STC10975-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10975-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00403-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial el 11 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00abA\u00bb, contra el Juzgado de Familia; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados \u00abB\u00bb, la Procuradur\u00eda Delegada en Asuntos de Familia, la Defensor\u00eda de Familia adscrita al estrado accionado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00ba 0. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de los ni\u00f1os a tener una familia y no ser separado de ella, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
El gestor empez\u00f3 por exponer que, mediante sentencia de 20 de febrero de 2023, proferida en el asunto de investigaci\u00f3n de la paternidad que promueve ante el juzgado cuestionado, se resolvi\u00f3, entre otros, \u00abPRIMERO. Declarar para todos los efectos legales que el se\u00f1or \u00abA\u00bb, es el padre de la ni\u00f1a V.N.T., hija de la se\u00f1ora \u00abB\u00bb (\u2026). La custodia y cuidado personal de la ni\u00f1a ser\u00e1 ejercida por la progenitora (\u2026), conforme a la conciliaci\u00f3n. (\u2026) QUINTO. La cuota alimentaria fijada a favor de la ni\u00f1a (\u2026) y a cargo del se\u00f1or \u00abA\u00bb, es la suma de $600.000 mensuales (\u2026). OCTAVO. Las visitas del padre para con la menor ser\u00e1n supervisadas durante los primeros seis meses con acompa\u00f1amiento de la abuela materna, luego de lo cual empezar\u00e1n a ser libres en el presente asunto. (\u2026) Se realizar\u00e1 valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica y toxicol\u00f3gica al se\u00f1or \u00abA\u00bb a trav\u00e9s del Instituto Nacional de Medicina Legal, valor a cancelar por \u00fanica vez a cargo de la se\u00f1ora \u00abB\u00bb, en el presente asunto. Asimismo, se invita a las partes para que se vinculen a escuela de padres a trav\u00e9s del ICBF o EPS. (\u2026)\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
A partir de lo anterior, aduce que, en atenci\u00f3n a las pruebas y valoraciones definidas en el numeral octavo, despu\u00e9s de una serie de comunicaciones entre el despacho encartado y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para definir el tipo de pruebas ordenadas en el aludido fallo y la informaci\u00f3n requerida para llevarlas a cabo, adem\u00e1s de su activa colaboraci\u00f3n e intervenci\u00f3n a trav\u00e9s de derechos de petici\u00f3n ante dichas entidades, afirma que las mismas no han logrado realizarse, por lo que \u00ablas veces que pud[o] ver a [su] hija [han sido] desde el mes de marzo de 2021 hasta el mes de diciembre de 2021\u00bb, aun cuando, junto con su familia, est\u00e1n dispuestos a darle \u00abamor, protecci\u00f3n, cari\u00f1o [y le han] proporcionado tambi\u00e9n econ\u00f3micamente, en el a\u00f1o de 2022 con los gastos escolares para iniciar en el jard\u00edn y desde el marzo de 2023 con la cuota mensual de $600.000 acordada, en sus cumplea\u00f1os y por lo que pueda hacer falta\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resalta que \u00abel impedimento de visita sigue generando abandono hacia la menor aun despu\u00e9s de que la juez fall\u00f3 y se restableci\u00f3 el derecho de alimentos a lo cual lleva pagando la cuota desde la fecha ordenada. [Aunado que] solicit\u00f3 a la trabajadora social elevar petici\u00f3n a la juez para realizar la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica tal como qued\u00f3 en el fallo en Ips particular ante la circunstancia que INML no tiene el servicio y a ra\u00edz que el juzgado no se asesor\u00f3 previamente en INML sobre los servicios disponibles [incurriendo] en un bagaje (sic) administrativo; [sin embargo, dice que] se involucr\u00f3 la juez en la reuni\u00f3n indicando que el fallo ordenaba prueba en INML y que deb\u00eda cumplirse con lo ordenado, de igual manera la trabajadora social le comunic\u00f3 a la juez que en el fallo no se indicaba la negativa de llevar a cabo visitas y que permitiera restablecerle el derecho a la menor a visitas y salidas con su Padre, a lo que la juez respondi\u00f3 que eso era algo \u201cimpl\u00edcito\u201d y que quedaba condicionado al informe pericial de INML ante lo cual concluy\u00f3 que no se autorizan visitas hasta no tener las valoraciones solicitadas en INML\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, refiere que, de acuerdo a lo informado por la Notar\u00eda, \u00abNO se pudo realizar sustituci\u00f3n del Registro Civil de Nacimiento por Filiaci\u00f3n Extramatrimonial ordenado (\u2026), debido a [un error en el serial del registro civil mencionado en la sentencia]\u00bb. <\/p>\n
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3. Pretende, en compendio, que se ordene al estrado encartado i) \u00abemitir OFICIO dirigido a la Notar\u00eda con la respectiva aclaraci\u00f3n a la sentencia\u00bb; ii) \u00abemita la correspondiente orden en concordancia con lo expresado por (\u2026) el Instituto Nacional de Medicina Legal en el Oficio (\u2026) de 16 de agosto de 2023\u00bb; y iii) \u00abrestablecer el derecho de visitas y salidas a la menor con su Padre y Familia Paterna dado que ya han transcurrido 6 meses desde que se restableci\u00f3 el derecho de alimentos a los cuales viene cumpliendo y en el fallo no existe ninguna negativa que impida la realizaci\u00f3n de visitas y salidas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado de Familia remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital, relat\u00f3 detalladamente las actuaciones surtidas en el proceso a su cargo y destac\u00f3 que \u00aba la fecha se encuentra pendiente definir la pr\u00e1ctica de la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica ordenada en la sentencia, atendiendo los \u00faltimos lineamientos indicados por el INML Y CF en el oficio No. UBBUC-DSSA-2023, en el que requieren de otra informaci\u00f3n y documentos, de los cuales el juzgado solo tuvo conocimiento cuando recibi\u00f3 dicho oficio. Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que seg\u00fan las instrucciones del INML el juzgado debe revisar cuidadosamente los nuevos documentos que se necesaritan (sic) y el tr\u00e1mite para la consecusi\u00f3n (sic) de los mismos (\u2026). Igualmente, est\u00e1 pendiente resolver la solicitud envida (sic) por la Notar\u00eda de esta ciudad, la cual fue recibida el 30 de agosto de 2023\u00bb y, en ese sentido, indic\u00f3 que \u00ablas peticiones elevadas por el accionante, son improcedentes, (\u2026) pues se han resuelto todas sus peticiones y se han hecho todas las gestiones tendientes a lograr la pr\u00e1ctica de las valoraciones ordenadas, pero debido a exigencias y requisitos por parte del INML Y CF, no se han podido concretar los experticios, adem\u00e1s, porque no se contaba [con toda la informaci\u00f3n requerida]\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel accionante cuestiona varias de las decisiones adoptadas en la sentencia; sin embargo, a pesar de tener los recursos de ley frente a tales inconformidades, no hizo uso de ellos [y] si realmente su inconformidad radica en la forma como fueron reguladas las visitas, le queda abierta la posiblidad (sic) para que si a bien lo tiene, proceda a iniciar el proceso tendiente a modificarlas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradora Judicial de Familia dijo que \u00abrespecto a las pretensiones esbozadas por el tutelar (sic), no se opone a la prosperidad de las mismas, siempre y cuando se acredite que los derechos del tutelante han sido quebrantados por negligencia, omisi\u00f3n, falta de cuidado, impericia del Juzgado\u00bb y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque no ha transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se opuso a las peticiones del promotor porque \u00aben la presente acci\u00f3n de tutela nos encontramos ante una ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos, en lo que [a dicha entidad] concierne\u00bb y refiri\u00f3 que \u00abuna vez se cuente con la solicitud formal proveniente de la autoridad de conocimiento, [en atenci\u00f3n al \u00faltimo requerimiento], corresponder\u00e1 a este Instituto realizar la valoraci\u00f3n forense correspondiente\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo deprecado por improcedente al considerar que \u00abtanto lo relativo a la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes periciales por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como la sustituci\u00f3n del registro civil de nacimiento de la menor, est\u00e1n pendientes de pronunciamiento por parte del despacho fustigado, sin que se logre advertir la demora increpada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, precis\u00f3 que \u00ablo ordenado en el numeral octavo de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2023, particularmente lo relativo a la custodia, alimentos y el r\u00e9gimen de visitas de la menor, fue consecuencia de la conciliaci\u00f3n celebrada entre el aqu\u00ed accionante y la madre de la menor, estableciendo ellos mismos los t\u00e9rminos y alcances de los acuerdos, las pruebas m\u00e9dicas a practicar y la entidad en donde se deb\u00edan realizar. No es cierto que la demora la pr\u00e1ctica de la valoraci\u00f3n sea atribuible al despacho cuestionado, pues no solo ha atendido los oficios presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, sino que tambi\u00e9n ha resuelto las peticiones que al respecto [h]a elevado la parte actora\u00bb; por lo dem\u00e1s, consider\u00f3 que lo pedido \u00abtampoco satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor no ha interpelado ante el juzgado accionado el cumplimiento o ejecuci\u00f3n de la sentencia proferida el pasado 20 de febrero de 2023, especialmente en lo que tiene que ver con el r\u00e9gimen de visitas establecido en la conciliaci\u00f3n verificada en la audiencia p\u00fablica, si es que considera que nada de lo acordado en ella impide la realizaci\u00f3n de las visitas, pues s\u00f3lo con la presente acci\u00f3n constitucional alega y cuestiona tal aspecto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, quien puntualiz\u00f3 que \u00abla tutela se presenta no por la demora del Juzgado en el tr\u00e1mite, es por la contradicci\u00f3n entre [aquel] y el Instituto Nacional de Medicina Legal y es el motivo de [sus] m\u00faltiples solicitudes ante estas dos entidades\u00bb, pues \u00abmientras existe la contraposici\u00f3n de estas dos entidades, [su] hija NO puede gozar a su derecho a tener un relacionamiento [con su] Padre y familia paternal, porque no pued[e] visitarla por las limitaciones que existen, de esta manera, no es la demora, es que las entidades una judicial y otra administrativa tiene posiciones diferentes, de esta manera existe violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el despacho judicial convocado vulner\u00f3 las prerrogativas esenciales invocadas por el promotor, al no hacer efectivas las visitas a su menor hija conforme a la regulaci\u00f3n establecida dentro del proceso rad. n\u00b0 0. <\/p>\n
2. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela, ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo, porque de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, conforme para a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En efecto, aunque el accionante precis\u00f3 que su reproche se sustenta en la contraposici\u00f3n que existe entre el juzgado querellado y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para llevar a cabo las pruebas y valoraciones ordenadas en el fallo emitido en el asunto de investigaci\u00f3n de la paternidad que promueve ante el juzgado encartado, lo que le ha impedido \u00abvisitarla por las limitaciones que existen\u00bb; lo cierto es que, en \u00faltimas, su reproche se dirige a cuestionar el incumplimiento de lo all\u00ed ordenado, en lo atinente a la regulaci\u00f3n de visitas a su menor hija y, bajo ese entendido, frente a tal aspiraci\u00f3n, tiene a su alcance otros medios judiciales de defensa los cuales no ha agotado. <\/p>\n
N\u00f3tese que la determinaci\u00f3n que en esta sede extraordinaria se cuestiona -se itera, en lo tocante a la regulaci\u00f3n de visitas-, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino \u00fanicamente formal, y ante esa perspectiva jur\u00eddica, no puede obviarse el uso de la herramienta contemplada en la ley so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los esenciales presupuestos generales entre los cuales est\u00e1 el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Acorde con ello, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que cuando se est\u00e1 ante una sentencia de reglamentaci\u00f3n de visitas debidamente ejecutoriada, el interesado en que se hagan efectivas, puede acudir a un tr\u00e1mite incidental donde, tras escuchar a las partes y con ello ponderar el soporte probatorio de sus dichos, se adopten las medidas que sean conducentes para su cumplimiento o se establezca que no se produjo la desatenci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
En efecto, el referido precedente se\u00f1ala con claridad la soluci\u00f3n a casos como el que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al establecer: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) indudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de \u00edndole sancionatorio2, que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situaci\u00f3n no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitaci\u00f3n3, y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realizaci\u00f3n de las visitas4, lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglament\u00f3, resulta ser el mecanismo m\u00e1s efectivo para hacer respetar o cumplir el r\u00e9gimen impuesto, cuando, claro est\u00e1, no se controvierte \u00e9ste5, en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su inter\u00e9s superior, competencia que viene dada por la ley6, la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, se reitera, el competente para hacer cumplir el r\u00e9gimen de visitas impuesto a trav\u00e9s de decisi\u00f3n judicial, es el juez de familia que la profiri\u00f3, quien previo tr\u00e1mite incidental donde escuchara a las partes y decretar\u00e1 las pruebas que estime necesarias, adoptar\u00e1 las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, seg\u00fan su sensato juicio7, circunstancia que, como se dijo, torna improcedente el resguardo suplicado, ya que el tutelante no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea, as\u00ed sea de manera transitoria, la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s del mecanismo judicial, que se itera, a\u00fan no ha formulado, teniendo en cuenta que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (mencionada \u00faltimamente en STC3057-2017 y STC4590-2017). <\/p>\n
(\u2026) No obstante lo relatado conviene recordar, dada la particular situaci\u00f3n que se analiza, que la instituci\u00f3n de las visitas tiene como objetivo primordial \u00abel mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relaci\u00f3n no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo… requiere de modo principal\u00edsimo que no se desnaturalice la relaci\u00f3n con los padres… las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide\u00bb8, por ello, entonces, \u00abcada uno de los padres tiene derecho a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, adem\u00e1s la facultad de desarrollar su relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor\u00bb9; de ah\u00ed que, su funci\u00f3n es buscar el desarrollo integral y arm\u00f3nico de los hijos y, por ende, para efectos de lo anterior, quien tenga la custodia o tenencia del menor, debe prestar m\u00e1s colaboraci\u00f3n para que exista ese acercamiento entre el otro progenitor y el hijo, m\u00e1s no aprovecharse de su situaci\u00f3n de privilegio, pues de lo contrario, estar\u00eda vulnerando el derecho fundamental de su descendiente a no ser apartado de quienes conforman su familia, lo cual podr\u00eda traerle consecuencias adversas10\u00bb (CSJ STC17234-2017, 20 oct. 2017, rad. 00627-01, citada y reiterada en STC6990-2018, 30 may. 2018, rad. 00157-01, STC11545-2019, 27 ago. 2019, rad. 00136-01 y STC10249-2021, 12 ago. 2021, rad. 00141-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Ahora, si adem\u00e1s del eventual incumplimiento al r\u00e9gimen fijado -frente al cual tiene a su alcance el tr\u00e1mite incidental descrito en el anterior precedente-, el actor est\u00e1 en desacuerdo con los t\u00e9rminos en que fueron reguladas las visitas, puede pedir su modificaci\u00f3n acudiendo a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n (art\u00edculos 21 y 392-3 del C\u00f3digo General del Proceso), el cual se muestra con total aptitud y eficacia para salvaguardar los derechos invocados. <\/p>\n
En tales circunstancias, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le compete decidir a otro funcionario, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10384-2021, 18 ago. 2021, rad. 02720-00). <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, en lo relativo a conflictos sobre custodia y visitas, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha dicho que, en raz\u00f3n de la autonom\u00eda de los jueces del proceso ordinario, el de tutela: \u00ab\u2026no puede declarar la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, ni el otorgamiento de la tenencia y cuidado de los hijos a cualquiera de los padres, pues es al juez de familia a quien compete decidir sobre el ejercicio de ese derecho. Adem\u00e1s, estos funcionarios cuentan con un equipo interdisciplinario que les presta asesor\u00eda, grupo con que no cuenta el juez de tutela. Igualmente, existiendo un r\u00e9gimen de visitas establecido por las partes o por el juez, tal r\u00e9gimen no puede ser modificado por el juez de tutela, pues para ello se han establecido procedimientos igualmente r\u00e1pidos y eficaces que hacen la acci\u00f3n improcedente\u00bb (CC T-500\/93). Se subraya. <\/p>\n
Ante este panorama, la Corte considera necesario ratificar la postura, seg\u00fan la cual, sin que el demandante hubiera acudido a la respectiva acci\u00f3n ante el juez ordinario y empleando el medio id\u00f3neo que prev\u00e9 el ordenamiento legal, este instrumento excepcional no resulta viable en la medida en que la tutela no puede convertirse en un medio alternativo o adicional, ya que su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
De manera que esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, porque se desconocen las medidas que puedan adoptarse en el curso del mismo, lo que impone ineludiblemente declarar la inviabilidad del auxilio; ya que, se itera, en el sub-examine se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.2. Con todo, en caso de que el actor acuda al escenario pertinente, cabe recordar que esta Sala ha enfatizado en m\u00faltiples pronunciamientos, que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese tambi\u00e9n que, para una tutela judicial efectiva, los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia esperan que el derecho declarado sea cierto. Por tal raz\u00f3n, la autoridad al verificar el cumplimento de las \u00f3rdenes por ella misma impartidas, no puede trasladar la incertidumbre y menos las consecuencias desfavorables de la demora en su ejecuci\u00f3n, como carga a los beneficiarios de la prestaci\u00f3n, dado que se trata de personas de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Y descendiendo a la funci\u00f3n del juez de cara a la sentencia que profiere, esta \u00abno se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2003, exp. 00526-01), porque, en lo posible, debe mantenerse diligente para procurar que la ejecuci\u00f3n de dicha providencia se haga efectiva, brindando con ello, una eficaz respuesta al usuario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3.3. Finalmente, se precisa que tampoco es posible otorgar el auxilio como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, porque en casos como el que se analiza, la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia proceder\u00eda \u00abcuando el menor se encuentra en riesgo o peligro f\u00edsico o psicol\u00f3gico, esto es, cuando existe un perjuicio serio e inminente de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor y, tambi\u00e9n cuando se afecta de manera cierta, directa y grave el derecho a la estabilidad y a la unidad familiar del ni\u00f1o\u00bb (CC T-914\/07), situaci\u00f3n que en el presente caso no se halla acreditada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se respaldar\u00e1 el fallo de primera instancia que declar\u00f3 improcedente el auxilio implorado, al no superar el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor \u2013 Fraude a resoluci\u00f3n judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos). <\/p>\n
3\u0002 Por ejemplo, cuando la autoridad competente determina que la conducta denunciada no encuadra en el tipo penal que se imputa. <\/p>\n
4\u0002 Pi\u00e9nsese en los casos donde se alegue como factores de desatenci\u00f3n violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas. <\/p>\n
5\u0002 ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificaci\u00f3n o la definici\u00f3n de uno nuevo a trav\u00e9s de otro proceso. <\/p>\n
6\u0002 Ya la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica se hab\u00eda referido al respecto, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecuci\u00f3n, la Sala comprende que la cl\u00e1usula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a trav\u00e9s de requerimientos u otras medidas de protecci\u00f3n\u201d (CC T-115\/14). <\/p>\n
7\u0002 Esta postura adem\u00e1s garantiza que no se judicialice a\u00fan m\u00e1s el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se d\u00e9 una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presente, a trav\u00e9s del funcionario que en pret\u00e9rita oportunidad con su decisi\u00f3n garantiz\u00f3 las garant\u00edas superiores que le asisten al menor objeto de las visitas. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC, 25 Oct. 1984, GJ CLXXVI. <\/p>\n
9\u0002 CC T-500\/93. Ver en el mismo sentido, T-012\/12. <\/p>\n
10\u0002 Hasta la p\u00e9rdida de la patria potestad. <\/p>\n
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STC10975-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10975-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00403-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}