STC10770-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10770-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 76001-22-03-000-2023-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n y vivienda digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la sociedad Rocasa SA Sociedad de Comercializaci\u00f3n Internacional tramita proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria en la Superintendencia de Sociedades, en el que se orden\u00f3 el secuestro del apartamento 503 con matr\u00edcula 370-113941, parqueadero 5 con matr\u00edcula 370- 113914 y dep\u00f3sito 11 con matr\u00edcula 370-113930, ubicados en el Edificio Alto Mediterraneo PH, de la calle 8 A Oeste no. 4-120 de Cali, de propiedad de la concursada. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, actualmente, el proceso es adelantado por la Direcci\u00f3n de Liquidaciones II de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de Bogot\u00e1, autoridad que comision\u00f3 a la Intendencia Regional de Cali para que secuestrara los inmuebles mencionados, diligencia que se efectu\u00f3 el 26 de abril de 2023 y en la cual se opuso oportunamente, alegando su calidad de poseedor. <\/p>\n
Explic\u00f3 que su oposici\u00f3n fue rechazada de plano, con fundamento en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1116 de 2006, que corresponde a la no aplicabilidad de la prejudicialidad. <\/p>\n
En su sentir, la decisi\u00f3n de la autoridad accionada desconoce sus garant\u00edas constitucionales, por cuanto i) debi\u00f3 aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, ii) aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1116 de 2006, iii) no le permiti\u00f3 presentar recursos contra esa determinaci\u00f3n, iv) se apart\u00f3 de la postura de la propia entidad y v) no tuvo en cuenta que, respecto de los bienes cautelados adelanta proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a la autoridad accionada \u00abrealizar el [control de legalidad que ordena el art. 132 del C.G.P.] (\u2026) [y se provean] medidas para instruir a los funcionarios de la Superintendencia de Sociedad, que como autoridades [deben evitar el uso desproporcionado de la fuerza y proteger especialmente a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable], como adulto mayor que es el accionante (\u2026) se ordene a la [D]irecci\u00f3n de Procesos de Liquidaci\u00f3n II, que, en el t\u00e9rmino de esta providencia, realice nuevamente la diligencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente litis\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La directora de Procesos de Liquidaci\u00f3n II de la Superintendencia de Sociedades, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones relevantes del proceso liquidatorio objeto de este asunto, e inform\u00f3 que el actor ha presentado dos acciones de tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se opon\u00eda al amparo porque sus actuaciones se han fundamentado en lo establecido en la Ley 1116 de 2006, con el \u00e1nimo que los inmuebles sobre los que recae la medida de secuestro puedan ser tenidos en cuenta para la celebraci\u00f3n de las audiencias de aprobaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y adjudicaci\u00f3n del inventario a los acreedores. <\/p>\n
2. El Edificio Alto Mediterr\u00e1neo PH, en condici\u00f3n de acreedor de la sociedad Rocasa \u2013 en Liquidaci\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado, manifest\u00f3 que las decisiones de la Superintendencia se ajustan a las normas legales aplicables al proceso de liquidaci\u00f3n, por lo que con la diligencia de secuestro no se le ha vulnerado ning\u00fan derecho al accionante. <\/p>\n
Destac\u00f3 que ante el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, Rodrigo Sardi de Lima tramit\u00f3 un proceso de pertenencia sobre los inmuebles materia del debate, en el que se negaron sus pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali, neg\u00f3 el amparo por considerar que los razonamientos expuestos por el fallador de instancia de rechazar la oposici\u00f3n en la diligencia de secuestro y fijar el 26 de mayo de 2023 para la entrega de los inmuebles \u00abindependiente que esta Corporaci\u00f3n los avale totalmente, por no ser este el escenario para ello, no lucen como resultado de un criterio subjetivo que implique una flagrante desatenci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y que habilite la injerencia de esta sede constitucional, pues los mismos aparecen acordes con lo previsto en la Ley 1116 de 2006 que rige el tr\u00e1mite de insolvencia, sin perjuicio de las oposiciones fundadas a la entrega que puedan presentarse\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a que se ordene a la autoridad accionada realizar control de legalidad, mencion\u00f3 que lo conducente es que esa discusi\u00f3n sea discutida en el proceso de insolvencia, y, como en ese sentido se formul\u00f3 petici\u00f3n el 11 de mayo de 2023 y la Superintendencia de Sociedades no se ha pronunciado frente a la misma, el amparo para ese efecto resulta prematuro. <\/p>\n
Finalmente, descart\u00f3 la existencia de temeridad respecto de las dos acciones de tutela propuestas por el mismo actor con antelaci\u00f3n y la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito de tutela y enfatiz\u00f3 que la Superintendencia de Sociedades, al no efectuar control de legalidad a la diligencia de secuestro, vulner\u00f3 los derechos fundamentales y que \u00abexiste una v\u00eda de hecho que no ha sido estudiada desde la \u00f3ptica de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al poder que detentan los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de sus funciones jurisdiccionales y las decisiones que han tomado en abierta contrav\u00eda de sus propias determinaciones en el mismo proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta por el accionante y revisado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se advierte que la sentencia cuestionada ser\u00e1 revocada, teniendo en cuenta lo siguiente, <\/p>\n
2.1 En el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Rocasa SA Sociedad de Comercializaci\u00f3n Internacional, la Superintendencia de Sociedades a trav\u00e9s de los funcionarios comisionados de la Intendencia Regional de Cali, el 26 de abril de 2023 realiz\u00f3 el secuestro del apartamento 503 con matr\u00edcula 370-113941, parqueadero 5 con matr\u00edcula 370- 113914 y dep\u00f3sito 11 con matr\u00edcula 370-113930, ubicados en el Edificio Alto Mediterraneo PH, de la calle 8 A Oeste no. 4-120 de Cali, de propiedad de la concursada. <\/p>\n
El se\u00f1or Rodrigo Sardi de Lima se opuso a la diligencia de secuestro, para lo cual expuso sus argumentos y present\u00f3 las pruebas documentales que respaldaban sus afirmaciones. <\/p>\n
2.2 En la diligencia, la autoridad accionada rechaz\u00f3 de plano por improcedente la oposici\u00f3n, con sustento en que el proceso de liquidaci\u00f3n judicial se encuentra reglado en la Ley 1116 de 2006, \u00absin que resulte procedente emitir pronunciamiento sobre asuntos que no le son de su competencia\u00bb, y, en ese contexto, afirm\u00f3 que no era competente para conocerla porque \u00abesta Superintendencia solo conoce de asuntos que de manera expresa est\u00e1n contemplados en la Ley 1116 de 2003 y dem\u00e1s normas complementarias, siendo el competente de lo que se reclama el Juez ordinario y no este Juez de insolvencia. Por lo anterior, ser\u00e1 el Juez ordinario el que deber\u00e1 decidir sobre las pretensiones presentadas por el demandante ante el tr\u00e1mite de un proceso declarativo\u00bb. <\/p>\n
Igualmente advirti\u00f3 que contra esa determinaci\u00f3n \u00abno proceder\u00e1 recurso alguno, por cuanto los procesos de insolvencia son de \u00fanica instancia\u00bb y otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de un mes para que se efectuara la entrega de los bienes descritos a la administradora de la empresa concursada. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, sea hace necesaria la intervenci\u00f3n de esta Corte como juez constitucional, al verificarse un exceso ritual manifiesto por parte de la autoridad accionada, al abstenerse de dar tr\u00e1mite y resolver de fondo los argumentos en los que el accionante fundament\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro rese\u00f1ada, respecto de los inmuebles identificados con las matr\u00edculas 370-113941, 370- 113914 y 370-113930 de propiedad de la sociedad en liquidaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n a la calidad de poseedor que dice exhibir. <\/p>\n
Para la Sala, las razones expuestas por la Superintendencia de Sociedades para rechazar de plano la oposici\u00f3n no son de recibo, como quiera que de la Ley 1116 de 2006, no se evidencia precepto alguno que le impida revisar a fondo si se re\u00fanen, o no, los elementos de la posesi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Por el contrario, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 7\u00b0 de la mencionada, con el fin de evitar la paralizaci\u00f3n del proceso o dilaciones injustificadas, est\u00e1 facultada para \u00abla impulsi\u00f3n y finalizaci\u00f3n del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a \u00e9l, no depender\u00e1n ni estar\u00e1n condicionados o supeditados a la decisi\u00f3n que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza\u00bb. <\/p>\n
En apoyo, el art\u00edculo 5\u00ba ib\u00eddem autoriza al juez del concurso para \u00absolicitar u obtener, en la forma que estime conveniente, la informaci\u00f3n que requiera para la adecuada orientaci\u00f3n del proceso de insolvencia\u00bb y \u00aben general, tendr\u00e1 atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo\u00bb. <\/p>\n
Ahora, el inciso final del art\u00edculo 124 de la misma normativa dispuso que, \u00aben los casos no regulados expresamente en esta ley, se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb -hoy C\u00f3digo General del Proceso-, compendio este \u00faltimo que en el inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 24 precept\u00faa, \u00ablas autoridades administrativas tramitar\u00e1n los procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u00bb. <\/p>\n
Con esa remisi\u00f3n normativa, se tiene que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, refiere que las oposiciones al secuestro se tramitar\u00e1n aplicando en lo pertinente, lo dispuesto para la diligencia de entrega, regulaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 309 ej\u00fasdem. <\/p>\n
4. Analizada en conjunto las normas mencionadas, se concluye que la Superintendencia de Sociedades cuenta con las facultades suficientes para decidir los asuntos asociados al proceso concursal sin intervenci\u00f3n de los jueces ordinarios, m\u00e1xime cuando la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro se encuentra \u00edntimamente ligada al tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n, pues concierne a los bienes del deudor, punto en el que vale la pena recordar que, conforme al principio de universalidad de que habla el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1116 de 2006, \u00abla totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba ib., prev\u00e9, \u00abel proceso de liquidaci\u00f3n judicial persigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor\u00bb y, por su parte, el art\u00edculo 58 \u00eddem, explica que, para la adjudicaci\u00f3n de los bienes del deudor a los acreedores, \u00aben primer lugar ser\u00e1 repartido el dinero, enseguida los inmuebles, posteriormente los bienes muebles corporales y finalmente las cosas incorporales\u00bb. <\/p>\n
Vista la importancia de resolver sobre los tr\u00e1mites relacionados con los bienes del concursado, la autoridad accionada debi\u00f3 emprender el camino destinado a tramitar y resolver de fondo la discusi\u00f3n sometida a su conocimiento. <\/p>\n
Y el hecho que el accionante cuente con otras acciones judiciales para discutir sobre los derechos posesorios que reclama, no puede ser una limitante para que se analice si tiene la condici\u00f3n de poseedor de los predios perseguidos en la liquidaci\u00f3n, menos cuando subsiste un tr\u00e1mite legal que regula tal situaci\u00f3n jur\u00eddica y el que no puede saltarse el juez del concurso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, atiende razones de conveniencia, econom\u00eda, celeridad y unicidad procesal la competencia atribuida de manera accesoria al juez del concurso, en provecho de los interesados que para que las controversias suscitadas con ocasi\u00f3n de los bienes del deudor, sean decididas por el funcionario que est\u00e1 conociendo del tr\u00e1mite de insolvencia, puesto que a \u00e9ste corresponde liquidar y distribuir en su totalidad el patrimonio del deudor. <\/p>\n
As\u00ed, no es arbitrario o caprichoso sostener que los asuntos que tengan la aptitud de incidir en la conformaci\u00f3n del patrimonio del concursado, sean tramitados y definidos en forma conjunta por un mismo juzgador, a fin de facilitar la liquidaci\u00f3n del deudor y evitar contradicciones e incompatibilidades en las decisiones de m\u00e9rito, producto de la multiplicidad de juicios sobre causas judiciales que son conexas. <\/p>\n
5. Por esa v\u00eda extraordinaria, recientemente la Sala se ha pronunciado sobre peticiones, tr\u00e1mites o incidentes propuestos en procesos de insolvencia, sobre los cuales la Superintendencia de Sociedades ha manifestado carecer de competencia para resolverlos de fondo, con argumentos similares a los expuestos en este asunto, frente a lo que la Corte ha explicado que, como autoridad jurisdiccional, en principio, tiene potestades legales suficientes para resolver la problem\u00e1tica que en el interior de los procesos bajo su conocimiento se promuevan. <\/p>\n
As\u00ed, en la sentencia STC6063-20231 de 14 de junio, se accedi\u00f3 al amparo solicitado por un acreedor, quien reclam\u00f3 que la Superintendencia de Sociedades resolviera de fondo su petici\u00f3n de nulidad respecto a\u00fan contrato de cesi\u00f3n de derechos que hab\u00eda celebrado con otra persona. All\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) Argumentaciones a ra\u00edz de las que deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta extraordinaria justicia, en la medida en que la Superintendencia claramente omiti\u00f3 analizar a fondo las alegaciones de la tutelante tendientes a poner de relieve, a la postre, la invalidez o carencia de efectos de la cesi\u00f3n en cita, supuestamente celebrada entre ella -como cedente- y una tercera compa\u00f1\u00eda -como cesionaria- con relaci\u00f3n al t\u00edtulo base del cr\u00e9dito de \u00abcuarta clase\u00bb aceptado, en su favor, dentro del acuerdo reorganizativo y la confirmaci\u00f3n de este, en mayo de 2017, merced a I) la falta de entrega del documento contentivo de ese t\u00edtulo a la luz del art\u00edculo 1959 del C\u00f3digo Civil y II) la no existencia actual de la aparente cesionaria, la que ni siquiera concurri\u00f3 al rito concursal. Y la pretermisi\u00f3n en el abordaje exhaustivo de tales aseveraciones tuvo soporte en el evasivo pronunciamiento de que eran materia ya superada desde las audiencias de 2021, as\u00ed como en la impl\u00edcita idea de que, acorde lo expuesto en el auto de 8 de febrero de 2022, la Superintendencia no tiene potestad para examinar los presupuestos jur\u00eddicos constitutivos de la cesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por esa misma l\u00ednea, en un caso de similares caracter\u00edsticas al aqu\u00ed estudiado, en la providencia STC8987-2023 de 6 de septiembre, se orden\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades que tramitara y decidiera de fondo un incidente de desembargo, formulado por un opositor frente al secuestro de un inmueble de propiedad de una sociedad en proceso de liquidaci\u00f3n judicial. En esa ocasi\u00f3n, la Sala sostuvo, <\/p>\n
\u00abPuestas de este modo las cosas, es imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional al evidenciarse un exceso atribuible a la Superintendencia Sociedades, al omitir analizar las alegaciones del accionante tendientes a tramitar y resolver de fondo la oposici\u00f3n y levantamiento de la medida de secuestro practicada sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula 060-145135 de propiedad de la sociedad en liquidaci\u00f3n, respecto del cual Hugo Alirio Perilla Beltr\u00e1n asegur\u00f3 ejercer posesi\u00f3n ininterrumpida y exclusiva desde el 12 de diciembre de 1994, por considerar que estudiar esa problem\u00e1tica \u201cexceder\u00eda la facultad jurisdiccional que se ha otorgado a esta autoridad (\u2026) porque lo pretendido en dicho escrito no guarda relaci\u00f3n alguna con los fines del proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
6. En ese orden, la Superintendencia de Sociedades incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al abstenerse de motivar la determinaci\u00f3n cuestionada, por lo que se abre paso el amparo con el fin de cesar la amenazada de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del accionante, tema sobre el que la jurisprudencia ha ense\u00f1ado, <\/p>\n
(\u2026) la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ. 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, reiterada en STC7781-2016, STC6688-2018 y STC8987-2023). <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe tenerse presente que el deber de los jueces de motivar debidamente sus providencias, es \u00ab(\u2026) un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento (\u2026)\u00bb (CSJ. STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798, 22 ag. 2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Igualmente, toda grave falencia de motivaci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales, el cual tiene que presentar las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan el fallo, acci\u00f3n que se genera en virtud de un principio base de la funci\u00f3n judicial\u00bb (CC SU-635\/15). <\/p>\n
7. En consecuencia, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia y se ordenar\u00e1 a la Superintendencia de Sociedades, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 26 de abril de 2023, en lo pertinente, as\u00ed como las actuaciones que de esta dependan, proceda a resolver nuevamente sobre la oposici\u00f3n presentada por Rodrigo Sardi de Lima frente a la diligencia de secuestro objeto de este estudio y la decida como en derecho corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Sardi de Lima contra la Superintendencia de Sociedades, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de su enteramiento, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 26 de abril de 2023, en lo pertinente, as\u00ed como las actuaciones que de esta dependan, proceda resolver nuevamente la oposici\u00f3n presentada por Rodrigo Sardi de Lima frente a la diligencia de secuestro objeto de este estudio y la decida como en derecho corresponda, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00162-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado, expresamos brevemente las razones por las cuales no compartimos la decisi\u00f3n que dirimi\u00f3, en segunda instancia, la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
1. De entrada, advertimos que, con independencia de que se comparta o no la conclusi\u00f3n del juez natural, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Y, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional es inviable. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que la Superintendencia de Sociedades \u2013con auto del 20 de diciembre de 2016- orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n obligatoria de la sociedad Rocasa S.A. En raz\u00f3n a ello, con providencia del 4 de mayo de 2018, dispuso el secuestro de los inmuebles de propiedad de la sociedad, la cual se llev\u00f3 a cabo el 26 de abril de 2023. En desarrollo de esta, el gestor present\u00f3 oposici\u00f3n, que fue adversa a sus intereses. Para ello, la autoridad citada precis\u00f3 que \u00abel proceso de liquidaci\u00f3n judicial\u2026, es eminentemente reglado, lo que implica que todas las actuaciones de las partes, incluidas las del Juez, se enmarcan en las disposiciones de la Ley 1116 de 2006 y en lo dispuesto en ella, bajo lo reglamentado en el C.G.P., seg\u00fan Art.124 del citado r\u00e9gimen de insolvencia\u00bb. Destac\u00f3 que sus funciones en materia de insolvencia son \u00abespeciales y determinadas en la Ley 1116 de 2006 y dem\u00e1s normas que la regulan, sin que resulte procedente emitir pronunciamiento sobre asuntos que no le son de su competencia\u00bb. Por lo expuesto, consider\u00f3 que \u00abno es competente para conocer el asunto materia de estudio, como quiera que esta Superintendencia solo conoce de asuntos que de manera expresa est\u00e1n contemplados en la Ley 1116 de 2006 y dem\u00e1s normas complementarias, siendo el competente de lo que se reclama el Juez ordinario y no este Juez de insolvencia\u00bb. Finalmente, con apoyo en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1116 de 2006, recalc\u00f3 que \u00ab\u2026el inicio, imposici\u00f3n y finalizaci\u00f3n del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a \u00e9l, no depender\u00e1n ni estar\u00e1n condicionados o supeditados a la decisi\u00f3n que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisi\u00f3n del proceso de insolvencia tampoco constituir\u00e1 prejudicialidad\u00bb\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior colegimos que la determinaci\u00f3n adoptada por la autoridad debatida no podr\u00eda recibirse como irrazonable2. Insistimos, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto a lo decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
3. Para terminar, y frente a la pretensi\u00f3n de control de legalidad, observamos que el actor elev\u00f3 dicha solicitud el 11 de mayo de 2023. Por su parte, el amparo fue presentado el 25 de mayo de 2023. Reiteramos, sobre el particular, el car\u00e1cter subsidiario, extraordinario y residual que gobierna la acci\u00f3n tutelar. Por lo dem\u00e1s, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo -como mecanismo transitorio-. <\/p>\n
4. En los t\u00e9rminos anteriores dejamos consignados los motivos que en esta oportunidad nos llevaron a separarnos de la decisi\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Fallo en el que la magistrada ponente salv\u00f3 voto parcial, pero por razones que no tiene injerencia en este caso, pues el aparte citado se comparti\u00f3. <\/p>\n
2\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC10770-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC10770-2023 Radicaci\u00f3n No. 76001-22-03-000-2023-00162-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}