STC10964-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10964-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03700-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional -OPAIN S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2015-00443-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, en desarrollo del aludido litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. \u2013 en adelante OPAIN S.A., – llam\u00f3 a juicio a Central Charter de Colombia S.A., pretendiendo que se declarara terminado el contrato de arrendamiento BOAR-0007-98, celebrado el 28 de enero de 1998, aduciendo el incumplimiento en las obligaciones pactadas, entre ellas el pago del canon de arrendamiento, cifra que oscila alrededor de \u00ab$ 9.303.454.288\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien admiti\u00f3 la demanda, el 3 de noviembre de 2015 y dispuso el traslado a la compa\u00f1\u00eda convocada, quien recurri\u00f3 tal determinaci\u00f3n advirtiendo que ese despacho carec\u00eda de competencia para desatar el litigio. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, en prove\u00eddo de 6 de septiembre de 2016, rehus\u00f3 la competencia para tramitar el asunto, por lo que dej\u00f3 sin efecto el auto por medio del cual avoc\u00f3 conocimiento y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, plante\u00e1ndose all\u00ed el conflicto de jurisdicci\u00f3n que defini\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura, el 5 de julio de 2018, asign\u00e1ndolo al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta capital. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En cumplimiento de lo dispuesto, el 18 de septiembre de 2028, el mencionado funcionario estableci\u00f3 que la secretar\u00eda de ese estrado deb\u00eda efectuar el control de t\u00e9rminos para la contestaci\u00f3n de la demanda, lo cual controvirti\u00f3 el extremo pasivo, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, no obstante, el 13 de febrero de 2019, dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones, advirtiendo que conforme a la regulaci\u00f3n prevista en el canon 384 del estatuto procesal vigente la demandada no deb\u00eda ser o\u00edda en tanto que no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados. La convocada apel\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 el recurso, el 10 de noviembre de 2022, determinaci\u00f3n que fue objeto de s\u00faplica por parte de OPAIN S.A., quien argument\u00f3, en s\u00edntesis, que la demanda no cumpli\u00f3 con la carga de efectuar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento para que pudiera ser escuchada dentro del proceso, no obstante, el 19 de enero de 2023 fue confirmada esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El 3 de febrero de 2023, la corporaci\u00f3n acusada declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, con fundamento en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, relievando que \u00abcon la emisi\u00f3n de la sentencia rese\u00f1ada se coart\u00f3 a la pasiva la posibilidad que, en ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, contestara la demanda y solicitara pruebas que pretendiera hacer valer, en virtud de lo que preve\u00eda para entonces el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 92 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, -norma aplicable al caso en ese momento procesal-, as\u00ed mismo, imposibilit\u00f3 que se decretaran y practicaran, las que, en criterio de Juez, resultaran \u00fatiles, pertinentes y conducentes\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que \u00abel Despacho a-quo, una vez le fue asignado el conocimiento del asunto por la autoridad que dirimi\u00f3 el conflicto, sin un auto admisorio de la demanda vigente, -ya que, se insiste, hab\u00eda revocado el que inicialmente hab\u00eda proferido, cuando estim\u00f3 que no le concern\u00eda resolver el caso-, emiti\u00f3 un prove\u00eddo, mediante el cual, le orden\u00f3 a la secretar\u00eda contabilizar el t\u00e9rmino para que la enjuiciada contestara el libelo; sin embargo, dicho plazo nunca pudo ser computado durante el decurso procesal de primer grado, para que dentro de \u00e9l, entre otros actos, la intimada deprecara el decreto y pr\u00e1ctica de los elementos suasorios que estimara pertinentes con el prop\u00f3sito de respaldar su defensa, en respeto de la garant\u00eda supralegal del debido proceso, si en cuenta se tiene que el mandato que dispuso el c\u00e1lculo de tal per\u00edodo ni siquiera alcanz\u00f3 ejecutoria, en virtud de la impugnaci\u00f3n horizontal formulada por aquella litigante, la cual tampoco fue zanjada, pues cuando correspond\u00eda hacerlo, el Funcionario de tajo profiri\u00f3 veredicto, a trav\u00e9s del cual accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del convenio arrendaticio, y consecuente, restituci\u00f3n del inmueble objeto del mismo, con el argumento que no hab\u00eda acreditado el pago para ser o\u00eddo en el litigio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. OPAIN S.A., formul\u00f3 s\u00faplica frente al aludido prove\u00eddo, sin embargo, el 25 de agosto de 2023 se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Inconforme con lo decido en el tr\u00e1mite verbal, OPAIN S.A., promueve la solicitud de amparo reiterando los argumentos que ha expuesto en ese juicio relacionados con la omisi\u00f3n de la sociedad convocada de acreditar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, lo cual impon\u00eda que no fuesen atendidos sus pronunciamientos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, defendi\u00f3 la validez de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en tanto que \u00aben virtud del pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura, \uf05bal desatar el conflicto de jurisdicci\u00f3n\uf05d las actuaciones que le antecedieron, tales como: el auto admisorio, notificaci\u00f3n de la demanda a la sociedad demandada, t\u00e9rmino del traslado que estaba corriendo para contestar el libelo genitor hasta el d\u00eda en que interpuso el recurso de reposici\u00f3n por la extrema demandada contra el auto admisorio de la demanda no se anonadaron, por el contrario adquirieron todo su vigor, raz\u00f3n por la cual el juzgad por auto de fecha 18 de septiembre de 2018, dispuso continuar con el tr\u00e1mite propio del proceso y orden\u00f3 que por secretar\u00eda se controle el t\u00e9rmino que tiene la demandada para contestar\u00bb. <\/p>\n
Asegura, que \u00abel Tribunal cuando adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de admitir el recurso de apelaci\u00f3n y aquella en donde decret\u00f3 la nulidad del proceso, no se sujet\u00f3 a la ley, porque los magistrados se apartaron de las reglas previamente establecidas en la norma instrumental \uf05bnumeral 4\u00ba art\u00edculo 384 C\u00f3digo General del Proceso\uf05d, desconociendo el debido proceso. Adem\u00e1s, de emitir pronunciamientos desvinculados de la norma instrumental, que traducen la negaci\u00f3n de la naturaleza del poder dispositivo, porque esas decisiones que carecen de fundamento jur\u00eddico racional se apartaron del mandato de la ley, las que solo tienen sustento en el campo de la arbitrariedad y el capricho de las funcionarias, situaci\u00f3n que ha generado a su vez, un nivel injustificable de desprotecci\u00f3n de las garant\u00edas en la arrendadora-demandante, porque a pesar de indicarse en la demanda que la demandada no hab\u00eda hecho entrega de las obras en tiempo y de la manera como se hab\u00edan pactado, no ser\u00edan objeto de reconocimiento porque en el contrato de arrendamiento se acord\u00f3 expresamente que, la condici\u00f3n \u00fanicamente se imputar\u00eda a c\u00e1nones siempre y cuando ellas se realizaran a cabalidad y en el plazo pactado, el tribunal que estaba obligado a valorar el contrato de arrendamiento junto con la demanda no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que las providencias cuestionadas tambi\u00e9n desconocen la sentencia C-056 de 1998. <\/p>\n
Advierte, que lo enunciado se traduce en un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que \u00abLA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERON\u00c1UTICA CIVIL firm\u00f3 el contrato de concesi\u00f3n 6169-OK del 12 de septiembre de 2006 con OPAIN, el cual posteriormente fue cedido a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), en el cual se pact\u00f3 como contraprestaci\u00f3n que OPAIN por concepto de la contraprestaci\u00f3n entregar\u00e1 al Estado Colombiano a trav\u00e9s de la AEROCIVIL el 46.16% de los ingresos brutos que se generen por la explotaci\u00f3n del Aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogot\u00e1, recursos que no han sido recibidos por parte de la sociedad demandada generando un grave perjuicio para las finanzas del Estado Colombiano y al patrimonio de la SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A OPAIN S.A\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se dejen sin efecto los prove\u00eddos de 19 de enero, 3 de febrero y 25 de agosto de 2023, proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso n\u00ba 2015-00443. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distritito Judicial de Bogot\u00e1, por conducto de una de sus magistradas inform\u00f3 que en auto de 3 de febrero de 2023 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por el juez de primera instancia en el litigio n\u00b0 2015-00443, determinaci\u00f3n que fue confirmada, el 25 de agosto anterior, advirtiendo que se remite a las consideraciones expuestas en el prove\u00eddo fustigado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Central Aerospace S.A.S., tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio que origina el reclamo constitucional, se opuso a la prosperidad del auxilio resaltando que incumple los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las prerrogativas esenciales invocadas por la sociedad actora en desarrollo del juicio n\u00ba 2015-00443 al proferir los autos por medio de los cuales (i) admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n incoada frente al fallo de primera instancia y (ii) declar\u00f3 la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias jurisdiccionales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Corte que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
3.1 Razonabilidad de los prove\u00eddos acusados. <\/p>\n
Respecto del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda accionante asegura que no debi\u00f3 admitirse la apelaci\u00f3n propuesta por la demandada Central Charter de Colombia S.A., contra el fallo de primera instancia, en la medida que no cumpli\u00f3 con la carga que impone el numeral 4\u00ba del canon 384 del estatuto procesal vigente para ser escuchada en el proceso n\u00ba 2015-00443 en el que se pretend\u00eda que se declarara la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento n\u00ba BOAR-0007-98, aduciendo, entre otras causales, la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
Para confirmar el prove\u00eddo que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n la autoridad convocada, preliminarmente, puntualiz\u00f3 que al no ser exclusivamente la mora el fundamento invocado para la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, el asunto no podr\u00eda tramitarse en \u00fanica instancia, por lo que era viable la interposici\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
Seguidamente, enfatiz\u00f3 que \u00abfrente a la abstenci\u00f3n del juez de o\u00edr a la parte pasiva, adem\u00e1s de reiterarse la convergencia de situaciones distintas y adicionales a la demora en la consignaci\u00f3n del canon, es preciso memorar que, de acuerdo a lo visto en la demanda y su r\u00e9plica, tambi\u00e9n es motivo del litigio que se aclaren los aspectos relativos a la amortizaci\u00f3n de la deuda que, el extremo pasivo, se reclama saldada con la realizaci\u00f3n de unas obras que realiz\u00f3 Central Charter en el fundo dado en tenencia (\u2026) por ende, sin que ello constituya prejuzgamiento como dice el quejoso, es pr\u00edstino el debate frente al pago oportuno de los emolumentos, si se quiere a modo de compensaci\u00f3n, hecho sobre el cual habr\u00e1 de resolverse en la oportunidad pertinente y que, en consecuencia, no impone de suyo la obligatoriedad del pago de las rentas echadas de menos por Opain S.A\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la declaratoria de nulidad. <\/p>\n
La convocante sostiene que no debi\u00f3 invalidarse lo actuado en el tr\u00e1mite fustigado, pues en su criterio, las actuaciones adelantadas, previo a que el Consejo Superior de la Judicatura desatara el conflicto de jurisdicci\u00f3n que all\u00ed se plante\u00f3, tales como la admisi\u00f3n de la demanda, la notificaci\u00f3n al extremo pasivo y el t\u00e9rmino de traslado, estaban revestidas de plena validez. <\/p>\n
Al auscultar el prove\u00eddo de 25 de agosto de 2023, por medio del cual, al desatar la s\u00faplica propuesta contra el auto de 3 de febrero hoga\u00f1o, la corporaci\u00f3n convocada refrend\u00f3 la declaratoria de nulidad de lo actuado en el mencionado juicio no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en ese litigio, la autoridad accionada soport\u00f3 su decisi\u00f3n en que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 6 de septiembre de 2016 hab\u00eda revocado el auto admisorio de la demanda \u00abpor lo que forzosamente se requer\u00eda o dejar sin efecto dicha decisi\u00f3n o volver a dictar un auto admisorio sin el a quo realizara lo uno o lo otro, pero aun aceptando en gracia de discusi\u00f3n que el auto admisorio estuviera vigente, que it\u00e9rese no lo est\u00e1, el t\u00e9rmino para que la parte demandada contestara la demanda nunca se contabiliz\u00f3 y por ende, se cercen\u00f3 su derecho no solo de acreditar el pago de los c\u00e1nones adeudados, sino m\u00e1s grave a\u00fan de contestar la demanda y pedir pruebas\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que \u00abel auto \uf05bde 18 de septiembre de 2028\uf05d mediante el cual se dispuso que se contabilizar\u00e1 el t\u00e9rmino para contestar la demanda por la sociedad demandada fue recurrido y por ende, el mismo nunca transcurri\u00f3, ya que recu\u00e9rdese que el inciso 3 del art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso precept\u00faa que \u201cCuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el t\u00e9rmino, o del auto a partir de cuya notificaci\u00f3n debe correr un t\u00e9rmno (sic) por ministerio de la ley, este se interrumpir\u00e1 y comenzar\u00e1 a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n del auto que resuelva el recurso\u201d\u00bb (Negrilla en texto). <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por la querellante en raz\u00f3n a que las referidas providencias se ajustan a una hermen\u00e9utica respetable que no puede ser objeto de alteraci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, pues cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
3.2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que los prove\u00eddos acusados no constituyen v\u00eda de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10964-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10964-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03700-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Concesionaria […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76665","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76665"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76665\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}