ATC1347-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1347-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2023-00067-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada por Iv\u00f3n Rosana Manjarrez Ustariz frente al fallo proferido el pasado 24 de octubre por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que inco\u00f3, aludiendo su condici\u00f3n de \u00abcandidata a la alcald\u00eda del municipio de La Jagua del Pilar, por el partido ASI\u00bb, contra el Consejo Nacional Electoral y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n de la regla 4\u00aa del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello, porque no vislumbra la Corte que hayan sido notificados del inicio de este tr\u00e1mite supralegal Jos\u00e9 Amiro Mor\u00f3n N\u00fa\u00f1ez -candidato a la alcald\u00eda del municipio de La Jagua del Pilar, para la fecha de instauraci\u00f3n de este resguardo, hoy alcalde electo de ese lugar-, los partidos pol\u00edticos Alianza Social Independiente (ASI) y Partido de la Uni\u00f3n por la Gente (Partido de la U), as\u00ed como los titulares de las 955 c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda que la accionante demanda \u00absean efectivamente eliminadas del censo electoral del [citado] municipio\u00bb, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar del evidente inter\u00e9s directo que les asiste en las resultas de esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte que la notificaci\u00f3n de los referidos sujetos ha de efectuarse de manera directa, sin embargo, se recuerda que cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio, incluso, puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal… Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces… <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador… (CC A-018\/05) <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse el enteramiento de Jos\u00e9 Amiro Mor\u00f3n N\u00fa\u00f1ez, de los partidos pol\u00edticos Alianza Social Independiente (ASI) y Partido de la Uni\u00f3n por la Gente (Partido de la U), as\u00ed como de los titulares de las 955 c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda que la accionante demanda \u00absean efectivamente eliminadas del censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar\u00bb, toda vez que al omitirlo les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Jos\u00e9 Amiro Mor\u00f3n N\u00fa\u00f1ez, de los partidos pol\u00edticos Alianza Social Independiente (ASI) y Partido de la Uni\u00f3n por la Gente (Partido de la U), as\u00ed como de los titulares de las 955 c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda que la accionante demanda \u00absean efectivamente eliminadas del censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar\u00bb, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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