STC10916-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10916-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00886-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de agosto de 2023, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Artidoro Rodr\u00edguez Lara le instaur\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, a los Juzgados Sexto Laboral del Circuito, Quinto Laboral del Circuito, Segundo Administrativo Oral, todos de Valledupar, al Contador del Tribunal Administrativo del Cesar, al Municipio de Curuman\u00ed, a la Secretar\u00eda de Hacienda de ese municipio, a Edilma Guzm\u00e1n Quintero y a todas las partes e intervinientes en el proceso disciplinario con radicado No. 20001-11-02-000-2016-00590-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista solicit\u00f3 \u00abse declare la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, \u00abse deje sin efectos la sentencia de fecha 4 de mayo de 2023, expedida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb. <\/p>\n
De los medios de convicci\u00f3n aportados y el escrito inaugural se extrae que Edilma Guzm\u00e1n Quintero, entre otros docentes, contrat\u00f3 los servicios profesionales del convocante para reclamar sus derechos laborales y en el curso del proceso la Alcald\u00eda Municipal de Curuman\u00ed, con ocasi\u00f3n de una transacci\u00f3n, dispuso el pago de $32.8980.572 (30 sep.2013) y $127.872.323 (27 may. 2015); sin embargo, dichos recursos no fueron entregados a la mayor brevedad posible a su destinataria, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 queja disciplinaria y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar le impuso como sanci\u00f3n la suspensi\u00f3n del ejercicio de la abogac\u00eda por 3 a\u00f1os y multa de 20 s.m.m.l.v. (13 ago. 2018), determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (4 may. 2023). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que entre la apertura de la investigaci\u00f3n disciplinaria (2 nov. 2016) y la data de la sentencia de segunda instancia oper\u00f3 el fen\u00f3meno de prescripci\u00f3n, el que, asever\u00f3, acaeci\u00f3 el 23 de enero de 2022, y adem\u00e1s que no tuvieron en cuenta que el proceso ejecutivo termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n (27 feb. 2020). <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el auxilio por la razonabilidad en la decisi\u00f3n de segunda instancia porque \u00abhasta tanto no se entreguen los dineros a la quejosa y leg\u00edtima due\u00f1a, la conducta se sigue desarrollando y por ende no se empieza a contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, argumento que no encuentra esta Sala desacertado o irracional\u00bb, y en lo atinente a no tener en cuenta que el proceso ejecutivo hab\u00eda terminado, desestim\u00f3 el ruego por incuria toda vez que \u00abno se encontr\u00f3 que al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial conociera de la existencia de dicho auto, o que el accionante informara de ello a esa Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el convocante e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo y en su particular entendimiento que de la figura de la prescripci\u00f3n hace. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La resoluci\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 refrendada por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
En lo atinente a la invalidaci\u00f3n del veredicto que emiti\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (4 may. 2023), confrontado con los argumentos de la censura, desde el p\u00f3rtico se avizora que \u00e9ste pretende utilizar este mecanismo como una tercera oportunidad para debatir sobre hechos que fueron materia de estudio en el proceso disciplinario objeto de escrutinio, prop\u00f3sito para el que no se concibi\u00f3 esta especial justicia. <\/p>\n
Es as\u00ed como de la resoluci\u00f3n de segunda instancia no se infiere alguna situaci\u00f3n configurativa de v\u00eda de hecho, por cuanto en lo relacionado con el fen\u00f3meno extintivo del deber establecido en el numeral 4 del art\u00edculo 358 de la Ley 1123 de 2007, que lo obliga a suministrar sin dilaci\u00f3n los dineros recibidos, al estudiar la posibilidad de exculpaci\u00f3n por el fenecimiento, recalc\u00f3: <\/p>\n
[p]ostula el recurrente, que a pesar de no reconocer como ciertos los hechos denunciados, la conducta se encontrar\u00eda prescrita, en la medida que tuvo lugar en octubre de 2007 \u2013 cuando recibi\u00f3 poder para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -, y mayo de 2013 \u2013 al obtener el mandato para radicar la demanda ejecutiva Nro. 2013-00328-00-. Sobre este aspecto, resulta oportuno recordar al abogado que la falta por la cual fue llamado a juicio disciplinario, reprocha el hecho de no entregar a la mayor brevedad posible los dineros recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, misma que por su naturaleza es de car\u00e1cter permanente. <\/p>\n
En ese sentido, tal y como lo postula el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se contabiliza a partir del \u00faltimo acto ejecutivo, que para la retenci\u00f3n de dineros corresponde al suministro a su leg\u00edtimo titular, acci\u00f3n que agota el deber de obrar con honradez, y al no existir en el plenario medio de convicci\u00f3n alguno que sugiera tal suceso, resulta evidente que no se ha extinguido la acci\u00f3n disciplinaria (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo transcrito deja ver c\u00f3mo la autoridad cuestionada se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis de la conducta inadecuada del abogado, pues no se aport\u00f3 para ese momento la prueba de su cesaci\u00f3n, lo que impidi\u00f3 que se estructurara la figura liberatoria ahora invocada, por el contrario, de los elementos persuasivos recopilados hasta esa instancia lo que verific\u00f3 fue la consumaci\u00f3n de ese obrar contrario al diligente desempe\u00f1o de la profesi\u00f3n, en evidente detrimento de su poderdante. Bajo esa perspectiva tales circunstancias imposibilitan la intervenci\u00f3n superlativa porque las reflexiones de la Corporaci\u00f3n querellada no revelan arbitrariedad y en ese orden de ideas se recuerda que, <\/p>\n
El accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera lo desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. (CSJ STC147-2017, memorada en STC6664-2018). <\/p>\n
Si lo anterior fuera poco, que no lo es, y para ahondar en argumentos, como el suplicante insisti\u00f3 en que los emolumentos fueron entregados en su totalidad por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y por eso termin\u00f3 el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 Edilma Guzm\u00e1n Quintero (27 feb. 2020), tal situaci\u00f3n no fue puesta en conocimiento por la parte demandante a la magistratura accionada o, por lo menos, en estas diligencias no obra prueba que as\u00ed lo acredite, acontecer que lo inhabilita para acudir ante el juez constitucional para ese fin, pues a ello se opone la naturaleza residual y subsidiaria de este instrumento excepcional. Sobre el punto tiene decantado la Corte que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7730-2020, STC2557-2021 reiterada, entre otras, en STC6166-2023). <\/p>\n
Entonces, si el inconforme cont\u00f3 con las oportunidades para ser escuchado y aportar las pruebas que considerara pertinentes para obtener su exculpaci\u00f3n, no puede aducir la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso, que como se vio, no existe, para intentar mediante el camino superlativo invalidar la providencia a la que le endilga la vulneraci\u00f3n, desenlace que como se vio fue la consecuencia de su incuria, desatenci\u00f3n o falta de diligencia en el proceso disciplinario que se le adelant\u00f3. <\/p>\n
Por lo explicado, como se anticip\u00f3, la resoluci\u00f3n de primer grado ser\u00e1 convalidada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10916-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC10916-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00886-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de agosto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76645","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76645"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76645\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}