STC10913-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10913-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2023-00223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 24 de julio de 2023, dictado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, en el amparo que promovi\u00f3 la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE- S.A.S. contra el Juzgado 16 Civil del Circuito de Cali, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia 76001-40-03-033-2021-00371-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, en su calidad de administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), pidi\u00f3 dejar sin efecto el auto (7 sept. 2022) mediante el cual se orden\u00f3 continuar con el proceso de pertenencia del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 370-707737 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que Jos\u00e9 Arvey Caicedo Torres inici\u00f3 proceso de pertenencia sobre el inmueble descrito. El Juzgado 33 Civil Municipal de Cali admiti\u00f3 la demanda y posteriormente profiri\u00f3 auto en el que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso en raz\u00f3n a que el predio que se pretend\u00eda usucapir corresponde a un bien fiscal, comoquiera que sobre este recae una \u00abmedida cautelar de embargo, secuestro, disposici\u00f3n del poder dispositivo por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb en el marco de un proceso de extinci\u00f3n de dominio. Contra esa decisi\u00f3n el demandante interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, la cual mantuvo inc\u00f3lume el a quo, pero que revoc\u00f3 el Juzgado del Circuito accionado al desatar la alzada (7 sept. 2022). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que se vulner\u00f3 el debido proceso al considerar que los bienes sometidos a extinci\u00f3n de dominio solo mutan su naturaleza a bienes fiscales desde que se profiera la sentencia que acceda a la extinci\u00f3n de dominio, m\u00e1s no con las medidas cautelares, pues con ello desconoci\u00f3 el fin de estas de acuerdo con los art\u00edculos 87 y 88 de la Ley 1708 de 2014. Tambi\u00e9n se inaplic\u00f3 el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil frente a la imprescriptibilidad de los bienes de uso p\u00fablico, norma que extiende sus efectos a los bienes afectados con cautelas dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2.- La autoridad judicial convocada remiti\u00f3 el expediente objeto de queja constitucional y defendi\u00f3 su postura. Manifest\u00f3 que, conforme a lo estipulado en el Certificado Especial del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, la propietaria inscrita es una persona distinta a la sociedad accionante y que, a la fecha de la decisi\u00f3n, no hab\u00eda registro de sentencia que declarara la extinci\u00f3n del derecho de dominio en favor del Estado a pesar de la medida cautelar que recae sobre el bien, todo con fundamento en decisiones de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- La primera instancia de tutela neg\u00f3 el amparo por ausencia de inmediatez. <\/p>\n
4.- La actora impugn\u00f3. Esgrimi\u00f3 que el presupuesto de inmediatez deb\u00eda flexibilizarse, toda vez que est\u00e1n comprometidos los intereses de la Naci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que la vulneraci\u00f3n no ha cesado toda vez que la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio \u00abno ha sido objeto de decisi\u00f3n definitiva que permita concluir que el inmueble es meritorio de extinci\u00f3n de dominio\u00bb y reiter\u00f3 los fundamentos de su libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala superar\u00e1 la ausencia de inmediatez del resguardo y, en su lugar, descender\u00e1 al fondo de la controversia porque, como lo afirma la sociedad actora, la queja involucra los intereses p\u00fablicos que se pretende hacer valer de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, esto es, el patrimonio p\u00fablico y la moral social. Adem\u00e1s, se trata de una acci\u00f3n constitucional, p\u00fablica y relevante. <\/p>\n
En ese sentido, el art\u00edculo 34 de la Carta de Derechos establece que \u00ab(\u2026) por sentencia judicial, se declarar\u00e1 extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito, en perjuicio del Tesoro p\u00fablico o con grave deterioro de la moral social\u00bb. Y el art\u00edculo 17 de la Ley 1708 de 2014, \u00abpor medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u00bb, consagra que \u00ab[l]a acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza constitucional, p\u00fablica, jurisdiccional, directa, de car\u00e1cter real y de contenido patrimonial, y proceder\u00e1 sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido\u00bb. <\/p>\n
La Corte, por su parte, en asuntos donde est\u00e1n comprometidos intereses generales, ha sostenido que se pueden flexibilizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez para protegerlos (STC2791-2023, reiterada en STC2389-2020, STC874-2021, STC037-2022). <\/p>\n
Luego, en atenci\u00f3n al linaje de la contienda, la Sala superar\u00e1 la exigencia de inmediatez, con el fin de determinar si el juzgado accionado incurri\u00f3 en desafuero al ordenar la continuaci\u00f3n de la pertenencia sobre un inmueble que est\u00e1 cautelado en proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, pronto se advierte que el amparo no puede abrirse paso, ya que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
La queja medular de la accionante se dirige contra la decisi\u00f3n de revocar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso y ordenar su continuaci\u00f3n, dado que con ella se desconoci\u00f3 la finalidad de las medidas cautelares en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, as\u00ed como que de acuerdo con el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, los bienes de uso p\u00fablico son imprescriptibles. <\/p>\n
Revisado el proceso en comento, encuentra la Sala que la autoridad encartada no incurri\u00f3 en los efectos enrostrados, dado que determin\u00f3 que el embargo y suspensi\u00f3n del poder dispositivo decretado por la Fiscal\u00eda, respecto del bien objeto del proceso, no abre paso para concluir que aqu\u00e9l muta su naturaleza de privada a p\u00fablica, motivo por el cual puede ser objeto de prescripci\u00f3n adquisitiva, lo que se ajusta a lo reiterado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, inici\u00f3 por citar la sentencia SC3934-2020 para afirmar que lo interpretado por el Juzgado Municipal disiente de la posici\u00f3n de la Corte: <\/p>\n
3) Pues bien, de entrada, habr\u00e1 de decirse que como fundamento de la decisi\u00f3n cuestionada, el a quo adujo la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Civil. Prove\u00eddo de 19 de octubre de 2020. SC3934-2020, de la cual resalt\u00f3 lo dicho en cuanto a que los bienes adquiridos o de propiedad del Estado como producto de una extinci\u00f3n de dominio tienen la categor\u00eda de fiscales, de all\u00ed su imprescriptibilidad y la imposibilidad de consolidar derechos respecto de bienes \u201ccon extinci\u00f3n de dominio\u201d. <\/p>\n
No obstante, dicha interpretaci\u00f3n disiente realmente de lo plasmado en dicha providencia, en la cual se explic\u00f3: <\/p>\n
\u201cEs claro, entonces, que tanto los bienes de uso p\u00fablico como los fiscales est\u00e1n destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protecci\u00f3n legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Por tal raz\u00f3n, la Constituci\u00f3n y la ley consagran la prohibici\u00f3n expresa de declarar su pertenencia. <\/p>\n
No obstante, hay situaciones en que no es viable aplicar la restricci\u00f3n de la usucapi\u00f3n respecto de los bienes fiscales, por cuanto ello entra\u00f1ar\u00eda desconocer un derecho leg\u00edtimamente adquirido, a saber: <\/p>\n
a) Si la posesi\u00f3n apta para prescribir se inici\u00f3 y consum\u00f3 antes de entrar en vigor el numeral 40 del art\u00edculo 413, hoy 407, del CPC, esto es, el 1\u00b0 de julio de 1971. <\/p>\n
Esta excepci\u00f3n se justifica porque, en principio, la ley no puede afectar una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta y consolidada, que ha permitido el ingreso de un derecho al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para su nacimiento. <\/p>\n
El pasar por alto esa circunstancia comporta ignorar situaciones consolidadas, que ampara la Carta Pol\u00edtica en su art\u00edculo 58, seg\u00fan el cual \u00abse garantizan la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’. <\/p>\n
b) Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumpli\u00f3 dentro de la vigencia del citado numeral 40 del art\u00edculo 41, despu\u00e9s 407 (hoy CGP, num 4\u00b0, art. 375) pero con anterioridad al d\u00eda en que la entidad de derecho p\u00fablico adquiri\u00f3 la propiedad de la cosa. <\/p>\n
Esta segunda excepci\u00f3n busca respetar los principios de la buena fe y la confianza leg\u00edtima, pues, para que una situaci\u00f3n jur\u00eddica o material abordada de cierta forma en el pasado, genere razonables expectativas, debe existir una causa constitucionalmente aceptable que autorice la variaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, se previene la comisi\u00f3n de eventuales actos fraudulentos con la transferencia de bienes de particulares a entidades de derecho p\u00fablico, destinados a desposeer a quien para el momento de la negociaci\u00f3n hab\u00eda consolidado su derecho de dominio, falt\u00e1ndole tan s\u00f3lo su declaratoria judicial. <\/p>\n
Al respecto, y con relaci\u00f3n a estos dos subreglas, la doctrina de esta Sala, en el fallo, CSJ. SC del 31 julio de 2002, exp. 5812, las intuy\u00f3, reiter\u00e1ndolas en el de 6 de octubre de 2009, exp. 2003-00205-02, donde expuso, como venero de las mismas: (…) en ambos casos se protege el ‘derecho adquirido’ por el particular, seg\u00fan lo proclamado por el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que en ejercicio y amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante le permiti\u00f3 poseer un bien con vocaci\u00f3n de adquirir su dominio por el transcurso del tiempo y con el lleno de los restantes requisitos previstos por el legislador (…)\u00bb.(negrita y subrayado fuera del texto original).\u201d <\/p>\n
Enseguida, estudi\u00f3 el Certificado Especial del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos para afirmar que, al momento de emisi\u00f3n de la providencia, el bien inmueble objeto de prescripci\u00f3n era de propiedad Olga Mar\u00eda Torres Mosquera: <\/p>\n
\u201cQue verificada la informaci\u00f3n aportada por el usuario, se consult\u00f3 en la base de datos de la Oficina de Registro, que el bien objeto de la solicitud, es el inmueble, identificado con el folio de Matr\u00edcula 370-707737, segregado del folio de matr\u00edcula 370-451447, se encontr\u00f3 que ese inmueble se encuentra en poder y administraci\u00f3n de la Sociedad de Acticos Especiales SAE S.A.S. y como propietario(s) inscrito(s) con derechos reales de Dominio a TORRES MOSQUERA OLGA MAR\u00cdA por haberlo adquirido as\u00ed:\u201d <\/p>\n
De lo anterior se colige que el titular del derecho real de dominio es \u201cTorres Mosquera Olga Mar\u00eda\u201d, persona natural de derecho privado, cuya administraci\u00f3n viene siendo ejercida por la Sociedad de Activos Especiales SAE. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, de la anotaci\u00f3n Nro.6 del certificado de tradici\u00f3n de Matr\u00edcula Inmobiliaria 370-707737, se advierte una medida cautelar consistente en \u201cembargo en proceso de fiscal\u00eda y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u201d, no obstante, no se avizora la inscripci\u00f3n de sentencia alguna que declare la extinci\u00f3n del derecho de dominio en favor del Estado.\u201d <\/p>\n
Finalmente se refiri\u00f3 a la providencia STC8153-2021 y manifest\u00f3 que la posici\u00f3n fijada en esa ocasi\u00f3n no es pac\u00edfica para la Sala y concluy\u00f3 que los bienes privados solo mutan su naturaleza a bienes fiscales cuando se declare extinguido el dominio en sentencia y no solo con el decreto de medidas cautelares: <\/p>\n
Frente a esta \u00faltima cuesti\u00f3n, es importante destacar que si bien el a quo resalta en su providencia la sentencia de tutela STC 8153 de 2021 de 6 de julio de 2021- M.P. Lu\u00eds Alonso Rico Puerta; de la cual infiere que \u201cla prohibici\u00f3n de adelantar procesos frente a bienes imprescriptibles, no solo tiene alcance frente a aquellos bienes que son de propiedad del Estado por haberse producido su extinci\u00f3n de dominio, sino tambi\u00e9n frente a aquellos que se encuentran sujetos a dicha acci\u00f3n, y que cuentan con cautelas decretadas como producto de la misma, las cuales, relieva la jurisprudencia, tienen tambi\u00e9n car\u00e1cter prevalente.\u201d; lo cierto es que esa reciente postura adoptada en la sentencia de tutela no es pacifica ni compartida en pleno por la Sala Especializada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acoge el Despacho la doctrina probable de nuestro m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre, en cuanto a que los bienes sometidos a extinci\u00f3n de dominio s\u00f3lo mutan su naturaleza a bienes fiscales, con el proferimiento de la sentencia que acceda a la mentada extinci\u00f3n, mas no con las medidas cautelares decretadas en el curso del proceso, con miras a su salvaguarda, como bien se desglosa de la sentencia SC3934-2020; pues entre otras cosas, tambi\u00e9n se ha dicho que \u201c[e]l embargo y dep\u00f3sito de una finca ra\u00edz no impide que se consume la prescripci\u00f3n adquisitiva de ella. <\/p>\n
Estos argumentos sirvieron de base al estrado censurado para revocar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso de pertenencia y ordenar su continuaci\u00f3n hasta tanto no se provea sentencia que extinga el dominio en favor del estado colombiano. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa entonces el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la querellante, en el entendido que, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en la providencia reprochada contiene un criterio razonable e, independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que, las decisiones cuestionadas no fueron arbitrarias ni desmedidas, toda vez que, seg\u00fan se describi\u00f3, la autoridad atacada se fund\u00f3 en la jurisprudencia de esta Sala. <\/p>\n
En efecto, mem\u00f3rese que esta Sala, en decisi\u00f3n reciente, en un caso de similares contornos, reiter\u00f3 su posici\u00f3n frente a esta particular tem\u00e1tica en la que estableci\u00f3: <\/p>\n
No se pierda de vista que el registro de medidas cautelares en el curso de un proceso de tal categor\u00eda simplemente tiene el efecto de garantizar las resultas del proceso, que se desconocen hasta exista una sentencia de fondo, raz\u00f3n por la cual no pueden restringirse otras controversias legales suscitadas sobre el inmueble, como aquella del poseedor que pretende hacerse propietario. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la Corte ha puntualizado que, si bien los bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio constituyen patrimonio p\u00fablico y, por tanto, son imprescriptibles, tales condiciones emergen \u00fanicamente a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la p\u00e9rdida de la propiedad privada y su tr\u00e1nsito al dominio del Estado (SC3934-2020) <\/p>\n
Luego, como para el momento en que el fallador sentenci\u00f3 la causa, el inmueble no estaba cobijado con sentencia de -extinci\u00f3n de dominio, nada obstaba para que la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria declarara due\u00f1os a quienes reput\u00f3 como sus poseedores. <\/p>\n
Al mismo tiempo, mem\u00f3rese que las medidas cautelares, como regla general, no afectan la posesi\u00f3n del bien ni, por ende, sus efectos en el mundo del derecho. As\u00ed lo ha dicho la Sala de manera reiterada al precisar desde l 8 de mayo de 1890, y de manera invariable, que \u201cel embargo no interrumpe ni la posesi\u00f3n ni la prescripci\u00f3n, porque la ley no ha reconocido esto como causa de interrupci\u00f3n natural o civil, como puede evidenciarse en los art\u00edculos 2523 y 2524 del C\u00f3digo Civil\u2026\u201d <\/p>\n
Por otro lado, la posibilidad de que terceros adquieran, a trav\u00e9s del modo originario de la prescripci\u00f3n, derechos sobre bienes cautelados en un juicio de extinci\u00f3n de dominio, no es extra\u00f1a a los principios y naturaleza de esa acci\u00f3n especial; por el contrario; es el mismo ordenamiento el que con \u00e9nfasis pone a salvo los derechos de terceros no involucrados en la acci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Este \u00faltimo apartado pone de presente que debe haber sentencia judicial, inscrita en el registro inmobiliario, que declare la extinci\u00f3n de dominio a favor del Estado para que sea declarado como bien fiscal y, en consecuencia, sea oponible a terceros para que se le pueda otorgar el car\u00e1cter de imprescriptible al bien objeto del proceso. De suerte que, si existen situaciones ajenas e independientes al derecho de propiedad cuya extinci\u00f3n de dominio se persigue, como ser\u00eda la posesi\u00f3n de un tercero respecto del bien de que se trate, nada impide que sus titulares las consoliden o las hagan valer a trav\u00e9s de los cauces establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico, sin perjuicio, del derecho que les asiste de defender el statu quo en el juicio de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
De este modo, se infiere que el \u00abembargo y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb decretado por la Fiscal\u00eda, respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 370-707737, no despojaba al Juzgado Diecis\u00e9is (16) Civil del Circuito de Cali de la competencia para decidir y estimar la demanda de pertenencia incoada sobre el bien. Es decir, la agencia reprochada no incurri\u00f3 en los desafueros que se le atribuyeron. (STC2791-2023) <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00223-01 <\/p>\n
Estoy de acuerdo en confirmar el fallo proferido por la la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (24 jul. 2023), en la acci\u00f3n de tutela que la Sociedad de Activos Especiales -SAE- S.A. instaur\u00f3 contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del proceso de pertenencia n.\u00b0 76001-40-03-033-2021-00371, porque, tal y como all\u00ed se advirti\u00f3, \u201c(\u2026) el amparo no puede abrirse paso, ya que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, un argumento me lleva a aclarar mi posici\u00f3n y, es el concerniente a dar por superado el presupuesto de procedencia de la inmediatez por estimar que la queja involucra los intereses p\u00fablicos que se buscan hacer valer a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n dominio, esto es, el patrimonio p\u00fablico y la moral social; adem\u00e1s, de tratarse de una acci\u00f3n constitucional, p\u00fablica y prevalente. <\/p>\n
Y es que, desde la fecha de la sentencia censurada – 7 de septiembre de 2022 – y la de presentaci\u00f3n de la demanda superlativa – 14 de junio de 2023 -, corrieron m\u00e1s de los seis (6) meses que se han considerado razonables para ejercer esta acci\u00f3n, sin que se observe impedimento alguno de la accionante para acudir previamente a esta instancia. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, por cuanto, la actora afirm\u00f3 en el pliego genitor que dicha providencia le fue notificada \u00abel 09 de septiembre de 2022 (\u2026)\u00bb; es decir, desde esa data conoc\u00eda el prove\u00eddo y no advirti\u00f3 razones para justificar la tardanza en activar este mecanismo. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en los fallos STC16284-2022 y STC2791-2023, resalt\u00f3 la importancia de comparecer tempestivamente a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb cuando se controvierten sentencias en firme, en aras de evitar que se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e \u00abinmediata\u00bb ante una violaci\u00f3n o amenaza actual y, recu\u00e9rdese que la providencia recriminada data del 7 de septiembre del a\u00f1o anterior. <\/p>\n
Dejo de esta manera aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2023-00223-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, nos permitimos expresar los motivos de nuestra discrepancia. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE S.A., en su calidad administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado \u2013FRISCO, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales derivadas del debido proceso, toda vez que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 el prove\u00eddo del estrado a quo, a trav\u00e9s del cual se hab\u00eda declarado la terminaci\u00f3n anticipada del proceso de pertenencia que inici\u00f3 Jos\u00e9 Arvey Caicedo Torres (rad. n.\u00ba 2021-00371) y, en su lugar, orden\u00f3 seguir su decurso, aun cuando el bien pretendido est\u00e1 cautelado con \u00abmedida de embargo, secuestro, disposici\u00f3n del poder dispositivo por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, en proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
En la providencia de la cual nos apartamos, en relaci\u00f3n con la queja referenciada, la mayor\u00eda de la Sala aval\u00f3 la razonabilidad de la providencia confutada, porque \u00abla autoridad encartada no incurri\u00f3 en los efectos enrostrados, dado que determin\u00f3 que el embargo y suspensi\u00f3n del poder dispositivo decretado por la Fiscal\u00eda, respecto del bien objeto del proceso, no abre paso para concluir que aqu\u00e9l muta su naturaleza de privada a p\u00fablica, motivo por el cual puede ser objeto de prescripci\u00f3n adquisitiva, lo que se ajusta a lo reiterado por esta Corporaci\u00f3n. En efecto, inici\u00f3 por citar la sentencia SC3934-2020 para afirmar que lo interpretado por el Juzgado Municipal disiente de la posici\u00f3n de la Corte: [en el fallo SC3934-2020, 19 oct.]\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, en el sub-ex\u00e1mine se estableci\u00f3 que el resguardo carec\u00eda de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto que, \u00abla motivaci\u00f3n expuesta en la providencia reprochada contiene un criterio razonable e, independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que, las decisiones cuestionadas no fueron arbitrarias ni desmedidas, toda vez que, seg\u00fan se describi\u00f3, la autoridad atacada se fund\u00f3 en la jurisprudencia de esta Sala\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre el car\u00e1cter constitucional y prevalente de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Esta Sala ha resaltado, en otras oportunidades, que el car\u00e1cter constitucional y prevalente de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio tiene su fundamento en el art\u00edculo 34 de la Carta Pol\u00edtica1, siendo un instrumento (i) de car\u00e1cter p\u00fablico, pues a trav\u00e9s de \u00e9l se tutelan intereses superiores del Estado, como el patrimonio y el tesoro p\u00fablicos, as\u00ed como la moral social; (ii) de contenido patrimonial, porque recae sobre cualquier derecho real e implica la p\u00e9rdida de la titularidad del bien, independientemente de qui\u00e9n lo tenga en su poder o lo haya adquirido2; y, finalmente, (iii) aut\u00f3nomo e independiente, en relaci\u00f3n con otras acciones3. <\/p>\n
En ese orden, se ha se\u00f1alado que, conforme a esa naturaleza supralegal, las medidas cautelares reguladas en los art\u00edculos 12 de la Ley 793 de 2002 y 87 y 88 del actual C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio tambi\u00e9n est\u00e1n revestidas de tal prelaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como se desprende de los par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba de la \u00faltima disposici\u00f3n en cita y del r\u00e9gimen de administraci\u00f3n de bienes regulado a partir del art\u00edculo 90 del mismo compendio normativo, al punto que contra su decreto no procede recurso alguno, solo la solicitud de control de legalidad ante el Juez de Conocimiento (cuando el tr\u00e1mite se adelanta bajo la \u00e9gida de la Ley 1708), la inscripci\u00f3n en los respectivos registros no puede ser sometida a turno o rehusada (bajo ninguna circunstancia) por el funcionario competente y en su decreto y pr\u00e1ctica no se admiten oposiciones; asimismo, el administrador del Frisco (Sociedad de Activos Especiales) detenta facultades de \u00abpolic\u00eda administrativa para la recuperaci\u00f3n f\u00edsica\u00bb de los bienes o incluso su enajenaci\u00f3n temprana\u00bb a\u00fan sin haberse definido tal actuaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC8153-2021, 6 jul.). <\/p>\n
No obstante, respetuosamente estimamos que, en la decisi\u00f3n de la cual nos apartamos, con el prohijamiento de la determinaci\u00f3n del estrado ad quem, no se tuvieron en cuenta las particularidades desarrolladas en precedencia, as\u00ed como la importancia que revisten las medidas cautelares que, al amparo de la citada normativa, se decreten sobre ciertos bienes en los procesos de extinci\u00f3n de dominio, pues, precisamente, los intereses p\u00fablicos que se tutelan bajo su imposici\u00f3n implican la proscripci\u00f3n de cualquier interpretaci\u00f3n que conlleve la disminuci\u00f3n o el completo menoscabo de su eficacia. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, comedidamente consideramos que, en el sub-lite, debi\u00f3 verificarse la posibilidad de conceder la protecci\u00f3n deprecada por la SAE S.A., en tanto que el pronunciamiento del Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali \u2013a trav\u00e9s del cual se revoc\u00f3 el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n y dispuso, en su lugar, proseguir la pertenencia\u2013, contrar\u00eda la naturaleza supralegal de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y de las medidas cautelares que bajo su amparo se dispongan. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundamentado nuestro salvamento de voto, con la reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 34: \u00abSe proh\u00edben las penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n. No obstante, por sentencia judicial, se declarar\u00e1 extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito, en perjuicio del Tesoro p\u00fablico o con grave deterioro de la moral social\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba Ley 793 de 2002 y 17 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba Ley 793 de 2002 y 18 Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
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