STC10998-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10998-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01660-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Tob\u00edas O\u00f1ate Daza y Carlos Alberto Z\u00e1rate Prieto contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de esta capital y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-13053. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, invocan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y libertad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expusieron en s\u00edntesis que, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, los conden\u00f3 (5 de marzo de 2021) a la pena principal de 276 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb, decisi\u00f3n que apelaron. <\/p>\n
Relataron que, el 25 de julio de 2023 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dio lectura a la sentencia de segunda instancia confirmando en su integridad la condena impuesta por el a quo y concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas h\u00e1biles para la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, el cual correr\u00eda entre el 3 y el 10 de agosto. <\/p>\n
No obstante lo anterior, se percataron que el fallo que acababa de comunicarse fue aprobado el 12 de julio, seg\u00fan el acta y el texto de la providencia; por lo tanto, al d\u00eda siguiente de la lectura, esto es, el 26 de julio, por intermedio de su apoderado, allegaron al tribunal memorial mediante el cual solicitaron se decrete la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; sin embargo, el 2 de agosto, esa corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 precisando que, \u00abconforme el art\u00edculo 34 numeral 1\u00ba [C.P.P.] este Despacho carece de competencia para pronunciarse en este momento sobre la solicitud elevada, pues ya se profiri\u00f3 sentencia de segundo grado el 13 de julio (sic) de 2023 que puso fin a la instancia\u00bb. <\/p>\n
Acudieron a la presente salvaguarda cuestionando la referida determinaci\u00f3n del tribunal, es decir, la de abstenerse de resolver sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por haber perdido competencia para hacerlo. <\/p>\n
Sostuvieron que, en primer lugar, constituye un yerro de la judicatura que, \u00abno se tenga precisi\u00f3n si el acta es del 12 o del 13 de julio conforme consta\u00bb; en segundo lugar, alegaron que, fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n s\u00ed acaeci\u00f3 pues, \u00aba la fecha de lectura del fallo ya han transcurrido m\u00e1s de 10 a\u00f1os, es decir, la audiencia de imputaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 24 de julio de 2013 y la audiencia donde pudimos conocer y desde donde nace la posibilidad de interponer y presentar recurso y sustentar la demanda de casaci\u00f3n es del 25 de julio de 2023 [\u2026] entonces, efectivamente se ha cumplido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, ten\u00edan 10 a\u00f1os y no se dio la publicidad le lectura (sic) y el conocimiento real de saber cu\u00e1l hab\u00eda sido el desenlace jur\u00eddico del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden, que se ordene al tribunal accionado que \u00ablleve a cabo la audiencia de preclusi\u00f3n con base en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en [su] favor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que, en efecto, en audiencia de 25 de julio de 2023 dio lectura al fallo de segundo grado, aprobado en acta de 12 de julio de 2023, dentro del proceso penal en cuesti\u00f3n, confirmando la condena impuesta por el juez de conocimiento. Destac\u00f3 que el apoderado de los quejosos, el 26 de julio alleg\u00f3 escrito con el cual solicit\u00f3 se decretara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, petici\u00f3n que contest\u00f3 el 2 de agosto, aclarando al defensor de los procesados que el tribunal ya hab\u00eda perdido competencia para resolver sobre ese aspecto. <\/p>\n
2. El Juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite tutelar, toda vez que, \u00abla presunta acci\u00f3n u omisi\u00f3n alegada no fue generada por este despacho\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda; en primer lugar, por la improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando se invoca en asuntos judiciales; en segundo lugar, en aplicaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, por cuanto el juicio penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite y, \u00ab(\u2026) cuando existen los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el Legislador, en concreto el de casaci\u00f3n que, seg\u00fan tiene dicho la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, es una v\u00eda id\u00f3nea para que la Corte, en su condici\u00f3n de tribunal de cierre de la justicia ordinaria, verifique tanto la legalidad como la constitucionalidad, no solo de la decisi\u00f3n de segunda instancia sino del proceso penal en su integridad\u00bb no es adecuado invocar este medio de defensa excepcional. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de los querellantes reiterando las alegaciones del escrito inicial, insistiendo en que el magistrado accionado s\u00ed ten\u00eda competencia para resolver lo relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que plante\u00f3 inmediatamente despu\u00e9s de la lectura del fallo de segunda instancia. A\u00f1adi\u00f3 que existe una inconsistencia en las fechas en que se dict\u00f3 la providencia (12 o 13 de julio de 2023) que debe revisarse. Finalmente, adujo que, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela porque el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00aba\u00fan no ha iniciado su tr\u00e1mite [\u2026] que no hay otro mecanismo id\u00f3neo, pronto y r\u00e1pido que solucione lo peticionado y que en derecho le asiste a mis prohijados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por los actores al abstenerse de pronunciarse de fondo frente a la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que invocaron se decrete, por haber perdido la competencia para resolver sobre dicha postulaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Aclaraci\u00f3n previa. <\/p>\n
No obstante que la Sala a quo, mediante auto del 18 de septiembre de 2023, concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta por el abogado Miguel Alfonso Hern\u00e1ndez P\u00e9rez en representaci\u00f3n de \u00abJOS\u00c9 TOB\u00cdAS O\u00d1ATE DAZA, DIEGO FERNANDO LEAL SERRANO (sic), JUAN PABLO CASALLAS LARA y CARLOS ALBERTO Z\u00c1RATE, accionantes en el tr\u00e1mite en referencia (\u2026)\u00bb contra el fallo de primer grado proferido el 22 de agosto de 2023, esta solo ser\u00e1 admitida respecto de Jos\u00e9 Tob\u00edas O\u00f1ate Daza y Carlos Alberto Z\u00e1rate Prieto, de quienes se adjunt\u00f3 poder especial para la formulaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n del expediente de tutela, no se encontr\u00f3 mandato id\u00f3neo que faculte al mencionado profesional del derecho para actuar en favor y representaci\u00f3n de Luis Fernando Leal Serrano y Juan Pablo Casallas Lara en este asunto, pese a que adujo en el libelo que la acci\u00f3n tambi\u00e9n los involucraba. <\/p>\n
Por lo tanto, al no acreditarse su reconocimiento dentro de este tr\u00e1mite como mandatario judicial de Leal Serrano y Casallas Lara1, se concluye que carece de postulaci\u00f3n para actuar al interior del presente resguardo en favor de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
3. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De manera que, ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por los quejosos, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, interpuesto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo del ad quem que confirm\u00f3 la condena en su contra \u2013 el 10 de agosto de 2023, seg\u00fan historial web del proceso \u2013, encontr\u00e1ndose este actualmente en tr\u00e1mite \u2013 transcurriendo el t\u00e9rmino para la sustentaci\u00f3n de la demanda \u2013, ser\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Penal la que inspeccione los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que podr\u00e1 involucrar las prerrogativas que alegan vulneradas, y especialmente, lo concerniente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, t\u00f3pico cardinal en el que fundan sus alegaciones. <\/p>\n
Y es que el alcance y finalidad del examen que en sede de casaci\u00f3n penal se ejecuta, implica tambi\u00e9n un escrutinio del cumplimiento de garant\u00edas procesales y derechos fundamentales al interior de la causa, se trata de un estudio exhaustivo e integral de lo sometido a revisi\u00f3n. Sobre este medio de control en materia penal, la Hom\u00f3loga Especializada al resolver una demanda de tutela de perfiles similares resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, rad. T-47710). <\/p>\n
As\u00ed, pretender que el Juez de amparo revise la juridicidad del pronunciamiento aqu\u00ed atacado, ser\u00eda una injerencia impertinente en la competencia de los falladores y, en todo caso, admitir un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n en el proceso mismo, y no en el tr\u00e1mite expedito y sumario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En suma, bajo la \u00f3ptica trazada, el que se encuentre en marcha esa instancia extraordinaria convierte, como se viene destacando, en anticipada la salvaguarda; lo que quiere decir que no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que, en estos eventos, al interesado le corresponde esperar la resoluci\u00f3n del tribunal de cierre, encargado de dirimir el fondo del asunto sometido a su juicio. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar la inviabilidad del amparo, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El ruego constitucional es anticipado, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado, cuando las mismas est\u00e1n cursando o se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El auto admisorio \u2013 14 de agosto de 2023 \u2013 de la acci\u00f3n de tutela indic\u00f3: \u00abSe AVOCA conocimiento de la demanda de tutela instaurada por el apoderado de CARLOS ALBERTO Z\u00c1RATE y JOS\u00c9 TOBIAS O\u00d1ATE DAZA, que se dirige contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT\u00c1. En consecuencia, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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