SC389-2023 (2022-00385-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC389-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00385-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decisi\u00f3n de reconocimiento de laudo arbitral internacional que el 29 de junio de 2021 profiri\u00f3 el Comit\u00e9 Jurisdiccional de la Real Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de F\u00fatbol (RFEF) para resolver las controversias entre la convocante Salvador Maestro Sociedad Limitada y el futbolista Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Salvador Maestro se identific\u00f3 como una sociedad registrada como intermediaria ante la Real Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Futbol (RFEF), que el 19 de febrero de 2019 celebr\u00f3 un \u00abcontrato de representaci\u00f3n\u00bb con el deportista para \u00abrealizar y recibir en [su] nombre\u2026, todas aquellas ofertas, acciones, gestiones, conversaciones y negociaciones para concertar cualquier negociaci\u00f3n o renegociaci\u00f3n de un contrato de trabajo entre el jugador y cualquier club profesional de \u00e1mbito mundial\u00bb. <\/p>\n
En la cl\u00e1usula cuarta estipularon una remuneraci\u00f3n del 10% de los ingresos brutos anuales recibidos por el jugador por \u00abla ejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico\u00bb, y en la s\u00e9ptima defirieron al Comit\u00e9 Jurisdiccional de la RFEF las controversias relacionadas con la interpretaci\u00f3n y cumplimiento del acuerdo. <\/p>\n
El 16 de agosto de 2019 Marco Jhonier fue transferido del Club Deportes Tolima S.A. al Al-Raed Saudi Football Club, cesi\u00f3n por la que \u00e9l recibi\u00f3 USD$1.300.000.oo. Por instrucci\u00f3n del jugador, el equipo \u00e1rabe le pag\u00f3 al intermediario USD$74.000; sin embargo, pese a haber sido requerido, Marco Jhonnier no pag\u00f3 el resto de la comisi\u00f3n. <\/p>\n
Salvador Maestro present\u00f3 una \u00abreclamaci\u00f3n\u00bb ante el Comit\u00e9 Jurisdiccional de la RFEF, entidad que mediante \u00ablaudo arbitral\u00bb de 29 de junio de 2021 accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones y conden\u00f3 al convocado a pagar USD$50.000.oo (archivo digital 0003Documento_Radicacion.pdf). <\/p>\n
2. La solicitud de reconocimiento de ese laudo se admiti\u00f3 el 18 de marzo de 2022 (archivo digital 0011Documento_actuacion.pdf), orden\u00e1ndose notificar al demandado y concederle \u00abel t\u00e9rmino de diez d\u00edas para descorrer el traslado de la petici\u00f3n\u00bb, plazo que transcurri\u00f3 en silencio (archivo digital 0066Auto.pdf), por lo que le corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural examinar si se re\u00fanen las condiciones para reconocerlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El reconocimiento de laudos arbitrales internacionales <\/p>\n
1.1. Se trata de un tr\u00e1mite jurisdiccional rogado con el fin de otorgar a una sentencia emanada de una autoridad arbitral for\u00e1nea efectos equivalentes a los de un prove\u00eddo local. Busca que, sin adelantar un nuevo juicio, el laudo internacional tenga efectos de cosa juzgada en una respectiva jurisdicci\u00f3n, atenuando el principio de soberan\u00eda nacional en aplicaci\u00f3n del deber de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los Estados del orbe. <\/p>\n
As\u00ed, el reconocimiento de laudos arbitrales facilita el tr\u00e1nsito de personas y capitales que es connatural a la sociedad globalizada y, por supuesto, la vigencia de la autonom\u00eda privada, fuente primordial del arbitraje. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite de reconocimiento son aplicables \u00abexclusivamente\u00bb las disposiciones de la \u00absecci\u00f3n tercera\u00bb de la ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral) sobre \u00abarbitraje internacional\u00bb, as\u00ed como \u00ablos tratados, convenciones, protocolos y dem\u00e1s actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia\u00bb; esto se traduce en que, \u00absobre motivos, requisitos y tr\u00e1mites para denegar\u00bb el reconocimiento es inaplicable, por regla general, el C\u00f3digo General del Proceso, sobre todo en lo que se refiere a otro tr\u00e1mite distinto orientado a homologar sentencias jurisdiccionales extranjeras -exequ\u00e1tur- (art. 114 del Estatuto Arbitral). <\/p>\n
Por tanto, es vinculante la Convenci\u00f3n sobre el Reconocimiento y la Ejecuci\u00f3n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, respecto de la cual ha explicado la Sala: <\/p>\n
Su prop\u00f3sito fue\u2026 facilitar que las providencias arbitrales tuvieran eficacia jur\u00eddica y pudiera exigirse su cumplimiento forzado en pa\u00edses distintos de aquellos en que fueron dictadas, evitando que las providencias arbitrales \u00abtanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminaci\u00f3n, por lo que obliga a los Estados partes a velar por que dichas sentencias sean reconocidas en su jurisdicci\u00f3n y puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma manera que las sentencias o laudos arbitrales nacionales\u00bb.1 <\/p>\n
\u2026Espa\u00f1a y Colombia, se hicieron parte de dicho tratado internacional al adherir el 10 de agosto de 1970 el primero, y el segundo incorpor\u00e1ndolo al ordenamiento positivo mediante la Ley 39 de 1990.2 <\/p>\n
En su art\u00edculo II,\u2026 establece\u2026 una obligaci\u00f3n expresa\u2026 de reconoc[er e]l pacto arbitral que celebren los contratantes (personas naturales o entes morales) con la \u00fanica condici\u00f3n de que se trate de relaciones jur\u00eddicas o asuntos susceptibles de resolverse a trav\u00e9s de ese mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos. <\/p>\n
En el derecho internacional privado se ha aceptado que el respeto de los instrumentos suscritos por los pa\u00edses y de los compromisos adquiridos en virtud de \u00e9stos, constituye la base fundamental de las relaciones internacionales, que genera seguridad, confianza y paz en la comunidad internacional, debiendo primar los principios de pacta sunt servanda y de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados, reconocidos en el Pre\u00e1mbulo de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual es signataria Colombia, en el art\u00edculo 17 de la Carta de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, y en la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, considerados plenamente constitucionales (C-400 de 1998)\u2026 <\/p>\n
[C]ada uno de los Estados que adhirieron a la Convenci\u00f3n de New York, est\u00e1 obligado a reconocer la autoridad del laudo arbitral y a no imponer a dicho procedimiento condiciones m\u00e1s rigurosas que las aplicables a las sentencias arbitrales nacionales (art\u00edculo III), limitando las causas de denegaci\u00f3n \u00fanicamente a las establecidas en ese instrumento (art\u00edculo V) (SC877-2018, 2017-00080 23 mar 2018, se destaca). <\/p>\n
1.2. Para reconocer un laudo internacional es necesario verificar el cumplimiento de tres requisitos. <\/p>\n
1.2.1. El primero de ellos consiste en que el interesado formule la solicitud ante la \u00abautoridad judicial competente\u00bb, es decir, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia (arts. 68 L. 1563\/2012 y 30 L. 1564\/2012; <\/p>\n
1.2.2. La segunda de las exigencias consiste en aportar copia u original del laudo, pudiendo exigir la Sala aportar su traducci\u00f3n al espa\u00f1ol, en caso de haberse redactado en otro idioma; <\/p>\n
1.2.3. El tercer requisito consiste en que no se configure alguno de los motivos procedentes para denegar el reconocimiento previstos en los art\u00edculos V de la Convenci\u00f3n sobre el Reconocimiento y la Ejecuci\u00f3n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y 112 de la ley 1563 de 2012. Las causales para negar el reconocimiento -similares a las del recurso de anulaci\u00f3n contra laudos arbitrales-, son de dos clases: la primera cobija aquellas causas que requieren ser invocadas por la parte que se opone al reconocimiento, es decir, son dispositivas; la segunda consagra razones que pueden ser estudiadas y reconocidas por la Sala, a\u00fan de oficio. <\/p>\n
<\/p>\n
I. \u00abQue para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del pa\u00eds en que se haya dictado el laudo\u00bb; o <\/p>\n
<\/p>\n
II. \u00abQue la parte contra la cual se invoca el laudo no fue debidamente notificada de la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro o de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral o no pudo, por cualquiera otra raz\u00f3n, hacer valer sus derechos\u00bb; o <\/p>\n
<\/p>\n
III. \u00abQue el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo est\u00e1n, se podr\u00e1 dar reconocimiento y ejecuci\u00f3n a las primeras\u00bb; o <\/p>\n
<\/p>\n
IV. \u00abQue la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley del pa\u00eds donde se adelant\u00f3 o tramit\u00f3 el arbitraje\u00bb; o <\/p>\n
<\/p>\n
V. \u00abQue el laudo no es a\u00fan obligatorio para las partes o fue anulado o suspendido por una autoridad judicial del pa\u00eds sede del arbitraje\u00bb (Lit. a, art. 112 L. 1563\/2012). <\/p>\n
Por su parte, son motivos que pueden ser verificados y declarados a\u00fan de oficio por la Sala para negar el reconocimiento del laudo arbitral internacional los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
I. \u00abQue, seg\u00fan la ley colombiana, el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje\u00bb; o <\/p>\n
<\/p>\n
II. \u00abQue el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n del laudo ser\u00edan contrarios al orden p\u00fablico internacional de Colombia\u00bb. (Lit. b, art. 112 L. 1563\/2012). <\/p>\n
Que la Sala est\u00e9 habilitada para declarar las anteriores razones a\u00fan de oficio, no impide que puedan ser invocadas por la parte opositora al reconocimiento. <\/p>\n
La primera de ellas (\u00abel objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje\u00bb) se traduce en que el litigio sobre el que recay\u00f3 la decisi\u00f3n arbitral debe ser arbitrable, requisito sobre el que la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
En Colombia, seg\u00fan los art\u00edculos 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 13 -inciso tercero- de la ley 270 de 1996, podr\u00e1 acudirse al referido mecanismo de soluci\u00f3n de conflictos en todos los casos se\u00f1alados por la ley. El canon 69 de la ley 1563 precis\u00f3 que, en materia comercial internacional, se podr\u00e1n arbitrar \u00abtodas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, contractual o no\u00bb. A su vez, el precepto 15 del C\u00f3digo Civil dispone que s\u00f3lo \u00ab[p]odr\u00e1n renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que s\u00f3lo miren al inter\u00e9s individual del renunciante, y que no est\u00e9 prohibida la renuncia\u00bb. Del conjunto de estos mandatos se infiere que la arbitrabilidad objetiva est\u00e1 relacionada con el hecho de que el litigio surja de una relaci\u00f3n jur\u00eddica determinada, sobre derechos de libre disposici\u00f3n y susceptibles de ser renunciados (SC3650, rad. 2021-04294, 15 nov. 2022). <\/p>\n
Sobre el segundo requerimiento (respeto del \u00aborden p\u00fablico internacional de Colombia\u00bb) la jurisprudencia ha establecido: <\/p>\n
Por orden p\u00fablico se entienden \u00ablos principios b\u00e1sicos o fundamentales de las instituciones\u2026 Por lo tanto, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del \u2018foro\u2019 del juez del exequ\u00e1tur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto, lo ser\u00e1, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garant\u00edas de linaje superior\u00bb (SC, 27 jul. 2011, rad. n\u00b0 2007-01956-00) As\u00ed las cosas, \u00ab\u00fanicamente si el laudo arbitral para el que se pide el reconocimiento lesiona los valores y principios b\u00e1sicos o fundamentales en que se inspiran las instituciones jur\u00eddicas del ordenamiento patrio, podr\u00eda denegarse su reconocimiento\u00bb (SC8453, 24 jun. 2016, rad. n\u00b0 2014-02243- 00). Para concretar la noci\u00f3n de orden p\u00fablico es necesario nuevamente acudir al principio pro-ejecuci\u00f3n, con el fin de evitar hermen\u00e9uticas extensivas y acotar su alcance a los m\u00ednimos esenciales, as\u00ed como resolver los casos dudosos a favor del reconocimiento (SC3650, rad. 2021-04294, 15 nov. 2022). <\/p>\n
Los precedentes de la corporaci\u00f3n tambi\u00e9n establecen que la determinaci\u00f3n de los motivos para negar el reconocimiento est\u00e1 guiada por el principio pro-ejecuci\u00f3n, postulado seg\u00fan el cual \u00abcuando deban aplicarse diversos marcos normativos o, una misma disposici\u00f3n admita m\u00faltiples interpretaciones, tal disyuntiva deber\u00e1 resolverse a favor de la hermen\u00e9utica que suponga menores exigencias para el reconocimiento\u00bb (SC9909, 12 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2014-01927-00). <\/p>\n
1.3. El laudo arbitral objeto de la petici\u00f3n de reconocimiento eman\u00f3 del Comit\u00e9 Jurisdiccional de la Real Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de F\u00fatbol, entidad privada regulada por la ley espa\u00f1ola del \u00abDeporte\u00bb (n.\u00ba 10 de 19903) y el real decreto sobre \u00abFederaciones Deportivas espa\u00f1olas\u00bb (n.\u00ba 1835 de 19914), lo que destaca que la controversia entre el futbolista y su intermediario fue resuelta en el marco del denominado arbitraje deportivo (sports arbitration), tem\u00e1tica que la Sala abordar\u00e1 brevemente para verificar si los requisitos de arbitrabilidad y respeto del orden p\u00fablico internacional de Colombia se cumplen5. <\/p>\n
2. Arbitraje deportivo <\/p>\n
El deporte representa el 3% del comercio mundial6, lo que quiere decir que se trata de una industria econ\u00f3mica de tama\u00f1o bastante considerable. Por supuesto, algunas disciplinas generan mayores resultados que otras, como es el caso del f\u00fatbol: por ejemplo, durante 2021 y 2022 las cinco ligas m\u00e1s grandes de Europa \u00abgeneraron ingresos agregados r\u00e9cord de 17.200 millones de euros, superando el \u00edndice de referencia previo a la pandemia [del virus Covid-19] de 17.000 millones de euros establecido en 2018\/19, impulsado por un crecimiento de 815 millones de euros en los ingresos comerciales durante ese per\u00edodo\u00bb7. <\/p>\n
Una industria tan grande como la deportiva ha desarrollado, reglamentado e implementado sus propios mecanismos de soluci\u00f3n de controversias que atiendan sus propias necesidades8: <\/p>\n
<\/p>\n
I. Celeridad: Las controversias pueden estar relacionadas con la realizaci\u00f3n de alg\u00fan certamen o la participaci\u00f3n de alg\u00fan deportista (por casos de dopaje, por ejemplo), lo cual requiere decisiones r\u00e1pidas que impidan la paralizaci\u00f3n de la actividad o determinen con prontitud la habilitaci\u00f3n del deportista para competir; <\/p>\n
<\/p>\n
II. Conocimientos especializados: No s\u00f3lo de las fuentes que sirven de base para resolver la controversia, sino tambi\u00e9n de aspectos propios relacionados con el deporte respectivo, previniendo que casos similares sean fallados de manera diversa o adoptando decisiones extra\u00f1as para el \u00e1mbito deportivo; <\/p>\n
<\/p>\n
III. Costos: De tal manera que permita a los actores, sobre todo los deportistas, acceder a procedimientos donde puedan defender cabalmente sus intereses y prerrogativas sustanciales; <\/p>\n
<\/p>\n
IV. Eficacia de las decisiones: Para que puedan ser reconocidas y ejecutadas, seg\u00fan el caso, en la respectiva jurisdicci\u00f3n donde est\u00e1n llamadas a tener efectos, siempre que ello aplique; <\/p>\n
<\/p>\n
V. Oportunidad de las decisiones: Especialmente en deportes como el f\u00fatbol, los a\u00f1os que puede permanecer activo un deportista son relativamente cortos, lo cual justifica que la decisi\u00f3n deba tomarse oportunamente. <\/p>\n
Para atender esas y otras necesidades, han surgido diversos centros de arbitraje deportivo con alcances tanto locales como internacionales: <\/p>\n
<\/p>\n
I. El Tribunal Arbitral del Deporte – Tribunal Arbitral Du Sport (TAS) o Court of Arbitration Sport (CAS) con sede en Lausanne, Suiza, es el m\u00e1s conocido de ellos y surgi\u00f3 alrededor de la d\u00e9cada de 19809; <\/p>\n
<\/p>\n
II. El Centro para la Decisi\u00f3n de Disputas Deportivas de Canad\u00e1- The Sport Dispute Resolution Centre of Canada (SDRCC) que surgi\u00f3 con alcances locales en ese pa\u00eds de Am\u00e9rica del Norte hacia el a\u00f1o 200010; o <\/p>\n
<\/p>\n
III. La Agencia de Arbitraje Deportivo de Jap\u00f3n – The Japan Sports Arbitration Agency (JSAA) nacida en el a\u00f1o 2003 para administrar arbitrajes en ese pa\u00eds asi\u00e1tico11; <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Salvador Maestro le solicit\u00f3 a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia reconocer el laudo arbitral mencionado, del que aport\u00f3 una copia, decisi\u00f3n en la que se conden\u00f3 al futbolista Marco Jhonier Perez Murillo pagar \u00abUSD$50.000\u00bb, por \u00abconcepto de honorarios pendientes correspondientes al diez por ciento de los ingresos brutos anuales obtenidos por el jugador mientras estuvo vinculado contractualmente al Club Al-Raed, tal y como se establece en la cl\u00e1usula 4 del contrato de representaci\u00f3n\u00bb; por el contrario, el panel neg\u00f3 la pretensi\u00f3n de condena por concepto de tiquetes a\u00e9reos por no estar comprendidos en ese acuerdo de voluntades. <\/p>\n
La controversia resuelta por el panel arbitral fue de tipo econ\u00f3mico, espec\u00edficamente la remuneraci\u00f3n del intermediario por el paso de un club deportivo a otro, la cual es disponible de manera libre por los sujetos de derecho y, por tanto, arbitrable. Adem\u00e1s, la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato de representaci\u00f3n contiene un pacto arbitral mediante el que las partes sometieron al conocimiento del Comit\u00e9 Jurisdiccional de la RFEF las disputas relativas a su \u00abinterpretaci\u00f3n y cumplimiento\u00bb, es decir, se obligaron no s\u00f3lo a resolver sus controversias mediante ese Mecanismo Alternativo de Soluci\u00f3n de Controversias (MASC) sino a que la decisi\u00f3n (laudo) tuviera efectos de cosa juzgada. <\/p>\n
Elementos como la existencia del pacto arbitral o la naturaleza econ\u00f3mica de la controversia resuelta por el tribunal de arbitraje muestran que el laudo que pide reconocerse es acorde al orden p\u00fablico internacional de la Rep\u00fablica de Colombia, pues no lesiona ni pone en riesgo los elementos fundantes e insustituibles que integran el ordenamiento jur\u00eddico patrio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la controversia sobre la que vers\u00f3 el laudo era arbitrable y la providencia que pide reconocerse respeta el orden p\u00fablico internacional de Colombia, se cumplen los requisitos del reconocimiento y deber\u00e1 abrirse paso la solicitud, como lo declarar\u00e1 la Sala, sin que haya lugar a costas por la naturaleza del tr\u00e1mite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve reconocer el laudo arbitral internacional que el 29 de junio de 2021 profiri\u00f3 el Comit\u00e9 Jurisdiccional de la Real Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de F\u00fatbol (RFEF) para resolver las controversias entre la convocante Salvador Maestro Sociedad Limitada y el futbolista Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Convenci\u00f3n sobre el Reconocimiento y la Ejecuci\u00f3n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), publicada en: http:\/\/www.unicitral.org\/pdf\/spanish\/texts\/arbitration\/NY-conv\/New-York-Convention-S.pdf. <\/A><\/p>\n 2\u0002 Inicialmente, el tratado fue aprobado mediante la Ley 37 de 1979, pero esta fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Congreso de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 la Ley 39 de 1990 que nuevamente le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n. <\/p>\n 3\u0002 https:\/\/www.boe.es\/buscar\/pdf\/1990\/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf <\/A><\/p>\n 4\u0002 https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1991-30862 <\/A><\/p>\n 5\u0002 Es pac\u00edfica la jurisprudencia de la Sala acerca de que las leyes extranjeras pueden probarse mediante acceso a la p\u00e1gina web oficial de la entidad respectiva, la cual es consultada en esta oportunidad para establecer el contenido de las citadas normas jur\u00eddicas del Reino de Espa\u00f1a. Cfr. SC2420-2019. Rad. 2017-01497, 4 jul. 2019, reiterada en SC4253-2019. Rad. 2019-01228-00, 8 oct. 2019 y muchas otras. <\/p>\n 6\u0002 BLACKSHAW, Ian. ‘Chapter 8: Access to Justice in Sports Arbitration’, in Leonardo V. P. de Oliveira and Sara Hourani (eds), Access to Justice in Arbitration: Concept, Context and Practice (\u00a9 Kluwer Law International; Kluwer Law International 2020), pp. 147 \u2013 166. <\/p>\n 7\u0002 DELOITTE, A balancing act, anual review of football finance 2023, p. 6, disponible en https:\/\/www2.deloitte.com\/content\/dam\/Deloitte\/uk\/Documents\/sports-business-group\/deloitte-uk-annual-review-of-football-finance-2023.pdf. <\/A><\/p>\n 9\u0002 https:\/\/www.tas-cas.org\/en\/general-information\/index\/. <\/A><\/p>\n 10\u0002 http:\/\/www.crdsc-sdrcc.ca\/eng\/home. <\/A><\/p>\n