STC10915-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10915-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01526-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 10 de agosto de 2023 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la tutela promovida por Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Cariaciolo Carrillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado n\u00b0 200001-31-05-003-2008-00137-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos las sentencias de segunda instancia y de casaci\u00f3n que despacharon desfavorablemente sus pretensiones (19 ene. 2022 y 6 jun. 2023), para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto conforme a sus intereses. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en el proceso objeto de revisi\u00f3n que curs\u00f3 contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. Relat\u00f3 que en primera instancia se concedieron sus pretensiones relativas a la declaraci\u00f3n de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales, sin embargo, el tribunal querellado revoc\u00f3 el veredicto (19 ene. 2022). Expuso que present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, sin \u00e9xito (6 jun. 2023). <\/p>\n
De las decisiones adversas a sus intereses deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales tras considerar que las magistraturas erraron en la apreciaci\u00f3n de las circunstancias f\u00e1cticas y probatorias que rodearon el caso concreto. En particular, denunci\u00f3 que las autoridades omitieron valorar la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
2. La Sala de casaci\u00f3n y el tribunal convocado remitieron el link del expediente acusado y defendieron la legalidad de sus actos. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. se opuso a la prosperidad del resguardo. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar razonable la decisi\u00f3n acusada. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La denegaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 confirmada porque la providencia cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la autoridad accionada, situaci\u00f3n que impide a esta sede constitucional invadir la \u00f3rbita del juez natural de la causa. <\/p>\n
En efecto, luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio pudo constatarse que el principal motivo que tuvo la Sala de casaci\u00f3n accionada para desestimar el recurso extraordinario consisti\u00f3 en que el casacionista no satisfizo los requisitos de t\u00e9cnica exigidos por el legislador para la prosperidad de dicho medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la magistratura reliev\u00f3 que el primer cargo denunciado se enfil\u00f3 \u00abpor la v\u00eda de puro derecho\u00bb, sin embargo, su justificaci\u00f3n se edific\u00f3 sobre circunstancias eminentemente f\u00e1cticas. En concreto se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al revisar los cargos planteados por la censura, encuentra la Corte que el primero fue enderezado por la senda de puro derecho, pero en su demostraci\u00f3n, echa mano de argumentos de tipo f\u00e1ctico, como son los que tienen que ver con la revisi\u00f3n de la certificaci\u00f3n emitida por el Banco el 13 de junio de 1991 y la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En seguida, destac\u00f3 que el segundo cargo impugnaticio se soportara \u00abpor la v\u00eda f\u00e1ctica\u00bb, no obstante, no se individualizaron las pruebas que se consideraron indebidamente apreciadas, lo que imped\u00eda la prosperidad del reproche. Espec\u00edficamente predic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el segundo cargo, que s\u00ed fue planteado por la v\u00eda f\u00e1ctica, no individualiza las pruebas que se consideran onmitdas o mal valoradas por el ad quem, lo que es necesario cuando se acoge este sendero (CSJ AL934-2023), pues de no ser as\u00ed, se contrar\u00eda el requisito consagrado en el literal b del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 90 del C.P.T.S.S., el cual prev\u00e9 que \u00aben caso de que se estime que la infraccik\u00f3n legal ocurri\u00f3 como consercuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas, citar\u00e1 estas singulariz\u00e1ndolas y expresar\u00e1 que clase de error se cometi\u00f3\u00bb. (Resalta la Sala)\u00bb <\/p>\n
Adicionalmente, la magistratura convocada resalt\u00f3 que, a pesar de que los argumentos expuestos resultaban suficientes para desechar la casaci\u00f3n, lo cierto era que, si se pasaran por alto los errores de t\u00e9cnica rese\u00f1ados, tampoco prosperar\u00eda el remedio extraordinario dado que la sentencia del tribunal se fund\u00f3, entre otras, en la ausencia de pruebas que demostraran suficientemente la relaci\u00f3n laboral pretendida por el libelista. Al respecto indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe todas maneras, si en alto grado de laxitud, y debido al estudio conjunto de los cargos se entendiera superada la escogencia de las v\u00edas, y asumiera la Corte que las pruebas singularizadas son las mencionadas en el desarrollo de las acusaciones, ello no conducir\u00eda a su prosperidad, pues debe recordarse que la sentencia del juez de alzada viene precedida de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, lo que obliga a la censura a adelantar un ejercicio dial\u00e9ctico que derrumbe todos los pilares en que se soport\u00f3 la decisi\u00f3n, ya que de no ser as\u00ed, la consecuencia inevitable es que las premisas se mantienen inc\u00f3lumes (CSJ SL1452-2018 y AL826-2023). <\/p>\n
Se trae esto a colaci\u00f3n porque, en el sub judice, el Tribunal advirti\u00f3 que en el expediente no obraban las copias de las demandas ejecutivas que el accionante adujo present\u00f3 a nombre de BBVA S.A., ni los memoriales de informes tramitados por aquel a este, en desarrollo y cumplimiento de sus funciones. Tambi\u00e9n sostuvo el colegiado que, si bien el expediente fue reconstruido por haberse extraviado, era en esa oportunidad en la que el actor estaba autorizado para aportar las piezas procesales que tuviera en su poder, \u00abm\u00e1xime cuando \u00e9l mismo indic\u00f3 que las aportadas con la demanda eran copias, aunado al hecho que conforme al libro radicador de ese juzgado consta que el 30 de julio del 2009 (fl02), al actor se le expidieron copias del expediente; por lo que bien pudo haberlas aportado en el acto de la reconstrucci\u00f3n). <\/p>\n
De todas formas, al revisar las pruebas que se entienden singularizadas, encuentra la Corporaci\u00f3n que el certificado emitido por el banco, de fecha 13 de junio de 1991 (1\u00b0 79), nada aporta respecto a lo discutido, pues all\u00ed, de forma general se expresa que el demandante \u00abse desempe\u00f1a como Abogado Externo en esta Entidad desde hace nueve (9) a\u00f1os\u00bb, pero no da luces de que contaba con poder para actuar en los procesos espec\u00edficos mencionados en el libelo genitor. <\/p>\n
Por su parte, la contestaci\u00f3n de la demanda, como pieza procesal, no tiene confesi\u00f3n alguna, comoquiera que a pesar de que all\u00ed se dice que efectivamente el actor represent\u00f3 al banco en algunos procesos -situaci\u00f3n \u00e9sta que nunca se discuti\u00f3-, niega el hecho segundo, el cual se refiere espec\u00edficamente a los negocios sobre los cuales el accionante pretende el pago de honorarios, y lo hace bajo el entendido de que \u00abno existe prueba dentro del expediente que en todos los procesos relacionados por el demandante en este hecho, el Banco le haya otorgado poder para actuar\u00bb <\/p>\n
Sobre el dictamen pericial practicado en el juicio se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn lo atinente al dictamen pericial, el Tribunal le resta valor probatorio, por no cumplir con las exigencias del numeral 10 del art\u00edculo 226 del CGP, pues con \u00e9l: (i) no se fij\u00f3 que quien actu\u00f3 en los procesos estudiados fue el demandante; y (ii) no se adjuntaron las copias de los documentos utilizados para su elaboraci\u00f3n, es decir, las piezas procesales con las que se demostrara que el actor fue apoderado judicial de la sociedad demandada en los negocios <\/p>\n
ejecutivos relacionados. <\/p>\n
Pues bien, a decir verdad, el recurrente no ataca como tal este argumento, sino que intenta justificar la deficiencia de la prueba pericial, achac\u00e1ndole al colegiado la omisi\u00f3n en el decreto de una prueba de oficio, olvidando que, conforme a los postulados del art\u00edculo 167 del CGP, quien tiene la carga de la prueba es el actor, comoquiera que Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb <\/p>\n
Con ese panorama, resulta evidente que este escenario -excepcional y residual- no es el adecuado para que se dilucide el conflicto planteado por la gestora, toda vez que la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales para la formulaci\u00f3n de las acusaciones, en aras de demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada en esta v\u00eda supralegal, ya que no es el camino para suplir la ineptitud de la demanda de casaci\u00f3n (CSJ STC16367-2019, STC6238-2018, citada en STC9068-2021, STC13361-2021, STC16325-2021, STC16570-2022, STC636-2023). <\/p>\n
Al respecto, es importante resaltar que el Colegiado cuestionado no estaba obligado a superar tales deficiencias con el fin de revisar la directriz del Tribunal1, dada la presunci\u00f3n de legalidad de la que est\u00e1n revestidas las sentencias judiciales. De suerte que no le corresponde a la Corte, como Tribunal de Casaci\u00f3n, escudri\u00f1ar de oficio las falencias invocadas, sino al interesado demostrarlas \u00abmediante un ejercicio m\u00ednimamente t\u00e9cnico pero fundamental y b\u00e1sico\u00bb2. Entonces, como en el sub j\u00fadice el peticionario no lo hizo, es razonable que deba asumir las consecuencias de su propia incuria. <\/p>\n
Ahora, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre en materia laboral no puede calificarse como \u00abuna v\u00eda de hecho\u00bb que se traduzca en trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas de la inconforme, toda vez que no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos, como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. Esta postura se reiter\u00f3 en un caso de similares contornos, en el que se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el car\u00e1cter extraordinario de tal enmienda impone al opugnante cumplir en estrictez con los requisitos tanto de fondo como formales consagrados por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales para la formulaci\u00f3n de las acusaciones en aras de demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada en esta v\u00eda supralegal ya que no es el camino para suplir la ineptitud de la \u00abdemanda de casaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC6238-2018, citada en STC9068-2021). <\/p>\n
F\u00edjese entonces que las determinaciones acusadas, lejos de tornarse caprichosas o formalistas, lucen razonables en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n conocida por la agencia querellada, quien percibi\u00f3 defectuosa la formulaci\u00f3n t\u00e9cnica de los reproches del casacionista y descart\u00f3 la existencia de yerros protuberantes en el ejercicio valorativo del tribunal accionado. De all\u00ed que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a prerrogativas fundamentales, toda vez que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses del actor, tampoco por esta circunstancia debe tildarse de arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En definitiva, como quiera que la decisi\u00f3n cuestionada descansa sobre un discernimiento razonable respecto del panorama conocido por la agencia judicial accionada, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 SL2808-2028, SL525-2018, SL10501-2017, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 SL525-2018 <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10915-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC10915-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01526-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 10 de agosto de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}