STC10926-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10926-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01419-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 31 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Humberto Salazar Cajamarca contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Funza, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos parcialmente la providencia de fecha 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Penal, en lo atinente a la negativa de decretar la pr\u00e1ctica de los testimonios de todos los educadores de la menor presunta v\u00edctima\u2026 y en relaci\u00f3n a la exclusi\u00f3n de la Historia Cl\u00ednica del 20\/03\/2018 de Colsubsidio\u2026 Historia Cl\u00ednica del 07\/07\/2020 de Colsubsidio\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Funza se adelanta proceso penal por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo en contra del accionante. <\/p>\n
2.3. En el curso de la diligencia, el fallador inadmiti\u00f3 los testimonios pretendidos, as\u00ed como la declaraci\u00f3n de la psic\u00f3loga, al tiempo que, frente a las documentales, solo orden\u00f3 \u00abla certificaci\u00f3n de la c\u00e1mara de comercio de quien es el due\u00f1o del negocio, los dem\u00e1s anexos se niegan\u00bb; determinaci\u00f3n que, en sede de alzada, el 30 de junio de 2023 el Tribunal revoc\u00f3 parcialmente, \u00abdecre[tando] s\u00f3lo un testimonio de los educadores solicitados, por tanto, requi[ri\u00f3] al defensor de Germ\u00e1n Humberto Salazar Cajamarca, para que previo a la instalaci\u00f3n del juicio oral, informe por escrito a los sujetos procesales y al Juzgado Primero Penal del Circuito de Funza, a cu\u00e1l de los profesores convocar\u00e1 a declarar en la vista p\u00fablica\u00bb; asimismo, \u00abexcluir por ilegales las pruebas documentales relativas a las historias cl\u00ednicas de la menor v\u00edctima\u00bb y \u00abadmitir y decretar el testimonio de la psic\u00f3loga forense, Dra. Claudia Alexandra Rodr\u00edguez Yepes, junto con la incorporaci\u00f3n del informe base de opini\u00f3n pericial y los anexos que hayan sido debidamente descubiertos y solicitados en la audiencia preparatoria\u00bb; en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso la decisi\u00f3n referida a espacio pues, a su parecer, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo en la medida en que, conforme al art\u00edculo 376 de la Ley 906 de 2004 el fallador no argument\u00f3 porque los testimonios resultaban inadmisibles, adem\u00e1s, porque no indic\u00f3 la raz\u00f3n por la que \u00abno eran pruebas indirectas pertinentes, que le sirvieran a la defensa para hacer menos probable la ocurrencia de los hechos, puesto que como se indic\u00f3, se les indagar\u00eda lo que ellos pudieron observar en la menor, si tuvo o no cambios en su comportamiento, si estas personas evidenciaron alg\u00fan indicador que les hiciera suponer que la menor podr\u00eda estar siendo v\u00edctima de alg\u00fan tipo de abuso sexual\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en un prejuicio, pues argument\u00f3 que \u00abera dif\u00edcil suponer que la v\u00edctima le haya comentado vej\u00e1menes a los cuales fue sometida\u00bb, lo cual debe ser objeto de las testimoniales denegadas. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que contrario a lo indicado por el fallador \u00abno es cierto que los testimonios de los profesores resulten repetitivos e injustamente dilatorios del procedimiento. Como se indic\u00f3 cada uno de los testigos solicitados por la defensa, declarar\u00edan sobre lo percibido en las fechas en las cuales fueron los directores del curso o tuvieron alguna relaci\u00f3n en el \u00e1mbito educativo con la menor y conforme al escrito acusatorio los supuestos hechos se extienden por un periodo aproximando de 10 a\u00f1os, desde el a\u00f1o 2011 hasta el 2021, lo que habilita la pertinencia de estos testigos y por lo tanto su admisibilidad\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que se excluy\u00f3 la pruebas de la historia cl\u00ednica, tras manifestar el fallador que la defensa no indic\u00f3 en la audiencia preparatoria como las obtuvo, si contaba con autorizaci\u00f3n previa y posterior del Juez del control de garant\u00edas; sin embargo, la exclusi\u00f3n de dichas probanzas es procedente cuando se tiene certeza de que la prueba se obtuvo de manera ilegal o il\u00edcita, lo cual ac\u00e1 no se prob\u00f3, sumando a que, para el caso, las historias cl\u00ednicas \u00abse recolectaron con el lleno de los requisitos legales, esto es con autorizaci\u00f3n previa por parte del Juzgado Penal Municipal de Madrid Cundinamarca y control posterior ante el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Procuradur\u00eda 375 Judicial I Penal manifest\u00f3 que, en cuanto a la exclusi\u00f3n de las historias cl\u00ednicas, le asiste raz\u00f3n al accionante, en la medida en que, el Tribunal se equivoc\u00f3 al aplicar la cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues \u00abal apreciar las actas del Juzgado Penal Municipal de Madrid y Mosquera (Cundinamarca) de fechas 31 de marzo y 12 de abril de 2022 respectivamente, en las que se da cuenta que las mismas fueron sometidas a control previo y posterior\u00bb, situaci\u00f3n que, no fue debatida en primera instancia, ni en el recurso de alzada; en lo dem\u00e1s, la decisi\u00f3n no luce arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Juicios de Funza refiri\u00f3 que no asisti\u00f3 a la audiencia preparatoria, por lo que desconoce el tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Jackeline Rodr\u00edguez defendi\u00f3 el actuar del Tribunal accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Quinta Seccional de Juicios de Funza pidi\u00f3 desestimar la acci\u00f3n de tutela, al considerar que no existe quebranto a las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Funza relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; destac\u00f3 que las decisiones adoptadas en la audiencia preparatoria no advierten irregularidades procesales que afectaran las garant\u00edas de las partes; remiti\u00f3 link para consulta de la carpeta. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca defendi\u00f3 su actuar; anot\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es procedente porque no satisface los presupuestos, a m\u00e1s que, lo que busca es complementar la argumentaci\u00f3n de sus solicitudes probatorias; remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Juzgado Penal Municipal de Madrid pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, al considerar que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, al considerar que el proceso fustigado a\u00fan est\u00e1 en curso, por lo que el gestor puede presentar los medios de defensa que considere pertinentes para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abpese a que la actuaci\u00f3n penal\u2026 actualmente se encuentra en curso, en las etapas venideras, la defensa no puede generar un nuevo debate en lo atinente a estos elementos materiales probatorios que le fueron inadmitidos y excluidos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte, tal como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite est\u00e1 en la etapa de juicio oral. <\/p>\n
Entonces, al margen de las alegaciones del impugnante, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular, de ah\u00ed que tampoco se encuentre configurado el perjuicio irremediable alegado por el accionante. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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