STC10976-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10976-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00994-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de otubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marisela Cruz Moreno contra el Juzgado Quinto de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 2020-00154. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n e informaci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del juicio sucesorio n\u00b0 2020-00154, en el cual se acumul\u00f3 el reivindicatorio seguido contra Diana Judith Jaramillo, el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, \u00abmediante sentencia proferida en fecha 11 de julio [de 2023], esto es hace m\u00e1s de un (1) mes, decret\u00f3 la restituci\u00f3n del predio de la calle 3B No. 18-14\/22 (\u2026),otorg\u00e1ndole a la demandada diez (10) d\u00edas para que efectuara la entrega\u00bb. <\/p>\n
Que al solicitar tanto a su contraparte como al juzgado que se \u00abfijara fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de entrega (\u2026), el d\u00eda 18 de julio de 2023\u00bb, recibi\u00f3 informaci\u00f3n en el sentido de que el fallo en comento hab\u00eda sido apelado, \u00absin embargo el despacho judicial accionado no ha dado tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n, no ha manifestado si concede el recurso o por el contrario lo rechaza\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben el proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante H\u00e9ctor Julio Saavedra, que viene conociendo el [encartado] con el mismo radicado (\u2026), desde el 14 de octubre de 2022 [solicit\u00f3] se apruebe el trabajo de partici\u00f3n\u00bb, lo cual reiter\u00f3 el 16 de enero, 7 de marzo y 12 de julio y 9 de agosto de 2023, \u00aby se pidi\u00f3 igualmente se resolviera sobre la concesi\u00f3n o no del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, pero tales peticiones \u00abhan sido desatendidas durante casi un a\u00f1o, actitud que conlleva perjuicio irremediable, ya que el predio se encuentra en manos de la demandada, quien adem\u00e1s de venir usufructuando el predio, viene utilizando los servicios p\u00fablicos pero no [los] est\u00e1 pagando (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado \u00abresolver si concede o rechaza el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto al parecer el d\u00eda 17 de julio [de 2023] dentro del proceso reivindicatorio acumulado; fijar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de entrega del predio (\u2026), [y] se apruebe el trabajo de partici\u00f3n presentado en el proceso de sucesi\u00f3n intestada de H\u00e9ctor Julio Saavedra\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La agencia judicial querellada remiti\u00f3 el enlace para acceder al respectivo expediente digital. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que \u00abadem\u00e1s de la complejidad del asunto por cuenta del tr\u00e1mite liquidatorio, repercutido por el proceso verbal atra\u00eddo a la sucesi\u00f3n de conformidad con art\u00edculo 23 del C.G.P., y que como resultado, mediante sentencia reivindic\u00f3 un bien a la masa sucesoral, se evidencia una mora judicial justificada, aunado a que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 120 [ibidem], el Juzgado a\u00fan se encuentra dentro de los cuarenta (40) d\u00edas h\u00e1biles para proferir la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n\u00bb. Y acot\u00f3 que es \u00abes, al interior de la actuaci\u00f3n donde [el juez] deber\u00e1 pronunciarse sobre las solicitudes de la actora\u2026; de otro modo, se desconocer\u00eda la \u00f3rbita del funcionario de conocimiento y, de paso, el car\u00e1cter residual de esta senda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en la dilaci\u00f3n procesal alegada, porque \u00abdesde el 14 de octubre del 2022 se ha venido solicitando se apruebe el trabajo de partici\u00f3n\u00bb, y pese a las reiteraciones, siendo la \u00faltima la radicada el \u00ab9 de agosto de 2023\u00bb, para que \u00abigualmente se resolviera sobre la concesi\u00f3n o no del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la pasiva el d\u00eda 17 de julio de [2023]\u00bb-, en su criterio es \u00aberrada\u00bb la interpretaci\u00f3n del a-quo al se\u00f1alar que \u00abno existe mora judicial injustificada\u00bb, pues \u00ablas solicitudes elevadas desde hace ya casi un a\u00f1o [ten\u00edan como] \u00fanica finalidad el impulso procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, por no haber otorgado el impulso pertinente al pleito n\u00b0 2020-00154. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC5466-2023, 8 jun., rad. 00059-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con la informaci\u00f3n que reposa en las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 la sentencia impugnada y en su lugar acceder\u00e1 al ruego tuitivo, toda vez que es evidente la dilaci\u00f3n injustificada enrostrada al Juzgado Quinto de Familia de esta capital. <\/p>\n
En efecto, tras el fallo proferido el 11 de julio de 2023 dentro del proceso reivindicatorio acumulado al juicio de sucesi\u00f3n en el que la actora funge como interesada, y contra el cual la demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n el 17 del mismo mes y a\u00f1o, por cuanto el cognoscente no ha emitido prove\u00eddo resolviendo sobre la posible concesi\u00f3n de dicho medio de impugnaci\u00f3n, constituye una situaci\u00f3n de mora injustificada. <\/p>\n
Esto, porque aunado a que en la respectiva foliatura no aparece acreditada la actuaci\u00f3n echada de menos, el hecho de que el titular del estrado querellado no se hubiera pronunciado dentro de las instancias de esta acci\u00f3n para exponer las razones del comportamiento omisivo, ratifica la veracidad de lo aseverado por la demandante conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00absi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
Entonces, contrario a lo indicado por la colegiatura de primer grado, la mora judicial no se justifica por la complejidad del pleito, ya que la actuaci\u00f3n requerida, en primer lugar, refiere a la calificaci\u00f3n del recurso formulado, esto es, a concederlo o inadmitirlo mediante auto que deb\u00eda proferirse en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al tr\u00e1mite de la partici\u00f3n en el sucesorio acumulado, la Sala tampoco avizora que la tardanza para su eventual aprobaci\u00f3n sea excusable por la posible incidencia que conllevar\u00eda lo resuelto en el reivindicatorio, pues en caso de quedar en firme el fallo que orden\u00f3 la inclusi\u00f3n de activo susceptible de adjudicaci\u00f3n en ese liquidatorio, puede solucionarse acudiendo a la partici\u00f3n adicional autorizada por el art\u00edculo 518 ibidem. <\/p>\n
En este orden, por cuanto el funcionario acusado no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, al omitir una pronta, completa y eficaz respuesta a las peticiones formuladas dentro del litigio, vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia constitucional sentenci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
(\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
De la misma manera, ha sostenido que la dilaci\u00f3n injustificada en el tr\u00e1mite de los asuntos jurisdiccionales, es reprochable constitucionalmente, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar, se amparar\u00e1n las prerrogativas invocadas en el sentido analizado en esta instancia. Como consecuencia, se ordenar\u00e1 al juzgado accionado, en el t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas, si no lo ha hecho antes, con pleno respeto por su autonom\u00eda, realice pronunciamientos de fondo, completos y congruentes frente al recurso y dem\u00e1s peticiones elevadas por los intervinientes en el pleito en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia desestimatoria de primer grado y que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia deprecados por el demandante. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juez Quinto de Familia de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, dentro del juicio radicado bajo el n\u00b0 2020-00154, resuelva sin dilaciones las solicitudes elevadas por los interesados conforme se indic\u00f3 en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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