ATC1344-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1344-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2013-00222-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la consulta de la sanci\u00f3n impuesta en la providencia de 13 de octubre de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del incidente de desacato promovido por Nubia Carrillo Ben\u00edtez, en representaci\u00f3n de su hija Camila Andrea Bele\u00f1o Carrillo1, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, en atenci\u00f3n a la causal prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a este asunto constitucional por remisi\u00f3n del canon 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el art\u00edculo 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991), como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En sentencia de 25 de junio de 2013 -confirmada por esta Corte2-, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados por Nubia Carrillo Ben\u00edtez, en representaci\u00f3n de su hija Camila Andrea Bele\u00f1o Carillo. En tal virtud, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ordenar a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional del Tolima, para que si a\u00fan no lo hubiere hecho, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) siguientes (sic) a la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a gestionar todo lo necesario a efectos de autorizar la realizaci\u00f3n de la SS VAL, por Neurocirug\u00eda \u201cHospital Central\u201d de la Polic\u00eda o Junta Neurocirujanos, y cualquier otro procedimiento, o medicamento, es decir, de forma integral, que le sean ordenadas por el m\u00e9dico tratante, para la enfermedad que padece la menor Camila Andrea Bele\u00f1o Carillo, hasta tanto su estado de salud as\u00ed lo requiera, [as\u00ed mismo], que en caso que cualquier servicio de salud se disponga fuera de esta ciudad, asuma el costo de transporte, alojamiento y alimentaci\u00f3n, para la paciente como tambi\u00e9n a su acompa\u00f1ante, cuantas veces as\u00ed lo amerite (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la entidad hasta la fecha no ha dado cumplimiento al fallo de tutela (\u2026), muy a pesar de haber presentado los soportes y requisitos para la cita de control con el m\u00e9dico especialista en NEUROCIRUG\u00cdA para el control de CORRECCI\u00d3N CHIARI, el cual se debe realizar cada seis meses de acuerdo a la prescripci\u00f3n del m\u00e9dico tratante, en la ciudad de Bogot\u00e1 Hospital central de la polic\u00eda nacional, adem\u00e1s de haberse realizado el \u00faltimo control en septiembre de 2019. Es decir que hace casi cuatro a\u00f1os que no se realiza el seguimiento a la enfermedad de mi hija, exponi\u00e9ndola a su suerte. <\/p>\n
Que mi hija (\u2026) presenta calificaci\u00f3n de discapacidad de medicina laboral de la polic\u00eda del 65.8% lo cual implica que es una persona de especial protecci\u00f3n por su vulnerabilidad; por lo cual se torna inaceptable que Sanidad de la Polic\u00eda asuma este comportamiento, negando la prestaci\u00f3n de los servicios asistenciales de prioridad para el manejo de su salud; pues inicialmente a causa del covid me dilataron y ahora no se concibe que pese a que desde el a\u00f1o pasado he estado de manera permanente solicitando la asignaci\u00f3n o agentamiento (sic) de la cita, recibiendo de respuesta que Bogot\u00e1 no la quiere asignar y que debo instaurar un desacato para que me atiendan\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, con auto de 9 de agosto de 2023, requiri\u00f3 previamente al Capit\u00e1n Arturo Alejandro Lugo Matiz, como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Tolima de la Polic\u00eda Nacional, \u00aba efectos de formalizar la vinculaci\u00f3n (\u2026) [y para que] haga cesar el incumplimiento de la orden tutelar e informe (\u2026) las razones del mismo\u00bb; y, al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en calidad de Director de la Direcci\u00f3n General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, para que, como superior jer\u00e1rquico, haga cumplir la \u00f3rdenes contenidas en la sentencia endilgada. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo anterior, el actual Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima de la Polic\u00eda Nacional, Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, compareci\u00f3 e indic\u00f3 que se ha configurado un hecho superado por carencia actual de objeto, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la agenciada fue en septiembre de 2019 en el Hospital Central de la Polic\u00eda en la ciudad de Bogot\u00e1 (sic), por lo tanto, la orden inicial dada en el numeral segundo del fallo de tutela se cumpli\u00f3 a cabalidad. Ahora bien, teniendo en cuenta orden de tratamiento integral de medicamentos o procedimie[n]tos que sea[n] ordenados por el m\u00e9dico tratante respecto a la enfermedad que padece, se encuentra dentro del expediente orden de fecha 29\/08\/2022 de consulta de primera vez por especialista en neurocirug\u00eda [sin] observaciones espec\u00edficas del m\u00e9dico tratante (lugar de realizaci\u00f3n, m\u00e9dico que deba realizar), ni tampoco se observa historia cl\u00ednica que lo sustente, por lo tanto, se autoriz\u00f3 dicha consulta bajo No. 5729169 de fecha 17\/08\/2023. Se realiz\u00f3 trazabilidad con el consultorio del Dr. Larmont Antonio Aljuri (\u2026) y se nos program\u00f3 cita para el d\u00eda 2 de octubre de 2023 a las 9:10 am (\u2026), se notific\u00f3 a la incidentante al correo autorizado\u00bb. <\/p>\n
5. A partir de esa respuesta, la solicitante inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abque la cita asignada (\u2026) no la puedo aceptar por cuanto es una cita de control, la cual debe ser agendada en la ciudad de Bogot\u00e1, hospital Central, Dr. Mauricio Toscano Heredia, m\u00e9dico tratante y quien intervino quir\u00fargicamente a mi hija (\u2026); para lo cual anexo impresi\u00f3n de la orden de seguimiento, expedida por el mismo profesional el 29-09-2019 (\u2026). Cabe anotar que cada vez que mi hija requiere el control, debo acudir a este recurso, para que le agende cita\u00bb. <\/p>\n
6. Dando alcance a lo informado, intervino otra vez el Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, se\u00f1alando que \u00abla accionante no acept\u00f3 el agendamiento de la cita con especialista en neurocirug\u00eda argumentando que la requiere en la ciudad de [B]ogot\u00e1,\u00bb. <\/p>\n
7. A continuaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 18 de septiembre de 2023, el estrado a cargo requiri\u00f3 nuevamente a Arturo Alejandro Lugo Matiz, como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Tolima de la Polic\u00eda Nacional, para que informara lo pertinente respecto del cumplimiento de la sentencia; y, a Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en calidad de Director de la Direcci\u00f3n General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, a fin de que, como superior jer\u00e1rquico, haga cumplir el fallo. <\/p>\n
8. Ante el silencio de la entidad, con decisi\u00f3n de 29 de septiembre posterior, el tribunal a quo inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato en contra del Capit\u00e1n Arturo Alejandro Lugo Matiz, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima, para que \u00abse pronuncie frente a los hechos que han dado origen al tr\u00e1mite incidental, que a juicio de la accionante, apuntan al incumplimiento a la orden impartida en sentencia de fecha 25 de junio de 2013\u00bb; esta decisi\u00f3n la comunic\u00f3 al superior jer\u00e1rquico del citado, esto es, al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n, a quien tambi\u00e9n requiri\u00f3 para que \u00absi es que a\u00fan no lo ha hecho, adopte las medidas disciplinarias tendientes a hacer cumplir el fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
9. Con oficio de la fecha, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues aleg\u00f3 que \u00abla tutela del asunto es de competencia de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, la cual es liderada por el se\u00f1or Capit\u00e1n FERNEY ANDRES BARBOSA MORALES, (\u2026) y como superior jer\u00e1rquico encargado de verificar los procesos y procedimientos en la prestaci\u00f3n de los servicios de Salud, es el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 2 Huila, la cual es liderada por el se\u00f1or Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO\u00bb, a quienes remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n con \u00aborden de cumplimiento desacato fallo acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
10. Con providencia de 13 de octubre de 2023, el precitado colegiado sancion\u00f3 por desacato al Capit\u00e1n Arturo Alejandro Lugo Matiz como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima, \u00abcon multa equivalente a tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y arresto domiciliario por tres (3) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
11. Remitido el expediente a la Corte para resolver la consulta de dicha determinaci\u00f3n, se procede a su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre la notificaci\u00f3n de las providencias judiciales en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando en la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador (\u2026)\u00bb (CC A-018\/05, citado en ATC602-2019, entre otros). <\/p>\n
2. De la nulidad por falta o indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
El numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de otras, aunque sean indeterminadas. Dicha norma es aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
En ese sentido, interesa recordar que para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de las partes e intervinientes, reviste vital importancia la integraci\u00f3n del contradictorio tanto por activa como por pasiva, lo cual solo puede garantizarse mediante la oportuna vinculaci\u00f3n de los interesados; de manera que el acto de enteramiento de las decisiones judiciales para brindarle a las partes la posibilidad de defenderse constituye un aspecto esencial de esa prerrogativa fundamental. <\/p>\n
Sobre el acto procesal denominado \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, la Corte Constitucional en sentencia C-670\/04, sostuvo que aquel: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicaci\u00f3n procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicaci\u00f3n concreta al debido proceso mediante la vinculaci\u00f3n de aquellos a quienes concierne la decisi\u00f3n judicial notificada, as\u00ed como que es un medio id\u00f3neo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicci\u00f3n, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jur\u00eddica, pues de \u00e9l se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones Judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que \u00abasuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad alguna de alegaci\u00f3n por la persona afectada, pues un impedimento de tal naturaleza violar\u00eda su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Caso Concreto. <\/p>\n
3.1. El tr\u00e1mite del incidente de desacato al fallo proferido por el juez constitucional est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, siendo su objeto la protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado a trav\u00e9s de la sanci\u00f3n. Es decir, este mecanismo fue instituido como una herramienta para asegurar el acatamiento de las \u00f3rdenes impartidas y, de esta manera, hacer cesar los hechos constitutivos de actuaciones u omisiones irregulares. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, tra\u00eddas las premisas que anteceden al sub-lite, advierte la Sala que, ante la manifestaci\u00f3n de incumplimiento de la orden de amparo, el tribunal a quo dispuso previamente \u00abNOTIFICAR al actual encargado de dar cumplimiento al fallo de tutela, Capit\u00e1n ARTURO ALEJANDRO LUGO MATIZ, en calidad de jefe de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA DE LA POLIC\u00cdA NACIONAL, del contenido del fallo de tutela del 25 de junio de 2013, proferido por esta Corporaci\u00f3n, y a efectos de formalizar la vinculaci\u00f3n de quien se cita REQUERIRLO para que, en caso de que a\u00fan no haya ocurrido, haga cesar el incumplimiento de la orden tutelar e informe a este despacho las razones del mismo\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Posteriormente, el Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, aduciendo su calidad de Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima, compareci\u00f3 en dos oportunidades al tr\u00e1mite y refiri\u00f3 las gestiones adelantadas a su cargo para atender lo pedido. <\/p>\n
No obstante, sin explicaci\u00f3n alguna, el tribunal decidi\u00f3 requerir nuevamente \u00abal actual encargado de dar cumplimiento al fallo de tutela, Capit\u00e1n ARTURO ALEJANDRO LUGO MATIZ, en calidad de jefe de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA DE LA POLIC\u00cdA NACIONAL DEL TOLIMA, para que, en caso de que a\u00fan no haya ocurrido, d\u00e9 cumplimiento a la orden contenida en sentencia de 25 de junio de 2023\u00bb; luego de lo cual inici\u00f3 formalmente el tr\u00e1mite incidental en su contra y resolvi\u00f3 finalmente sancionarlo por desacato \u00abcon multa equivalente a tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y arresto domiciliario por tres (3) d\u00edas\u00bb, pasando por alto las manifestaciones del Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez que obraban en la foliatura y quien asegur\u00f3 que actuaba como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima. <\/p>\n
A ello se agrega que al pronunciarse, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, afirm\u00f3 que su falta de legitimaci\u00f3n derivaba de que \u00abla tutela del asunto es de competencia de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, la cual es liderada por se\u00f1or Capit\u00e1n FERNEY ANDR\u00c9S BARBOSA MORALES\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que lo anterior impon\u00eda que el despacho a cargo indagara para aclarar tales circunstancias y as\u00ed integrar debidamente el contradictorio; sin embargo, todas las etapas se surtieron frente al Capit\u00e1n Arturo Alejandro Lugo Matiz -quien fue sancionado- sin certeza de la calidad en que fue citado, es decir, se pretermiti\u00f3 la debida individualizaci\u00f3n del responsable y su rol en la observancia del mandato constitucional. <\/p>\n
3.3. En ese contexto, deviene di\u00e1fano para la Corte que dentro del plenario no obra prueba que permita establecer que se haya integrado debidamente el contradictorio en este asunto, puntualmente, que se vinculara y notificara de los prove\u00eddos mediante los cuales se realiz\u00f3 el llamamiento anticipado, se inici\u00f3 formalmente el incidente y se impuso la sanci\u00f3n dictada, al directo responsable, tal como lo dispone el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que fue desconocida la garant\u00eda fundamental del debido proceso del involucrado, el asunto se encuentra afectado por un vicio que conduce a la declaratoria de la nulidad de todas las actuaciones surtidas, en tanto no se acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n de las verificaciones debidas a fin de citar al responsable (art. 27 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se anula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado dentro del incidente de desacato de la referencia, a partir del prove\u00eddo de 9 de agosto de 2023, a fin de que se corrija la irregularidad advertida. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Quien a pesar de que en la actualidad ya es mayor de edad, \u00abmediante sentencia de 10 de marzo de 2016 fue declarada interdicta\u00bb, seg\u00fan la informaci\u00f3n recaudada en el tr\u00e1mite rad. n\u00b0 73001221300020170011501, adelantado igualmente por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Mediante Sentencia de 26 de julio de 2013. M.P. Dra. Ruth Marina D\u00edaz Rueda. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1344-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC1344-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2013-00222-02 Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la consulta de la sanci\u00f3n impuesta en la providencia de 13 de octubre de 2023, proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76621","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76621\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}