos eclesi\u00e1sticos como el impugnado no es pac\u00edfica en la jurisprudencia nacional, pues, por ejemplo, la Corte Constitucional, en algunas ocasiones, las ha catalogado como \u201cactos administrativos\u201d (sentencias T584-1992), mientras que esta Corporaci\u00f3n las ha tratado como una actuaci\u00f3n t\u00edpica del Derecho Can\u00f3nico y, por tanto, extra\u00f1a a la regulaci\u00f3n el ordenamiento jur\u00eddico patrio (CSJ STC17167-2019). Sin embargo, por donde se mire, lo cierto es que los terceros afectados con ellos tendr\u00edan caminos distintos a este escenario para discutirlos. As\u00ed, en la primera hip\u00f3tesis, que es la invocada por la quejosa, tendr\u00edan a su alcance la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y en la segunda podr\u00edan provocar un pronunciamiento del Tribunal Eclesi\u00e1stico correspondiente. <\/p>\n
Luego, si la peticionaria estima que la Di\u00f3cesis le vulner\u00f3 alguno de sus derechos, o actu\u00f3 equivocadamente, al corregir la partida de bautismo de Arturo Silva mediante el Decreto 210 del 17 de junio de 2021, no es \u00e9sta la herramienta para esclarecer dicha controversia. <\/p>\n
Por otro lado, no se evidencia que la actora se encuentre en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que le impida encaminar sus aspiraciones a trav\u00e9s de la v\u00eda que estime apropiada para esa finalidad. (\u2026). <\/p>\n
En suma, la acci\u00f3n de tutela es improcedente para analizar la legalidad de la correcci\u00f3n de la partida de bautismo de Arturo Silva. La promotora dispone de otros instrumentos para ventilar sus discrepancias, adem\u00e1s, las secuelas que esa actuaci\u00f3n le provoc\u00f3 no la ponen en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que imponga la injerencia supralegal. <\/p>\n
Asimismo, la Sala tampoco est\u00e1 llamada a complementar el veredicto constitucional en el sentido de precisar si la promotora debe acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo o a la jurisdicci\u00f3n eclesi\u00e1stica. Es cierto, como lo afirma la gestora, que cuando el juez de tutela declara improcedente la acci\u00f3n debe indicar cu\u00e1l es la herramienta que el gestor tiene para defender sus derechos. Ahora, la Sala lo hizo, al indicar que sobre el particular exist\u00eda una problem\u00e1tica y que de acuerdo con ella tendr\u00eda dos caminos diferentes. Claro, si el punto no es pac\u00edfico, como se advirti\u00f3, la Corte no tiene por qu\u00e9 se\u00f1alarle a la quejosa a cu\u00e1l de las v\u00edas debe acudir, m\u00e1xime cuando impuls\u00f3 la tutela fundada en la tesis seg\u00fan la cual la correcci\u00f3n de la partida era un acto administrativo, as\u00ed que, si as\u00ed lo considera, es de su resorte actuar en consonancia con ello. Por eso, la Sala destac\u00f3: \u00ab[p]or otro lado, no se evidencia que la actora se encuentre en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que le impida encaminar sus aspiraciones a trav\u00e9s de la v\u00eda que estime apropiada para esa finalidad\u00bb. <\/p>\n
Es que si bien, seg\u00fan se anot\u00f3, el juez constitucional debe se\u00f1alarle el camino que el tutelante tiene obtener la protecci\u00f3n de sus derechos, al final, es \u00e9l quien decide c\u00f3mo defenderlos, y no al fallador constitucional. <\/p>\n
Ahora, si la censora est\u00e1 en desacuerdo con el an\u00e1lisis realizado por la Sala, porque a su juicio debi\u00f3 realizarse un planteamiento distinto, la adici\u00f3n es inviable. Mem\u00f3rese que dicha herramienta no es \u00abpara cuestionar la validez y suficiencia de los fundamentos f\u00e1cticos y normativos de una decisi\u00f3n judicial, sino espec\u00edficamente para conjurar las deficiencias de naturaleza formal enunciadas en los ya citados art\u00edculos 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d (ATC140-2023). <\/p>\n
3.- En definitiva, las peticiones de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n elevadas son improcedentes, y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, NIEGA la solicitud respecto de la cual se ha hecho m\u00e9rito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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