STC10963-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10963-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00273-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 4 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Casa de las Tractomulas S.A.S., Elsa Graciela Herrera Orozco y Alfonso Enrique Restrepo Aar\u00f3n, contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esa localidad1, conformado para el caso de Johon Guti\u00e9rrez Fontalvo contra las primeras solicitantes2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013 e igualdad, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Johon Guti\u00e9rrez Fontalvo present\u00f3 demanda contra la Casa de las Tractomulas S.A.S. y Elsa Graciela Herrera Orozco, en procura de que se declarara la ineficacia de las decisiones adoptadas en la asamblea general de accionistas, la responsabilidad de sus administradores, entre otros, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, quien, luego de la subsanaci\u00f3n, con prove\u00eddo de 20 de junio de 2023, admiti\u00f3 el tr\u00e1mite y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n del extremo querellado3, momento a partir del cual iniciar\u00eda el t\u00e9rmino de traslado de 20 d\u00edas previsto en el art\u00edculo 21 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, con auto de 31 de julio siguiente, se tuvo por no contestado el libelo, pues, seg\u00fan la constancia secretarial de la fecha, en el correo del Centro de Arbitraje, Conciliaci\u00f3n y Amigable Composici\u00f3n instituido para el efecto no se recibi\u00f3 mensaje proveniente de las aqu\u00ed inconformes; pero, a juicio de aquellas, lo que realmente sucedi\u00f3 fue un \u00aberror involuntario\u00bb de su apoderado, quien envi\u00f3 de forma equivocada los documentos respectivos a un correo distinto \u2013ya que digit\u00f3 mal su dominio4\u2013, lo que deb\u00eda observarse bajo el principio de la buena fe. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, formularon recurso de reposici\u00f3n, pero el tribunal, con determinaci\u00f3n de 15 de agosto hoga\u00f1o, lo desestim\u00f3, tras colegir que \u00abel abogado cometi\u00f3 un error al no enviar la contestaci\u00f3n de la demanda al correo electr\u00f3nico del Tribunal, del cual tuvo que recibir rechazo, por cuanto la direcci\u00f3n a la que envi\u00f3 el mensaje no se encontr\u00f3 en el dominio de destino, pues no existe el correo [aludido]. Adem\u00e1s, seg\u00fan el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo General del Proceso \u201cLas normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.4. No obstante, en criterio de las censoras, los citados pronunciamientos son irregulares e incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que, \u00abante las dificultades que ofrece el uso de la tecnolog\u00eda se cometi\u00f3 un yerro involuntario que no tiene la fuerza de castigar al polo pasivo y privarlo del acceso a la justicia, m\u00e1xime cuando se demostr\u00f3 que se tuvo la recta intenci\u00f3n de cumplir cabalmente con las obligaciones procedimentales de nuestro resorte\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron, en compendio, \u00abdejar sin efecto el auto n\u00famero 4 que tiene por no contestada la demanda por parte de la parte demandada y el auto n\u00famero 5 que niega el recurso de reposici\u00f3n, y en su efecto se ordene tener por contestada la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Omar Rodr\u00edguez Turriago, \u00e1rbitro \u00fanico, relat\u00f3 las gestiones a su cargo dentro de la causa rese\u00f1ada y enfatiz\u00f3 en que no se configur\u00f3 trasgresi\u00f3n alguna, en tanto que \u00abel apoderado de los aqu\u00ed accionantes, el cual interviene dentro del proceso arbitral, cometi\u00f3 un error al no enviar la contestaci\u00f3n de la demanda al correo electr\u00f3nico del Tribunal sino a otro distinto. Este error lo confiesan las accionantes, y el error conduce a que no se envi\u00f3 el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda dentro del t\u00e9rmino legal. De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022, el apoderado de los aqu\u00ed accionantes, que interviene en el proceso arbitral, ten\u00eda que haber utilizado sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos, para asegurarse que los correos enviados llegaran al destinatario. Nada de esto se hizo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la pauta 28 de la Ley 1123 de 20075, es deber del profesional del Derecho \u00abatender con celosa diligencia sus encargos profesionales\u00bb, de modo que \u00abla norma procesal anteriormente mencionada, impone a los abogados el deber de diligencia profesional, el cual consiste e implica en el cumplimiento con pericia del encargo del cliente en los procesos, v\u00edas, instancias y tr\u00e1mites que se deban sustanciar hasta la completa resoluci\u00f3n del proceso. Adem\u00e1s, los abogados deben ser diligentes y cuidadosos en cuanto a la estricta observancia de los plazos y t\u00e9rminos legales que tienen las partes para realizar sus actuaciones procesales dentro de un proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Johon Jairo Guti\u00e9rrez Fontalvo tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del petitum, porque \u00abel Tribunal de Arbitramento no ha incurrido en vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, pues sus actuaciones se han surtido en legal forma, atendiendo las reglas del debido proceso y en el entendido que las normas procesales son de orden p\u00fablico y por ende de obligatorio cumplimiento, conforme lo dispone el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abno se evidencia un defecto que trasgreda las prerrogativas incoadas de las demandadas en aqu\u00e9l asunto, comoquiera que las decisiones fueron emitidas con fundamento en las normas procesales aplicables, e interpretadas a las particularidades de ese caso, concluyendo que al no recibirse ep\u00edstola de contestaci\u00f3n en el correo destinado para el tr\u00e1mite, dentro del lapso establecido para contestar la demanda, no se cumpli\u00f3 con la carga procesal, sin que, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no por esta Colegiatura, sea dable cuestionar el examen y estudio realizado por el \u00e1rbitro por encontrarse dentro de la \u00f3rbita de su competencia al actuar como autoridad jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que el abogado Alfonso Enrique Restrepo Aar\u00f3n \u00abtampoco se encuentra legitimado para alegar la supuesta amenaza de sus prerrogativas, habida cuenta que los intereses inmersos en la tem\u00e1tica son los de las demandadas al interior de la demanda arbitral y no los suyos, vista que su calidad dentro de la Litis es de representante judicial. Aunado a que las quejas enrostradas por esta v\u00eda no se tratan de controversias relacionadas con honorarios o temas similares, en medio de los que si pudiese resultar afectado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El extremo accionante recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, constituido para el caso de Johon Jairo Guti\u00e9rrez Fontalvo contra la Casa de las Tractomulas S.A.S. y Elsa Graciela Herrera Orozco, incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho, por dejar en firme, en sede de reposici\u00f3n, el prove\u00eddo que tuvo por no contestada la demanda. <\/p>\n
2. De la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias. <\/p>\n
Las decisiones de las autoridades judiciales \u2013y de los particulares revestidos transitoriamente de dichas funciones\u2013 son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, la Sala estima oportuno precisar que, tal como se estableci\u00f3 desde la primera instancia de esta acci\u00f3n constitucional, el abogado Alfonso Enrique Restrepo Aar\u00f3n, quien adujo actuar en calidad de mandatario judicial de las accionantes, no aport\u00f3 el poder especial que lo facultara en tal sentido, aun cuando fue requerido por el tribunal a quo con ese prop\u00f3sito6. <\/p>\n
Sumado a ello, pese a que la sentencia recurrida aludi\u00f3 expresamente a esa deficiencia, no se subsan\u00f3 ni siquiera en esta sede, raz\u00f3n por la cual el mencionado profesional del derecho no est\u00e1 habilitado para actuar en defensa de las gestoras y, mucho menos, para invocar en nombre propio la protecci\u00f3n constitucional respecto de un asunto del que no es parte ni interviniente. <\/p>\n
En consecuencia, se proceder\u00e1 a la definici\u00f3n del segundo grado del sub-lite en lo que ata\u00f1e a la Casa de las Tractomulas S.A.S. y Elsa Graciela Herrera Orozco, en tanto que suscribieron el escrito inicial y la impugnaci\u00f3n, siendo las directas afectadas con las resoluciones cuestionadas, al comparecer en calidad de demandadas en el tr\u00e1mite arbitral auscultado. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, al desatar la reposici\u00f3n, dej\u00f3 inc\u00f3lume el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual tuvo por no contestado el libelo de la referencia, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al desatar el mencionado recurso \u2013el cual se finc\u00f3 en que \u00abpor un error de digitaci\u00f3n involuntario [del apoderado], el escrito de contestaci\u00f3n y la formulaci\u00f3n de excepciones previas, fue enviado a [un correo equivocado]\u00bb\u2013, la autoridad indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u201cLos t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario. El juez cumplir\u00e1 estrictamente los t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de sus actos. La inobservancia de los t\u00e9rminos tendr\u00e1 los efectos previstos en este c\u00f3digo, sin perjuicio de las dem\u00e1s consecuencias a que haya lugar. A falta de t\u00e9rmino legal para un acto, el juez se\u00f1alar\u00e1 el que estime necesario para su realizaci\u00f3n de acuerdo con las circunstancias, y podr\u00e1 prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento\u201d. <\/p>\n
El legislador impone al juez y a las partes la obligaci\u00f3n de cumplir con los t\u00e9rminos previstos en la ley, y por eso manifiesta que son perentorios e improrrogables. En este sentido, el juez no puede extender, a su arbitrio, es decir por ning\u00fan motivo, el t\u00e9rmino para contestar la demanda, salvo que exista una norma que lo autorice. <\/p>\n
El art\u00edculo 21 de la Ley 1563 de 2012, estipula que \u201cde la demanda se correr\u00e1 traslado por 20 d\u00edas a los demandados\u201d, y en el presente caso, por Secretar\u00eda se corri\u00f3\u0301 traslado de la demanda a los demandados a los correos (\u2026), el d\u00eda 21 de junio de 2023, t\u00e9rmino que venci\u00f3\u0301 el 25 de julio de 2023. Ahora bien, el correo electr\u00f3nico del Tribunal aparece consignado en el Auto No. 1 de fecha 24 de mayo de 2023, y los demandados ya hab\u00edan enviado mensajes a este correo, como lo fue el derecho de petici\u00f3n que presentaron el 29 de mayo de 2023\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, el tribunal estableci\u00f3 que \u00abel abogado cometi\u00f3\u0301 un error al no enviar la contestaci\u00f3n de la demanda al correo electr\u00f3nico del Tribunal, correo del cual tuvo que recibir rechazo, por cuanto la direcci\u00f3n a la que envi\u00f3 el mensaje no se encontr\u00f3 en el dominio de destino, pues no existe (\u2026)\u00bb, aunado a que no era posible estimar la defensa, porque, de acuerdo con el canon 13 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablas normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de las censoras no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellas frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Integrado por el \u00e1rbitro \u00fanico Omar Rodr\u00edguez Turriago, cuya secretaria es Diana Patricia Bovea Medinueta. <\/p>\n
2\u0002 En tanto que, el \u00faltimo de ellos (Restrepo Aar\u00f3n) aduce su calidad de \u00abapoderado\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 En los t\u00e9rminos del canon 8 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
4\u0002 El correcto es \u00abjohongutierrezvslacasadelastractomulassas@arbitrajeyconciliacionccsm.org.co\u00bb, mientras que en su mensaje le a\u00f1adi\u00f3 \u00ab.com\u00bb a su dominio. <\/p>\n
5\u0002 Modificada por la Ley 2094 de 2021, ‘por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
6\u0002 Al respecto, en el consecutivo 17 del expediente del tribunal se advierte el auto de 28 de agosto de 2023 en el que se requiri\u00f3 al abogado para \u00abclarificar si dentro del presente mecanismo act\u00faa como parte o como apoderado de Elsa Graciela Herrera Orozco y la Casa de las Tractomulas S.A.S., y en ese caso, remita el poder que le fue conferido para representarlas\u00bb, frente al cual guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
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STC10963-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10963-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00273-01 (Aprobado en Sala de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 4 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76664","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76664"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76664\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}