SC364-2023 (2018-00315-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC364-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-03-010-2018-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por Silvia Vergel Pacheco y Mauricio Rivera Bonell, frente a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso declarativo que aquellos promovieron contra Constructora del Norte de Bello S.A.S. y Jorge Wilsson Pati\u00f1o Toro. <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Si bien el proceso fue promovido en contra de los convocados antes referidos, en el curso de las instancias ordinarias la Subsecretar\u00eda de Control Urban\u00edstico y la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n y Control Territorial de Medell\u00edn emitieron actos administrativos por medio de los cuales se orden\u00f3 la Toma de Posesi\u00f3n de los Negocios, Bienes y Haberes en la modalidad de Liquidaci\u00f3n Forzosa Administrativa de la persona jur\u00eddica Constructora del Norte de Bello S.A.S y de la persona natural comerciante Jorge Wilsson Pati\u00f1o Toro, motivo por el cual a la fecha ambos demandados se encuentran representados por el Agente Liquidador designado, H\u00e9ctor Alirio Pel\u00e1ez G\u00f3mez, quien ha sido debidamente notificado de las actuaciones surtidas en esta sede extraordinaria, conforme lo ordena el art\u00edculo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
Con el libelo introductor se pidi\u00f3 declarar nulo el contrato de \u00abpromesa de compraventa\u00bb suscrito el 11 de noviembre de 2015, mediante el cual los actores se comprometieron a transferir a su contraparte el dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 001-146695, ubicado en la ciudad Medell\u00edn. Subsidiariamente, se pidi\u00f3 la resoluci\u00f3n por incumplimiento de los demandados. <\/p>\n
Como consecuencia com\u00fan de ambos pedimentos, los actores reclamaron las respectivas restituciones mutuas, teniendo para el efecto a los querellados como poseedores de mala fe y tambi\u00e9n un resarcimiento por da\u00f1os materiales e inmateriales, por valor de $2.012\u00b4000.000. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
i. Mediante negocio preparatorio de fecha 11 de noviembre de 2015, las partes acordaron celebrar contrato de compraventa sobre el inmueble de propiedad de los demandantes, para lo cual suscribir\u00edan escritura p\u00fablica el d\u00eda 23 de abril de 2017 en la Notar\u00eda 21 de Medell\u00edn. Sin embargo, en la promesa no se se\u00f1al\u00f3 la hora de comparecencia, omisi\u00f3n que \u00abviola ostensiblemente el requisito sine qua non contemplado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Como precio de la prometida enajenaci\u00f3n, se acord\u00f3 la suma de $900\u00b4000.000, la cual deb\u00eda ser pagada de la siguiente manera: $30\u00b4000.000 pagaderos el 5 de noviembre de 2015 como comisi\u00f3n por la intermediaci\u00f3n en la venta del predio; $85\u00b4000.000 que deb\u00edan ser entregados al Banco Colpatria S.A. en cuotas mensuales desde la celebraci\u00f3n de la promesa hasta la fecha de escrituraci\u00f3n; $45\u00b4000.000 en 3 contados; y la suma de $740\u00b4000.000, que se pagar\u00eda mediante la transferencia de dos de los apartamentos que compondr\u00edan el edificio que los convocados iban a construir en el predio, unidades que deb\u00edan entregarse totalmente terminadas en un plazo de 18 meses, contados \u00aba partir de la expedici\u00f3n de la correspondiente licencia de construcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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iii. Adem\u00e1s de lo anterior, los demandados deb\u00edan asumir en favor de los enajenantes una renta mensual de $2\u00b4000.000 para cubrir el arrendamiento del inmueble donde estos establecieran su vivienda, hasta el d\u00eda en que se les hiciera entrega de los apartamentos. As\u00ed mismo, se acord\u00f3 que el retardo en la entrega de dichas unidades inmobiliarias generar\u00eda una indemnizaci\u00f3n equivalente al 1% del precio acordado y que el incumplimiento en cualquiera de las otras prestaciones dar\u00eda lugar a la aplicaci\u00f3n de una cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
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iv. Seg\u00fan lo estipulado, desde el d\u00eda en que se celebr\u00f3 el contrato preparatorio se le garantiz\u00f3 a los convocados el acceso al lote, en virtud de lo cual establecieron all\u00ed una sala de ventas y demolieron la edificaci\u00f3n que en \u00e9l se encontraba, esto es, la que fuera la casa de habitaci\u00f3n de los demandantes. La entrega formal del fundo se llev\u00f3 a cabo el 4 de enero de 2017, esto es, unos d\u00edas despu\u00e9s de la fecha en que los demandados obtuvieron la respectiva licencia de construcci\u00f3n. <\/p>\n
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v. De las obligaciones asumidas por los constructores qued\u00f3 pendiente la entrega de los 2 apartamentos, prestaci\u00f3n que \u00abno se muestra muy palpable ni prometedora\u00bb, ya que, para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (25 de junio de 2018), en la heredad \u00abno se ha efectuado ni culminado ninguna obra, fuera de la demolici\u00f3n de la vivienda y el levantamiento de una edificaci\u00f3n \u201cen obra negra\u201d (\u2026), que de nada le sirve a los demandantes de cara al reconocimiento de mejoras (\u2026), pues no son personas habitualmente dedicadas a la construcci\u00f3n y sus afines\u00bb. <\/p>\n
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vi. Al parecer, es conducta \u00abacostumbrada de los demandados valerse de empresas fachadas para hacerse a propiedades significativas como lo era la prometida en venta\u00bb, lo cual \u00abha desencadenado una seria de denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por parte de personas que se han visto estafadas a consecuencia del incumplimiento de los que prometen pagar la adquisici\u00f3n de un inmueble con la daci\u00f3n en pago de algunos inmuebles que en el futuro se construir\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
Notificados personalmente del auto admisorio de la demanda, los convocados excepcionaron \u00abconcurrencia de culpas \u2013 culpa exclusiva del acreedor\u00bb, \u00abfalta de causa para pedir\u00bb, \u00abtemeridad procesal y mala fe\u00bb, \u00abfalta de real, concreto y verdadero juramento estimatorio de los perjuicios\u00bb y \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por pasiva\u00bb. <\/p>\n
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4. La sentencia de primer grado. <\/p>\n
Mediante providencia dictada en audiencia de fecha 6 de diciembre de 2019, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato objeto de las pretensiones y, en materia de restituciones mutuas, dispuso: \u00abpara no afectar a la parte demandante, y para que el proyecto BALTIMORE llegue a final t\u00e9rmino, el Despacho dispone que, avaluado este proyecto, y una vez est\u00e9 la liquidaci\u00f3n que ya comenz\u00f3 en la Superintendencia de Sociedades, de ese proyecto BALTIMORE, avaluado actualmente en $3.739.100.000, se reconozca a los demandantes el equivalente al 31.96% del valor de este proyecto, que actualmente asciende a $1.195\u00b4041.775\u00bb. <\/p>\n
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5. La sentencia impugnada. <\/p>\n
Al resolver los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por ambas partes, el Tribunal confirm\u00f3 la declaratoria de nulidad dispuesta en primer grado, pero modific\u00f3 lo relativo a las restituciones mutuas, tema sobre el cual decidi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abA cargo de la parte demandada y a favor de los demandantes i) El extremo pasivo har\u00e1 entrega a los demandantes del lote de terreno con la construcci\u00f3n en \u00e9l levantada, una vez ejecutoriado el presente fallo y de no hacerlo en forma voluntaria, se comisionar\u00e1 a la autoridad competente para la entrega y, ii) los accionados cancelar\u00e1n a los demandantes por concepto de frutos civiles los siguientes valores: a) $198.791.775.oo que corresponden al valor de los frutos civiles comprendidos entre el 07 de enero de 2017 al 13 de junio de 2019, que ser\u00e1n indexados desde la fecha de presentaci\u00f3n del dictamen hasta su pago total y, b) $339.439.584,oo, correspondientes a los periodos comprendidos entre el 14 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2022; que ser\u00e1n indexados desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo hasta su pago total. <\/p>\n
A cargo de la parte actora y a favor del extremo pasivo los demandantes pagaran a los accionados: i) $3.739.100.000,oo, que corresponden al valor de las mejoras efectuadas y reconocidas, edificio en proceso de construcci\u00f3n, como viene de precisarse, debidamente indexados desde la fecha de presentaci\u00f3n del dictamen hasta su pago total y, ii) $109.000.000.oo, como parte del precio que los demandados pagaron; debidamente indexados as\u00ed: i) $30.000.000,oo desde el 05 de noviembre de 2015; ii) $5.000.000,oo desde el 05 de noviembre de 2015; iii) $20.000.000,oo desde el 30 de noviembre de 2015; iv) $20.000.000,oo desde el 30 de diciembre de 2015 y, v) $34.000.000,oo desde el mes de abril de 2017; hasta el pago total de cada una de las obligaciones\u00bb <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
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i. Pese a la denominaci\u00f3n que las partes le dieron, el negocio jur\u00eddico celebrado entre ellas involucraba una promesa de permuta y no de compraventa, en tanto que la mayor parte del precio deb\u00eda pagarse mediante la transferencia de bienes distintos del dinero. Con esa claridad, confirm\u00f3 la declaratoria de nulidad dispuesta por el juzgador de primer grado, toda vez que en el referido contrato no se incluyeron \u00abla ubicaci\u00f3n de los apartamentos que ser\u00edan entregados a los demandantes (\u2026), sus linderos (\u2026), la ubicaci\u00f3n, cabida y linderos del garaje y cuarto \u00fatil de cada una de las unidades inmobiliarias prometidas (\u2026); [as\u00ed como] la ubicaci\u00f3n, cabida y linderos del edificio del que har\u00edan parte (\u2026), lo que evidencia que no se cumpli\u00f3 con la determinaci\u00f3n exigida en el art. 1611 del C. Civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Aun cuando las pretensiones no se fincaron propiamente en la referida omisi\u00f3n, se declar\u00f3 la nulidad conforme al art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, en consideraci\u00f3n a que las irregularidades del contrato preparatorio \u00abson manifiestas, aparecen de bulto, pues basta la mera lectura del documento que recogi\u00f3 la voluntad de las partes, para concluir que los inmuebles que ser\u00edan entregados a los demandantes no fueron determinados\u00bb. <\/p>\n
iii. Para resolver sobre los efectos patrimoniales de la invalidaci\u00f3n contractual, deb\u00eda tenerse en cuenta que \u00abla presunci\u00f3n de buena fe [de los demandados] no fue desvirtuada\u00bb, a lo que se sumaba que en este caso fueron los mismos convocantes quienes le permitieron a su contraparte el acceso al fundo, para que instalara all\u00ed una sala de ventas. <\/p>\n
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iv. En orden a establecer el valor de las mejoras que los actores deb\u00edan asumir en favor de su contraparte, tuvo en cuenta el dictamen allegado por los demandados, elaborado por el avaluador Edwin Cardona Pareja, entre otras cosas, porque ese informe \u00abno fue objeto de reproche alguno, no se solicit\u00f3 la comparecencia del perito a la audiencia para su contradicci\u00f3n, ni oficiosamente lo orden\u00f3 el Juzgado (\u2026); adem\u00e1s, la pericia se observa clara, coherente, congruente, est\u00e1 debidamente sustentada y las conclusiones son claras y precisas, a m\u00e1s que fue realizado por personal id\u00f3neo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En esa pericia se conceptu\u00f3 que la obra civil que los demandados ven\u00edan adelantando en el predio de sus contendores ten\u00eda un avance del 60%; y al aplicar esa cifra al valor comercial que, ya terminada, tendr\u00eda la edificaci\u00f3n, estim\u00f3 que la infraestructura instalada ten\u00eda un valor de $3.739\u00b4100.000 ($3.356.100.000 por nueve apartamentos, $300\u00b4000.000 por diez parqueaderos y $83\u00b4000.000 por nueve dep\u00f3sitos). <\/p>\n
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vi. Contrario a lo que alegaron los demandantes en su escrito de apelaci\u00f3n, el valor que el perito le asign\u00f3 a las mejoras, \u00ab[seg\u00fan \u00e9l mismo] lo aclar\u00f3 y precis\u00f3 al dar respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal en tal sentido, no comprende el precio del lote de terreno; de donde se sigue que el aval\u00fao corresponde a la construcci\u00f3n que se hab\u00eda levantado en un porcentaje del 60% aproximadamente, como inequ\u00edvocamente aparece consignado en el informe y se desprende del material fotogr\u00e1fico aportado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Una vez se puso en conocimiento de las partes las aclaraciones que el perito efectu\u00f3 a petici\u00f3n del colegiado, \u00abtanto el extremo activo como el pasivo, procedieron a pronunciarse repudiando y objetando el dictamen, incluso, allegando nuevas pericias para que sirvieran como prueba de las objeciones presentadas; objeciones a las cuales no se les dio tr\u00e1mite alguno porque el t\u00e9rmino para ello ya hab\u00eda vencido y el proceso no se puede retrotraer a ese estadio procesal para revivir una oportunidad precluida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. En cuanto a las restituciones que correspond\u00eda disponer en favor de los demandantes, consider\u00f3 el colegiado que no era viable reconocer una suma por la construcci\u00f3n que fue demolida por aquellos una vez les fue entregado el fundo, puesto que finalmente no se logr\u00f3 acreditar el valor que pudo haber tenido dicha edificaci\u00f3n. Adem\u00e1s, \u00abal bien de propiedad de los actores se le asign\u00f3 un precio \u00fanico de $900.000.000, que comprend\u00eda el valor del lote de terreno y el de la construcci\u00f3n en \u00e9l levantada, toda vez, que como dicho predio se adquiri\u00f3 como casa-lote para plantar la edificaci\u00f3n proyectada por los demandados, donde la existencia de dicha construcci\u00f3n ninguna incidencia ten\u00eda en el precio acordado\u00bb. <\/p>\n
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ix. Finalmente, por frutos, se conden\u00f3 a los demandados a pagar los c\u00e1nones de arrendamiento que habr\u00eda podido producir el inmueble de los actores, desde el 7 de enero de 2017 al 13 de junio de 2019, lo que equivale a $198\u00b4791.775, suma que deber\u00e1 ser debidamente indexada. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la providencia del Tribunal, los convocantes interpusieron oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, presentaron demanda de sustentaci\u00f3n, enarbolando tres cargos con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, todos por la v\u00eda del error de derecho probatorio. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el segundo ataque tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, la Corte emprender\u00e1 su estudio, con prescindencia de los dem\u00e1s. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apego a la segunda causal del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los impugnantes denunciaron una trasgresi\u00f3n indirecta, por error de derecho, del art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil, derivada del desconocimiento de los art\u00edculos 118, 170 y 228 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aben grave quebranto del art\u00edculo 29 Constitucional en cuanto viola el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Por considerarlos extempor\u00e1neos, el ad quem se neg\u00f3 a valorar los dict\u00e1menes que ambos extremos del litigio presentaron en segunda instancia, en respuesta a las aclaraciones y complementaciones que el experto Edwin Cardona Pareja present\u00f3 ante el Tribunal, se\u00f1alando en sentencia que no se daba tr\u00e1mite a las objeciones \u00abporque el t\u00e9rmino para ello ya hab\u00eda vencido y el proceso no se puede retrotraer a ese estadio procesal para revivir una oportunidad precluida y, por lo tanto, cualquier pronunciamiento frente a los mismos resultar\u00eda inane\u00bb. <\/p>\n
Con tal proceder, la magistratura desconoci\u00f3 que aquellas pericias se radicaron dentro del t\u00e9rmino de traslado de tres d\u00edas que se les concedi\u00f3 en el auto mediante el cual se puso en conocimiento de las partes el pronunciamiento del aludido perito. La negativa a dar tr\u00e1mite al contradictorio de la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n involucra una trasgresi\u00f3n de las pautas que contempla el art\u00edculo 118 del estatuto procedimental en materia de conteo de t\u00e9rminos judiciales y tambi\u00e9n de los preceptos 170 y 228 del mismo cuerpo normativo, que garantizan el derecho de contradicci\u00f3n de las partes, incluso frente a pruebas decretadas de oficio. <\/p>\n
Si la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n del dictamen ordenada de oficio por el Tribunal fue realizada por un perito, las partes tienen que poder ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. Como ello no fue as\u00ed, se desconoci\u00f3 el mandato del art\u00edculo 170 ib. que establece que las pruebas decretadas de oficio estar\u00e1n sujetas a la contradicci\u00f3n de las partes, \u00aben grave quebrando del Derecho al Debido Proceso (Art. 29 Constitucional), en la medida que, el derecho de contradicci\u00f3n es un derecho propio del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
La trascendencia del error es clara, pues de haber tramitado las objeciones propuestas el Tribunal no habr\u00eda afectado el derecho de contradicci\u00f3n de las partes y no habr\u00eda tenido en cuenta la experticia de Cardona Pareja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho. <\/p>\n
La causal segunda de casaci\u00f3n consagra la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, la cual constituye un t\u00edpico vicio de actividad del juzgador que puede presentarse en las modalidades del error de hecho -facti in judicando- o del error de derecho -juris in judicando-. <\/p>\n
Cuando la trasgresi\u00f3n es producto de un yerro en la actividad mental del juez en la labor de an\u00e1lisis probatorio que conlleva la pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, se est\u00e1 ante el error de hecho; mientras que, si el desatino se presenta en la estimaci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n, se configura el error de derecho o de iure. <\/p>\n
Este \u00faltimo dislate tiene que ver con el aspecto normativo de las probanzas, y surge como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el proceso al momento de la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de prueba, es decir, cuando el juzgador los pondera desconociendo las reglas que regulan su admisibilidad, pertinencia y eficacia. <\/p>\n
Cada medio de convicci\u00f3n tiene una regulaci\u00f3n espec\u00edfica en el estatuto procedimental respecto a sus fases de petici\u00f3n, incorporaci\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n, por lo que el yerro de iure supone la infracci\u00f3n de las normas legales que reglamentan esas etapas. N\u00f3tese que bajo su amparo no se reprocha la materialidad del medio de prueba en s\u00ed mismo, sino el desconocimiento de las normas probatorias que regulan lo concerniente a su legalidad y licitud. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que \u00ab[como] el conocimiento de los hechos por el sentenciador, es una operaci\u00f3n que tambi\u00e9n se encuentra gobernada por las normas de derecho probatorio, cabalmente, para garantizar su seriedad y la eficacia de su contenido, el quebrantamiento de tales reglas podr\u00e1 generar una distorsi\u00f3n en la percepci\u00f3n de los hechos y la consiguiente violaci\u00f3n de la norma sustancial. De ah\u00ed que el juzgador solamente pueda valerse, para efectos de convencerse de la existencia de un hecho espec\u00edfico, de las pruebas legal y oportunamente aducidas al proceso\u00bb (CSJ SC 13 dic. 2002, exp. 6426). <\/p>\n
Incurrir\u00e1 en error de derecho el juzgador cuando, al evaluar la eficacia demostrativa de la probanza le atribuye un m\u00e9rito que la ley no le concede o le niega el que ella le asigna, cuando estima un medio de convicci\u00f3n que carece de validez o no cumple con los requisitos establecidos para que se le pueda otorgar m\u00e9rito, cuando deja de observar una prueba v\u00e1lida, cuando omite la etapa de contradicci\u00f3n, o cuando no aprecia los distintos elementos de juicio en conjunto y de acuerdo con la sana cr\u00edtica, por se\u00f1alar algunos ejemplos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la inobservancia de las normas de derecho probatorio que regulan lo relacionado con las fases de aducci\u00f3n, pr\u00e1ctica, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n conlleva la comisi\u00f3n del error de derecho, puesto que en esta materia \u00abla protecci\u00f3n que brindan los preceptos procesales encuentra fundamento en los principios de publicidad y contradicci\u00f3n a que deben estar sometidos todos los elementos de juicio y de all\u00ed que la propia ley reglamente todo lo concerniente al modo de solicitarlos, su decreto, pr\u00e1ctica y m\u00e9rito o valor demostrativo, de lo que se sigue que la incorporaci\u00f3n al litigio est\u00e1 sometida a ciertas formalidades, cuya omisi\u00f3n le impide al juez evaluarlos en la sentencia o, de hacerlo, acarrea la comisi\u00f3n de error de derecho, por aceptar la prueba que pretermite tales formalidades, infringiendo as\u00ed los textos legales que regulan la materia\u00bb (CSJ, SC 14 ago. 2003, exp. 6899). <\/p>\n
Cabe agregar que, en estos eventos, es indispensable demostrar la existencia del error y tambi\u00e9n su trascendencia en la sentencia impugnada, pues para la prosperidad del recurso extraordinario no basta una equivocaci\u00f3n del juzgador, sino que ella debe ser manifiesta y notoria. Solo el error protuberante y decisivo, esto es, aquel que se evidencia sin necesidad de hondas reflexiones, tiene la virtualidad de infirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
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2. Algunas consideraciones sobre la prueba pericial. <\/p>\n
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1. Procedencia y requisitos. <\/p>\n
Las tem\u00e1ticas que d\u00eda a d\u00eda se discuten en los estrados judiciales son sumamente diversas y en ocasiones recaen sobre asuntos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos que escapan del \u00e1mbito de conocimiento de los juzgadores. Es por ello que en ocasiones no solo es posible sino necesario que sea un experto en tales materias el que emita un juicio racional, con base en su especial saber, respecto de un hecho ajeno a la \u00f3rbita jur\u00eddica y al \u00e1mbito de informaci\u00f3n generalizada o com\u00fan1, y que en virtud de su experticia preste su concurso al juez y a las partes para la verificaci\u00f3n de aquellos hechos que interesan al proceso y que requieren de especiales conocimientos, raz\u00f3n por la cual la normativa procesal hist\u00f3ricamente ha acu\u00f1ado el nombre de auxiliares de la justicia para quienes prestan su concurso calificado para la decisi\u00f3n de los conflictos de intereses intersubjetivos. <\/p>\n
En ese escenario, el objetivo de la prueba t\u00e9cnica es llevar al juzgador informaci\u00f3n y comprensi\u00f3n respecto de asuntos extra\u00f1os a su \u00e1rea del saber. Debido a su cardinal importancia, se han regulado en detalle las etapas de aducci\u00f3n, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n del dictamen pericial, as\u00ed como las condiciones legales que debe cumplir para que pueda ser considerado como tal en el proceso y tenga fuerza persuasiva. <\/p>\n
Acorde con ello, el estatuto procedimental exige que la prueba t\u00e9cnica cumpla con unos requisitos m\u00ednimos que la doten de objetividad y que permitan evaluar su fiabilidad y verosimilitud, como son los fundamentos de la experticia, la imparcialidad y la idoneidad del experto2. Tales elementos deben ser acreditados a trav\u00e9s del cumplimiento de las exigencias que, en forma detallada, consagra el art\u00edculo 226 ib\u00eddem, las cuales deben ser cabalmente verificadas por el juzgador a efectos de otorgar m\u00e9rito demostrativo al dictamen. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la referida disposici\u00f3n, la experticia debe estar acompa\u00f1ada de espec\u00edficos documentos que respalden los fundamentos, imparcialidad e idoneidad requeridas; as\u00ed mismo debe satisfacer los requisitos de claridad, precisi\u00f3n, exhaustividad y detalle de cara a su fuerza demostrativa, y debe plasmar en su contenido las explicaciones de los m\u00e9todos utilizados y la justificaci\u00f3n que, desde la t\u00e9cnica, la ciencia o el arte, sustenta las conclusiones del perito. Sobre el particular ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u00abSe observa, entonces, que a fin de que el dictamen sea dotado de credibilidad, el art\u00edculo 226 ibidem ha contemplado, en torno a la idoneidad, los requisitos consagrados en los numerales 3, 4, 5 y 7 del mencionado canon; en punto a la fundamentaci\u00f3n los 8, 9 y 10; y respecto de la imparcialidad el 6. Por su parte, las exigencias restantes, obedecen a la identidad del perito en pro de facilitar la eventual etapa de contradicci\u00f3n. Con apoyo en lo anterior, el citado precepto m\u00e1s all\u00e1 de disponer una mera lista de chequeo (inmanente de un sistema r\u00edgido de tarifa legal), concibi\u00f3 un listado metodol\u00f3gico que aspira a que en cada caso concreto se estudie el cumplimiento de tales presupuestos a fin de determinar el grado de fiabilidad que se debe asignar al dictamen (\u2026)\u00bb (CSJ STC7722-2021, 24 jun.). <\/p>\n
2.2. Contradicci\u00f3n de la prueba t\u00e9cnica. <\/p>\n
El derecho de contradicci\u00f3n, de raigambre constitucional, irradia cada una de las etapas procesales, incluyendo, por supuesto, la actividad probatoria. El derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen es una garant\u00eda fundamental, una manifestaci\u00f3n del debido proceso que incluye tanto la posibilidad de aportar como la de refutar las probanzas de la contraparte, o las que de oficio se incorporen al proceso. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que \u00abse trata de una de las dimensiones m\u00e1s importantes del derecho de defensa, en el sentido de poder utilizar los medios de prueba leg\u00edtimos, id\u00f3neos y pertinentes y a controvertir la evidencia presentada por los otros sujetos procesales\u00bb y que \u00abel n\u00facleo esencial del derecho de defensa comprende la posibilidad real y efectiva de controvertir las pruebas\u00bb (C-034 de 2014). <\/p>\n
El derecho fundamental a la contradicci\u00f3n de la prueba supone su publicidad y la igualdad de oportunidades de las partes para defender sus intereses, y su eficacia se concreta en el diligenciamiento de la prueba, \u00abpues es all\u00ed donde a la parte contraria le asiste y reclama el derecho de intervenir en su pr\u00e1ctica. De ah\u00ed que la estructura normativa procesal est\u00e9 concebida en torno a esta garant\u00eda, estableciendo adem\u00e1s de la oportunidad bilateral para pedir pruebas, similares eventualidades para intervenir en su pr\u00e1ctica\u00bb (CSJ SC 6 jun. 2001, exp. 5645). <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la contradicci\u00f3n de la prueba pericial se realizaba a trav\u00e9s de dos mecanismos: (i) la solicitud de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n y (ii) la objeci\u00f3n por error grave. <\/p>\n
El art\u00edculo 238 del antiguo c\u00f3digo establec\u00eda que, rendido el dictamen, deb\u00eda correrse traslado a las partes por tres d\u00edas dentro de los cuales pod\u00edan pedir la aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la experticia, o, directamente, proceder a objetarla. En caso de que hubiese un nuevo pronunciamiento del perito en virtud de la primera solicitud, las partes contaban con un nuevo traslado por el mismo t\u00e9rmino, dentro del cual pod\u00edan presentar sus objeciones. <\/p>\n
Con la solicitud de aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n se buscaba que el auxiliar de la justicia subsanara las omisiones en que hubiera incurrido, despejara las dudas surgidas de sus afirmaciones o aclarara conceptos sobre los que hab\u00eda oscuridad o ambig\u00fcedad. La figura, entonces, comportaba una extensi\u00f3n del trabajo inicial del experto, directamente relacionado con el objeto encomendado3. <\/p>\n
La objeci\u00f3n por error grave, por su parte, persegu\u00eda la descalificaci\u00f3n de la pericia debido a la existencia de reparos protuberantes que habr\u00edan llevado al experto a resultados opuestos a la verdad o a la naturaleza de las cosas, o de graves equivocaciones en los conceptos brindados con la consecuente incorrecci\u00f3n de las conclusiones que de ellos se hubieran derivado4. <\/p>\n
El nuevo estatuto procesal vari\u00f3 sustancialmente la forma de contradicci\u00f3n del dictamen pericial. Desaparecieron las figuras de la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n y de la objeci\u00f3n por error grave para la generalidad de los asuntos, adopt\u00e1ndose un sistema de refutaci\u00f3n acorde con la oralidad que rige los procesos en la nueva codificaci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso garantiza la contradicci\u00f3n del dictamen pericial allegado por una de las partes, otorgando a aquella contra quien se aduce la experticia tres posibilidades: (i) solicitar la comparecencia del perito a audiencia, (ii) aportar otro dictamen, o (iii) realizar ambas actuaciones. Dice la norma: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 228. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podr\u00e1 solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deber\u00e1n realizarse dentro del t\u00e9rmino de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo ponga en conocimiento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. En los procesos de filiaci\u00f3n, interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta e inhabilitaci\u00f3n por discapacidad mental relativa, el dictamen podr\u00e1 rendirse por escrito. En estos casos, se correr\u00e1 traslado del dictamen por tres (3) d\u00edas, t\u00e9rmino dentro del cual se podr\u00e1 solicitar la aclaraci\u00f3n, complementaci\u00f3n o la pr\u00e1ctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deber\u00e1n precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse, en el nuevo estatuto procesal la forma de contradicci\u00f3n de la prueba pericial a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n y objeci\u00f3n por error grave es excepcional, pues aqu\u00e9l se consagra \u00fanica y exclusivamente para los procesos de filiaci\u00f3n (toda vez que los procedimientos de interdicci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n desaparecieron en virtud de la expedici\u00f3n de la ley 1996 de 2019). <\/p>\n
2.3. Contradicci\u00f3n del dictamen pericial decretado de oficio. <\/p>\n
La normativa procesal patria conf\u00eda al juez como director del proceso cierta iniciativa probatoria que le permite decretar pruebas de oficio cuando ellas sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes (art. 169 del estatuto adjetivo) y cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (art. 170 ib.). <\/p>\n
La Corte ha sostenido que esta facultad-deber es un mecanismo valioso que permite esclarecer la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica en busca de la justicia material, y se concreta cuando, \u00aba pesar de la diligencia y cumplimiento de las cargas probatorias por parte de los interesados, a\u00fan persisten \u00abzonas de penumbra\u00bb que es indispensable despejar para llegar a la verdad de los hechos; y cuando sean necesarias para evitar nulidades y fallos inhibitorios, que contrar\u00edan la esencia misma de la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb (CSJ SC592-2022, 25 may.). <\/p>\n
Conforme a la normativa y la jurisprudencia, el ejercicio de las facultades oficiosas no es arbitrario ni caprichoso, raz\u00f3n por la cual, debe basarse en la existencia de trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar plausiblemente su necesidad5; y no pueden utilizarse para suplir la incuria o negligencia de las partes en la obtenci\u00f3n del medio probatorio. Sobre la iniciativa probatoria del juez, la Sala ha considerado: <\/p>\n
\u00abAunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes (\u2026). Por tanto y exceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba \u00e9sta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho\u00bb. (CSJ, SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como garant\u00eda de respeto a los principios de imparcialidad, igualdad y lealtad procesal6, el procedimiento civil consagra la obligatoriedad de la plena contradicci\u00f3n de las pruebas de oficio (art. 170 ib.), que constituye un mandato de imperioso cumplimiento. Sobre el particular indica el precedente: <\/p>\n
\u00abProcurando la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas constitucionales [de imparcialidad y equilibrio entre las partes], nuestro estatuto procesal consagra la limitaci\u00f3n del decreto oficioso de pruebas testimoniales a los testigos que aparezcan mencionados en el expediente (art. 169 C.G.P), y la obligatoriedad de la contradicci\u00f3n de las pruebas decretadas por iniciativa del juez (art. 170 C.G.P). <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce que el decreto de pruebas de oficio responde a la exigencia de garantizar el principio de igualdad material, pero no por ello puede estar encaminado a corregir la inactividad ni la negligencia de los apoderados, ni a agudizar la asimetr\u00eda entre las partes. Ese decreto oficioso exige justificaci\u00f3n para que estas puedan practicarse y debe permitirse la plena contradicci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n as\u00ed obtenidos, en atenci\u00f3n a los principios de igualdad y lealtad procesal\u00bb (CSJ, SC592-2022, 25 may. Resaltado propio). <\/p>\n
En atenci\u00f3n a estos derroteros, el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso consagra espec\u00edficamente la forma de contradicci\u00f3n del dictamen pericial decretado de oficio, imponiendo de manera clara la obligaci\u00f3n de hacerlo en audiencia: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 231. Rendido el dictamen permanecer\u00e1 en secretar\u00eda a disposici\u00f3n de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual s\u00f3lo podr\u00e1 realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n del dictamen. <\/p>\n
Para los efectos de la contradicci\u00f3n del dictamen, el perito siempre deber\u00e1 asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 228\u00bb (Resaltado propio). <\/p>\n
Los precisos t\u00e9rminos de esta disposici\u00f3n muestran c\u00f3mo la contradicci\u00f3n del dictamen decretado en virtud de la iniciativa probatoria del juez tiene una \u00fanica forma admisible, esto es, la asistencia del experto a audiencia, salvo que se trate de un proceso de filiaci\u00f3n, caso en el cual su contradicci\u00f3n seguir\u00e1 las reglas establecidas en el par\u00e1grafo del canon 228 ib. <\/p>\n
Lo anterior no significa que el juez que en ejercicio de su iniciativa probatoria ha ordenado la pr\u00e1ctica del dictamen pierda la posibilidad de tomar las determinaciones que considere necesarias con el \u00e1nimo de garantizar la obtenci\u00f3n de una experticia robusta, clara, completa y que cumpla con el objetivo que motiv\u00f3 su decreto oficioso. Por el contrario, siendo, como es, el director del proceso, el juzgador tiene la potestad de dictar las ordenes pertinentes para que el auxiliar de la justicia precise sus apreciaciones, las explique suficientemente o incluso ampl\u00ede el objeto de la prueba, todo esto con anterioridad a la audiencia de contradicci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 231 ejusdem. <\/p>\n
Tales facultades, sin embargo, no pueden encausarse a trav\u00e9s del antiguo tr\u00e1mite de la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n, como qued\u00f3 dicho, sino que deben ejercerse en el marco de la pr\u00e1ctica del dictamen pericial decretado de oficio con el objetivo de poner a disposici\u00f3n de las partes una prueba ciertamente id\u00f3nea para que puedan ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Una vez constatada la existencia material del dictamen, el cumplimiento de las condiciones legales m\u00ednimas establecidas en el canon 226 del estatuto procesal, su correcta incorporaci\u00f3n al proceso y su debida contradicci\u00f3n, es labor del juzgador apreciarlo \u00abde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb, tal como lo establece el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Si bien el juzgador goza de una discreta autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n de las pruebas, debe seguir en su labor criterios racionales en torno a la fundamentaci\u00f3n del dictamen y a la constataci\u00f3n de la idoneidad del perito, pues est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de establecer si la experticia cumple con las caracter\u00edsticas de solidez, claridad, precisi\u00f3n y exhaustividad, pudiendo separarse de sus conclusiones cuando no goza de tales atributos. <\/p>\n
La Sala ha sostenido que la obligaci\u00f3n del juzgador de realizar una valoraci\u00f3n cr\u00edtica de la prueba pericial debe cumplirse incluso ante el silencio de las partes respecto a dicho medio de convicci\u00f3n, pues las conclusiones expuestas por el auxiliar de la justicia en modo alguno escapan de la evaluaci\u00f3n judicial. Indica el precedente: <\/p>\n
\u00abAhora bien, lo dicho no muta por el hecho de que las partes no hayan objetado el dictamen, habida cuenta que como se indic\u00f3 en el punto anterior, adem\u00e1s de que la evaluaci\u00f3n cr\u00edtica del mismo es una obligaci\u00f3n del juez al momento de su valoraci\u00f3n, dicho elemento de convicci\u00f3n tiene como prop\u00f3sito dar herramientas de juicio al juzgador en los campos del conocimiento que este no domina y, por lo mismo, de ning\u00fan modo sus resultas lo vinculan. Por manera que el silencio de los litigantes no provoca ning\u00fan efecto en su evaluaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de causar la terminaci\u00f3n de la fase de contradicci\u00f3n de la prueba\u00bb (CSJ SC3632-2021, 25 ago.). <\/p>\n
Por lo anterior, el juez no puede aceptar sin m\u00e1s las conclusiones del experto por el simple hecho de versar su investigaci\u00f3n sobre un campo de conocimiento que no domina7. Estando, como est\u00e1, investido de la facultad de emitir la sentencia que pone fin al conflicto, tiene la correlativa obligaci\u00f3n de controlar la prueba mediante el riguroso an\u00e1lisis de su verosimilitud y fundamentaci\u00f3n, de la razonabilidad y adecuaci\u00f3n de los m\u00e9todos utilizados y de la ponderaci\u00f3n racional de las conclusiones plasmadas en la experticia. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
El segundo ataque propuesto por los casacionistas tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues logra demostrar la existencia del error de derecho cometido por el ad quem al no garantizar el tr\u00e1mite de contradicci\u00f3n de la prueba pericial decretada de oficio en segunda instancia y relacionada con el aval\u00fao que sirvi\u00f3 de base a la tasaci\u00f3n de las mejoras cuya restituci\u00f3n ordena el art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.1. Breve recuento de las actuaciones procesales relacionadas con el aval\u00fao del perito Edwin Cardona Pareja. <\/p>\n
Para oponerse a las excepciones de m\u00e9rito formuladas por los demandados, los actores aportaron un informe sobre aval\u00fao y avance de la obra construida en su predio, del cual se corri\u00f3 el correspondiente traslado8. Con el \u00e1nimo de contradecir dicho estudio, los convocados aportaron dictamen pericial suscrito por el perito Edwin Cardona Pareja, consistente en el aval\u00fao de la \u00abestructura de edificio, conformada por 10 pisos y 1 s\u00f3tano, sometido al R\u00e9gimen de Propiedad Horizontal\u00bb, levantada por la constructora demandada en ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario \u201cBaltimore\u201d sobre el lote de terreno de propiedad de los convocantes9. <\/p>\n
Dentro del traslado de este \u00faltimo dictamen, la parte actora present\u00f3 memorial solicitando al a quo no tenerlo en cuenta por extempor\u00e1neo y \u00abdesproporcionado\u00bb10, pero sin solicitar la comparecencia del perito avaluador a la audiencia, lo cual tampoco fue dispuesto por el juzgador de primer grado. <\/p>\n
Ya en segunda instancia y previa admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, el ad quem profiri\u00f3 auto de fecha 21 de octubre de 202111, por medio del cual, \u00abhaciendo uso de las facultades oficiosas previstas en el Art. 169 del C.G.P.\u00bb, orden\u00f3 al perito Edwin Cardona Pareja \u00abque proceda a complementar y aclarar la experticia presentada\u00bb. <\/p>\n
En virtud del decreto oficioso de la prueba, el Tribunal orden\u00f3 al experto (i) precisar si en el valor asignado a los bienes avaluados se incluy\u00f3 el correspondiente al lote de terreno, para que en caso positivo, determinara en forma separada el monto que corresponde a la construcci\u00f3n y el que concierne al lote, y en caso negativo, procediera a determinar la cuant\u00eda del lote de terreno; y (ii) establecer qu\u00e9 porcentaje del precio pactado en el contrato de promesa correspond\u00eda al lote de terreno y cu\u00e1l a la edificaci\u00f3n, as\u00ed como el importe de los apartamentos prometidos a los actores como parte de pago. <\/p>\n
A pesar de la improcedencia de la \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d ordenada, el perito emiti\u00f3 el correspondiente pronunciamiento y en tal virtud, el magistrado sustanciador profiri\u00f3 auto de fecha 25 de enero de 202212 por medio del cual corri\u00f3 traslado a las partes del pronunciamiento del auxiliar de la justicia, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abde la respuesta del perito Edwin Hernando Cardona Pareja, con ocasi\u00f3n de la prueba decretada de oficio para que complementara y aclarara la experticia por \u00e9l presentada, se corre traslado a las partes por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, para lo que estimen pertinente\u00bb. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de traslado, tanto la parte actora como la demandada presentaron sendos escritos de contradicci\u00f3n con sus respectivas experticias13, sin que hubiera pronunciamiento del ad quem sobre su admisibilidad. <\/p>\n
Posteriormente se profiri\u00f3 sentencia de segundo grado, en la que expresamente se indic\u00f3 que no se hab\u00eda impartido tr\u00e1mite alguno a los escritos presentados debido a que, aunque tanto los actores como los convocados \u00abprocedieron a pronunciarse repudiando y objetando el dictamen presentado por el experto Cardona Pareja, incluso, allegando nuevas pericias que sirvieran como prueba de las objeciones presentadas\u00bb, tales \u00abobjeciones\u00bb no pod\u00edan ser tramitadas \u00abporque el t\u00e9rmino para ello ya hab\u00eda vencido y el proceso no se puede retrotraer a ese estadio procesal para revivir una oportunidad preclu\u00edda y por lo tanto, cualquier pronunciamiento frente a las mismas ser\u00eda inane\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo anterior, el colegiado no explic\u00f3 si la extemporaneidad que imped\u00eda dar tr\u00e1mite a las \u00abobjeciones\u00bb se deb\u00eda a que se presentaron por fuera del t\u00e9rmino de traslado dispuesto por el Tribunal, o a que las partes ya hab\u00edan tenido la oportunidad de contradecir el dictamen en el curso de la primera instancia. <\/p>\n
En tal virtud, ninguno de los serios y razonados reparos que las partes manifestaron respecto a la fundamentaci\u00f3n del dictamen y a la idoneidad del perito fueron tenidos en cuenta por el ad quem, quien acept\u00f3 plenamente las conclusiones del aval\u00fao resaltando que \u00abel dictamen no fue objeto de reproche alguno, no se solicit\u00f3 la comparecencia del perito a la audiencia para su contradicci\u00f3n, ni oficiosamente lo orden\u00f3 el Juzgado, como lo manda el art. 228 del C. General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3.2. Trasgresi\u00f3n de las reglas de contradicci\u00f3n de la prueba en el asunto sub judice. <\/p>\n
Las actuaciones relacionadas muestran importantes desafueros por parte del juzgador de segundo grado que redundaron en la infracci\u00f3n del derecho al debido proceso de los casacionistas, por lo que se pasa a explicar. <\/p>\n
El Tribunal cercen\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n de las partes, puesto que, aunque provoc\u00f3 un nuevo pronunciamiento del perito, no dio tr\u00e1mite a la refutaci\u00f3n de sus conclusiones, considerando que sus alegaciones -que al un\u00edsono hicieron ver los protuberantes yerros del aval\u00fao-, eran extempor\u00e1neas. <\/p>\n
En contrav\u00eda de las disposiciones que regulan la prueba t\u00e9cnica, el ad quem orden\u00f3 la \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d de un dictamen pericial rendido al interior de un proceso declarativo de nulidad de contrato, siendo ello improcedente a la luz de la nueva normativa procesal. Acudiendo a esa vetusta figura -y tal como lo establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, corri\u00f3 traslado del nuevo pronunciamiento del perito por tres d\u00edas, t\u00e9rmino dentro del cual las partes, en atenci\u00f3n a la ordenaci\u00f3n y direcci\u00f3n del proceso por parte de la magistratura, presentaron sendas experticias oponi\u00e9ndose al dictamen (las cuales fueron denominadas por el colegiado como \u00abobjeciones\u00bb, en armon\u00eda con lo que otrora contemplaba el C.P.C.), a las que no les imprimi\u00f3 ning\u00fan tipo de tr\u00e1mite. <\/p>\n
La Corte resalta que cuando el Tribunal orden\u00f3 al perito \u201caclarar y complementar\u201d su dictamen, sin duda alguna provoc\u00f3 un nuevo pronunciamiento que deb\u00eda tenerse como una nueva prueba decretada de oficio, y en tal virtud, ten\u00eda que garantizar a las partes su plena contradicci\u00f3n en atenci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 170 ib\u00eddem. Al no hacerlo as\u00ed, se infringieron las normas probatorias que regulan la contradicci\u00f3n de la prueba pericial decretada de oficio y la misma garant\u00eda constitucional del debido proceso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el ad quem dispuso que las experticias arrimadas por las partes para confrontar el aval\u00fao en comento no tendr\u00edan ning\u00fan tipo de tr\u00e1mite porque \u00abel t\u00e9rmino para ello ya hab\u00eda vencido y el proceso no se puede retrotraer a ese estadio procesal para revivir una oportunidad preclu\u00edda y por lo tanto, cualquier pronunciamiento frente a las mismas ser\u00eda inane\u00bb. Esta lac\u00f3nica argumentaci\u00f3n no permite conocer las razones que tuvo el colegiado para tomar dicha determinaci\u00f3n, sin embargo, ninguna de las dos explicaciones posibles en el contexto del caso concreto es de recibo. <\/p>\n
Si la raz\u00f3n de la aludida extemporaneidad estaba relacionada con una posible aportaci\u00f3n por fuera del t\u00e9rmino del traslado, debe recordarse que la magistratura profiri\u00f3 auto de fecha 25 de enero de 2022 por medio del cual puso en conocimiento de las partes la respuesta brindada por el perito frente a la solicitud de \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d ordenada, concedi\u00e9ndoles un t\u00e9rmino de tres d\u00edas \u00abpara lo que estimen pertinente\u00bb. Tanto la parte actora como la demandada descorrieron oportunamente el traslado y presentaron sus respectivos escritos de contradicci\u00f3n, que, en ambos casos, fueron radicados el tercer d\u00eda del t\u00e9rmino dispuesto por el Tribunal, de modo que de ninguna manera se podr\u00eda sostener que \u00abel t\u00e9rmino para ello ya hab\u00eda vencido\u00bb14. <\/p>\n
Ahora bien, si la raz\u00f3n del ad quem para se\u00f1alar que los pronunciamientos eran extempor\u00e1neos y que no se pod\u00eda revivir una oportunidad procesal ya precluida estribaba en el hecho de que las partes tuvieron la oportunidad de contradecir el aval\u00fao ante el a quo, debe decirse que la prueba que valor\u00f3 el colegiado no es la misma que se practic\u00f3 en primera instancia, toda vez que en virtud del decreto oficioso de la \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d se incorporaron al proceso nuevas manifestaciones del experto, caso en el cual el canon 170 ib. exig\u00eda su plena contradicci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo el Tribunal ejerci\u00f3 sus facultades oficiosas y en virtud de ellas provoc\u00f3 otro pronunciamiento del auxiliar de la justicia en atenci\u00f3n a una figura propia del antiguo procedimiento civil, pero neg\u00f3 la posibilidad de contradicci\u00f3n acudiendo a mecanismos establecidos en el nuevo estatuto, como el hecho de que el experto no haya sido convocado a audiencia en primera instancia. <\/p>\n
Ese entremezclamiento se erigi\u00f3 como un impedimento para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n, condujo a una indebida restricci\u00f3n de esa garant\u00eda constitucional y a la adopci\u00f3n de una soluci\u00f3n que desconoci\u00f3 las normas probatorias que regulan la prueba de oficio, con la consecuente comisi\u00f3n de un yerro de iure de tal magnitud que tiene la capacidad de desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que la sentencia confutada arriba a la Corte. <\/p>\n
Debido al alto grado de lesi\u00f3n que dicho proceder supuso para los casacionistas, la Sala reitera que el hecho de que el colegiado hubiera encausado su prueba de oficio a trav\u00e9s de una figura improcedente, no pod\u00eda constituir un impedimento para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n. Y es que incluso si, en gracia de discusi\u00f3n, se alegara que las partes no manifestaron desacuerdo alguno ante la improcedente orden de \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d del dictamen, el colegiado deber\u00eda haber culminado el tr\u00e1mite que se contemplaba para dicha figura, con plena garant\u00eda de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, buscando que, pese a la irregularidad, el acto procesal cumpliera su cometido. <\/p>\n
En ese sentido, cuando dispuso que no dar\u00eda ning\u00fan tr\u00e1mite a los escritos de contradicci\u00f3n presentados por las partes dentro del t\u00e9rmino de traslado que el mismo juzgador otorg\u00f3, restringi\u00f3 injustificadamente el derecho al debido proceso, contrariando incluso el principio pro homine, en virtud del cual las normas deben interpretarse de la forma m\u00e1s amplia cuando se trata de reconocer derechos protegidos15. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se evidencia la comisi\u00f3n del error de derecho probatorio denunciado por los casacionistas, pues se desconoci\u00f3 la fase de contradicci\u00f3n de la prueba pericial, en franca infracci\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.3. Trascendencia de los errores. <\/p>\n
El error del ad quem es trascendente, pues incidi\u00f3 de manera determinante en el sentido del fallo en cuanto al valor de las mejoras a restituir en atenci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil, toda vez que, al no dar tr\u00e1mite a la fase de contradicci\u00f3n del nuevo pronunciamiento decretado de oficio, dej\u00f3 de tener en cuenta las fundadas y coincidentes denuncias de las dos partes, que pon\u00edan de presente las graves inconsistencias y los protuberantes errores del dictamen en el que el colegiado fund\u00f3 su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que no es un hecho menor que los dos extremos de la litis se hayan pronunciado frente a la \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d del perito se\u00f1alando serias pifias que afectaban la fiabilidad y correcci\u00f3n del aval\u00fao, el evidente incumplimiento de los requisitos a los que alude el canon 226 ib., la equivocaci\u00f3n en el m\u00e9todo valuatorio elegido por Cardona Pareja y la ausencia de estudios que soporten el trabajo encomendado, entre otros aspectos en los que confluyen los pronunciamientos de las partes. <\/p>\n
Por estas razones, el cargo segundo prospera y se impone el quiebre parcial de la providencia impugnada, siendo procedente emitir sentencia sustitutiva frente al \u00fanico punto que fue objeto del recurso extraordinario, a saber, el monto de las restituciones mutuas en lo que concierne al valor de la construcci\u00f3n levantada en el predio de los demandantes, pues en todo lo dem\u00e1s la sentencia impugnada queda inc\u00f3lume. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Los casacionistas demostraron que el Tribunal incurri\u00f3 en un error de derecho por desconocer la fase de contradicci\u00f3n de la prueba decretada de oficio, el cual incidi\u00f3 de forma determinante en el valor asignado a la construcci\u00f3n levantada sobre el predio y, por ende, en el monto de las restituciones que por ese concepto deber\u00e1n pagar a los convocados. <\/p>\n
Por lo anterior, se casar\u00e1 parcialmente la sentencia de segunda instancia, aclarando que los efectos de esa determinaci\u00f3n son parciales, pues solo implican el quiebre de la disposici\u00f3n conforme a la cual se orden\u00f3 la restituci\u00f3n de la suma de $3.739\u00b4100.000, en atenci\u00f3n al valor de las mejoras cuantificado por el perito Edwin Cardona Pareja. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, las resoluciones del ad quem relacionadas con la declaratoria de nulidad del contrato de promesa, la entrega del lote, el pago de frutos civiles y la devoluci\u00f3n de la parte del precio pagada con sus respectivas indexaciones se tornaron inmodificables, como quiera que el ataque parcial del fallo impugnado en sede extraordinaria se limit\u00f3 al valor de las mejoras que los actores deb\u00edan reconocer a los convocados en virtud de las restituciones derivadas de la anulaci\u00f3n del convenio que los vincul\u00f3. <\/p>\n
5. Consideraciones previas a la sentencia sustitutiva. <\/p>\n
Se anticipa que, puesta la Sala en sede de instancia, tendr\u00e1 que entrar a valorar los elementos de juicio que den cuenta del valor de la construcci\u00f3n levantada en el fundo de los casacionistas, cuyo valor deber\u00e1 ser pagado a los demandados a t\u00edtulo de restituci\u00f3n de mejoras en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Visto el expediente se encuentra que las probanzas que versan sobre ese espec\u00edfico asunto son dos: por un lado, el informe sobre aval\u00fao y avance de obra, elaborado por el ingeniero Santiago Restrepo y presentado por la parte actora16, y por el otro, el aval\u00fao comercial informativo elaborado por el avaluador Edwin Cardona Pareja17. Sin embargo, ninguna de ellas cumple con los requisitos del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso y, por ende, no se les puede asignar m\u00e9rito demostrativo, como se explicar\u00e1 a profundidad en la sentencia sustitutiva. <\/p>\n
El dictamen de Cardona Pareja, adem\u00e1s, contiene una grave equivocaci\u00f3n en cuanto al m\u00e9todo elegido, pues en contrav\u00eda de lo establecido en la Resoluci\u00f3n 620 del 2008 del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, avalu\u00f3 el avance de obra como si se tratara de una construcci\u00f3n terminada y sometida a propiedad horizontal, cuando deb\u00eda aplicar una metodolog\u00eda para establecer el valor del lote y otra diferente para determinar la cuant\u00eda de las mejoras, punto sobre el que se volver\u00e1 en el fallo sustitutivo. <\/p>\n
Finalmente, las experticias aportadas por las partes dentro del t\u00e9rmino de traslado de la \u201caclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d ordenada de oficio por el Tribunal no pueden tenerse en cuenta en esta sede debido a que el pronunciamiento del perito que con ellas se busc\u00f3 contradecir, no surti\u00f3 el tr\u00e1mite propio de la prueba pericial decretada de oficio, con lo que su valoraci\u00f3n supondr\u00eda prolongar la irregularidad de lo actuado a trav\u00e9s de una figura improcedente. <\/p>\n
En tal virtud, antes de emitir el fallo de reemplazo, y al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 349, inciso 3\u00b0, del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala estima pertinente decretar y practicar una prueba de oficio, seg\u00fan se especificar\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 31 de mayo de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el proceso de nulidad promovido por Silvia Vergel Pacheco y Mauricio Rivera Bonell contra Constructora del Norte de Bello S.A.S. y Jorge Wilsson Pati\u00f1o Toro. <\/p>\n
Sin costas, dada la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
Y situada la Corte en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Decretar, como prueba de oficio, el aval\u00fao pericial de la obra edificada sobre el lote de terreno ubicado en la Calle 34 No. 76-26 de la ciudad de Medell\u00edn, con el prop\u00f3sito de esclarecer el valor actual (i) de la edificaci\u00f3n levantada y, (ii) del lote de propiedad de los demandantes, sobre el que se construyeron las mejoras. Para ello deber\u00e1n tenerse en cuenta los m\u00e9todos valuatorios que permitan determinar en forma diferenciada uno y otro valor, el porcentaje real de avance de la obra, el deterioro de la construcci\u00f3n y los dem\u00e1s elementos que conforme a la normativa sobre aval\u00fao de bienes sean necesarios. <\/p>\n
SEGUNDO. Conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 48-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se designa al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para que, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, proceda a realizar la experticia previamente encomendada. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese esta determinaci\u00f3n a la entidad designada, por el medio m\u00e1s expedito (art\u00edculo 49, ejusdem). H\u00e1gasele saber que cuenta con un t\u00e9rmino de cinco d\u00edas, siguientes a la recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n a la que se hizo previa referencia, para que el profesional designado tome posesi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
CUARTO. Las erogaciones que se requieran para el desarrollo de la probanza t\u00e9cnica ser\u00e1n sufragadas, en porciones iguales, por ambos extremos del litigio. <\/p>\n
QUINTO. La elaboraci\u00f3n de la experticia, as\u00ed como su contradicci\u00f3n, deber\u00e1n sujetarse a las reglas previstas en el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
(Aclara voto) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicado: 05001-31-03-010-2018-00315-01 <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de casar parcialmente la sentencia del 31 de mayo de 2022 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, aclaro mi voto respecto de las afirmaciones de la motivaci\u00f3n relacionadas con la \u00abimprocedencia\u00bb de que el juzgador de segunda instancia solicite la ampliaci\u00f3n de un dictamen pericial por no existir en el C\u00f3digo General del Proceso una norma espec\u00edfica que consagre esa facultad. <\/p>\n
Desde mi punto de vista, esa prerrogativa no est\u00e1 vedada para el juez como director del proceso, y para hacer uso de la misma no requiere una previsi\u00f3n expresa del legislador, toda vez que emana de una simple interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas del procedimiento civil que rigen su facultad oficiosa en materia probatoria (art. 229 C.G.P.), con aquellas que definen los poderes y deberes del juez, entre las que se encuentran, determinar \u00abla forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial\u00bb (art. 12, ib.); as\u00ed como, \u00abDirigir el proceso (\u2026) y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb (art. 42, num.1, ib.). <\/p>\n
En efecto, si el actual r\u00e9gimen probatorio mantuvo la posibilidad de que el juez decrete pruebas de oficio, y particularmente, los art\u00edculos 229 y 230 del C\u00f3digo General del Proceso, en forma concreta prev\u00e9n que puede ordenar la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, al tiempo que el art\u00edculo 42 incluye dentro de sus deberes, emplear los poderes concedidos en materia de pruebas de oficio \u00abpara verificar los hechos alegados por las partes\u00bb, es claro que no existe impedimento para que, tambi\u00e9n de manera oficiosa, ordene la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de la prueba t\u00e9cnica que ya obra en el proceso por haber sido aportada en la debida oportunidad. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos dejo plasmada mi respetuosa aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En palabras de Devis, \u00abla peritaci\u00f3n es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos t\u00e9cnicos, art\u00edsticos o cient\u00edficos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formaci\u00f3n de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepci\u00f3n o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del com\u00fan de las gentes\u00bb. DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Teor\u00eda General de la Prueba Judicial. Tomo II. Editorial V\u00edctor P. De Zaval\u00eda, Buenos Aires, 1976, p\u00e1g. 287. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ STC2066-2021, 3 mar. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC 28 oct. 2011, rad. 2007-01206. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC 26 ago. 2011, rad. 1992-01525. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC5676-2018, 19 dic. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. CC T-615 de 2019. <\/p>\n
7\u0002 Respecto a la valoraci\u00f3n de la prueba pericial por parte de los jueces, ha sostenido la doctrina que en esta labor se deben tener en cuenta tres grandes rubros: qui\u00e9n es el sujeto que informa, qu\u00e9 informa, y c\u00f3mo presenta esa informaci\u00f3n: \u00abQui\u00e9n es el sujeto que informa, es decir, el perito. Aqu\u00ed vale la pena hacernos las siguientes tres preguntas amplias: \u00bfCu\u00e1les son las credenciales del sujeto que nos permiten atribuirle la expertise relevante para el caso? \u00bfQu\u00e9 sabemos sobre los mecanismos que de hecho emplea para evitar la parcialidad cognitiva en su \u00e1rea de conocimiento y desempe\u00f1o profesional? \u00bfCu\u00e1l es el marco normativo en el que desarrolla su actividad pericia y que tiene como objetivo garantizar su independencia, sea institucional o hacia alguna de las partes? Lo que informa el perito, es decir, cu\u00e1les son las afirmaciones que presenta como relevantes para el caso. En este rubro habr\u00eda que preguntarse, al menos: \u00bfCu\u00e1les son los fundamentos que proporciona sobre las generalizaciones relevantes que emplea en su an\u00e1lisis pericial? \u00bfCu\u00e1n bien han sido aplicadas esas generalizaciones a los hechos del caso que ha tomado en cuenta en su an\u00e1lisis? \u00bfCu\u00e1n justificadas est\u00e1n sus conclusiones a partir de las premisas que el perito plante\u00f3? La presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que hace el perito en sus diversas intervenciones durante un proceso judicial. Sobre este rubro, hay que plantearse: \u00bfCu\u00e1n informativo es el informe pericial? \u00bfC\u00f3mo ha respondido el perito sustantivamente a las preguntas relevantes planteadas durante el juicio oral? Si hubo una junta pericial realizada en condiciones adecuadas, \u00bfcu\u00e1l fue el resultado sustantivo de esta en atenci\u00f3n a los desacuerdos que hab\u00eda entre las personas expertas?\u00bb MANUAL DE PRUEBA PERICIAL. Carmen V\u00e1zquez, Coordinadora. Manual publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, M\u00e9xico, 2022. <\/p>\n
8\u0002 Informe obrante a folio 110, Cuaderno 1. <\/p>\n
9\u0002 Aval\u00fao obrante a folio 186 y siguientes, Cuaderno 1. <\/p>\n
10\u0002 Folio 243, Cuaderno 1. <\/p>\n
11\u0002 Documento 27 expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Documento 37 expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Ambos memoriales fueron radicados el d\u00eda 31 de enero de 2022. <\/p>\n
15\u0002 Cfr. CSJ SC4658-2020, 30 nov. <\/p>\n
16\u0002 Folio 110, Cuaderno 1. <\/p>\n
17\u0002 Folio 186, Cuaderno 1. <\/p>\n
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SC364-2023 (2018-00315-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC364-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-03-010-2018-00315-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por Silvia Vergel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76628","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76628","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76628"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76628\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76628"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76628"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76628"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}