SC391-2023 (2021-03737-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC391-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03737-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la solicitud de exequatur presentada por Blanca Lilia Cruz Su\u00e1rez respecto de la sentencia proferida el 13 de marzo del a\u00f1o 2000, por la Corte de Litigios Civiles del 59 Distrito Judicial de Pennsylvania \u2013 Rama del Condado \u2013 C\u00e1meron (EEUU). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo con Jorge Armando Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez [folios 33 a 40 cdno. Corte]. <\/p>\n
1. El 24 de diciembre de 1980, la solicitante y Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeron nupcias en Bogot\u00e1, uni\u00f3n dentro de la cual procrearon cuatro hijos \u00ablos cuales son mayores de edad [y] actualmente todos se encuentran independientes\u00bb. <\/p>\n
2. La pareja se separ\u00f3 de com\u00fan acuerdo para mediados de 1997 y con ocasi\u00f3n de ello y que cada c\u00f3nyuge comenz\u00f3 a hacer su vida independiente, Cruz Su\u00e1rez present\u00f3 demanda de divorcio ante la autoridad mencionada en l\u00edneas precedentes, tr\u00e1mite en el que afirm\u00f3, no existi\u00f3 oposici\u00f3n del c\u00f3nyuge convocado. <\/p>\n
3. El juzgador for\u00e1neo, en sentencia de 13 de marzo de 2000, accedi\u00f3 a las pretensiones, por lo cual decret\u00f3 el divorcio por \u00abruptura irremediable \u2013 dos a\u00f1os de separaci\u00f3n\u00bb, [folio 15]. <\/p>\n
4. Asegura que posterior a la ejecutoria de dicha providencia contrajo matrimonio civil en los Estados Unidos donde recibi\u00f3 la ciudadan\u00eda norteamericana y actualmente reside y acude al presente tr\u00e1mite por amenazas del se\u00f1or Suarez de \u00abacusarla del delito de bigamia cuando ello no es as\u00ed pues la sentencia de divorcio se emiti\u00f3 a\u00f1os antes de su actual matrimonio\u00bb. <\/p>\n
5. Afirm\u00f3 la solicitante, que la determinaci\u00f3n se encuentra en firme conforme a la jurisdicci\u00f3n donde se origin\u00f3; fue emitida con la citaci\u00f3n del demandado; no se opone a disposiciones legales de orden p\u00fablico; no se vincula con un asunto de competencia exclusiva de los jueces nacionales; tampoco versa sobre derechos reales de bienes que estuvieren localizados en territorio colombiano; ni existe proceso judicial, terminado o en curso, relativo al mismo asunto. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur <\/p>\n
1. Subsanada la postulaci\u00f3n inicial, fue admitida el 28 de octubre de 2021, otorg\u00e1ndose el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico y al afectado con la sentencia, a quien se le convoc\u00f3 al tr\u00e1mite, [archivo digital 09]. <\/p>\n
2. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres indic\u00f3 que \u00abla demanda de exequatur presentada mediante apoderado, por la se\u00f1ora BLANCA LILIA CRUZ SUAREZ, satisface las exigencias formales previstas en los art\u00edculos 605 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, por lo que se considera procedente despachar favorablemente la pretensi\u00f3n reclamada, para que la sentencia de divorcio del matrimonio entre los se\u00f1ores BLANCA LILIA CRUZ SUAREZ y JORGE ARMANDO SUAREZ GONZ\u00c1LEZ, expedida por el Tribunal de Causas Comunes del 59\u00ba Distrito Judicial de Pennsylvania, Condado de Cameron, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, adquiera plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u00bb, [archivo digital 018]. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo de 15 de diciembre de 2021 se decretaron como pruebas los documentos adosados por la proponente, se orden\u00f3 librar comunicaci\u00f3n al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, por su conducto, requiriera a la Oficina Consular de Colombia en Newark, New Jersey, Estados Unidos, en aras de que remitiera copia debidamente legalizada de la normatividad vigente en el estado de Pennsylvania, de conformidad con la cual se permita la ejecuci\u00f3n de sentencias extranjeras, y la concerniente a la materia de divorcio. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se pidi\u00f3 colaboraci\u00f3n a la relator\u00eda de esta Corporaci\u00f3n para que verificara s\u00ed, a prop\u00f3sito de otros tr\u00e1mites de la misma naturaleza al objeto de an\u00e1lisis, se obtuvo informaci\u00f3n de normas del estado en cita, regulatorias de los referidos temas, [archivo digital 0026]. <\/p>\n
4. La activante ados\u00f3 documental yacente en otro expediente de esta Corporaci\u00f3n que homolog\u00f3 providencia de similares caracter\u00edsticas a la aqu\u00ed presentada, la cual da cuenta de la existencia de la reciprocidad requerida entre Colombia y Estados Unidos; as\u00ed como tambi\u00e9n, de la normativa que regula el divorcio en el estado de Pensylvania, [archivo digital 0049]. A continuaci\u00f3n, se acept\u00f3 el desistimiento hecho por el apoderado de la solicitante, frente a la prueba ata\u00f1edera al env\u00edo de oficios con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores [archivo digital 0059]. <\/p>\n
5. El 14 de septiembre de 2022, en ejercicio del control de legalidad propio de las actuaciones judiciales, la Corte advirti\u00f3 irregularidades en el enteramiento de la admisi\u00f3n de las actuaciones a Jorge Armando Su\u00e1rez, habida cuenta que, las comunicaciones con las cuales la interesada pretendi\u00f3 acreditarlo \u00abcorresponden a aquellas que soportan el env\u00edo de la demanda y su subsanaci\u00f3n, recibidas a satisfacci\u00f3n el 23 de los mismos mes y a\u00f1o, valga decir, con anterioridad a la emisi\u00f3n del prove\u00eddo en menci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n que result\u00f3 suficiente para \u00abdejar sin valor ni efecto la providencia de 24 de noviembre de 2021, mediante la cual se tuvo como debidamente notificado al convocado\u00bb y, en su lugar, se requiri\u00f3 a la solicitante para que notificara a su contendiente con acatamiento de las formalidades impuestas en el C\u00f3digo General del Proceso y en la Ley 2213 de 2022, con los apremios del canon 317 ib., [archivo digital 069]. <\/p>\n
6. Dicha determinaci\u00f3n fue censurada horizontalmente por la gestora quien, adem\u00e1s, relat\u00f3 que \u00abexiste un proceso de DIVORCIO que cursa ante el Juzgado 17 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, bajo radicado No. 11001311001720210045400, en el que figura como demandante el se\u00f1or JORGE ARMANDO SUAREZ GONZALEZ y como demandada mi cliente la se\u00f1ora BLANCA LILIA CRUZ SUAREZ\u00bb, [archivo digital 071]. <\/p>\n
7. La Corte mantuvo la postura anunciada en el auto atacado [11 oct. 2022 archivo digital 077] y, como quiera que no se encontr\u00f3 acreditado el cumplimiento de la carga previamente impuesta, el 19 de diciembre de 2022 se dio por terminado el asunto en aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito prevista en el precepto 317 de la codificaci\u00f3n en cita [archivo digital 084], conclusi\u00f3n que, al ser examinada en s\u00faplica, fue revocada en interlocutorio del 28 de junio del a\u00f1o en curso, en el que se determin\u00f3 \u00abtener por notificado al se\u00f1or Jorge Armando Su\u00e1rez Gonz\u00e1les en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 2213 de 2022, o disponer el emplazamiento solicitado\u00bb [archivo digital 0109], de ah\u00ed que el 31 de julio de 2023 se optara por el primer evento sugerido, [archivo digital 0112]. <\/p>\n
8. Cumplido el tr\u00e1mite de rigor, se encuentra el infolio al despacho, sin ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n pendiente de ser practicado, de ah\u00ed que se proceder\u00e1 a la emisi\u00f3n del fallo correspondiente. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
Precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequatur, por lo que, si en curso de la actuaci\u00f3n, se encuentra que no existen pruebas pendientes de ejecutarse, deber\u00e1 entonces proferirse el correspondiente veredicto, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 eiusdem, que prescribe que \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
As\u00ed ocurre en el asunto que hoy ocupa a la Sala, en el que se configura la causal en comento, de ah\u00ed que sea procedente proferir la presente resoluci\u00f3n anticipada escrita y fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de perfiles semejantes esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ, SC4714-2020, 7 dic. reiterada en SC108-2023, 2 may.). <\/p>\n
2. Establecido lo anterior, cumple recordar que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, cuya finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de las formalidades legales, que, entre otras cosas, impiden el desconocimiento de la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la tarea de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada por virtud de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica, debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y el que profiri\u00f3 el fallo, existan tratados que revistan de valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que <\/p>\n
(\u2026) debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria (CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 2017-00203-00, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00 y CSJ SC2613-2022, 17 ag., rad. 2022-00773-00). <\/p>\n
Adicional al requisito de reciprocidad, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, es imperioso que se acredite la concurrencia de los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Quinto del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 sujetarse a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 eiusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se persigue, deber\u00e1 cumplir con las formalidades dispuestas en el art\u00edculo 606 del mismo compendio, entre ellas, la de no oponerse \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb (numeral 2\u00ba, ib.). <\/p>\n
3. El sub iudice involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Pennsylvania, Estados Unidos, pa\u00eds respecto del cual inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores \u00abno reposan tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes en la Rep\u00fablica de Colombia y los Estados Unidos de Am\u00e9rica sobre reconocimiento rec\u00edproco de sentencias en asuntos de divorcio\u00bb [folios 18 y 19, archivo digital 0049]. <\/p>\n
3.1. As\u00ed tambi\u00e9n se desprende de la documental adosada al plenario, previa consulta de otros asuntos de la misma categor\u00eda tramitados ante esta Corte, en la que se constata la inexistencia de textos legales que apliquen a nivel general en Estados Unidos sobre el reconocimiento de efectos o ejecuci\u00f3n de fallos extranjeros en materia de divorcio, siendo este un aspecto tratado aut\u00f3nomamente por las autoridades de cada estado, con resguardo en el concepto de \u201cComity\u201d, el cual, no equivale a reciprocidad. <\/p>\n
Justamente sobre el punto inform\u00f3 la C\u00f3nsul de Colombia en Miami, Florida, en el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n de una sentencia de divorcio proferida en ese territorio que <\/p>\n
\u00aben los Estados Unidos, para el reconocimiento de una sentencia extranjera, la jurisprudencia, aplica el concepto: \u201ccomity\u201d. Es dif\u00edcil definir \u201cComity\u201d, este no implica reciprocidad. No es una obligaci\u00f3n de absoluto cumplimiento, ni tampoco una mera cortes\u00eda o buena voluntad. Es el reconocimiento que un pa\u00eds le da a los actos legislativos, ejecutivos y judiciales del otro, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y la conveniencia, as\u00ed como los derechos de sus ciudadanos y otras personas que se encuentran bajo la protecci\u00f3n de sus leyes\u00bb, (CSJ SC5616-2021, 15 dic., rad. 2018-02472). <\/p>\n
Dicha explicaci\u00f3n se traduce en la ausencia de prueba de reciprocidad diplom\u00e1tica entre Colombia y Estados Unidos para la correspondencia de sentencias en temas civiles, lo que hace imperiosa la necesidad de constatar que \u00e9sta exista en el orden legislativo. <\/p>\n
4. El inciso 4\u00ba del canon 177 del C\u00f3digo General del Proceso establece que, trat\u00e1ndose de normatividad extranjera no escrita, como aqu\u00ed ocurre, la exigencia puede acreditarse \u00abcon el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito se aport\u00f3 por la parte interesada copia de las declaraciones traducidas y autenticadas rendidas el 19 de septiembre de 2013 por Norman E. Blatt Jr. y Leighton Cohen, abogados certificados del \u00abcolegio de abogados del Estado de Pensilvania\u00bb, [folios 27 y 36, ib.]. <\/p>\n
El primero indic\u00f3 que \u00abEl Estado de Pensilvania reconocer\u00e1 por cortes\u00eda un decreto de divorcio de la Rep\u00fablica de Colombia bajo las siguientes circunstancias. Espec\u00edficamente, si el decreto de divorcio no fue obtenido fraudulentamente ambos c\u00f3nyuges recibieron las (sic) notificaci\u00f3n adecuada del proceso de divorcio, uno de los c\u00f3nyuges estaba domiciliado en Colombia en la \u00e9poca en que el proceso de divorcio se inici\u00f3, y al c\u00f3nyuge con residencia en Pensilvania se le entreg\u00f3 notificaci\u00f3n certificada del proceso de divorcio, requiri\u00e9ndose la entrega formal de dicho aviso legal\u00bb, afirmaciones que en similares t\u00e9rminos fueron corroboradas por el segundo profesional rese\u00f1ado, [folios 7 a 13, archivo digital 0049]. <\/p>\n
En un evento de similares contornos al que se analiza, la Corte precis\u00f3 que dichas pruebas <\/p>\n
[\u2026] pueden ser valoradas libremente sin que se requiera para ello que hayan sido ratificadas por sus autores dentro del proceso, pues como lo tiene explicado de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u2018los art\u00edculos 188, 229, 298 y 299 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no imponen dicha ratificaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que las citadas \u2018disposiciones en ning\u00fan momento se refieren a los testimonios rendidos por abogados en el exterior para dar fe del contenido de la ley extranjera, testimonios que por la materia sobre la cual versan, difieren de la simple declaraci\u00f3n de un tercero sobre hechos que le constan. As\u00ed, (\u2026) en el caso del testimonio a que se refiere el art\u00edculo 188 es preferible que el deponente se presente con una informaci\u00f3n preparada y completa y que no declare a la ligera, sin esa necesaria preparaci\u00f3n previa\u2019 (sentencia del 19 de julio de 1994, CCXXXI-86), -Sentencia CSJ SC, 25 jul. 2005, rad. n\u00b0 2004-00053-01, reiterada en SC17721-2016, 7 dic., rad. 2014-00211-. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, se infiere que las autoridades de Pennsylvania (EEUU) aceptan la ejecuci\u00f3n de fallos como el que aqu\u00ed pretende ser convalidado, lo que da lugar a predicar reciprocidad legislativa. <\/p>\n
5. Sin embargo, para la procedencia del exequatur no resulta suficiente la acreditaci\u00f3n de la mencionada reciprocidad, sino que tambi\u00e9n es forzoso corroborar que la decisi\u00f3n no contraviene el orden p\u00fablico, raz\u00f3n por la cual ha de procederse en este caso a realizar dicha verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, en tanto, actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella, \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb (subrayado para destacar) – CSJ SC 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00 y SC3390-2022, 9 nov., rad. 2021-01499-00. <\/p>\n
De cara a dichas nociones, surge que, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional objeto de la petici\u00f3n de exequatur y los principios fundamentales inspiradores de la normatividad nacional en la materia, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
5.1. En cumplimiento de aquella tarea se corrobora que el procedimiento fue promovido por Blanca Lilia Cruz Su\u00e1rez y, aunque \u00e9sta adujo en la subsanaci\u00f3n de su solicitud que \u00aben el momento de darle traslado de la demanda por parte del aparato judicial de Pensilvania [a Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez], este no se opuso, lo cual, para las leyes de ese estado, conllevan a establecer su consentimiento t\u00e1cito\u00bb, como no hab\u00eda plena certeza de ello, aquel fue debidamente convocado a \u00e9ste procedimiento, al cual no acudi\u00f3 para controvertir alguno de los pedimentos genitores. <\/p>\n
5.2. De la providencia que dio lugar a la interposici\u00f3n de este mecanismo se extrae, que la causa del divorcio fue la ruptura irremediable del v\u00ednculo matrimonial, con ocasi\u00f3n a la cesaci\u00f3n de vida en com\u00fan de los consortes que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de \u00abdos a\u00f1os de separaci\u00f3n\u00bb [folio 3, archivo digital 0006], la que resulta armoniosa con nuestra legislaci\u00f3n nacional y, por contera, har\u00eda pensar que procede la convalidaci\u00f3n perseguida ante la satisfacci\u00f3n de los requerimientos contemplados en los art\u00edculos 154 (numeral 8\u00ba), 164 y 165 (numeral 1\u00ba) de nuestra codificaci\u00f3n civil. <\/p>\n
6. Sin embargo, no puede pasarse por alto que, recientemente, la impulsora puso en conocimiento de esta Colegiatura la existencia de un proceso de divorcio que involucra a las mismas partes que intervinieron en el que dio lugar a la providencia cuya correspondencia aqu\u00ed se pretende, tr\u00e1mite que actualmente cursa ante el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1 y est\u00e1 en etapa de contradicci\u00f3n, seg\u00fan lo ense\u00f1a la plataforma dispuesta para la consulta de actuaciones judiciales1, circunstancia que, a la luz de lo reglado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 605 prenombrado, descarta el despacho favorable de este diligenciamiento, dado que, es claro dicho precepto en indicar como requisito indispensable \u00ab[p]ara que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds (\u2026) 5. [q]ue en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, en un caso de similares contornos al que aqu\u00ed se examina, que <\/p>\n
\u00abel numeral 5\u00ba del art\u00edculo 694 del C. de P. C. contempla expresamente que para la tramitaci\u00f3n del exequ\u00e1tur es indispensable que \u201cen Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto\u201d. <\/p>\n
Por ende, vistas las afirmaciones de la parte demandante, en el sentido de que \u201cla madre del menor inici\u00f3 proceso de custodia en enero del presente a\u00f1o, el cual cursa en el Juzgado 13 de Familia y fue radicado bajo el n\u00famero 2008-00012\u201d, ha de concluirse que en lo que ata\u00f1e a ese preciso aspecto no puede surtirse el exequ\u00e1tur, toda vez que pendiente est\u00e1 una actuaci\u00f3n judicial en Colombia que habr\u00e1 de resolver -si no es que ya lo hizo- tal situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dicha posici\u00f3n se justifica al adentrarse a la verdadera finalidad del aludido numeral 5\u00ba, cual es, <\/p>\n
evitar que sobre un mismo punto existan sentencias contradictorias proferidas por jueces de diferentes Estados, en perjuicio de la seguridad jur\u00eddica. Ante tal posibilidad, la legislaci\u00f3n patria, en ejercicio de la soberan\u00eda nacional, ha preferido salvaguardar las decisiones de los jueces colombianos, sin hacer ning\u00fan tipo de distinci\u00f3n acerca de los efectos de cosa juzgada formal o material que puedan tener las sentencias atinentes a la materia, (CSJ auto de 21 de abril de 2009, rad. 11001-02-03-000-2008-01849-01). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, si de acuerdo con lo acreditado en este asunto, ante el Juzgado 17 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, bajo radicado No. 11001311001720210045400, cursa juicio de divorcio promovido por Jorge Armando Suarez Gonz\u00e1lez contra la promotora del exequatur Blanca Lilia Cruz Suarez el cual, seg\u00fan el registro de consulta de procesos de la Rama Judicial, fue iniciado con antelaci\u00f3n al impulso de esta tramitaci\u00f3n -12 agosto de 20212- ha de concluirse que, aun cuando se encuentra acreditada la reciprocidad legislativa que, en un principio, habilita la homologaci\u00f3n peticionada, lo cierto es que no concurren en su totalidad las exigencias contenidas en el art\u00edculo 606 antes citado. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, pues, se itera, frente al mismo asunto se adelanta ante la justicia colombiana proceso de divorcio entre las mismas partes, en el que deber\u00e1 definirse, si ya no se hubiera hecho, la situaci\u00f3n legal del matrimonio Suarez-Cruz, lo cual contrar\u00eda la directriz consagrada en el numeral 5\u00ba de aquella regla, circunstancia que apareja el despacho negativo de la solicitud de exequatur examinada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. NO CONCEDER el exequ\u00e1tur de la sentencia proferida el 13 de marzo del a\u00f1o 2000, por la Corte de Litigios Civiles del 59 Distrito Judicial de Pennsylvania \u2013 Rama del Condado \u2013 C\u00e1meron (Estados Unidos), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por Blanca Lilia Cruz Su\u00e1rez y Jorge Armando Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez el 24 de diciembre de 1980. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas en el tr\u00e1mite por no aparecer causadas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n