STC10920-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10920-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01930-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 31 de agosto de 2023, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el amparo promovido por Jos\u00e9 Miguel Palmera Guasca en contra del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor financiero 11001-08-000-08-2020-01561-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que, con ocasi\u00f3n a la relaci\u00f3n laboral que sostuvo con la empresa C.I. Prodeco S.A., fue vinculado a una p\u00f3liza de seguros emitida por Seguros de Vida Suramericana S.A. quien no le inform\u00f3 las condiciones, coberturas y exclusiones del contrato al momento de su ingreso. Posteriormente, fue calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral en un 55.99%, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 la indemnizaci\u00f3n del seguro suscrito, la cual fue objetada por la aseguradora. Promovi\u00f3 contra Seguros de Vida Suramericana S.A. demanda de protecci\u00f3n al consumidor financiero, en primera instancia la Superintendencia Financiera le concedi\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que fue apelada y revocada por el estrado accionado. El accionante aleg\u00f3 que se vieron transgredidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que el Juzgado Noveno Civil del Circuito realiz\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 6o de la ley 1328 de 2009, as\u00ed como tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el precedente judicial de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que no concurr\u00edan los requisitos de ley y del contrato para acceder a la indemnizaci\u00f3n reclamada y defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n, motivo por el que solicit\u00f3 se negara el amparo. <\/p>\n
La Superintendencia Financiera hizo referencia a sus facultades jurisdiccionales consagradas en la ley, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones m\u00e1s relevantes en el proceso. Indic\u00f3 que la tutela no se dirige contra la decisi\u00f3n proferida por esta entidad, por lo que no est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva. <\/p>\n
Por su parte, la aseguradora Seguros de Vida Suramericana S.A., manifest\u00f3 que los hechos de la tutela corresponden a una presentaci\u00f3n subjetiva, incompleta e insuficiente de los hechos del proceso ordinario. Se\u00f1al\u00f3 que la norma en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado es aplicable y se encuentra en plena vigencia, por lo que se le exige al estrado accionado una interpretaci\u00f3n alineada a los intereses del gestor, lo cual no es procedente. Adicion\u00f3 que el asunto no tiene relevancia constitucional, que la sentencia no desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial, la tutela no cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez y el fallo confutado no contiene ning\u00fan defecto f\u00e1ctico, sustantivo o procedimental que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo por razonabilidad. <\/p>\n
4.- El gestor impugn\u00f3. Aleg\u00f3 que se desconoci\u00f3 la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela y reiter\u00f3 los argumentos de su libelo inicial. <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, dado que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
La queja del accionante se dirige contra la sentencia de segunda instancia que revoc\u00f3 la condena impuesta por la Superintendencia Financiera, pues no tuvo en consideraci\u00f3n la infracci\u00f3n de los derechos de informaci\u00f3n de la aseguradora frente a los consumidores financieros, esto principalmente porque interpret\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1328 de 2009 y desconoci\u00f3 el precedente de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia, lo que conllev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Revisado el proceso en comento, encuentra la Sala que la autoridad encartada no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados, dado que al resolver la alzada revoc\u00f3 lo decidido por el a quo, con fundamento en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas aplicables y con fundamento en las pruebas allegadas al proceso. <\/p>\n
El Juzgado mencion\u00f3 que la pretensi\u00f3n del accionante se fund\u00f3 en la declaraci\u00f3n del incumplimiento del asegurador dada la inobservancia legal y contractual al deber de informaci\u00f3n propio de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas conforme el literal c del art\u00edculo 3\u00ba, art\u00edculos 9 y 10 de la Ley 1328 de 2009. A este respecto, describi\u00f3 la obligaci\u00f3n legal que efectivamente tienen las entidades vigiladas frente a los consumidores de brindar informaci\u00f3n cierta, suficiente, clara y oportuna. Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que, conforme el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1328 de 2009, los usuarios del sistema financiero tambi\u00e9n tienen la obligaci\u00f3n de informarse acerca de los productos o servicios que planean adquirir, las condiciones generales de la operaci\u00f3n, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, entre otros, sin que con ello se exima a las vigiladas de sus obligaciones. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 al caso en concreto y afirm\u00f3 que no existe discusi\u00f3n en cuanto a la existencia del contrato de seguro de vida grupo contratado desde 2009 por el empleador, as\u00ed como tampoco frente a las modificaciones posteriores y las exclusiones pactadas en la vigencia desde el 1\u00ba de diciembre de 2017 al 1\u00ba de diciembre de 2018, dentro de las que se encontraba aquella que sirvi\u00f3 de fundamento de la objeci\u00f3n planteada por la aseguradora consistente en \u00abla invalidez o p\u00e9rdidas de capacidad laboral que sean consecuencia directa o indirecta, en todo o en parte, de patolog\u00edas osteomusculares o de trastornos mentales cuyo origen sea determinado como com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
En efecto, determin\u00f3 que el objeto de la litis se centraba en establecer si el incumplimiento del deber de informar al consumidor, en cabeza de la aseguradora, acerca de la exclusi\u00f3n incorporada en el pacto aseguraticio la hac\u00eda responsable del pago del riesgo asegurado. Para resolver ese punto, el ad quem destac\u00f3 que el deber de los consumidores de informarse acerca de los productos financieros adquiridos cobra mayor relevancia, puesto que este era un seguro que se toma por otro \u2013 seguro de vida grupo \u2013 en el que se concretan sus condiciones, beneficios y exclusiones con el tomador de la p\u00f3liza y la entidad aseguradora, sin intervenci\u00f3n del asegurado. <\/p>\n
As\u00ed, no observ\u00f3 el Juzgado que la aseguradora haya \u201cmantenido en la ignorancia del contrato de seguro y sus modificaciones ulteriores, por un acto negligente o de mala fe de la demandada aseguradora, que trascendiera m\u00e1s all\u00e1 de del \u00e1mbito de las sanciones que por este hecho trae el estatuto de los consumidores, -como el dar por terminado el contrato, sin condenas para el asegurado-, para de all\u00ed comunicarse al \u00e1mbito de la responsabilidad contractual, devenida del clausulado legal y especial pactado en el respectivo contrato por sus interviniente\u201d <\/p>\n
A partir del an\u00e1lisis planteado finalmente el despacho judicial accionado concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Estos antecedentes debidamente acreditados en el expediente, nos conducen a concluir, que las cl\u00e1usulas de exclusi\u00f3n pactadas en el contrato de seguro por tomador y asegurador, con relaci\u00f3n a la p\u00f3liza seguir vida grupo n\u00famero 083001004433 en la renovaci\u00f3n de 2017 y 2018, si le son oponibles al aqu\u00ed demandante, quien no acredit\u00f3 de un lado, la m\u00ednima carga de diligencia, para conocer las condiciones y clausulado general del seguro del cual era asegurado, por m\u00e1s de diez a\u00f1os, desde el a\u00f1o 2009 hasta 2019, ya que solo negada una reclamaci\u00f3n planteada en meros antecedentes indemnizatorios de decenas de trabajadores, que juzg\u00f3 ostentaban id\u00e9nticas o por lo menos similares condiciones a las suyas, es que acudi\u00f3 a ese deber legal de documentaci\u00f3n de las condiciones del contrato de seguro, que, para la fecha de su evento aducido como siniestro, ya no ten\u00eda cobertura, y de otro lado, al resultar demostrado en el plenario que en efecto el demandante no desconoc\u00eda el clausurado del contrato, por conocer muchos los eventos de compa\u00f1eros de trabajo, que con fundamento en las reglas del contrato, accedieron a la indemnizaci\u00f3n, a la que el mismo pretendi\u00f3 con esta demanda. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la querellante, en el entendido que, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en las providencias reprochadas contiene un criterio razonable e, independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que, las decisiones cuestionadas no fueron arbitrarias ni desmedidas y se profirieron bajo una interpretaci\u00f3n razonada y en conjunto del art\u00edculo 6o de la Ley 1328 de 2009 y dem\u00e1s relacionadas a la materia de protecci\u00f3n al consumidor y deber de informaci\u00f3n de las entidades vigiladas. <\/p>\n
En efecto, en casos de similares contornos, esta Sala ha destacado la razonabilidad de la decisi\u00f3n de no condenar a la aseguradora por no informar a los beneficiarios o asegurados de las condiciones del contrato de seguro de vida grupo, dado que es una labor que corresponde al tomador: <\/p>\n
\u201cCiertamente, para obrar como lo hizo, en el punto nodal de la providencia, esto es, el an\u00e1lisis del presunto incumplimiento de la aseguradora con el deber de informaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas de la p\u00f3liza contratada al tomador y en especial al asegurado, la Juez accionada, despu\u00e9s de sentar que si bien las Leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011, que rigen la materia, son coincidentes en que es obligaci\u00f3n de la entidad vigilada brindar toda el conocimiento necesario sobre sus productos y servicios, advirti\u00f3 que, ciertamente, respecto de los contratos de seguros, la \u00faltima de las normas en cita -art. 37-3-, impone dicho compromiso con destino \u00fanica y exclusivamente \u00abal tomador y no al asegurado\u00bb, tal como se encontr\u00f3 probado respecto de C.I. Prodeco S.A.; luego \u00abal no existir un deber de informar al asegurado de las condiciones del seguro, pero si al tomador, se debe concluir que la exclusi\u00f3n contenida en las condiciones particulares del contrato (\u2026), son aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, indic\u00f3 que como exclusiones adicionales a la p\u00f3liza contratada, se ten\u00eda la condici\u00f3n de invalidez con origen com\u00fan, de all\u00ed que si el dictamen de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral del actor, encontr\u00f3 esas especiales especificaciones, coligi\u00f3 que \u00abhay un eximente de responsabilidad por parte de la aseguradora, puesto que es claro que se hab\u00eda pactado entre aseguradora y tomador, una exclusi\u00f3n del riesgo asegurable, por lo que la situaci\u00f3n presentada por el asegurado no tiene la cobertura deseada\u00bb.\u201d (STC6395-2022; reiterada en STC5680-2023) <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada en este numeral. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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