STC10931-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10931-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2023-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 18 de septiembre de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Natalia Estefan\u00eda Vivas, en representaci\u00f3n de su menor hijo, contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y \u00aba percibir alimentos\u00bb del menor representado en el tr\u00e1mite, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abdeje sin efectos la providencia proferida el 10 de agosto de 2023\u2026 y en su lugar disponga la remisi\u00f3n de $13\u00b4683.334 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Natalia Estefan\u00eda Vivas, en representaci\u00f3n de su menor hijo, promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos contra Osvaldo Lozano Rodr\u00edguez (radicaci\u00f3n 2023-00068), asunto que conoce el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida. <\/p>\n
2.2. De otro lado, ante el estrado accionado Claudia Marcie Rengifo Su\u00e1rez, en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, adelant\u00f3 proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria contra Osvaldo Lozano Rodr\u00edguez (radicado 2014-00329), tr\u00e1mite en el que se orden\u00f3 la retenci\u00f3n del 32,66% \u00abde todos los ingresos laborales\u2026\u00bb del demandado, cautela en virtud de la cual se consign\u00f3 a \u00f3rdenes del juzgado la suma de $13\u2019686.334, que corresponde al 32,66% de la \u00abindemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de la capacidad laboral\u00bb que le fue pagada al all\u00ed enjuiciado. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia del 10 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida, en el proceso ejecutivo de alimentos que inco\u00f3 Natalia Estefan\u00eda Vivas, orden\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n del 100% del dep\u00f3sito judicial, que por valor de $13.683.334.oo, se encuentra a disposici\u00f3n del Juzgado Primero de Familia de Armenia\u2026, para el proceso radicado No. 63001311000120140032900\u00bb, cautela que decidi\u00f3 no tener en cuenta el despacho judicial accionado, \u00aben virtud a que el citado deposito judicial corresponde a cuota alimentaria de los menores\u2026 representados legalmente por\u2026 Claudia Marcie Rengifo Su\u00e1rez en virtud a embargo activo y vigente dentro del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que en el presente caso \u00abexiste un padre de tres\u2026 menores, que recibe una indemnizaci\u00f3n\u2026 y dos\u2026 de esos menores recibir\u00e1n una gruesa suma de dinero\u2026 en una sola cuota y dicha suma es exorbitante en relaci\u00f3n con sus necesidades b\u00e1sicas, lo que constituye un enriquecimiento sin causa\u00bb; y que el menor representado en el presente tr\u00e1mite su \u00abpadre no le ha cancelado sus correspondientes cuotas y una forma de abonar o cancelar, en parte, lo que se le adeuda es la entrega de dicho dinero\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Armenia, tras rendir informe de las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, resalt\u00f3 que la promotora \u00abno puede pretender la accionante acudir a cobrar para s\u00ed, unos dineros que fueron obtenidos con justo t\u00edtulo en detrimento de los intereses de quienes tienen el derecho legal de beneficiarse de ellos y hab\u00edan demandado de la Justicia el mismo\u00bb. Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, porque \u00abno considera haber vulnerado el derecho invocado\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal de Armenia Norte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esgrimi\u00f3 que el juzgado convocado \u00abse aparta de garantizar el cumplimiento de los derechos del ni\u00f1o, porque no toma en cuenta su inter\u00e9s lo que da lugar a que se protejan los intereses\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Claudia Marcie Rengifo Su\u00e1rez, a trav\u00e9s de apoderada judicial, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Cuarta Judicial II En Asuntos de la Familia de Armenia manifest\u00f3 que \u00abno se avizora que las decisiones cuestionadas\u2026 sea[n] arbitraria[s]\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que \u00abla tutela resulta carente de subsidiariedad, porque [la] providencia [atacada] ninguna cr\u00edtica despert\u00f3 en los interesados\u00bb; y, adem\u00e1s, porque: <\/p>\n
\u2026 la decisi\u00f3n de la juzgadora estuvo basada en el acatamiento de la medida cautelar por parte del Ej\u00e9rcito Nacional, que\u2026 se limit\u00f3 a realizar la orden dictada por el juzgado [accionado] en la proporci\u00f3n del 32,66% de los derechos que percibi\u00f3 el padre de los menores\u2026 por concepto de indemnizaci\u00f3n derivada de la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, que corresponde precisamente al porcentaje definido para aquellos en el auto de 4 de mayo de 2021\u2026, mediante el cual se fijaron los alimentos para los tres hijos de Osvaldo Lozano Rodr\u00edguez\u2026. Solo que la porci\u00f3n del menor [accionante], qued\u00f3 desprovista de posibilidad para su retenci\u00f3n, luego de la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos\u2026, como se admite en la demanda de amparo\u2026, sin que hubiera tenido efecto la medida cautelar decretada en el nuevo cobro forzado\u2026 ante el Juzgado Segundo Promiscuo [Municipal de La Tebaida], como secuela de la decisi\u00f3n del juzgado accionado de entregar los dineros a los demandantes del proceso\u2026 que tramita\u2026 <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora precis\u00f3 que \u00abno es posible declarar\u2026 improcedente la acci\u00f3n de tutela por no haberse interpuesto recursos contra la procidencia del 25 de agosto de 2023\u00bb, porque \u00abno era posible presentar recursos\u00bb, pues \u00abel menor accionante no es parte\u00bb del juicio criticado. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto, al margen de que no se formul\u00f3 reparo alguno frente a la providencia de 29 de agosto pasado, lo cierto es que dicha decisi\u00f3n no luce arbitraria, comoquiera que la autoridad criticada explic\u00f3 las razones por las que no resultaba viable el embargo que decret\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida, dentro del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 la gestora del amparo en favor de su menor hijo, precisando que dicha cautela \u00abno surte efectos legales, en virtud a que el citado deposito judicial corresponde\u2026 a cuota alimentaria de los menores\u2026 representados legalmente por\u2026 Claudia Marcie Rengifo Su\u00e1rez en virtud a embargo activo y vigente dentro del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada concluy\u00f3 que la prenotada medida cautelar no resultaba procedente, comoquiera que los dineros sobre la cual reca\u00eda no constitu\u00edan un cr\u00e9dito en favor del ejecutado Osvaldo Lozano Rodr\u00edguez, sino que correspond\u00edan a alimentos decretados en favor de los demandantes en el juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, lo que imped\u00eda hacer efectiva la cautela. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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