SC370-2023 (2016-02106-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC370-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2016-02106-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n de Comunicaciones Tech y Transporte S.A. \u2013 Cotech S.A. (en adelante Cotech) frente a la sentencia que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, profiri\u00f3 el 18 de junio de 2020 en el proceso declarativo que promovi\u00f3 contra Uber B.V., Uber Technologies, Inc. y Uber Colombia S.A.S. (en adelante, respectivamente, Uber Tech y Uber Col). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Cotech pidi\u00f3 declarar que las demandadas incurrieron en desviaci\u00f3n de la clientela y violaci\u00f3n de las normas de competencia, con el fin de que se les ordene cesar de inmediato la prestaci\u00f3n ilegal del servicio de transporte individual de pasajeros en veh\u00edculos con las denominaciones Uber, Uber X y Uber Van mediante el uso de la aplicaci\u00f3n electr\u00f3nica Uber o cualquier otra, y se les instruya dejar de utilizar el contenido, acceso y prestaci\u00f3n del servicio mediante la referida aplicaci\u00f3n en Colombia hasta que lo ofrezcan seg\u00fan las normas aplicables; requiri\u00f3 comunicar a los prestadores de servicios de telecomunicaci\u00f3n de telefon\u00eda habilitados por el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones para que cesen la transmisi\u00f3n, alojamiento de datos, acceso de redes de telecomunicaciones o la prestaci\u00f3n de cualquier servicio de intermediaci\u00f3n relacionado con la aplicaci\u00f3n Uber, as\u00ed como oficiar a ese Ministerio para que intime a las convocadas con la misma finalidad, y ordenar la adopci\u00f3n de las medidas necesarias para evitar que contin\u00faen los actos de competencia desleal. Aunque inicialmente Cotech pretendi\u00f3 ser indemnizada en $600.000.000, durante el tr\u00e1mite de instancia se acept\u00f3 su desistimiento de esa solicitud. <\/p>\n
Sustent\u00f3 las pretensiones en su habilitaci\u00f3n para la \u00abprestaci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor, bajo la modalidad de pasajeros\u00bb, seg\u00fan el decreto 172 de 2001 y ley 336 de 1996, actividades que integran su objeto social y la identifican como part\u00edcipe del \u00abmercado colombiano relacionado con el transporte de personas y el servicio p\u00fablico de transporte terrestre de pasajeros\u00bb, pues afilia cerca de 25.000 \u00abveh\u00edculos\u00bb, siendo \u00abla empresa m\u00e1s grande de taxis de Colombia, reconocida\u2026 por sus signos\u2026 Taxis Libres y\u2026 sus n\u00fameros [de telefon\u00eda fija]\u2026 211 1111 y 311 1111\u00bb; destac\u00f3 que opera la aplicaci\u00f3n Taxis Libres mediante la cual los usuarios acceden a sus servicios de transporte y dispone de otros canales de intermediaci\u00f3n entre usuarios y taxistas como radiotel\u00e9fono, comunicaci\u00f3n satelital, celular de voz y texto. <\/p>\n
Bajo ese contexto, relat\u00f3 que hacia el a\u00f1o 2012 aparecieron en Colombia empresas \u00abcon objetos sociales similares\u00bb al suyo; que las demandadas \u00abofrecen servicios de transporte a trav\u00e9s de conductores u operadores de veh\u00edculos, que se pueden solicitar mediante\u2026 una aplicaci\u00f3n [para] dispositivos m\u00f3viles individuales\u00bb y \u00abparticipa[n] en el mismo mercado\u2026, esto es,\u2026 el relacionado con el trasporte de personas y el servicio p\u00fablico de trasporte terrestre de pasajeros a trav\u00e9s de\u00bb aplicaciones, \u00absin contar con la habilitaci\u00f3n y el permiso para dicha actividad\u00bb, as\u00ed: <\/p>\n
(I) Uber BV es una sociedad constituida fuera de Colombia y la contraparte contractual de los usuarios que solicitan servicios de transporte no autorizados mediante la aplicaci\u00f3n Uber; <\/p>\n
(II) Uber Tech tambi\u00e9n est\u00e1 constituida fuera de Colombia, es desarrolladora y due\u00f1a de los derechos de propiedad intelectual de la aplicaci\u00f3n, titular del nombre de dominio www.uber.com.co y de la marca Uber X; y <\/p>\n
(III) Uber Col (cuyo \u00fanico accionista y controlante es Uber International Holding BV) tiene dentro de su objeto social \u00abpresta[r] servicios de transporte individual de pasajeros\u2026 con dispositivos m\u00f3viles de la aplicaci\u00f3n Uber\u00bb, a pesar de no estar habilitada para el servicio de transporte individual de pasajeros, y, por tanto, \u00abfacilita la prestaci\u00f3n irregular del servicio de transporte individual en Colombia a trav\u00e9s de las aplicaciones Uber, Uber X y Uber Van\u00bb. <\/p>\n
Imput\u00f3 a las demandadas las conductas desleales tipificadas en los art\u00edculos 8\u00ba (desviaci\u00f3n de la clientela) y 18\u00b0 (violaci\u00f3n de normas) de la ley 256 de 1996 por desconocer la buena fe comercial al participar en el mercado en condiciones distintas a los dem\u00e1s participantes y obtener una ventaja competitiva significativa por transgredir los art\u00edculos 6\u00ba, 10\u00b0 y 11\u00b0 del decreto 172 de 2001 y 9\u00ba de la ley 336 de 1996. <\/p>\n
2. Uber Col excepcion\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de los presupuestos legales para que proceda la acci\u00f3n\u2026\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva [y] por activa\u00bb, \u00abfalta de configuraci\u00f3n de conductas de competencia desleal\u00bb, \u00abinexistencia de los perjuicios reclamados y falta de nexo causal\u00bb, \u00absobre las resoluciones de la superintendencia de transportes\u00bb, \u00abprincipios de neutralidad tecnol\u00f3gica y de la red\u00bb, \u00abderecho de acceso a la tecnolog\u00eda\u00bb, \u00abderecho al acceso al progreso cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico\u00bb, e \u00abimprocedencia t\u00e9cnica y jur\u00eddica de las pretensiones\u00bb; <\/p>\n
Uber Tech plante\u00f3 las excepciones que llam\u00f3 \u00abla acci\u00f3n y derechos de Cotech en contra de Uber Tech -y las dem\u00e1s demandadas- prescribieron, por lo que el despacho debe proferir sentencia anticipada desestimando las pretensiones de Cotech\u00bb, \u00abincluso en el evento en que el despacho adoptara una decisi\u00f3n de fondo en el presente caso, la acci\u00f3n de Cotech no estar\u00eda llamada a prosperar ya que no se cumplen los presupuestos para configurar el acto desleal contemplado en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996\u00bb, \u00abinexistencia de una supuesta desviaci\u00f3n de clientela por parte de Uber Tech en perjuicio de Cotech\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva de Uber Tech\u00bb, \u00abCotech no puede limitar el progreso tecnol\u00f3gico y cient\u00edfico que ha sido promovido por medio de aplicaciones m\u00f3viles como Uber\u00bb, \u00ablas pretensiones de la demanda, en especial el bloqueo de la aplicaci\u00f3n, violan el principio de neutralidad de la red y los lineamientos y recomendaciones de la OECD\u00bb, \u00abinexistencia de perjuicios alegados en la demanda\u00bb y \u00abexcepci\u00f3n general\u00bb. <\/p>\n
3. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio sentenci\u00f3 el 20 de diciembre de 2019: <\/p>\n
3.1. Declarar que las demandadas cometieron los actos de competencia desleal consistentes en desviaci\u00f3n de clientela y violaci\u00f3n de normas; <\/p>\n
3.2. Ordenarles cesar de inmediato \u00abla utilizaci\u00f3n de contenido, acceso y prestaci\u00f3n del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades \u201cUber\u201d; \u201cUber x\u201d y \u201cuber VAN\u201d, por medio de la utilizaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n tecnol\u00f3gica \u201cUBER\u201d en el territorio colombiano mediante las p\u00e1ginas web que aparecen mencionadas\u2026, hasta tanto no se ofrezca el servicio\u2026 bajo las normas que regulan la actividad de transporte individual de pasajeros\u2026\u00bb; <\/p>\n
3.3. Comunicar a \u00ablas empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, habilitadas por el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones: \u2026Claro, \u2026Movistar, Colombia M\u00f3vil \u2026 y \u2026ETB, para que suspendan la transmisi\u00f3n, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestaci\u00f3n de cualquier otro servicio equivalente de intermediaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n tecnol\u00f3gica \u201cUBER\u201d espec\u00edficamente en lo que respecta a los servicios \u201cUber, \u201cUber X\u201d y Uber VAN\u201d. Se aclara a los operadores que esta orden debe cumplirse siempre y cuando est\u00e9n en posibilidades t\u00e9cnicas de hacerlo\u2026 dentro de los treinta\u2026 d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n del oficio\u00bb; <\/p>\n
3.4. Condenar en costas a las demandadas; y <\/p>\n
3.5. Negar el resto de las pretensiones. <\/p>\n
4. El Tribunal resolvi\u00f3 la alzada de las demandadas mediante sentencia anticipada de 18 de junio de 2020 que revoc\u00f3 la de primer grado, reconoci\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva y conden\u00f3 en costas de las instancias a la demandante. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Cuando se encuentre probada la prescripci\u00f3n extintiva, es imperativo proferir sentencia anticipada sin que sea necesario convocar audiencia, por resultar f\u00fatil esa etapa. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 establece dos clases de prescripci\u00f3n de este tipo de pretensiones: subjetiva, con un t\u00e9rmino de dos a\u00f1os que se computa desde que el afectado conoce qui\u00e9n realiza el acto desleal; objetiva, con un plazo de tres a\u00f1os que despunta desde que se realiza la actuaci\u00f3n, sin importar el conocimiento del perjudicado. <\/p>\n
Las convocadas invocaron la primera modalidad de prescripci\u00f3n, la subjetiva, raz\u00f3n por la que deb\u00eda pasarse por alto el estudio de la objetiva, as\u00ed como \u00abla existencia de actos [desleales] continuados\u00bb. <\/p>\n
La norma citada es clara y, por tanto, resulta improcedente interpretarla, m\u00e1xime cuando la prescripci\u00f3n extintiva es regulada por el legislador, en virtud de lo cual, al no estar previstos los actos \u00abcontinuo[s] o sucesivo[s], no le era dable a la primera instancia concluir que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n comenzaba a correr desde la cesaci\u00f3n de las conductas denunciadas\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Resulta inaplicable el art\u00edculo 268 de la decisi\u00f3n 486 de 2000 de la Comisi\u00f3n de la Comunidad Andina sobre prescripci\u00f3n de \u00abacciones por competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial\u00bb porque, adem\u00e1s de no haberse invocado en la demanda, regula un tema distinto. En todo caso, el art\u00edculo 2.2.2.19.7.2 del decreto 1074 de 2015 dispone que el plazo prescriptivo es el de la ley 256 de 1996. <\/p>\n
4. El art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 coincid\u00eda con el 21 de la ley espa\u00f1ola (de competencia desleal) n.\u00ba 3 de 10 de enero de 1991; sin embargo, el segundo fue modificado por el canon 35 de la ley (espa\u00f1ola) n.\u00ba 29 de 2009 para establecer que, adem\u00e1s de la prescripci\u00f3n subjetiva, la objetiva se configura transcurridos \u00abtres a\u00f1os desde\u2026 la finalizaci\u00f3n de la conducta\u00bb (se destaca). <\/p>\n
5. El representante legal de Cotech declar\u00f3 que supo de las actividades de las demandadas en Colombia hacia noviembre de 2014 (servicio Uber X). Esa afirmaci\u00f3n es inveros\u00edmil porque en los hechos n.\u00ba 4\u00ba, 12 y 13 de la demanda narr\u00f3 que \u00abdesde\u2026 2012 conoci\u00f3 de los actos desleales que le atribuye al extremo pasivo, lo que constituye\u2026 confesi\u00f3n a trav\u00e9s de apoderado [judicial]\u00bb seg\u00fan el art\u00edculo 193 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.1. Cotech supo de los actos de Uber Col desde el 9 de octubre de 2013 cuando \u00abya comenzaba a sentir la\u2026 ventaja competitiva y significativa, seg\u00fan\u2026 el \u201can\u00e1lisis allegado por mes y canal de comunicaci\u00f3n\u201d que Cotech S.A. alleg\u00f3 a la demanda\u2026 que\u2026 advierte\u2026 disminuci\u00f3n de llamadas [para solicitar servicios de taxi] de $18.621.718 a $10.967.373\u00bb. Esto es relevante porque Cotech atribuy\u00f3 la reducci\u00f3n de las solicitudes telef\u00f3nicas de taxi a la participaci\u00f3n de las demandadas en el mercado colombiano desde abril de 2013. <\/p>\n
5.2. Tampoco es veros\u00edmil la afirmaci\u00f3n sobre el conocimiento de la operaci\u00f3n desde noviembre de 2014 porque en la demanda se sostuvo que las convocadas prestaban servicios \u00abdesde hace varios a\u00f1os\u00bb y entre esa fecha y la presentaci\u00f3n de la demanda (21 de abril de 2016) transcurri\u00f3 un a\u00f1o y seis meses, o sea, un lapso inferior a varios a\u00f1os. <\/p>\n
5.3. Uber Col se matricul\u00f3 en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el 15 de octubre de 2013 y Cotech present\u00f3 la demanda luego de dos a\u00f1os, seis meses y seis d\u00edas, es decir, cuando ya hab\u00edan prescrito las pretensiones, pues el lapso se cuenta desde que el demandante supo qui\u00e9nes realizaron los supuestos actos desleales. <\/p>\n
5.4. Haciendo a un lado la confesi\u00f3n de que la accionante \u00absab\u00eda de la presencia de Uber en Colombia desde\u2026 2012\u00bb, su representante legal reconoci\u00f3 durante el interrogatorio de parte \u00abhaber conocido, positivamente, de la presencia de su competidor desde\u2026 2013, solo que \u201cpara el servicio Black (min 2:34), sin que sea relevante que para \u201cnoviembre de 2014\u201d ingresara una nueva app para iniciar su \u201coperaci\u00f3n a trav\u00e9s de Uber X en veh\u00edculos particulares y con su tarifa din\u00e1mica\u201d (min. 1:33), pues lo medular\u2026 es que la demandante reconoce que supo de los hechos que calific\u00f3 como contrarios al comportamiento leal en el mercado, entre los a\u00f1os 2012 y 2013, con prescindencia de la aplicaci\u00f3n que utilizara, por tratarse de un mismo prop\u00f3sito, frente al que el accionante reclamaba, esto es, la prestaci\u00f3n del servicio de transporte individual de pasajeros\u00bb. <\/p>\n
5.5. Para Cotech la operaci\u00f3n de Uber fue un \u00abhecho de notoriedad p\u00fablica\u00bb y \u00abconoc[i\u00f3] en el a\u00f1o 2012 del desarrollo de aplicaciones m\u00f3viles para la solicitud de veh\u00edculos de transporte p\u00fablico y la entrada de Uber en el mercado en el a\u00f1o 2013\u00bb. <\/p>\n
6. El art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 no distingue entre actos de competencia desleal instant\u00e1neos y continuados, pues solo establece dos modalidades prescriptivas: una subjetiva de dos a\u00f1os que empiezan a contarse desde \u00abel enteramiento de la parte afectada\u00bb; otra objetiva de tres a\u00f1os desde que se realiza el acto enjuiciado, \u00abm\u00e1s no su finalizaci\u00f3n, que\u2026 estim\u00f3 el a quo\u00bb. <\/p>\n
7. En el caso concreto empez\u00f3 a contarse el t\u00e9rmino subjetivo de prescripci\u00f3n extintiva de dos a\u00f1os desde 2012, \u00abo a lo sumo 2013\u00bb, \u00e9poca en que la demandante supo del acto desleal y sus autores, con independencia que \u00abse siga ejecutando con posterioridad\u00bb, lo que denota que sobrevino ese fen\u00f3meno liberatorio. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demandante formul\u00f3 dos cargos que se resolver\u00e1n en el mismo orden planteado. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la primera causal, invoc\u00f3 la vulneraci\u00f3n directa (por malinterpretaci\u00f3n) del art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996, pues a esa norma se le dio un alcance diverso al que correspond\u00eda respecto de los actos de competencia desleal continuados. <\/p>\n
Argument\u00f3 que esa disposici\u00f3n no \u00abhace referencia expresa a qu\u00e9 ocurre en aquellos eventos en\u2026 que ese acto desleal se prolonga en el tiempo, o lo que es igual, en los llamados actos continuados en los que la conducta [,] pese a haber sido conocida por el afectado y\/o efectivamente realizada, se sigue ejecutando de manera extendida en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 jurisprudencia seg\u00fan la cual el t\u00e9rmino prescriptivo de los actos desleales continuados empieza a contarse desde que cesan, interpretaci\u00f3n que, sostuvo, es la adecuada, m\u00e1xime cuando la protecci\u00f3n de la libre competencia \u00abno es un bien jur\u00eddico que pertenece a un solo particular sino que es de inter\u00e9s com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la hermen\u00e9utica del Tribunal \u00ablegaliz[a] comportamientos desleales continuos iniciados con\u2026 anterioridad mayor a tres\u2026 a\u00f1os a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, pues \u00abno se sancionar[\u00eda] el actuar desleal sino que se premiar[\u00eda]\u00bb, raz\u00f3n por la que resulta atendible la sentencia de primera instancia, \u00abpues al seguir viva la conducta sigue vigente la acci\u00f3n de competencia desleal respectiva\u2026 porque si bien es reprochable la inactividad de los afectados, m\u00e1s grosero a\u00fan resulta\u2026 legalizar o normalizar comportamientos desleales por el simple paso del tiempo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 la interpretaci\u00f3n literal del precepto \u00ab26\u00bb (l\u00e9ase 23) del estatuto de competencia desleal porque \u00abno es una norma clara en trat\u00e1ndose de actos de competencia desleal continuados\u00bb y, por tanto, \u00abexiste un margen de interpretaci\u00f3n sobre su aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la violaci\u00f3n directa de esa disposici\u00f3n \u00abse agrav\u00f3 significativamente con la privaci\u00f3n absoluta del derecho al debido proceso de la demandante en el tr\u00e1mite del recurso de alzada, pues al haberse dictado fallo anticipado en la fase de admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, se limit\u00f3 el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n de Cotech S.A., quien no tuvo la oportunidad de pedir pruebas ni de oponerse a los argumentos esgrimidos por la \u2026 apelante\u00bb, porque, de haberse agotado la fase de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica del recurso, se hubieran ventilado argumentos que justificaban \u00abla coherencia y solidez de los argumentos [d]el a quo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El epicentro del primer cargo radica en establecer si el Tribunal malinterpret\u00f3 y lesion\u00f3 directamente el art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 al declarar que las pretensiones de competencia desleal por violaci\u00f3n de normas y desviaci\u00f3n de la clientela prescribieron porque Cotech present\u00f3 la demanda m\u00e1s all\u00e1 de los dos a\u00f1os siguientes de haber conocido las conductas. <\/p>\n
Los antecedentes denotan que el caso concreto se origina en actividades relacionadas con la \u00abeconom\u00eda colaborativa\u00bb, fen\u00f3meno que genera m\u00faltiples retos para el derecho de la competencia que la Sala estima necesario abordar. <\/p>\n
Por ello, la presente sentencia abordar\u00e1 -en primer lugar- los aspectos relevantes de los comportamientos imputados por Cotech a Uber Col, Uber Tech y Uber B.V. en el contexto de la econom\u00eda colaborativa; luego resolver\u00e1 si tiene asidero el cargo inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Violaci\u00f3n de normas y desviaci\u00f3n de la clientela en la econom\u00eda colaborativa <\/p>\n
La r\u00e1pida evoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones (TIC\u00b4s) ha impactado seriamente varios aspectos de la interacci\u00f3n humana, entre ellas las actividades econ\u00f3micas relacionadas con la producci\u00f3n, ofrecimiento, adquisici\u00f3n, prestaci\u00f3n o regulaci\u00f3n de bienes o servicios. <\/p>\n
En palabras de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional: <\/p>\n
El recurso a los modernos medios de comunicaci\u00f3n\u2026 se ha difundido con notable rapidez en la negociaci\u00f3n de las operaciones comerciales internacionales y cabe prever que el empleo de esas v\u00edas de comunicaci\u00f3n sea cada vez mayor, a medida que se vaya difundiendo el acceso a ciertos soportes t\u00e9cnicos como la Internet y otras grandes v\u00edas de informaci\u00f3n transmitida en forma electr\u00f3nica1. <\/p>\n
El auge de nuevas formas de comunicaci\u00f3n, m\u00e1s r\u00e1pidas, m\u00e1s econ\u00f3micas y m\u00e1s accesibles, ha creado un entorno digitalizado; tambi\u00e9n ha originado nuevas formas de intercambio y organizaci\u00f3n de los mercados, permiti\u00e9ndole a sus part\u00edcipes interactuar e intercambiar productos con mayor amplitud que por los medios tradicionales2. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Sala ha reconocido esa realidad al relievar el desplazamiento de la telefon\u00eda fija por la m\u00f3vil, as\u00ed como su impacto en el derecho a la libre concurrencia econ\u00f3mica, con ocasi\u00f3n de una demanda de casaci\u00f3n en un caso de competencia desleal en el sector de las telecomunicaciones: <\/p>\n
[C]on el paso de los a\u00f1os las empresas de comunicaciones m\u00f3viles terminaron conquistando una gran cuota de mercado, debido a las ventajas t\u00e9cnicas que representan para los usuarios, como la permisi\u00f3n de desplazamiento, la introducci\u00f3n de sistemas de prepago y el cobro con base en el tiempo efectivamente utilizado. <\/p>\n
De esto dan cuenta las estad\u00edsticas de la Uni\u00f3n Internacional de Telecomunicaciones (IUT), pues la telefon\u00eda fija a nivel mundial ha descendido progresivamente, pasando de 1.243 millones de abonados en el a\u00f1o 2005 a 915 millones en el a\u00f1o 2019; diferente a la telefon\u00eda celular, que pas\u00f3 de 2.205 millones de usuarios en el a\u00f1o 2005 a 8.283 millones en el a\u00f1o 20195. <\/p>\n
Este cambio signific\u00f3 una mejora en el escenario de la competencia, por cuanto \u00abla telefon\u00eda m\u00f3vil nace en general en un ambiente competitivo y, por tanto, con libertad de precios\u2026\u00bb (SC3627-2021, Rad. 2014-58023-01, 2 nov. 2021). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una realidad que desborda el uso de tecnolog\u00edas ya no tan novedosas como el computador personal, y las reemplaza por otras m\u00e1s innovadoras, sofisticadas y eficientes como, por ejemplo, los dispositivos m\u00f3viles y aplicaciones; en estas no s\u00f3lo se intercambia informaci\u00f3n, se vende o se compra, sino que tambi\u00e9n se administra una nueva cotidianidad y se hacen actividades comunes del d\u00eda a d\u00eda (acceder a servicios bancarios o pagar impuestos) sin que, por regla general, sea necesario asistir f\u00edsicamente a una oficina, establecimiento de comercio u otra entidad, en raz\u00f3n a que un sinn\u00famero de actividades puede hacerse f\u00e1cilmente y a distancia, oprimiendo un solo bot\u00f3n6. <\/p>\n
La irrupci\u00f3n de las TIC\u00b4s en el mercado ha generado un fen\u00f3meno que recibe nombres dis\u00edmiles: nueva econom\u00eda (\u00abnew economy\u00bb), econom\u00eda colaborativa (\u00absharing economy\u00bb), consumo colaborativo (\u00abcollaborative consumption\u00bb), consumo conectado (\u00abconnectec consumption\u00bb) o consumo basado en el acceso (\u00abacces-based consumption\u00bb)7. En todo caso, pese a sus varios nombres, se trata de una noci\u00f3n que apunta a un mismo concepto: la prestaci\u00f3n y adquisici\u00f3n de servicios econ\u00f3micos que giran en torno, principalmente, a (I) la fabricaci\u00f3n de software (como el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones), (II) los negocios basados en internet y los servicios de comunicaci\u00f3n, y (III) equipamiento para dar soporte a aquellos dos8. <\/p>\n
El caso de la radicaci\u00f3n es muestra fehaciente de las perplejidades generadas por actividades empresariales realizadas en el contexto de la econom\u00eda colaborativa, no solo desde la perspectiva de las demandadas, sino tambi\u00e9n de la demandante pues, de acuerdo con la declaraci\u00f3n que su representante legal verti\u00f3 durante la primera instancia, Cotech no ser\u00eda una empresa de taxis -como dijo en la demanda- sino de una que se vale de las diferentes TIC\u00b4s (telefon\u00eda y aplicaciones) para conectar prestadores de servicio individual de pasajeros y usuarios. As\u00ed, resulta crucial en el mundo de la econom\u00eda colaborativa el despliegue de plataformas que se encargan de conectar oferentes e interesados en un producto (bien o servicio), con la responsabilidad que una intermediaci\u00f3n de ese linaje ocasiona. <\/p>\n
Para efectos de claridad, la Sala aludir\u00e1 a la econom\u00eda colaborativa precisando sus principales caracter\u00edsticas, la manera en que ha intentado cambiar los roles tradicionales del mercado, as\u00ed como los retos que suscita en el derecho, en general, y en la competencia econ\u00f3mica, en particular. <\/p>\n
La econom\u00eda colaborativa tiene como caracter\u00edsticas: (I) Costo promedio decreciente; (II) se centra en el producto, no en la empresa; (III) posee una amplia gama de producci\u00f3n; (IV) requiere modestos capitales; (V) representa altos \u00edndices de innovaci\u00f3n; (VI) muestra entradas y salidas r\u00e1pidas y frecuentes del mercado; (VII) se vale de econom\u00edas de escala en el consumo; y (VIII) su principal producci\u00f3n es propiedad intelectual, bienes intangibles, sin importar que puedan comercializarse bienes o servicios f\u00edsicos9. <\/p>\n
Uno de los efectos de la econom\u00eda colaborativa ha sido la atenuaci\u00f3n de algunos roles tradicionales, pues permite hablar de un actor distinto: el prosumidor (\u00abprosumer\u00bb)10 que engloba la idea actual de que un consumidor no s\u00f3lo se satisface de los bienes y servicios que est\u00e1n en el mercado, sino que tambi\u00e9n puede proveerlos11. Tambi\u00e9n permite identificar, por un lado, a un \u00abproveedor par\u00bb (\u00abpeer provider\u00bb) que ofrece productos para alquilar, compartir o pedir en pr\u00e9stamo, y, por el otro, al \u00abusuario par\u00bb (\u00abpeer user\u00bb) que consume los productos, pudiendo transitar entre ambos roles seg\u00fan su preferencia12. <\/p>\n
Los cambios impulsados por la econom\u00eda colaborativa generan retos jur\u00eddicos de diverso calado relacionados, entre otros, con el respeto de los derechos laborales, la causaci\u00f3n y pago de impuestos o la leal competencia concurrencial13, frente a los cuales los administradores de justicia deben proceder con cautela en raz\u00f3n a que \u00ablos casos de la nueva econom\u00eda presentan preguntas\u2026 inusualmente dif\u00edciles, debido a la complejidad t\u00e9cnica de los productos y servicios producidos por las industrias de la nueva econom\u00eda\u00bb14. <\/p>\n
Lo anterior es relevante a ra\u00edz de las dificultades propias de las herramientas del derecho, basadas primordialmente en la expedici\u00f3n de normas -regulaci\u00f3n-, que, seg\u00fan el momento en que se expidieron, pueden ser inadecuadas para manifestaciones propias de la econom\u00eda colaborativa, donde resultan cruciales la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la ruptura de modelos tradicionales. Esto es as\u00ed porque para el legislador puede ser dif\u00edcil prever cabalmente el futuro, el avance de la ciencia y el progreso de la tecnolog\u00eda. En palabras de autorizada doctrina: <\/p>\n
Acomodarse a un futuro que, como mucho, podemos percibir de manera borrosa, es un problema com\u00fan en el derecho, que adem\u00e1s casi con seguridad est\u00e1 creciendo. Por ejemplo, con respecto a los cambios r\u00e1pidos en las comunicaciones electr\u00f3nicas, cualquier intento de escribir leyes espec\u00edficas en este momento est\u00e1 destinado a la obsolescencia como esas reglas espec\u00edficas de solo una generaci\u00f3n atr\u00e1s que no anticiparon, ni podr\u00edan haberlo hecho, el uso generalizado de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles, el desarrollo y la predominancia de internet, y una densidad de comunicaciones por sat\u00e9lite que convierte en arcaica una lista de medios limitada a la radio, la televisi\u00f3n y las pel\u00edculas15. <\/p>\n
Esa idea no se traduce en que el camino para afrontar los retos jur\u00eddicos de la econom\u00eda colaborativa sea, necesariamente, la desregulaci\u00f3n porque, a la luz del art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Estado debe intervenir para (I) garantizar el bien com\u00fan en la actividad econ\u00f3mica y la iniciativa privada, (II) fortalecer las organizaciones solidarias, (III) estimular el desarrollo empresarial, (IV) impedir la obstrucci\u00f3n o restricci\u00f3n injustificada de esos derechos, (V) controlar el abuso de posici\u00f3n dominante en el mercado y (VI) delimitar su ejercicio en pro del inter\u00e9s social, el ambiente y el patrimonio cultural. <\/p>\n
Por ello, al momento de estudiar comportamientos desarrollados en el contexto de la econom\u00eda colaborativa, los administradores de justicia deben proceder con cautela examinando si las disposiciones correspondientes responden a las nuevas problem\u00e1ticas, pues lo contrario se traducir\u00eda simplemente en un obst\u00e1culo jur\u00eddico e irrazonable al ofrecimiento y disfrute de productos mediante las TIC\u00b4s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la fuerte presencia de plataformas que se sirven de las TIC\u00b4s para conectar usuarios y proveedores de servicios, han cambiado profundamente la competencia econ\u00f3mica, porque en la econom\u00eda colaborativa no s\u00f3lo los nuevos actores compiten mediante t\u00e9cnicas disruptivas con los actores tradicionales, sino porque la contienda concurrencial tambi\u00e9n se da entre actores de la econom\u00eda colaborativa, generando controversias que dif\u00edcilmente pueden evitarse o resolverse de antemano16, y requieren de la decisi\u00f3n informada y paciente del juez, para lo cual la Sala establecer\u00e1 algunos derroteros sobre las conductas endilgadas a las demandadas (desviaci\u00f3n de la clientela y violaci\u00f3n de normas) en el contexto de la econom\u00eda colaborativa. <\/p>\n
2. Desviaci\u00f3n de la clientela17 <\/p>\n
Uno de los principales objetivos de la actividad empresarial es competir, ganar o mantener una clientela. Desviar clientes de una actividad, prestaci\u00f3n o establecimiento a otro es l\u00edcito, v\u00e1lido y adecuado, por tanto, solo se sancionan aquellas conductas que logren (efectividad) o busquen (potencialidad) inmiscuirse en la esfera de decisi\u00f3n de los clientes por medios insanos, carentes de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad, sinceridad, o contrarias a los par\u00e1metros \u00e9ticos y morales. <\/p>\n
Para que se configure la conducta es indiferente que se obtenga el resultado (desviaci\u00f3n de la clientela), pues tambi\u00e9n se sanciona el despliegue de actividades con el prop\u00f3sito de desviar clientes. Entonces, como l\u00ednea de principio, es innecesario que el legitimado haya perdido efectivamente los clientes para que sus pretensiones salgan avante, pues tambi\u00e9n se infringe el tipo cuando el competidor recurri\u00f3 a medios desleales para intentarlo. <\/p>\n
Eso s\u00ed, para que se estructure la conducta se requiere una individualizaci\u00f3n concreta y razonable de los clientes sobre los que se present\u00f3 o intent\u00f3 la desviaci\u00f3n. Por supuesto, ello no exige, en todos los casos, una identificaci\u00f3n matem\u00e1ticamente precisa, ni de nombres, apellidos o raz\u00f3n social, sino de los elementos necesarios que permitan identificar, as\u00ed sea, un grupo de clientes (CSJ SC3907, 8 sep. 2021, rad. 2011-00181). <\/p>\n
La desviaci\u00f3n de la clientela protege la libre e igualitaria concurrencia econ\u00f3mica, m\u00e1s no la propiedad privada; como ha precisado la Sala, la clientela no hace parte del patrimonio del empresario, ni es un bien susceptible de apropiaci\u00f3n (CSJ SC4174-2021, Rad. 2013-11183, 13 oct 2021). <\/p>\n
El supuesto de hecho de la conducta es bastante concreto: intentar o lograr desviar clientes con medios torticeros. De ah\u00ed que sea insuficiente probar resultados econ\u00f3micos adversos, p\u00e9rdidas, carencias de ingresos o procedimientos de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n empresarial para declarar que se present\u00f3 la conducta prohibida en el tipo, como esta Sala ha tenido oportunidad de precisar: <\/p>\n
[L]a orfandad probatoria es absoluta, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que los estados financieros que se aportaron no arrojan mayores luces al respecto, pues reflejan la quiebra de Inversiones Lucol S.A., pero no explican las razones que la llevaron a esa situaci\u00f3n, lo cual era imprescindible, porque al referido estado de insolvencia puede llegarse por m\u00faltiples v\u00edas, algunas atribuibles a factores end\u00f3genos, y otras a variables ex\u00f3genas. Por ende, la relaci\u00f3n causal que se extra\u00f1a no puede deducirse simplemente de la merma en las ventas de la actora, como esta lo pretendi\u00f3 al sustentar su impugnaci\u00f3n (SC3907, 8 sep. 2021, rad. 2011-00181). <\/p>\n
En este punto es crucial, entonces, verificar qui\u00e9nes son realmente los clientes del legitimado que supuestamente habr\u00edan sido desviados por la parte correspondiente, con miras a establecer la configuraci\u00f3n de la conducta. <\/p>\n
El uso de los avances de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n no puede calificarse como medio desleal para desviar clientes, pues desconocer\u00eda un derecho humano reconocido por m\u00faltiples instrumentos internacionales: gozar de los adelantos tecnol\u00f3gicos y el progreso de las ciencias. <\/p>\n
La Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948 establece en su art\u00edculo 27: <\/p>\n
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cient\u00edfico y en los beneficios que de \u00e9l resulten\u2026 (se destaca). <\/p>\n
El art\u00edculo 38 de la Carta de Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) ordena que: <\/p>\n
Los Estados miembros difundir\u00e1n entre s\u00ed los beneficios de la ciencia y de la tecnolog\u00eda, promoviendo, de acuerdo con los tratados vigentes y leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los conocimientos cient\u00edficos y t\u00e9cnicos (se destaca). <\/p>\n
El art\u00edculo 15 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1996 se\u00f1ala que: <\/p>\n
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
b) Gozar de los beneficios del progreso cient\u00edfico y de sus aplicaciones\u2026 (se destaca). <\/p>\n
Se trata del derecho a gozar de los beneficios y progresos de la ciencia y la tecnolog\u00eda que tambi\u00e9n incluye la prerrogativa de participar en el desarrollo de las TIC\u00b4s18. <\/p>\n
Si se llegara a afirmar que el solo uso de las TIC\u00b4s para influir en la esfera de decisi\u00f3n de los clientes corresponde a un mecanismo contrario a la competencia desleal, se pondr\u00eda en riesgo el mencionado derecho humano que, por el contrario, debe respetarse cabalmente. As\u00ed las cosas, la Sala precisa que ese debe ser uno de los factores relevantes para las autoridades judiciales que resuelven casos de competencia desleal en el contexto de la econom\u00eda colaborativa, donde la implementaci\u00f3n de plataformas que conectan a los distintos interesados se vale fuertemente de los desarrollos de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Como manifestaci\u00f3n de esa idea, si el comportamiento en juego en un caso espec\u00edfico es la desviaci\u00f3n de la clientela, uno de los primeros aspectos que debe establecerse es qui\u00e9nes son los clientes del legitimado y cu\u00e1les son los usuarios de la parte demandada, para verificar si el uso de medios deshonestos y torticeros de la segunda afect\u00f3 o no al primero. <\/p>\n
Examinados los aspectos relevantes de la desviaci\u00f3n de la clientela en el contexto de la econom\u00eda colaborativa, corresponde analizar lo pertinente sobre la conducta de violaci\u00f3n de normas. <\/p>\n
1.2. Violaci\u00f3n de normas19 <\/p>\n
Las sanciones del derecho de la competencia desleal resguardan la libre concurrencia econ\u00f3mica, as\u00ed como \u00ablos [derechos de los] competidores, los consumidores y [e]l orden del mercado\u00bb20. Esto se traduce en que los tipos previstos en la ley 256 de 1996 no protegen el principio de legalidad (Art. 230 C.P.) ni la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la que deviene insuficiente e irrelevante para el derecho de la competencia econ\u00f3mica una vulneraci\u00f3n normativa inocua o neutra, es decir, sin efectos en el mundo concurrencial. Explicado de otra manera, el bien jur\u00eddico resguardado por este tipo concurrencial no es el principio de legalidad ni el respeto del ordenamiento jur\u00eddico, sino la libre y leal competencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Por ello, la Sala ha precisado que la conducta se configura cuando se demuestre: \u00abI) la conculcaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica; II) la obtenci\u00f3n de ventaja competitiva; III) que esta sea significativa; y IV) que la ventaja derive de la transgresi\u00f3n normativa\u00bb (CSJ SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021). Sobre ellos se har\u00e1n las explicaciones relevantes. <\/p>\n
La primera exigencia (conculcaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica) se explica en que: <\/p>\n
En desarrollo de este postulado el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 las reglas a tener en cuenta por los distintos actores o competidores para ejercer cada actividad econ\u00f3mica en t\u00e9rminos de igualdad, por lo que su desatenci\u00f3n revela, en principio, contrariedad de cara a esa codificaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que tal contravenci\u00f3n constituya el primero de los elementos indispensables para establecer el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas (SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021, se destaca). <\/p>\n
En consecuencia, el primer aspecto que debe verificarse en orden a establecer si los comportamientos denunciados estructuran el tipo desleal que se explica, consiste en la vulneraci\u00f3n de una norma jur\u00eddica. Requiere establecer que la norma vulnerada es aplicable al demandado o su actividad econ\u00f3mica porque, si los hechos endilgados no se subsumen en el supuesto de hecho, no se configura la conducta desleal por atipicidad. La autoridad judicial debe detenerse a reflexionar si la disposici\u00f3n que se dice violada es aplicable al enjuiciado y\/o su actividad, porque, de lo contrario, no habr\u00e1 deslealtad. <\/p>\n
El desconocimiento generalizado de la norma no puede invocarse como defensa del demandado, porque ese comportamiento denota el primer elemento de la conducta, con la necesaria averiguaci\u00f3n de si se presentan los dem\u00e1s supuestos que se abordar\u00e1n m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Es pac\u00edfico que el juez que conoce las pretensiones de competencia desleal tiene la discreta autonom\u00eda de averiguar si la disposici\u00f3n normativa es o no vulnerada, sin que sea necesario que otra autoridad p\u00fablica (administrativa o jurisdiccional) la haya declarado previamente. Es decir, respecto de la violaci\u00f3n de reglas no existe prejudicialidad, pues el juez del proceso de competencia desleal no requiere esperar que otra entidad reconozca la vulneraci\u00f3n. De igual manera, la declaratoria de transgresi\u00f3n normativa por otra autoridad tampoco ata al juez para que tenga que declarar que hubo competencia desleal, pues ser\u00e1 el administrador de justicia que conozca estas pretensiones quien determine si se re\u00fanen o no los presupuestos del acto de competencia desleal, incluyendo el primero de ellos21. Unas y otras funciones son diferentes. <\/p>\n
Eso s\u00ed, la declaratoria de transgresi\u00f3n normativa por parte de otra autoridad administrativa o judicial puede servir en el proceso por competencia desleal como un medio de prueba que se evaluar\u00e1 libremente, seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
La segunda exigencia (obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva) se predica de que no basta la mera transgresi\u00f3n normativa para considerar desleal un comportamiento. Lo contrario \u00abimplicar\u00eda aceptar que toda vulneraci\u00f3n de una regla jur\u00eddica expedida para regular un determinado merc[a]do constituir\u00eda el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas, sin parar mientes en las consecuencias de dicha infracci\u00f3n, esto es, dejando de auscultar si gener\u00f3 alguna val\u00eda para el infractor en desmedro de sus competidores, ni las connotaciones de esta utilidad\u00bb (CSJ SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021). <\/p>\n
La ventaja que produce la transgresi\u00f3n normativa se traduce en <\/p>\n
(\u2026) alteraci\u00f3n del principio par conditio concurrentium (reglas iguales entre competidores), que tiene el prop\u00f3sito de que el funcionamiento del mercado entre participantes sea realizado en plano sim\u00e9trico. <\/p>\n
Como lo ideal es que los comerciantes est\u00e9n en igual punto de partida para ejercer su actividad, en tanto competidores dentro del mismo ramo, la obtenci\u00f3n de ventaja competitiva sancionada es aquella derivada del incumplimiento de preceptos normativos, en la medida en que esta transgresi\u00f3n puede colocar al infractor desde el inicio de su desenvolvimiento comercial en situaci\u00f3n de privilegio en relaci\u00f3n con sus contrincantes directos e indirectos (CSJ SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021) <\/p>\n
Resulta necesario que la ventaja por la infracci\u00f3n normativa sea \u00abefectiva\u00bb, esto es, cierta, real, verdadera, en vez de supuesta, posible, eventual o discutida pues en estos \u00faltimos casos no se satisface el segundo requisito de la conducta. <\/p>\n
El tercer presupuesto de la conducta (que la ventaja sea significativa) exige que: <\/p>\n
la alteraci\u00f3n del plano de igualdad que obtiene el comerciante o interviniente en el mercado con la conculcaci\u00f3n del respectivo precepto sea importante o trascendental, esto es, que se vea favorecido de forma especial teniendo en cuenta el punto de partida de los competidores.\u2026 <\/p>\n
Por supuesto que casos habr\u00e1 en los cuales la ventaja no se muestra representativa en raz\u00f3n a que el adquirente potencial del bien o servicio, al momento de escoger entre los diversos oferentes, puede estar motivado por otras circunstancias diversas a aquellas reguladas en la norma transgredida, por lo que el juzgador en cada caso concreto debe sopesar las variadas circunstancias que rodean la prestaci\u00f3n del servicio o las caracter\u00edsticas del producto, seg\u00fan sea el caso, a efectos de determinar la aludida significatividad. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina for\u00e1nea tenga sentado que la deslealtad est\u00e1 \u00abpresent\u00e1ndose significativa cuando se produce desviaci\u00f3n acreditada de la clientela de los competidores a su favor con tal pr\u00e1ctica que la Ley sanciona y ataja\u2026\u00bb (SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021). <\/p>\n
La ventaja es significativa cuando alcanza tal magnitud que afecta de manera contundente la esfera de decisi\u00f3n de los clientes22 o permite dar mejores condiciones, precio o servicio, aspectos que deben probarse por la parte interesada y evaluarse cuidadosamente por el juez23. <\/p>\n
El cuarto presupuesto (que la ventaja derive de la transgresi\u00f3n normativa) exige relaci\u00f3n de causalidad entre la violaci\u00f3n normativa y la ventaja significativa y efectiva: <\/p>\n
ser\u00e1 v\u00e1lida la ventaja\u2026 que no tiene origen en esa infracci\u00f3n o\u2026 que fue producida por el desarrollo ingenioso, eficiente, innovador u otras probables virtudes del comerciante; por el contrario implicar\u00e1 ventaja competitiva el ahorro de costos en materia fiscal o administrativa, obligatorios para ejercer la actividad, entre otros eventos. <\/p>\n
Que la ventaja lograda por el infractor derive de la transgresi\u00f3n normativa impone la existencia de una relaci\u00f3n causa[-]efecto entre esta y aquella, es decir que el da\u00f1o padecido por los restantes oferentes del servicio o bien, o para los dem\u00e1s intervinientes en el mercado que fungen como demandantes, consista, b\u00e1sicamente, en que la posici\u00f3n de privilegio obtenida por el infractor sea consecuencia de la concurrencia de los anteriores presupuestos de la acci\u00f3n (la conculcaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica generadora de ventaja competitiva y significativa) m\u00e1s no de cualquiera otra circunstancia. <\/p>\n
La insatisfacci\u00f3n de estos presupuestos traducir\u00e1, entonces, que la competencia de los diferentes actores en el mercado no se har\u00e1 en un plano de igualdad, en transgresi\u00f3n de este principio de nuestro ordenamiento jur\u00eddico.\u2026 <\/p>\n
[E]n Colombia\u2026 la calificaci\u00f3n de una determinada actividad como acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de norma jur\u00eddica \u2013ya fuera esta expedida con el prop\u00f3sito de regular un espec\u00edfico sector mercantil o no-, siempre deber\u00e1 caracterizarse por otorgar ventaja competitiva y significativa a favor del imputado, de donde en cada caso concreto deber\u00e1 ser objeto de estudio y prueba. <\/p>\n
Variadas se muestran las razones de la referida exigencia normativa, en tanto prohijar innecesaria la ventaja competitiva y significativa cuando se aduce la conculcaci\u00f3n de una norma promulgada para regular un determinado mercado, esto es, con fines concurrenciales, impondr\u00eda acoger siempre una interpretaci\u00f3n finalista en relaci\u00f3n con el canon que se alegue infringido, a pesar de que podr\u00eda concurrir otra u otras circunstancias que impongan hermen\u00e9uticas distintas (SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021). <\/p>\n
Dados los retos que para el derecho de la competencia desleal genera la econom\u00eda colaborativa, el juez debe ser cuidadoso al momento de estudiar la conducta de violaci\u00f3n de normas, espec\u00edficamente para establecer la finalidad de las respectivas disposiciones (sobre todo cuando regulan TIC), m\u00e1s all\u00e1 de su simple literalidad, porque, como ha sentado la Sala: <\/p>\n
En materia de telecomunicaciones las normas sobre sana competencia, no s\u00f3lo propenden por el recto funcionamiento del mercado, sino que buscan promover el ingreso de nuevos competidores en beneficio de los usuarios y consumidores. <\/p>\n
Exigencia que cobra a\u00fan mayor importancia frente al reconocimiento de que \u00ab[l]as telecomunicaciones modernas constituyen un resultado de la convergencia entre la revoluci\u00f3n digital y las comunicaciones. Dicha convergencia ha afectado profundamente las redes y servicios de telecomunicaciones. En el pasado, coexist\u00edan redes especializadas que prestaban los servicios de telefon\u00eda o de televisi\u00f3n. La digitalizaci\u00f3n de las redes ha hecho posible que todas ellas puedan transportar la voz, los datos y las im\u00e1genes abriendo paso a una amplia gama de nuevos y sofisticados servicios\u00bb24 <\/p>\n
\u00abRefulge el inter\u00e9s, no s\u00f3lo de promover la introducci\u00f3n de las nuevas tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds, sino tambi\u00e9n en fomentar la libre y sana competencia, por considerar que la misma es un motor fundamental para ampliar la cobertura, mejorar el servicio, permitir la renovaci\u00f3n t\u00e9cnica y, en general, propender por el inter\u00e9s general\u00bb. <\/p>\n
\u00ablas normas que gobiernan el mercado de las telecomunicaciones propenden por una sana competencia, caracterizada por promover el ingreso de nuevos operadores para la oferta de bienes y servicios, descuella que la hermen\u00e9utica de los c\u00e1nones acusados debe hacerse dentro de este contexto, sin acudir a un literalismo que conduzca a vaciarlos de contenido\u00bb (CSJ SC3627-2021, Rad. 2014-58023-01, 2 nov 2021, se destaca). <\/p>\n
Tambi\u00e9n resulta indispensable examinar si las normas que se endilgan vulneradas tienen raz\u00f3n de ser de acuerdo con el contexto en que se estudian o si: <\/p>\n
se muestr[an] obsoleta[s], fen\u00f3meno que desde una \u00f3ptica sociol\u00f3gica resulta com\u00fan, en tanto no son pocas las veces en las cuales las din\u00e1micas sociales, con mayor raz\u00f3n las pr\u00e1cticas mercantiles, tienen desarrollo m\u00e1s c\u00e9lere en comparaci\u00f3n con el ordenamiento legal que las rige\u2026 que la persona trasgresora de la norma jur\u00eddica prohibitiva no haga uso de la ventaja competitiva y significativa que dicho precepto intent\u00f3 evitar, a pesar de tenerla a su alcance, porque, adem\u00e1s de la obsolescencia citada a espacio, decide prestar el servicio a una gama de clientes a quienes desinteresa la aludida prerrogativa, o porque aquel decide destacar su producto o servicio con otras cualidades, a m\u00e1s de diversas opciones (SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021, se destaca). <\/p>\n
En suma, al momento de evaluar desde la perspectiva del derecho de la competencia comportamientos en el contexto de la econom\u00eda colaborativa, donde las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n juegan un papel estelar, las autoridades judiciales deben ser bastante cuidadosas para respetar el derecho a gozar de los avances cient\u00edficos y tecnol\u00f3gicos, lo que impone que valerse de las TIC\u00b4s no pueda calificarse per se c\u00f3mo desleal. Adem\u00e1s, deben verificar si, en realidad, se trata de actuaciones del mismo mercado en que intervengan tanto el legitimado como la parte demandada, as\u00ed como si se le aplican las normas que se estiman violadas, verificando, como lo ha dicho la Sala, si tales normas son o no obsoletas seg\u00fan el momento en que se profirieron y el prop\u00f3sito que buscaban cumplir. <\/p>\n
Expuesto lo anterior, le corresponde a la Sala resolver el primer cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Decisi\u00f3n del cargo inicial – prescripci\u00f3n extintiva de actos continuados de competencia desleal <\/p>\n
Cotech argumenta que los actos de Uber B.V., Uber Col y Uber Tech son continuados y, por tanto, debe acogerse la tesis de la sentencia de primera instancia, es decir, que el primer d\u00eda (dies a quo) del plazo prescriptivo s\u00f3lo surge cuando finalicen las conductas, pues una tesis diferente s\u00f3lo puede resultar, a su juicio, de la malinterpretaci\u00f3n del art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996. <\/p>\n
Para Cotech la norma s\u00f3lo regula la prescripci\u00f3n de los actos desleales instant\u00e1neos y deja por fuera los continuados, respecto de los cuales existe, en su criterio, un vac\u00edo; tambi\u00e9n argumenta que la disposici\u00f3n normativa es obscura y, por tanto, debe interpretarse en el sentido que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de los comportamientos continuados se computa cuando finalicen. <\/p>\n
Para resolver el cargo inicial, la Sala har\u00e1 un an\u00e1lisis de dos pasos. En el primero establecer\u00e1 si los \u00abactos de competencia desleal continuados\u00bb prescriben de acuerdo con las reglas del art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1999 o si, por el contrario, esa disposici\u00f3n tiene lagunas al dejar por fuera comportamientos de tracto sucesivo y comprender, solamente, los instant\u00e1neos; en el segundo determinar\u00e1 si la norma es clara y precisa frente al mismo cuestionamiento del demandante o, si, por el contrario, debe interpretarse. <\/p>\n
El punto de partida para emprender ese estudio es el texto del art\u00edculo 23 del Estatuto de Competencia Desleal. As\u00ed se desprende de los principios de legalidad25 y democr\u00e1tico26 que impiden a los administradores de justicia apartarse de las fuentes jur\u00eddicas emanadas de las autoridades competentes para expedirlas de acuerdo con el procedimiento previamente establecido, bajo el pretexto de que son obscuras o incompletas, en raz\u00f3n a que resulta necesario verificar juiciosamente si, en realidad, padecen tales falencias. Lo contrario pondr\u00eda en riesgo la necesaria predictibilidad que debe caracterizar las providencias judiciales. <\/p>\n
La Sala hace a un lado los reproches relacionados con la procedencia de la sentencia anticipada de segunda instancia, pues la supuesta omisi\u00f3n de oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas y replicar la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n carecen de v\u00ednculo con el desconocimiento directo de la ley sustancial y se refieren a vicios de procedimiento que -de haber ocurrido- debieron formularse por medio de la quinta causal de casaci\u00f3n (nulidades procesales), alegaci\u00f3n que no fue planteada en la demanda y que, al no resultar evidente, no estudiar\u00e1 la Sala. <\/p>\n
2.1. La prescripci\u00f3n liberatoria de actos continuados de competencia desleal s\u00ed est\u00e1 regulada en el art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996. <\/p>\n
Las lagunas son omisiones de las normas que dejan de regular uno o varios supuestos de hecho que deben ser resueltos por el juzgador27. Cotech afirma que ese fen\u00f3meno se predica del art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 porque no \u00abhace referencia expresa a qu\u00e9 ocurre en aquellos eventos en\u2026 que e[l] acto desleal se prolonga en el tiempo, o\u2026 los llamados actos continuados en los que la conducta [,] pese a haber sido conocida por el afectado y\/o efectivamente realizada, se sigue ejecutando de manera extendida en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
La ley 256 de 1996 \u00ab[p]or la cual se dictan normas sobre competencia desleal\u00bb sigui\u00f3 muy de cerca el ordenamiento espa\u00f1ol. Su art\u00edculo 23 (cuyo contenido e interpretaci\u00f3n se disputan en el presente caso) lo demuestra pues, salvo sutiles matices, coincide con la versi\u00f3n original del 21 de la ley espa\u00f1ola n.\u00ba 3 de 1991: <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 23 de la ley (colombiana) 256 de 1996 <\/p>\n
Art\u00edculo 21 de la ley (espa\u00f1ola) 3 de 1991 \u00abde Competencia Desleal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLas acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un a\u00f1o desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realiz\u00f3 el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcur[so] de tres a\u00f1os desde el momento de la realizaci\u00f3n del acto\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Ambas disposiciones son, pr\u00e1cticamente, id\u00e9nticas. Consagran una norma especial para regular la prescripci\u00f3n de todos los actos de competencia desleal, lo cual tuvo el deliberado prop\u00f3sito de desanclar esa materia de los c\u00f3digos Civil y de Comercio28; coinciden en que los m\u00faltiples comportamientos desleales tienen un plazo com\u00fan de prescripci\u00f3n liberatoria, es decir, se opt\u00f3 por un camino diferente al de otras latitudes -como Alemania- donde se consagraron reglas prescriptivas seg\u00fan el tipo de comportamiento desleal, pues en la Rep\u00fablica de Colombia y en el Reino de Espa\u00f1a todas las conductas que pueden afectar la leal competencia econ\u00f3mica tienen iguales plazos de prescripci\u00f3n extintiva; establecen dos clases de prescripci\u00f3n excluyentes, que no son sucesivas, una subjetiva, fundada en el conocimiento e individualizaci\u00f3n del sujeto infractor, y otra objetiva (en \u00abtodo\u00bb o \u00abcualquier caso\u00bb) basada en la \u00abrealizaci\u00f3n del acto\u00bb. <\/p>\n
Las disposiciones difieren en que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n subjetivo colombiano es de dos a\u00f1os, mientras que el espa\u00f1ol es de un a\u00f1o; en Colombia el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n empieza desde que el legitimado identifique al infractor, o sea, sepa qui\u00e9n realiz\u00f3 los comportamientos, mientras en Espa\u00f1a, adem\u00e1s de individualizar a qui\u00e9n ser\u00e1 demandado, se requiere que el interesado pueda ejercitar las pretensiones de competencia desleal29. <\/p>\n
Seg\u00fan la literalidad de las normas de ambos pa\u00edses, el plazo de prescripci\u00f3n objetivo -es decir, el que pasa por alto el conocimiento del legitimado- empieza a contarse desde la realizaci\u00f3n del acto, sin diferenciar si son de tracto sucesivo o instant\u00e1neo30. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala ha destacado que la consagraci\u00f3n de dos plazos excluyentes de prescripci\u00f3n tambi\u00e9n se presenta en \u00e1reas jur\u00eddicas distintas a la competencia desleal: <\/p>\n
el plazo prescriptivo [del art\u00edculo 23] est\u00e1 atado a un criterio subjetivo (el conocimiento del sujeto pasivo del comportamiento desleal, respecto de \u00abla persona que realiz\u00f3 el acto\u00bb), y a otro objetivo (la materializaci\u00f3n del il\u00edcito concurrencial), debi\u00e9ndose optar por el que se consolide primero, de modo an\u00e1logo a lo que ocurre con las acciones derivadas del contrato de seguro (CSJ SC 3907, 8 sep. 2021, rad. 2011-00181). <\/p>\n
Esta regulaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva se basa en la \u00abdiscovery rule\u00bb (regla de descubrimiento) establecida por la jurisprudencia anglosajona para atenuar el rigor de t\u00e9rminos prescriptivos (statute of limitations) que no se suspend\u00edan o interrump\u00edan, ni siquiera porque el afectado ignorara que hab\u00eda padecido un da\u00f1o latente cuyas secuelas pod\u00edan apreciarse solamente cuando ya hab\u00eda pasado el tiempo de prescripci\u00f3n liberatoria, lo que obstaculizaba, en algunos casos sin raz\u00f3n, el derecho a reclamar indemnizaciones por la v\u00eda judicial31. Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en da\u00f1os a la persona por actos m\u00e9dicos o exposici\u00f3n a sustancias t\u00f3xicas, donde la v\u00edctima conoce el da\u00f1o y su magnitud varios a\u00f1os despu\u00e9s de ocurrido el hecho da\u00f1oso y configurado el t\u00e9rmino prescriptivo32. <\/p>\n
Por eso, la Suprema Corte de Estados Unidos en el precedente Urie vs. Thompson33, al resolver un caso sobre la ley de responsabilidad civil de los empleadores (\u00abFederal Employers Liability act\u00bb) sent\u00f3: <\/p>\n
La sentencia decid\u00eda la reclamaci\u00f3n de un empleado de ferrocarril que estuvo expuesto al polvo de s\u00edlice durante a\u00f1os a consecuencia de su trabajo en la m\u00e1quina de propulsi\u00f3n del tren. El trabajador no lleg\u00f3 a conocer que hab\u00eda contra\u00eddo silicosis hasta que hab\u00edan transcurrido casi treinta a\u00f1os desde sus primeras exposiciones al polvo de s\u00edlice. El Tribunal Supremo, ante la alegaci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la parte demandada, declar\u00f3 que cuando el Congreso promulg\u00f3 la FELA y su statute of limitations no pod\u00eda estar instituyendo una regla jur\u00eddica con la que se impidiese presentar una demanda de indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os antes de que la v\u00edctima hubiese siquiera descubierto (discover) que los hab\u00eda sufrido34 (se destaca). <\/p>\n
Por ello: <\/p>\n
razona sobre la teor\u00eda general del nacimiento de la cause of action, afirmando la necesidad de que todos sus presupuestos, incluyendo el da\u00f1o, deben estar presentes para que \u00e9sta, efectivamente, nazca35. <\/p>\n
Pauta similar est\u00e1 en el precedente United States vs. Kubrick donde la misma Suprema Corte, al resolver un caso de responsabilidad civil extracontractual (Torts), se\u00f1al\u00f3 que \u00abel demandante debe conocer los hechos cr\u00edticos de que ha sido lesionado y de qui\u00e9n le ha infligido la lesi\u00f3n\u00bb para que empiece a computarse la prescripci\u00f3n36. <\/p>\n
La Discovery rule introduce aspectos subjetivos al c\u00f3mputo de cortos plazos prescriptivos, que empiezan a correr desde que el afectado conozca el da\u00f1o y no desde que ocurri\u00f3 el hecho da\u00f1oso, garantizando la eficacia del derecho sustancial de acceder a la administraci\u00f3n de justicia para obtener una tutela judicial efectiva, consideraci\u00f3n que ha permeado la legislaci\u00f3n de diversas \u00e1reas del derecho como los seguros o la competencia desleal. <\/p>\n
La literalidad de las normas colombiana y espa\u00f1ola omiten diferenciar expresamente los actos de competencia desleal continuados (o de tracto sucesivo) e instant\u00e1neos. Se limitan a se\u00f1alar que la prescripci\u00f3n subjetiva se configura luego de un a\u00f1o (en Espa\u00f1a) o dos (en Colombia) desde que el legitimado conozca al infractor; mientras que la objetiva acaece, respectivamente, en \u00abtodo\u00bb y \u00abcualquier caso\u00bb por el transcurso de tres a\u00f1os a partir del \u00abmomento de la realizaci\u00f3n del acto\u00bb, lo que permite afirmar que para las leyes espa\u00f1ola -versi\u00f3n original- y colombiana es indiferente el car\u00e1cter instant\u00e1neo o continuado de las conductas desleales, para establecer cu\u00e1ndo prescriben. <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia espa\u00f1ola empez\u00f3 a sugerir que el dies a quo (primer d\u00eda del t\u00e9rmino prescriptivo) depend\u00eda de si el acto desleal era instant\u00e1neo o continuado, pues el dies ad quem (en que se configura la prescripci\u00f3n extintiva) del segundo no ocurre mientras subsista la conducta o, lo que es igual, la prescripci\u00f3n se computa desde la finalizaci\u00f3n del comportamiento desleal prolongado en el tiempo37. <\/p>\n
Esto es importante, porque el juez de primera instancia en el caso de la radicaci\u00f3n acogi\u00f3 un criterio cercano al de la jurisprudencia espa\u00f1ola, el cual defiende Cotech en su demanda de casaci\u00f3n, mientras que el Tribunal opt\u00f3 por un camino argumentativo diverso. <\/p>\n
La posici\u00f3n de la jurisprudencia espa\u00f1ola no ha estado libre de divergencias pues, generalmente, la mayor\u00eda de conductas desleales en el mercado suelen ser de tracto sucesivo o ejecuci\u00f3n continuada38. Esa discusi\u00f3n interesa a la Sala para resolver el caso concreto y ejercer sus funciones casacionales de inter\u00e9s general (ius constitutionis) porque ha influido notablemente la pr\u00e1ctica de la competencia desleal colombiana, como lo muestran los casos citados por demandante y demandados, as\u00ed como el contraste entre las sentencias de primer y segundo grado proferidas en este asunto. <\/p>\n
Espa\u00f1a zanj\u00f3 definitivamente la pol\u00e9mica sobre la prescripci\u00f3n de los actos desleales continuados o de tracto sucesivo mediante la intervenci\u00f3n del legislador que expidi\u00f3 la ley 29 de 2009 \u00abpor la que se modifica el r\u00e9gimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protecci\u00f3n de los consumidores y usuarios\u00bb, que vari\u00f3 el r\u00e9gimen anterior, as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 <\/p>\n
Art\u00edculo 21 de la ley (espa\u00f1ola) 3 de 1991 \u00abde Competencia Desleal\u00bb. <\/p>\n
\u00abLas acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) a\u00f1os a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realiz\u00f3 el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) a\u00f1os contados a partir del momento de la realizaci\u00f3n del acto\u00bb (se destaca). <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLas acciones de competencia desleal previstas en el art\u00edculo 32 prescriben por el transcurso de un a\u00f1o desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realiz\u00f3 el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres a\u00f1os desde el momento de la finalizaci\u00f3n de la conducta. <\/p>\n
<\/p>\n
La prescripci\u00f3n de las acciones en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el art\u00edculo 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias\u00bb (se destaca). <\/p>\n
La doctrina espa\u00f1ola explica que el cambio legislativo obedeci\u00f3 a que las pretensiones sobre la materia trascienden de solo resolver un conflicto privado, pues tambi\u00e9n sirven de \u00abinstrumento de control sobre las conductas del mercado\u00bb39. <\/p>\n
Eso quiere decir que, sin lugar a dudas, desde la modificaci\u00f3n legal introducida al r\u00e9gimen espa\u00f1ol de prescripci\u00f3n, existe base normativa suficiente para diferenciar \u00abactos instant\u00e1neos o duraderos\u00bb de competencia desleal, porque en los primeros se computa el t\u00e9rmino extintivo desde que el legitimado pudo formular las pretensiones e identific\u00f3 al infractor, mientras que en los segundos el plazo se cuenta a partir de su finalizaci\u00f3n, es decir, no prescriben mientras sigan ocurriendo40. Eso s\u00ed, s\u00f3lo puede reclamarse la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la demanda, as\u00ed sean consecuencia de actos desleales continuados41. <\/p>\n
El anterior recorrido resalta que fue el legislador espa\u00f1ol -en vez de la jurisprudencia del Tribunal Supremo- el que, a partir de 2009, zanj\u00f3 cualquier discusi\u00f3n acerca del primer d\u00eda de prescripci\u00f3n de los comportamientos desleales continuados, al tomar partido porque ese suceso ocurre una vez finalicen, es decir, que mientras sigan ocurriendo, generalmente, no prescriben. <\/p>\n
Los anteriores argumentos revelan que el texto del art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 s\u00ed regula con integridad la prescripci\u00f3n extintiva de los actos de competencia desleal, sin importar que sean continuados o instant\u00e1neos. La raz\u00f3n es sencilla: omitir diferenciar entre el momento en que se desarrolla el comportamiento para determinar el d\u00eda que prescribe, muestra que eso resulta indiferente y que ambas clases de conductas, continuadas o instant\u00e1neas, tienen las mismas reglas de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Tan evidente resulta lo anterior, que fue el legislador espa\u00f1ol quien tom\u00f3 partido porque, desde 2009, los comportamientos continuados prescriban pasados tres a\u00f1os de su finalizaci\u00f3n, evento que no ha sucedido en Colombia, porque el art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 se mantiene, hasta la fecha, intacto y no ha sido objeto de modificaciones legislativas. <\/p>\n
A lo anterior debe sumarse que m\u00e1s all\u00e1 de afirmar la incompletitud de la norma, Cotech no expuso ning\u00fan argumento dirigido a sustentar cabalmente el supuesto vac\u00edo y la manera de colmarlo, lo que se erige en una raz\u00f3n adicional para concluir que la disposici\u00f3n es completa, no tiene vac\u00edos y s\u00ed regula la prescripci\u00f3n tanto de los actos instant\u00e1neos como de los continuados de competencia desleal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La prescripci\u00f3n liberatoria de actos continuados est\u00e1 claramente regulada en el art\u00edculo 23 de la Ley de Competencia Desleal. <\/p>\n
La vaguedad o falta de claridad normativa faculta a los jueces para ejercer cierta discrecionalidad, libertad de acci\u00f3n o margen de apreciaci\u00f3n con miras a emplear los criterios hermen\u00e9uticos y aplicarlos al caso concreto, pues el silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes no son excusas v\u00e1lidas para abstenerse de resolver un asunto litigioso (art. 48 de la ley 153 de 1887). <\/p>\n
La obscuridad de las normas puede obedecer a (I) una indeterminaci\u00f3n ling\u00fc\u00edstica de su contenido, o (II) lo inadecuada (absurda e irrazonable) que resulte la soluci\u00f3n producto de aplicar la consecuencia jur\u00eddica al supuesto de hecho42. A continuaci\u00f3n, se explican ambas formas de falta de claridad normativa para verificar si alguna de ellas se presenta en el caso concreto. <\/p>\n
2.2.1. La primera forma de obscuridad normativa, esta es, la indeterminaci\u00f3n ling\u00fc\u00edstica, est\u00e1 en el contenido de la disposici\u00f3n que se encuentra plagada de \u00abgeneralidades majestuosas\u00bb43, o sea, expresiones, frases o conceptos de bastante amplitud, pero sin contenido espec\u00edfico. La ausencia de claridad se desprende del texto normativo que no ofrece una respuesta concreta y que, de acuerdo con los criterios hermen\u00e9uticos, el int\u00e9rprete deber\u00e1 darle sentido para emplearla en el caso espec\u00edfico. <\/p>\n
En palabras de la Sala, la soluci\u00f3n est\u00e1 en aplicar los diversos criterios de interpretaci\u00f3n de acuerdo con los cuales, la operaci\u00f3n \u00abva m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. (CSJ SC3627, 2 nov. 2021, Rad. 2014-58023-01). <\/p>\n
2.2.2. La otra forma de obscuridad normativa se presenta cuando la norma s\u00ed es clara, es decir, se conoce claramente cu\u00e1l es la consecuencia jur\u00eddica prevista para un supuesto de hecho; sin embargo, la soluci\u00f3n que resulta de aplicarla a un caso particular es totalmente absurda, irrazonable y contraria al sentido com\u00fan. Esto es producto de que si el derecho es la regulaci\u00f3n adecuada de los fen\u00f3menos humanos, las soluciones que provee deben ser razonables, de tal manera que el literalismo o una ex\u00e9gesis a ultranza no pueden conducir a resolver los conflictos en contra de las reglas del sentido com\u00fan, como se predica de cualquier sistema de derecho, sea continental o del common law44. <\/p>\n
A Cotech le parece que el art\u00edculo 23 de la ley 156 de 1996 \u00abno es una norma clara en trat\u00e1ndose de actos de competencia desleal continuados\u00bb raz\u00f3n por la que considera que \u00abexiste un margen de interpretaci\u00f3n sobre su aplicaci\u00f3n en [esa] materia\u00bb. La demandante omiti\u00f3 se\u00f1alar a cu\u00e1les eventos de ausencia de claridad se refer\u00eda (si al derivado del contenido de la norma o del resultado de aplicaci\u00f3n al caso concreto), por lo que la Corte establecer\u00e1 si respecto de ese art\u00edculo se predica alguna de ellas. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos consagrados en ese art\u00edculo son de prescripci\u00f3n extintiva, es decir, de extinci\u00f3n de la posibilidad a favor del legitimado para reclamar judicialmente por las conductas. De ah\u00ed que no puedan calificarse como plazos de caducidad, requieren petici\u00f3n de parte y no deben reconocerse oficiosamente pues quien \u00abquiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla\u00bb o, lo que es lo mismo, que \u00abel juez no puede declararla de oficio\u00bb (art. 2513 C.C.), en raz\u00f3n a que \u00ab[c]uando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada\u00bb (art. 282 CGP), al punto que si llegara a declararse oficiosamente puede estructurarse un motivo de casaci\u00f3n por incongruencia (art. 336 # 3 del CGP). <\/p>\n
Como se ha dicho, son dos plazos. Uno subjetivo, atado al conocimiento del infractor por el legitimado, y otro objetivo, vinculado a la realizaci\u00f3n de la conducta. Por supuesto, estos lapsos son excluyentes, es decir, verificado uno se hace innecesario acudir al otro y no pueden ser sucesivos, o sea, correr uno luego del otro. <\/p>\n
En efecto, la primera parte de la disposici\u00f3n consagra una prescripci\u00f3n extintiva subjetiva de dos a\u00f1os, pues depende del momento en que el legitimado para reclamar conozca, identifique, individualice o sepa qui\u00e9n cometi\u00f3 la conducta contraria a la leal competencia econ\u00f3mica. Se trata, como se ha dicho, de una regla fundada en la discovery rule, y permite que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n empiece a computarse desde que el legitimado tenga consciencia no s\u00f3lo de la conducta desleal, sino tambi\u00e9n de qui\u00e9n la perpetr\u00f3. <\/p>\n
Si bien es una regla bastante subjetiva (conocimiento) y podr\u00eda referirse a lo que pasa en el interior del legitimado, y ello podr\u00eda dificultar demostrar el dies a quo del plazo prescriptivo, para ello existe libertad demostrativa y el demandado podr\u00e1 cumplir su carga de acreditaci\u00f3n acudiendo a m\u00faltiples medios de convicci\u00f3n como documentos que den cuenta de reclamaciones efectuadas por los comportamientos, testimonios que permitan establecer desde qu\u00e9 fecha sab\u00eda el demandante del perpetrador, confesi\u00f3n (como la deducida en el caso que ahora se somete a la Sala), indicios, o cualquier otro. <\/p>\n
Se destaca que, si el legitimado conoce el comportamiento desleal, pero a\u00fan no su responsable, no puede comenzar a contarse el t\u00e9rmino subjetivo de prescripci\u00f3n. Eso s\u00ed, no podr\u00e1, en todo caso, transcurrir m\u00e1s de los tres a\u00f1os de la otra forma de prescripci\u00f3n a la que se har\u00e1 referencia m\u00e1s adelante. <\/p>\n
A diferencia de la norma espa\u00f1ola, la colombiana no exige, junto con el conocimiento del infractor, la posibilidad de ejercitar las pretensiones, pues la disposici\u00f3n no referencia ese supuesto de hecho que, por tanto, queda excluido. <\/p>\n
El conocimiento del infractor por el legitimado no puede ser vago, ambiguo, sino preciso y suficiente, para que el legitimado pueda emprender acciones judiciales con bases fundadas, sin que se trate de un conocimiento absoluto e indubitable, porque precisamente la relativa incertidumbre sobre la viabilidad de las pretensiones se despejar\u00e1 con la sentencia45. <\/p>\n
Tampoco se requiere que un acto administrativo, sentencia judicial o el propio infractor reconozca el autor del comportamiento desleal para que pueda predicarse consciencia sobre ese aspecto por parte del legitimado, pues, ello desconoce que, por regla general, no da lugar a prejudicialidad de las pretensiones derivadas de deslealtad econ\u00f3mica. <\/p>\n
De otro lado, la segunda parte de la norma consagra una prescripci\u00f3n extintiva objetiva, que se configura \u00aben todo caso\u00bb cuando transcurran tres a\u00f1os desde la \u00abrealizaci\u00f3n del acto\u00bb desleal. <\/p>\n
Precisamente, vale recordar, que en Espa\u00f1a el vocablo \u00abrealizaci\u00f3n\u00bb fue reemplazado por \u00abfinalizaci\u00f3n\u00bb, lo que en ese pa\u00eds permite diferenciar entre conductas continuadas e instant\u00e1neas, las primeras de las cuales s\u00f3lo prescribir\u00e1n cuando hubieren terminado. Algo diferente sucede en Colombia, donde el art\u00edculo 23 no permite hacer esa diferenciaci\u00f3n, por la sencilla pero poderosa raz\u00f3n de que al legislador le result\u00f3 indiferente si el comportamiento desleal se prolongaba o no en el tiempo, pues determin\u00f3 el momento en que se consideraba prescrito. <\/p>\n
(I) Las normas que las regulan son de interpretaci\u00f3n restrictiva y no extensiva, pues sancionan la inacci\u00f3n del reclamante. La falta de ejercicio suele denotar abandono del derecho; <\/p>\n
(II) El prescribiente tiene la carga de probar los supuestos de hecho del tipo de prescripci\u00f3n que invoca, sobre todo el d\u00eda en que empez\u00f3 a contarse el t\u00e9rmino (dies a quo), es decir, cu\u00e1ndo el demandante conoci\u00f3 al infractor en el caso de la modalidad subjetiva o el instante en que se realiz\u00f3 la conducta para la objetiva; y <\/p>\n
(III) No distingue entre comportamientos continuados o instant\u00e1neos, solamente diferencia dos maneras de prescripci\u00f3n, una subjetiva derivada del conocimiento del infractor, y otra objetiva relacionada con la realizaci\u00f3n de la conducta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el art\u00edculo 23 no presenta la oscuridad planteada en el cargo, pues regula claramente la prescripci\u00f3n de las conductas desleales, al margen de que sean instant\u00e1neas o continuadas. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la norma al caso concreto es razonable, est\u00e1 lejos de producir una decisi\u00f3n absurda o contraria al sentido com\u00fan, aspecto que ni siquiera mencion\u00f3 Cotech en su recurso. Esto es as\u00ed porque no observa la Sala falta de razonabilidad en punto a la conclusi\u00f3n que los actos desleales (continuados o instant\u00e1neos) prescriban a los dos a\u00f1os siguientes al conocimiento del infractor por el legitimado. <\/p>\n
Las anteriores consideraciones son corroboradas por la aplicaci\u00f3n de los criterios de hermen\u00e9utica jur\u00eddica. En efecto, el m\u00e9todo gramatical ordena atender el sentido de la ley cuando es claro (art. 27 C.C.), como sucede con el art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 que se\u00f1ala con absoluta claridad que las conductas reprochadas prescriben, en todo caso, pasado el plazo respectivo luego de su \u00abrealizaci\u00f3n\u00bb, o sea, desde su ocurrencia, con absoluta independencia de si se mantiene o no en el tiempo. <\/p>\n
El criterio sistem\u00e1tico tambi\u00e9n respalda ese entendimiento pues resulta acorde con el prop\u00f3sito del r\u00e9gimen de competencia desleal \u00abmediante la prohibici\u00f3n de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado\u00bb (art. 1\u00ba ley 256 de 1996), pues ello se traduce en que el legitimado debe reclamar oportunamente ante la administraci\u00f3n de justicia, lo que proscribe la presentaci\u00f3n de demandas tard\u00edas. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, a la luz del art\u00edculo 23 de la ley 256 de 1996 los actos de competencia desleal, sin importar que sean continuados o instant\u00e1neos, prescriben transcurridos dos a\u00f1os desde que el legitimado identifica al infractor o, de todas maneras, transcurridos tres a\u00f1os luego de la realizaci\u00f3n de la conducta, por lo que el cargo resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Bajo el segundo motivo, sustent\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como resultado de errores de derecho por desconocimiento de los art\u00edculos 191, 196 y 197 del C\u00f3digo General del Proceso, y, de hecho. <\/p>\n
Dijo que las equivocaciones jur\u00eddicas consistieron en deducir confesiones de la demanda y del interrogatorio de Cotech para acreditar tanto el dies a quo como el dies ad quem, para lo cual identific\u00f3 los apartes respectivos de esos materiales y las conclusiones del Tribunal en punto a que Cotech sab\u00eda de las conductas desleales y sus autores hacia los a\u00f1os 2012 y 2013. <\/p>\n
Invoc\u00f3 los siguientes errores de derecho: <\/p>\n
1. Sobre el precepto 191 del C\u00f3digo General del Proceso precis\u00f3 que la confesi\u00f3n debe ser expresa y conducente, o sea que el hecho pueda probarse por ese medio y no por otro que exija la ley. Sin embargo, el ad quem \u00abuni[\u00f3] varias frases que de ninguna manera puede ser consideradas como confesi\u00f3n expresa\u00bb y obvi\u00f3 las atestaciones expresas, conscientes y libres de Cotech de que conoci\u00f3 en 2014 los actos desleales, para \u00abpresum[ir] que ese conocimiento se remontaba hasta el 2013, a\u00f1o en el cual Uber Colombia S.A.S., se registr\u00f3 ante C\u00e1mara de Comercio\u00bb, sin que eso se hubiera explicitado. Agreg\u00f3 que, si la violaci\u00f3n de normas se fund\u00f3 en la ausencia de habilitaci\u00f3n para prestar servicios de transporte expedida por la autoridad competente a favor de las demandadas, \u00abse requiere una prueba\u2026 documental, raz\u00f3n por la cual no bastar\u00e1\u2026 la sola confesi\u00f3n\u00bb, pues \u00abla ley exige un medio de prueba diferente\u2026 para acreditar su existencia\u00bb, hecho que tan solo ocurri\u00f3 el 30 de diciembre de 2014 cuando la Superintendencia de Puertos y Transporte expidi\u00f3 la Circular n.\u00ba 24. <\/p>\n
2. Respecto del canon 196 ibidem argument\u00f3 desconocimiento de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n, espec\u00edficamente \u00ab[de] las modificaciones, aclaraciones y explicaciones\u2026 frente a la relaci\u00f3n f\u00e1ctica del libelo genitor\u2026 particularmente\u2026 el descorre traslado de las contestaciones [de la demanda] y \u2026 el interrogatorio de… Cotech\u00bb, sobre los que no se pronunci\u00f3 el Tribunal, agregando que la expedici\u00f3n de la sentencia anticipada \u00abpriv\u00f3 a la demandante de la posibilidad de pedir pruebas en segunda instancia y alegar de conclusi\u00f3n\u00bb, lo cual hubiera \u00abaclarado\u2026 las circunstancias que rodearon la \u201csupuesta confesi\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Precis\u00f3 que el desconocimiento de la regla 197 ejusdem (relacionado con la infirmaci\u00f3n de la confesi\u00f3n) sucedi\u00f3 por haber \u00abcercen[ado] la posibilidad de que se aportaran pruebas o hubiera oposici\u00f3n frente al dicho de las demandadas en segunda instancia y\u2026 desconoci\u00f3 que\u2026 exist\u00edan\u2026 elementos probatorios que aclaraban y dejaban sin efecto las afirmaciones a partir de las cuales el ad quem concluy\u00f3 la existencia de confesi\u00f3n\u00bb, los cuales no fueron contrastados. Agreg\u00f3 que el Tribunal se contradijo cuando tom\u00f3 como inicio de la prescripci\u00f3n el 15 de octubre de 2013 (ingreso de Uber Col al mercado), de acuerdo con su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, pero sostuvo que desde antes (2012) la demandante conoc\u00eda los comportamientos, pues si esa compa\u00f1\u00eda ingres\u00f3 al mercado en 2013, Cotech no pod\u00eda saber de los actos desleales desde 2012. <\/p>\n
Sum\u00f3 a sus argumentos que las pruebas aportadas con las contestaciones de demanda datan de 2013 y \u00abfue confesado por\u2026 los titulares de la aplicaci\u00f3n Uber, que\u2026 no estuvo disponible en Colombia si no hasta finales de 2013 y\u2026 Uber X\u2026 hasta finales de 2014\u00bb, lo que demuestra que \u00ablas afirmaciones del tribunal son vagas y no observan la multiplicidad de pruebas contrarias a las presuntas confesiones\u00bb, lo que estructura el error de derecho sobre la \u00faltima norma procesal citada. <\/p>\n
Especific\u00f3 los siguientes errores de hecho: <\/p>\n
1. Cit\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica seg\u00fan el precepto 176 ibid, vulnerado por haberse omitido apreciar las probanzas seg\u00fan esas reglas, alterar los medios suasorios y omitirlos. Precis\u00f3 que la confesi\u00f3n expresa de las demandadas (sobre la titularidad de la aplicaci\u00f3n Uber y el inicio de las actividades en Colombia), la primera circular de la Superintendencia de Puertos y Transportes (n.\u00ba 24 de 30 de diciembre de 2014) sobre la ilegalidad de Uber Black y los art\u00edculos de prensa presentados al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito fueron omitidas, mientras que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Uber Col fue \u00abincorrectamente apreciado o alterado\u00bb por el Tribunal. <\/p>\n
2. Identific\u00f3 apartes de la demanda sobre que en 2012 aparecieron en Colombia empresas con objetos similares a Cotech para resaltar que no constituyen confesi\u00f3n expresa. <\/p>\n
3. Sostuvo que la menci\u00f3n de la reducci\u00f3n de las llamadas a Cotech en 2013 no demuestra la fecha del acto desleal. <\/p>\n
4. Precis\u00f3 que el Tribunal se contradijo al restarle credibilidad a Cotech cuando en el interrogatorio dijo haber conocido el servicio de Uber Black en noviembre de 2014 pues entre esa fecha y la presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00eda pasado menos de dos a\u00f1os, y no varios como se dijo en la demanda. <\/p>\n
Argument\u00f3 que si a\u00fan se apartara de la tesis sobre prescripci\u00f3n de los actos desleales continuados, en todo caso no habr\u00eda operado ese fen\u00f3meno extintivo por la falta de \u00abvalidez\u00bb de las confesiones deducidas por el Tribunal. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que los actos de competencia desleal se contaran desde la constituci\u00f3n de la persona jur\u00eddica que los cometi\u00f3, en vez de cuando se realizaron, y las normas del sector transporte exigen que lo presten personas jur\u00eddicas constituidas en Colombia mediante una habilitaci\u00f3n de la autoridad competente, lo que se deriva en que la sola constituci\u00f3n de Uber Col no puede tomarse como \u00abla comisi\u00f3n de la conducta desleal\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la transgresi\u00f3n de las normas del transporte en taxi se dio por varios comportamientos como el uso de veh\u00edculos blancos de transporte especial. <\/p>\n
Precis\u00f3 que Uber Tech declar\u00f3 que el servicio Uber X estuvo disponible en Colombia a finales de 2014; que Uber B.V. se\u00f1al\u00f3 que la aplicaci\u00f3n estuvo disponible desde octubre de 2013 (lo que contradice la fecha identificada por el Tribunal como dies a quo); que Uber Col acept\u00f3 que empez\u00f3 a operar a finales de 2014; que el servicio de las demandadas oper\u00f3 inicialmente con los veh\u00edculos de transporte especial, pero luego, Uber X se lanz\u00f3 en noviembre de 2014, todo lo cual descarta confesi\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que debe computarse la prescripci\u00f3n desde el 30 de diciembre de 2014, fecha en que el Superintendente Delegado de Tr\u00e1nsito y Transporte anunci\u00f3 la ilegalidad de Uber, m\u00e1xime cuando se desconoc\u00eda desde el inicio si el servicio era o no ilegal. <\/p>\n
Afirm\u00f3 sobre la prescripci\u00f3n de tres a\u00f1os que la demanda pod\u00eda haberse radicado en octubre de 2016, pese a que se present\u00f3 en abril de ese a\u00f1o, a lo que sum\u00f3 que \u00abla prescripci\u00f3n es una sanci\u00f3n por inactividad\u00bb <\/p>\n
Record\u00f3 que dos de las demandadas son sociedades extranjeras, lo cual impide tener como inicio de las conductas la constituci\u00f3n de Uber Col, adem\u00e1s de que las conductas no se dieron en un solo momento, pues ellas confesaron que empezaron con veh\u00edculos de transporte especial y, luego, con Uber X, lanzado p\u00fablicamente en noviembre de 2014, los cuales vulneran las normas de transporte. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abel conocimiento de la ilegalidad de la conducta\u2026 se da solo hasta [el] 30 de diciembre de 2014\u00bb, fecha en que la Superintendencia de Tr\u00e1nsito y Transporte anuncia la \u00abilegalidad de Uber\u00bb, por lo que \u00abpod\u00eda iniciar la acci\u00f3n hasta 30 de diciembre de 2016\u00bb, m\u00e1xime cuando desconoc\u00eda si Uber Col estaba habilitada o no para prestar servicio de transporte, dadas las peculiaridades de los veh\u00edculos de transporte especial. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo que el conocimiento de los comportamientos desleales se configur\u00f3 una vez se ejecutaron en el mercado, es decir, noviembre de 2014, y la Superintendencia de Puertos y Transporte estableci\u00f3 la \u00abinhabilitaci\u00f3n\u00bb de las demandadas, \u00abhechos que ocurrieron en todo caso en 2015\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El segundo cargo carece de normas sustanciales vulneradas de manera indirecta, a pesar de que era indispensable que se citara, al menos, una de ellas. Esa sola falencia ser\u00eda suficiente para negar el cargo. Sin embargo, la Sala se ocupar\u00e1 de los errores de hecho y de derecho imputados al Tribunal con el fin de explicar por qu\u00e9 no se configuraron. <\/p>\n
1. Resultan incomprensibles las razones por las que Cotech sostuvo que el ad quem transgredi\u00f3 el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no se explicaron los motivos por los que la confesi\u00f3n acerca del momento en que conoci\u00f3 las actividades que originaron la demanda no fue expresa, pues el Tribunal extrajo esa prueba de la demanda y la declaraci\u00f3n de parte de su representante legal. <\/p>\n
La oscuridad del planteamiento tambi\u00e9n se predica sobre la otra parte del mismo yerro, pues Cotech se limit\u00f3 a sostener que, en su criterio, la ley exige un medio de prueba distinto a la confesi\u00f3n para probar el momento en que el legitimado identific\u00f3 al infractor, sin precisar cu\u00e1l es esa disposici\u00f3n. En todo caso, como ya se explic\u00f3 al resolver el primer cargo, la autoridad judicial de competencia desleal goza de competencia y autonom\u00eda para determinar y, seg\u00fan el caso, declarar que un comportamiento desleal en el mercado ocurri\u00f3, sin que deba esperar a que otra entidad administrativa o judicial se pronuncie pues, se reitera, no existe prejudicialidad sobre esa materia. <\/p>\n
2. Tampoco se configur\u00f3 la transgresi\u00f3n inmediata del precepto 196 del ibidem, relacionado con la indivisibilidad de la confesi\u00f3n que Cotech dijo haber ocurrido por desconocimiento por parte del Tribunal de sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones frente a las manifestaciones de la demanda sobre la fecha en que conoci\u00f3 a los infractores de los comportamientos que motivaron la demanda, adem\u00e1s de hab\u00e9rsele privado de la oportunidad de pedir pruebas y alegar de conclusi\u00f3n en segunda instancia por haberse proferido sentencia anticipada. <\/p>\n
Sea lo primero deslindar la segunda parte del yerro, pues devela entremezclamiento indebido de motivos de casaci\u00f3n. Una cosa ser\u00eda la omisi\u00f3n de la oportunidad para solicitar, practicar o decretar pruebas, as\u00ed como para alegar de conclusi\u00f3n, y otra bien distinta el desconocimiento de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n. La diferencia radica en que las primeras circunstancias -de haberse presentado- edificar\u00edan una nulidad del proceso, es decir, la causal quinta de casaci\u00f3n, mientras que la segunda edificar\u00eda desconocimiento indirecto de la ley sustancial por la comisi\u00f3n de un error de derecho. Comoquiera que en la demanda de casaci\u00f3n no se invoc\u00f3 ni sustent\u00f3 la causal quinta, la Sala hace a un lado los aspectos relacionados con ella. <\/p>\n
Sobre la prohibici\u00f3n de fragmentar la confesi\u00f3n la Sala ha dicho que: <\/p>\n
La garant\u00eda de la indivisibilidad se justifica por respeto a la forma como el confesante se pronunci\u00f3 para admitir un hecho en contra de sus intereses, pero, con agregaciones o condicionamientos no desquiciados, de modo tal que al dividirla impondr\u00eda un trato desproporcionado e injusto. <\/p>\n
Tanto el C. de P. C., como el C\u00f3digo General del Proceso, han se\u00f1alado que la esencia de la confesi\u00f3n versa sobre hechos que generan consecuencias adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria y que la ley no exija otro medio de prueba. Puede ser llana o simple admitiendo el hecho tal cual lo expuso su contraparte; pero tambi\u00e9n calificada, porque le agrega elementos, modificaciones, aclaraciones, explicaciones, circunstancias que por consiguiente pasan a matizarla y transformarla. En este caso, cuando el confesante condiciona el hecho que le es perjudicial y le atribuye elementos diferentes o complementarios a los asignados por su contradictor, se muta en indivisible y, por lo tanto, deber\u00e1 aceptarse con esas modificaciones, caracter\u00edsticas o condicionamientos para no atentar contra este principio de consustancialidad o inherencia probatoria del medio de convicci\u00f3n. <\/p>\n
La regla anterior, sin embargo, no es absoluta. Como lo establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art\u00edculo 200) y ahora lo reitera el canon 196 del C\u00f3digo General del Proceso, la confesi\u00f3n calificada, indivisible, se transforma en llana en aquellos eventos en que, respecto de las circunstancias agregadas, las cuales, generalmente, benefician al confesante, en el proceso \u00abexista prueba que las desvirt\u00fae\u00bb. Se habla tambi\u00e9n de confesi\u00f3n simple cuando hay lugar a separar los hechos agregados que no guardan \u00ab\u00edntima conexi\u00f3n\u00bb con el que agravia a la parte (CSJ SC379, 1 sep. 2021, rad. 2015-00675) <\/p>\n
Siguiendo los precedentes de la Sala, era indispensable que Cotech detallara cu\u00e1les fueron aquellas explicaciones o aclaraciones que, a pesar de tener \u00ab\u00edntima conexi\u00f3n\u00bb, fueron divididas o separadas por el Tribunal para establecer una confesi\u00f3n que tendr\u00eda un alcance distinto de haberse respetado esa regla probatoria. Esto se traduce en que la demandante solamente invoc\u00f3 el postulado de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n, sin sustentar de manera suficiente, como era su deber, la forma en que sucedi\u00f3. <\/p>\n
3. Mucho menos se transgredi\u00f3 el art\u00edculo 197 ejusdem que establece la infirmaci\u00f3n de la confesi\u00f3n, esto es, la posibilidad de desvirtuarla mediante otras pruebas. En primer lugar, porque para estructurarla Cotech aludi\u00f3 a supuestos yerros procedimentales derivados de haberse proferido sentencia anticipada que, como ya se ha dicho, no se hicieron valer por el camino que correspond\u00eda; en segundo t\u00e9rmino, reflejan que la demandante busca que prevalezca su visi\u00f3n sobre otros elementos de juicio con el fin de sustentar que la fecha en que supo de los infractores de las reglas del mercado fue distinta a la establecida por el ad quem, sin que ello equivalga a estructurar un verdadero yerro jur\u00eddico-probatorio. Esto quiere decir que Cotech no invoca la transgresi\u00f3n de tal regla probatoria, sino que aspira que sea acogida su manera de interpretar el material de convicci\u00f3n, lo cual est\u00e1 lejos de constituir un error de derecho. <\/p>\n
4. Algo parecido se predica del supuesto desconocimiento de las reglas de la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas, invocado como un error de hecho, a pesar de que equivale a uno de derecho por tratarse de la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 176 ejusdem. Adem\u00e1s, no se evidencia que los medios de convicci\u00f3n se\u00f1alados por Cotech (supuesta confesi\u00f3n de las demandadas, circular n. \u00ba 24 de 30 de diciembre de 2014 o notas de prensa) fueron objeto de adici\u00f3n o supresi\u00f3n en su contenido objetivo, circunstancia que, por dem\u00e1s, debe establecerse de forma evidente y manifiesta para que estructure un verdadero yerro de hecho. <\/p>\n
5. Resultan livianas las alusiones a los apartes de la demanda para deducir sin mayores explicaciones que no hubo confesi\u00f3n sobre la fecha en que la demandante conoci\u00f3 a los infractores, pues no desvirt\u00faan las conclusiones del Tribunal para tener por probado ese aspecto. Lo mismo sucede con la alusi\u00f3n de la reducci\u00f3n de llamadas en 2013, pues la accionante no desarroll\u00f3 c\u00f3mo daba pie a un defecto f\u00e1ctico cometido al momento de establecer la fecha de conocimiento de la infracci\u00f3n por parte del legitimado, de lo cual depende el d\u00eda de cumplimiento del t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
6. Finalmente, las alusiones deshilvanadas sobre la fecha en la que se presentaron los comportamientos desleales solo buscan que la Sala acoja el criterio probatorio del demandante, en perjuicio del adoptado por el Tribunal, lo que de ninguna forma estructura un defecto de hecho que se presenta, vale la pena recordarlo, cuando se altere de manera manifiesta y evidente, el contenido objetivo y material de una prueba, por adici\u00f3n o cercenamiento. Tampoco tienen el peso suficiente las alusiones al momento en que se constituy\u00f3 como sociedad Uber Col, entre otros aspectos sin ning\u00fan orden en la exposici\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por estas razones, resulta infundado el segundo cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, profiri\u00f3 el 18 de junio de 2020 en el proceso declarativo promovido por Comunicaciones Tech y Transporte S.A. \u2013 Cotech S.A. contra Uber B.V., Uber Technologies, Inc. y Uber Colombia S.A.S. <\/p>\n
En firme esta providencia devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Naciones Unidas, CNUDMI\/UNCITRAL. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico con la Gu\u00eda para su incorporaci\u00f3n al derecho interno, Nueva York, 1999, p. 16. <\/p>\n
2\u0002 CRUZ, Isabel et al. Contemporary Collaborative Consumption. Trust and reciprocity revisited, Springer Vs., p. 2. <\/p>\n
3\u0002 BOTSMAN, Rachel y ROGERS, Roo. What\u2019s mine is yours. The rise of collaborative consumption. Harper Collins, cap. 10. <\/p>\n
4\u0002 PARKER, Geoffrey. Platform revolution. How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you., W.W. Norton and company, New York, London. <\/p>\n
5\u0002 Disponible en https:\/\/www.itu.int\/en\/ITU-D\/Statistics\/Pages\/stat\/default.aspx <\/p>\n
6\u0002 CRUZ, Isabel et al. Op. Cit., p. 3. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem, p. 78. <\/p>\n
8\u0002 POSNER, Richard A. ANTITRUST IN THE NEW ECONOMY, Antitrust Law Journal, Vol. 68, No. 3 (2001), pp. 925-943. <\/p>\n
9\u0002 POSNER, Richard A. Op. Cit. pp. 925-943. <\/p>\n
10\u0002 Sin embargo, el concepto de \u00abprosumer\u00bb no es del todo nuevo, pues data de la d\u00e9cada de 1980. <\/p>\n
11\u0002 CRUZ, Isabel et al. Op. Cit., p. 42 <\/p>\n
12\u0002 BOTSMAN, Rachel y ROGERS, Roo. Op. Cit., cap. 4. <\/p>\n
13\u0002 PARKER, Geoffrey et al. Op. Cit., London. <\/p>\n
14\u0002 POSNER, Richard A. Op. Cit., pp. 925-943. <\/p>\n
15\u0002 SCHAUER, Frederick. Pensar como un abogado. Una nueva introducci\u00f3n al razonamiento jur\u00eddico, Marcial Pons, Madrid, p. 201. <\/p>\n
16\u0002 PARKER, Geoffrey, et al. Op. Cit., London. <\/p>\n
17\u0002 Establece el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 256 que es desviaci\u00f3n de la clientela \u00ab\u2026 toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 MANCISIDOR, Mikel. El derecho humano a la ciencia: Un viejo derecho con un gran futuro, Anuario de Derechos Humanos, N\u00daM. 13 (2017), pp. 211-221; DONDERS, Yvonne. The right to enjoy the benefits of scientific progress: in search of state obligations in relation to health, Med Health Care and Philos (2011) 14, p.371\u2013381. <\/p>\n
19\u0002 La violaci\u00f3n de normas consiste en \u00ab\u2026la efectiva realizaci\u00f3n en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracci\u00f3n de una norma jur\u00eddica. La ventaja ha de ser significativa\u00bb. <\/p>\n
20\u0002 Cfr. CSJ SC4174-2021, Rad. 2013-11183-01, 13 oct 2021; CSJ SC5473-2021, Rad. 2017-40845, 16 dic 2021; CSJ SC575-2022, 4 abr. 2022, Rad. 2006-00226; ver tambi\u00e9n MEN\u00c9NDEZ, Aurelio. La competencia desleal. Editorial Civitas S.A., 1988. p. 115 y ss. <\/p>\n
21\u0002 EMPARANZA, Alberto. Violaci\u00f3n de normas., en Comentario pr\u00e1ctico a la ley de competencia desleal (Fernando Mart\u00ednez Sanz -dir-), Tecnos, 2009, p. 258. <\/p>\n
22\u0002 GARC\u00cdA P\u00c9REZ, Rafael. Ley de competencia desleal, Pamplona, Aranzandi, 2008, p. 367. <\/p>\n
23\u0002 OTAMENDI RODR\u00cdGUEZ-BETHENCOURT, Juan Jos\u00e9. Comentarios a la ley de competencia desleal, Pamplona, Aranzadi, p. 242. <\/p>\n
24\u0002 Naciones Unidas, Cepal, Red de Reestructuraci\u00f3n y Competitividad, Organizaci\u00f3n industrial y competencia en las telecomunicaciones en Am\u00e9rica Latina: estrategias de empresas, Santiago de Chile, 2005, p. 9. <\/p>\n
25\u0002 Previsto en el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u00ablos jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley\u00bb. <\/p>\n
27\u0002 GUASTINI, Ricardo. Interpretar y argumentar, Centro de Estudios Pol\u00edticos y Constitucionales, Madrid, 2021, p. 141. <\/p>\n
28\u0002 BARONA VILAR, Silvia. Competencia desleal, T. II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 904. <\/p>\n
29\u0002 La doctrina precisa que la posibilidad de formular las pretensiones no se refiere a obst\u00e1culos propios o intr\u00ednsecos del demandante, sino de las circunstancias de hecho que rodean la infracci\u00f3n. Cfr. CERVERA MART\u00cdNEZ, Marta. Acciones y legitimaci\u00f3n ante un acto de competencia desleal. Prescripci\u00f3n, en Tratado de derecho de la competencia y la publicidad, Jos\u00e9 Antonio Garc\u00eda Cruces (dir.), Tirant lo Blanch, p. 1919. <\/p>\n
30\u0002 Las diferencias entre los reg\u00edmenes espa\u00f1ol y colombiano de prescripci\u00f3n pueden ser m\u00e1s hondas, porque la doctrina de ese pa\u00eds ha llegado, inclusive, al extremo de se\u00f1alar que la prescripci\u00f3n objetiva de los actos desleales \u00abno permite ser interrumpida, al punto que incluso\u2026 ha llegado a ser reconocido como un plazo de caducidad\u2026 que permitir\u00eda su apreciaci\u00f3n de oficio por el juzgador sin necesidad de ser aducid de parte\u00bb. Al respecto Cfr. BENEYTO, Killian. Acciones, legitimaci\u00f3n y prescripci\u00f3n en materia de competencia desleal, en Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal. Un estudio pr\u00e1ctico de la ley de competencia desleal (LCD), Valencia, Tirant lo Blanch, p.306. Esa posici\u00f3n es absolutamente contraria a la de Colombia, donde ambos plazos, subjetivo y objetivo, son de prescripci\u00f3n, y no de caducidad, por lo que requieren petici\u00f3n de parte y no pueden ser declarados oficiosamente. <\/p>\n
31\u0002 PE\u00d1A L\u00d3PEZ, Fernando. El dies a quo y el plazo de prescripci\u00f3n de las acciones de responsabilidad por da\u00f1os en el CC: criterios procedentes de algunos textos europeos de soft law y del Derecho estadounidense que podr\u00edan servir para su reforma e interpretaci\u00f3n, InDret, 4, Barcelona, 2011, p. 13. <\/p>\n
32\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
33\u0002 Urie v. Thompson, 337 U.S. 163 (Sup. Ct. 1949). <\/p>\n
34\u0002 PE\u00d1A L\u00d3PEZ, Fernando. Op. Cit., p. 15. <\/p>\n
35\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
36\u0002 United States v. Kubrick 444 U.S. 111 (Sup. Ct. 1979). <\/p>\n
37\u0002 BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit., p. 912 y 913. <\/p>\n
38\u0002 Ib\u00eddem, p. 906 y 921. <\/p>\n
39\u0002 BENEYTO, Killian. Op. Cit., p. 305 y 306. <\/p>\n
40\u0002 Ibidem, p. 305 y 306. <\/p>\n
41\u0002 CERVERA MART\u00cdNEZ, Marta. Op. Cit., p. 1919. <\/p>\n
42\u0002 SCHAUER, Frederick. Op. Cit., p. 167. <\/p>\n
43\u0002 La doctrina cita como ejemplos las expresiones \u00abigualdad ante la ley\u00bb, \u00abesfuerzo razonable\u00bb o \u00abdemora injustificada\u00bb. Ib\u00eddem, p. 167. <\/p>\n
44\u0002 SCHAUER, Frederick. Op. Cit., p. 173, 174. <\/p>\n
45\u0002 Sentencia citada en BENEYTO, Killian. Op. Cit., p. 304. <\/p>\n
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SC370-2023 (2016-02106-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC370-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2016-02106-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n de Comunicaciones Tech y Transporte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76629","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76629"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76629\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}