STC10978-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10978-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01000-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 6 de junio1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gilberto Jos\u00e9 Mendoza Neira contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Secretar\u00eda de esa sala, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de dicha ciudad y las partes e intervinientes en la causa penal 2020-00175. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00aba que se presuma su buena fe\u2026 confianza leg\u00edtima en las instituciones y\u2026 prevalencia del derecho sustancial sobre el formal\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda, sus anexos y dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia anticipada proferida el 24 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga conden\u00f3 a Gilberto Jos\u00e9 Mendoza Neira como c\u00f3mplice del delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, neg\u00e1ndole los mecanismos sustitutivos de la reclusi\u00f3n intramural. <\/p>\n
2.2. Frente a dicha determinaci\u00f3n el condenado, por conducto de su defensor, interpuso apelaci\u00f3n, la cual fue desatada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad el 16 de diciembre de 2022 en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
2.3. A su turno, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, declarado desierto por la colegiatura ad quem mediante providencia del pasado 6 de marzo, por haber sido presentada extempor\u00e1neamente la respectiva sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En el t\u00e9rmino de ejecutoria del \u00faltimo prove\u00eddo en menci\u00f3n, el quejoso inco\u00f3 reposici\u00f3n, resuelta desfavorablemente a sus intereses el 25 de abril siguiente. <\/p>\n
3. Para el gestor la colegiatura de segundo grado, al denegar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, incurri\u00f3 en el defecto denominado violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, en tanto que el prove\u00eddo \u00abdesconoce el contenido de[l]\u2026 art\u00edculo 83 que se\u00f1ala el principio de la buena fe; art\u00edculo 228 en el que se se\u00f1ala la prevalencia de la sustancial [sic] sobre lo formal; el art\u00edculo 229, la garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
En torno a ello advirti\u00f3 que la presentaci\u00f3n del libelo casacional obedeci\u00f3 al c\u00f3mputo del t\u00e9rmino que le suministr\u00f3 la secretar\u00eda de la corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 18 de enero de 2023, en el que se le inform\u00f3 que el plazo para allegar el escrito de sustentaci\u00f3n corr\u00eda entre el \u00ab18-01-2023 al 28\/02\/2023 [sic]\u00bb, informaci\u00f3n que, seg\u00fan dice, le gener\u00f3 una expectativa de que ten\u00eda hasta la \u00faltima data para cumplir la carga procesal, como en efecto lo hizo. <\/p>\n
Dijo que el supuesto error en la contabilizaci\u00f3n por parte de la empleada de la dependencia judicial no pod\u00eda traslad\u00e1rsele puesto que ello ser\u00eda \u00abponer[le] una carga que desconoce que [su] actuaci\u00f3n se dio dentro del marco del principio de confianza leg\u00edtima respecto de la informaci\u00f3n que se [le] facilit\u00f3 y, de contera vulnera directamente el principio constitucional de buena fe\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 \u00abse revoque las decisiones del Tribunal\u2026 y se d\u00e9 tr\u00e1mite ante la Corte Suprema de Justicia de la demanda de Casaci\u00f3n presentada [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de las providencias cuestionadas indic\u00f3 que, con la formulaci\u00f3n de este resguardo, el gestor busca desatender el t\u00e9rmino legal de 30 d\u00edas para la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, a partir de una informaci\u00f3n que le fue suministrada por la secretar\u00eda de la sala, la cual, de acuerdo con lo dicho por esta Corte \u00abno modifica los plazos definidos por el legislador, que al ser de car\u00e1cter p\u00fablico imponen a los sujetos procesales un deber de vigilancia\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, advirti\u00f3 que el auto por medio del cual declar\u00f3 desierta la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se muestra razonable pues parti\u00f3 de una correcta contabilizaci\u00f3n de los plazos definidos en el ordenamiento jur\u00eddico y se sustent\u00f3 en precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, declarar improcedente el ruego habida consideraci\u00f3n que \u00abno puede utilizarse la acci\u00f3n de tutela para desplazar los mecanismos ordinarios ni el procedimiento establecido por el legislador, so pretexto de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga se limit\u00f3 a informar acerca de las actuaciones surtidas, al tiempo que remiti\u00f3 de manera virtual el respectivo expediente. <\/p>\n
3. Una empleada del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese estrado en tanto que la censura se dirige contra decisiones proferidas por su superior funcional, sin que se le atribuya conducta alguna que hubiese podido \u00abponer en riesgo las garant\u00edas\u00bb del promotor. <\/p>\n
4. El Procurador 51 Judicial II Penal de Bucaramanga y su hom\u00f3logo 5\u00ba de Apoyo a V\u00edctimas, impetraron la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que, de un lado, la decisi\u00f3n cuestionada no va en contrav\u00eda de la Carta Pol\u00edtica y, de otro, la acci\u00f3n tutelar no puede utilizarse \u00aba efectos de ampliar t\u00e9rminos procesales que tienen contenido normativo [y] constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal no accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n al encontrar inexistente la trasgresi\u00f3n denunciada pues el c\u00f3mputo del plazo para la presentaci\u00f3n de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n estricta de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, de cara a la realidad procesal y no a una interpretaci\u00f3n caprichosa del ordenamiento procedimental. <\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3 que las constancias secretariales no tienen vocaci\u00f3n para alterar los t\u00e9rminos procesales, menos cuando es el mismo ordenamiento legal el que los establece, de all\u00ed que corresponda a las partes involucradas en la actuaci\u00f3n permanecer vigilantes en su contabilizaci\u00f3n \u00aby no atenerse a consultar por medios informales el c\u00f3mputo del mismo\u2026 y mucho menos limitarse a la manifestaci\u00f3n de aquella [la secretar\u00eda] cuando sab\u00eda de antemano el plazo perentorio consagrado en la ley\u00bb. <\/p>\n
Para la Hom\u00f3loga Penal lo pretendido por el gestor con la formulaci\u00f3n de este resguardo es \u00abpasar por alto el deber de vigilancia que le asist[\u00eda]\u2026 y excusar su comportamiento negligente en la comunicaci\u00f3n errada dada por la empleada judicial, sin que la misma tenga la virtualidad de activar los principios de confianza leg\u00edtima ya que \u00e9ste protege a las partes e intervinientes de los actos arbitrarios, repentinos o improvisados por parte del Estado\u00bb, circunstancias que no se configuran en el presente caso puesto que la providencia por medio de la cual se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada extraordinaria \u00abes producto del an\u00e1lisis de las actuaciones procesales surtidas\u2026 sin que la Sala Penal\u2026 o la secretar\u00eda, con su actuar, hayan cambiado las condiciones legales a las que debieron someter el control de t\u00e9rminos, el cual era conocido de antemano por el abogado, ya que estuvo presente en la lectura de la sentencia\u2026 e interpuso oportunamente el recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, reproduciendo los argumentos consignados en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Gilberto Jos\u00e9 Mendoza Neira, dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, al declarar desierto el recurso de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 la condena irrogada por el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incurriendo, supuestamente, en el defecto de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Gilberto Jos\u00e9 Mendoza Neira acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera quebrantados con las providencias de 6 de marzo y 25 de abril del a\u00f1o que transcurre, a trav\u00e9s de las cuales la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga (i) declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de segundo grado dictada en su disfavor2 y (ii) mantuvo tal determinaci\u00f3n al desatar la impugnaci\u00f3n horizontal. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios -lo que constituye incuria- o porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad puesto que el accionante omiti\u00f3 formular el recurso de queja, subsidiariamente al de reposici\u00f3n que interpuso contra el prove\u00eddo en que la colegiatura \u00abdeclar[\u00f3] desierto el recurso de casaci\u00f3n\u00bb, por virtud de la regla jurisprudencial sentada por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal en el AP3042 de 11 de noviembre de 20203, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en torno al recurso de queja interpuesto por la apoderada de la parte civil, ha de indicarse que la Corte, en relaci\u00f3n con su interposici\u00f3n frente al de casaci\u00f3n, ha establecido su procedencia cuando la demanda ha sido presentada oportunamente, pero su concesi\u00f3n es negada por el tribunal (\u2026) <\/p>\n
En resumidas cuentas, ni de los preceptos legales, ni del desarrollo jurisprudencial, se desprende que la v\u00eda de la queja proceda frente a, entre otras decisiones, la que deniega la casaci\u00f3n por presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea de este recurso, situaci\u00f3n que, se considera, va en desmedro de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia a quienes, ante la inexistencia de una v\u00eda procesal expedita y efectiva, se les cercenar\u00eda la oportunidad de acudir ante la Corte en busca de remediar los eventuales desaciertos en los que puedan incurrir los respectivos operadores de justicia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta la constante evoluci\u00f3n y creciente desarrollo de la jurisprudencia, en busca de la mayor protecci\u00f3n o influjo preventivo y reparador de los derechos y prerrogativas fundamentales de los destinatarios de la ley penal, para lo cual es indispensable el establecimiento de m\u00e1rgenes de amparo m\u00e1s amplios, en aplicaci\u00f3n del principio de progresividad, la Sala avista la necesidad de salvaguardar la garant\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, como control constitucional y legal. (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed pues, para cubrir el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n avistado, y sobre la base de la prevenci\u00f3n de perjuicios o la hipot\u00e9tica reparaci\u00f3n de estos, as\u00ed como el aseguramiento de la eficacia de los derechos constitucionales, desarrollo de las dimensiones de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la Corte encuentra la necesidad de aumentar el margen de procedencia del recurso de queja cuando la negativa obedezca a razones diversas a la, hasta hoy, establecida jurisprudencialmente. <\/p>\n
En aras de lo anterior, decide la Corporaci\u00f3n abrir un abanico de posibilidades para que, si es del caso, los sujetos procesales con inter\u00e9s puedan acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s del mecanismo de queja. <\/p>\n
En tal orden de ideas, se dispondr\u00e1 que el recurso de queja proceder\u00e1 en todos los casos en que se niegue a la parte el acceso al recurso de casaci\u00f3n, ya sea i) porque se establezca que el recurso o la demanda se interpusieron extempor\u00e1neamente, o ii) porque se le niegue al interesado el acceso al propio recurso (\u2026)\u00bb (subrayado y negrilla propios). <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n de la Sala a quo, pero porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Sobre el tema la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, para la Corte la no utilizaci\u00f3n del recurso de queja, de forma subsidiaria al de reposici\u00f3n incoado contra el auto que neg\u00f3 la opugnaci\u00f3n extraordinaria, torna inviable la presente acci\u00f3n de tutela por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea necesario realizar consideraci\u00f3n adicional respecto de otras tem\u00e1ticas tales como el acierto de la decisi\u00f3n cuestionada pues, precisamente para ello, se debi\u00f3 hacer uso del referido instrumento defensivo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, pero por la incuria revelada, pues la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones esbozadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n fue recibida en esta Sala s\u00f3lo hasta el 21 de septiembre del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
2\u0002 Por haber sido presentada la demanda por fuera del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas consagrado en el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004 <\/p>\n
3\u0002 Reiterada en AP5915-2021, AP1482-2022, AP1717-2022, STP5659-2022, entre muchas otras. <\/p>\n
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STC10978-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10978-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01000-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76673","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76673"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76673\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76673"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}