STC10973-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10973-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03655-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Margarita de Santa Teresita G\u00f3mez Munera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el amparo de radicado interno N\u00ba 132071. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales contemplados en los art\u00edculos 13, 20, 29 y 94 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el proceso reprochado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que su hijo Mauricio G\u00f3mez, con ocasi\u00f3n del proceso penal que se sigue en su contra y por el que est\u00e1 recluido en la \u00abc\u00e1rcel de Ipiales\u00bb, formul\u00f3 el 13 de julio de 2023 una acci\u00f3n tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, la que a\u00fan \u00abno han contestado\u00bb, e igual suerte tuvo el formulado para que fuera enviado a una c\u00e1rcel en Antioquia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 que se le \u00abnotifique la tutela de [su] hijo al correo\u00bb suministrado por \u00e9ste para ese efecto, en el que ella tambi\u00e9n recibe las comunicaciones, y que, se disponga la libertad inmediata de su hijo \u00abpor inocente\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, solicit\u00f3 negar el amparo e inform\u00f3 que no ha sido notificada de acciones de tutelas formuladas por Mauricio G\u00f3mez, y solo tuvo conocimiento del proceso penal adelantado en su contra, en el que fue absuelto en primera instancia y condenado en segunda en sentencia de 7 de septiembre de 2018, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que encuentra pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal afirm\u00f3 que el 18 de agosto de 2023 resolvi\u00f3 la tutela formulada por Mauricio G\u00f3mez, hijo de la aqu\u00ed accionante, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, providencia que se encuentra \u00aben tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva en este asunto y pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
4. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que, si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb y para facilitar la defensa de derechos ajenos, la misma norma estableci\u00f3 la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. <\/p>\n
Sobre esa \u00faltima figura, la Sala ha reiterado que la solicitud deber\u00e1 reunir los siguientes elementos, (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal, (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa y, (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos.(\u2026) (CC T-531 de 2002, citada, entre otras en, CSJ. STC, 16 dic. 2015, rad. STC17395-2015, STC1719-2020, STC7821-2023 y, STC8981-2023). <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional, porque la se\u00f1ora Margarita de Santa Teresita G\u00f3mez Munera no est\u00e1 habilitada para acudir en nombre propio a esta acci\u00f3n, puesto que no es parte o sujeto procesal en el tr\u00e1mite de la tutela controvertida, adem\u00e1s, si su pretensi\u00f3n fue la de formular este amparo como agente oficiosa de Mauricio G\u00f3mez, de igual modo no se abre paso el reclamo, porque no manifest\u00f3 concurrir a este tr\u00e1mite en la calidad aludida, la que, en todo caso, tampoco puede ser convalidada al no estar demostrada la imposibilidad de su hijo para acudir directamente a esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la privaci\u00f3n de la liberad de Mauricio G\u00f3mez no significa que no pueda proponer la acci\u00f3n constitucional en su propio nombre, toda vez que, esa situaci\u00f3n no comprueba su incapacidad para acudir a esta jurisdicci\u00f3n, porque tiene a su alcance el \u00abservicio de asistencia jur\u00eddica\u00bb1 en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido. <\/p>\n
Esta Sala, en un caso an\u00e1logo, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abEl hecho que (\u2026) se encuentre privado de la libertad, no le impide acceder al servicio de justicia, pues aqu\u00e9l puede hacer uso de los canales virtuales habilitados por el Consejo Superior de la Judicatura, en cada uno los diferentes despachos judiciales del pa\u00eds, o por medio de la \u201casistencia jur\u00eddica\u201d implementada en los establecimientos de reclusi\u00f3n en disposici\u00f3n del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u00bb (CSJ. STC3883-2020, citada en STC4999-2022, STC7821 y, STC8981-2023, entre otras). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, en otro asunto similar, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abla sola privaci\u00f3n de la libertad en centro carcelario en manera alguna implica que (\u2026) no puedan presentar la acci\u00f3n de tutela, pues cuentan con la posibilidad de interponerlas a trav\u00e9s de la oficina de jur\u00eddica o hacer uso del correo dispuesto por cada instituci\u00f3n carcelaria\u00bb (CSJ. ATP893-2022, entre otras) (Tesis reiterada en ATP893-2022, ATP1258-2022 entre otras, y citada en STC9004-2023). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el anterior criterio, tambi\u00e9n la Corte Constitucional, ha expresado, <\/p>\n
\u00abEl [agenciado], a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto obstaculizado el ejercicio aut\u00f3nomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y solicitudes puestos a su alcance. Adem\u00e1s, no se aport\u00f3 medio de convicci\u00f3n alguno que permitiera establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez constitucional, como tampoco existe ratificaci\u00f3n de su parte respecto de la demanda de tutela interpuesta por su compa\u00f1era permanente\u00bb (Sentencia T-406 de 2017). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la tutela promovida por Margarita de Santa Teresita G\u00f3mez Munera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 154. Asistencia jur\u00eddica. \u201cLa Defensor\u00eda del Pueblo, de acuerdo con la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijar\u00e1 y controlar\u00e1 los defensores en cada establecimiento para la atenci\u00f3n jur\u00eddica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informar\u00e1 peri\u00f3dicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deber\u00e1 tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes\u201d. <\/p>\n
\u201cLos directores de los establecimientos promover\u00e1n convenios con aquellas instituciones de educaci\u00f3n superior que, en el marco de su autonom\u00eda, hayan determinado que sus estudiantes del programa acad\u00e9mico de Derecho pueden cumplir con las pr\u00e1cticas correspondientes al consultorio jur\u00eddico, brindando asistencia jur\u00eddica a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, los directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n podr\u00e1n vincular de forma ad hon\u00f3rem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Acad\u00e9mico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jur\u00eddica o las personas se\u00f1aladas en el inciso anterior. En este caso, la duraci\u00f3n de la misma ser\u00e1 de seis meses y la certificaci\u00f3n de su cumplimiento ser\u00e1 expedida por los respectivos directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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