STC11001-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11001-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01500-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de agosto de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hilda Mar\u00eda Bayona de Garc\u00eda, Flor de Mar\u00eda P\u00e1ez, Berta Felisa Ascanio Arias, Yeison Ignacio Le\u00f3n Noriega, Ram\u00f3n Ovidio Navarro, Martha Ni\u00f1o Chinchilla y Carlos Felipe Rinc\u00f3n Ni\u00f1o contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2010-00471. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes2, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad \u00abfavorabilidad, (\u2026) [y] seguridad social\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Ram\u00f3n Ovidio Navarro y otros, promovieron ordinario laboral contra la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social \u2013Cajanal E.I.C.E. en liquidaci\u00f3n-, en procura de que se les reajustara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n3; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta, quien accedi\u00f3 a lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso extraordinario de revisi\u00f3n formulado por la UGPP, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n invalid\u00f3 la referida providencia, pues consider\u00f3 que la all\u00ed querellada \u00abs\u00ed aplic\u00f3 los reajustes de los art\u00edculos 116 de la Ley 6\u00aa de 1992 en los casos en los que era procedente, as\u00ed como el del 143 de la Ley 100 de 1993 en todos los asuntos demandados, de modo que no hab\u00eda lugar a lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abABSOLVER a la demandada de las pretensiones de reajustes legales de los art\u00edculos 116 de la Ley 6\u00aa de 1992 y 143 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como del reembolso de las cotizaciones en salud que presentaron los demandantes. (\u2026) ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de reajustes de los ingresos base de liquidaci\u00f3n pensional en los casos de Jos\u00e9 Mercedes Salazar, Carmen Mart\u00edn Chinchilla, Jos\u00e9 Clodomiro Garc\u00eda Celis, Miguel \u00c1ngel Le\u00f3n Noriega, Jos\u00e9 del Rosario Ortega, Carmen Arturo Pe\u00f1aranda P\u00e9rez, Roberto Antonio Ropero, Justiniano Bayona Rodr\u00edguez y Said Arturo Manzano Pe\u00f1aranda. <\/p>\n
Se determina que: el monto inicial de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de (\u2026) LUIS FELIPE RINC\u00d3N CHINCHILLA, a partir del 1.\u00ba de enero de 1989, es de $103.104,78; [y] el monto inicial de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de Ram\u00f3n Ovidio Navarro, a partir del 11 de diciembre de 2001, es de $589.439,23\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello, orden\u00f3 compulsar copias \u00aba la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue si la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de C\u00facuta y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario incurrieron en alguna falta o conducta delictiva o disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de los precursores, incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente, defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto, por \u00abno haber declarado la prescripci\u00f3n a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de sentencia, y (\u2026) haber (\u2026) otorgado legitimaci\u00f3n por activa a la UGPP\u00bb sin tener en cuenta que aquella \u00abs\u00f3lo pod\u00eda intervenir procesalmente a partir de la fecha adquiri\u00f3 legitimidad, o sea, s\u00f3lo a partir del cierre de liquidaci\u00f3n [de Cajanal]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden que se deje sin efectos el fallo SL3134-2022, 22 jun. y, en consecuencia, se disponga el cumplimiento de la decisi\u00f3n dictada por el estrado Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la determinaci\u00f3n confutada y manifest\u00f3 que \u00ablos reproches que formulan Martha Ni\u00f1o Chinchilla y Carlos Felipe Rinc\u00f3n Ni\u00f1o, en calidad de c\u00f3nyuge e hijo sup\u00e9rstite de Luis Felipe Rinc\u00f3n Chinchilla, y Ram\u00f3n Ovidio Navarro, considero que debe declararse improcedente el amparo, dado que se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional, pues mediante auto de 28 de abril de 2023, (\u2026) la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n el fallo CSJ STP1621-2023, por medio del cual la hom\u00f3loga Sala Penal resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que aquellos interpusieron con fundamento en los mismos hechos y pretensiones de la actual solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben lo que concierne a los reparos que formulan Hilda Mar\u00eda Bayona de Garc\u00eda, Flor de Mar\u00eda P\u00e1ez y Berta Felisa Ascanio Arias, (\u2026) la acci\u00f3n de tutela tampoco es procedente, dado que no satisface el requisito de [la inmediatez], puesto que el periodo que transcurri\u00f3 entre la fecha en que se notific\u00f3 y la data en que se interpuso la tutela, supera ampliamente el t\u00e9rmino de seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta inform\u00f3 que no tiene en su poder el expediente cuestionado. <\/p>\n
4. La UGPP resalt\u00f3 que \u00ablos hechos y pretensiones que hoy pone de presente a su H. Despacho ya fueron de conocimiento de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS No 1, sin que en la acci\u00f3n que nos ocupa exista un nuevo hecho\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo, en tanto advirti\u00f3 que \u00ablos mismos hechos narrados en esta oportunidad, fueron planteados por RAM\u00d3N OVIDIO NAVARRO, MARTHA NI\u00d1O CHINCHILLA y CARLOS FELIPE RINC\u00d3N NI\u00d1O en anterior oportunidad, en la que cuestionaron -tambi\u00e9n- el fallo proferido por la hom\u00f3loga laboral\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, expuso que \u00abes evidente que la pretensi\u00f3n formulada para el restablecimiento de las garant\u00edas invocadas, es la misma que en aquella oportunidad persiguieron RAM\u00d3N OVIDIO NAVARRO, MARTHA NI\u00d1O CHINCHILLA y CARLOS FELIPE RINC\u00d3N NI\u00d1O, excepto porque en esta ocasi\u00f3n, el amparo es invocado adicionalmente por HILDA MAR\u00cdA BAYONA DE GARC\u00cdA, FLOR DE MAR\u00cdA PAEZ, BERTA FELISA ASCANIO ARIAS y YEISON IGNACIO LE\u00d3N NORIEGA; frente a lo cual, se advierte que, estos \u00faltimos, fueron vinculados al asunto de radicado interno No. 128870, por lo tanto, ten\u00edan conocimiento del tr\u00e1mite y las decisiones emitidas al interior de la demanda radicada ante esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de los censores sin indicar los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
Por su parte la UGPP solicit\u00f3 \u00abla CONFIRMACION del fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que la UGPP formul\u00f3 en el asunto que promovieron los gestores (SL3134-2022, 22 jun.), por cuanto invalid\u00f3 la determinaci\u00f3n estimatoria del juzgado a quo, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 22 de junio de 2022 y la tutela se intent\u00f3 el 18 de julio de 2023, lo cierto es que, por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo preceptu\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al relatar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las resoluciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la improcedencia del auxilio deprecado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque: i) se colige un actuar temerario por parte de Ram\u00f3n Ovidio Navarro, Martha Ni\u00f1o Chinchilla y Carlos Felipe Rinc\u00f3n Ni\u00f1o; y, ii) en cuanto a los reparos de Hilda Mar\u00eda Bayona de Garc\u00eda, Flor de Mar\u00eda P\u00e1ez, Berta Felisa Ascanio Arias, Yeison Ignacio Le\u00f3n Noriega, respecto de la determinaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia de infirmar \u2013en sede de revisi\u00f3n\u2013 la disposici\u00f3n de la agencia judicial a quo, la misma se advierte razonable. <\/p>\n
4.1. De la temeridad: <\/p>\n
La figura en comento se tipifica, puesto que la controversia planteada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional ya hab\u00eda sido previamente expuesta ante esta especial jurisdicci\u00f3n; ello por cuanto, Ram\u00f3n Ovidio Navarro, Martha Ni\u00f1o Chinchilla y Carlos Felipe Rinc\u00f3n Ni\u00f1o propusieron con antelaci\u00f3n un amparo contra la Colegiatura denunciada, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se resuelve, en el cual tambi\u00e9n expusieron las mismas pretensiones para que, en suma, se \u00abrevoqu[e] el Auto SL3134-2022\u00bb y, en consecuencia, se ordene el cumplimiento del fallo del despacho Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta. <\/p>\n
La referida salvaguarda fue conocida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n quien en decisi\u00f3n STP1621-2023, 21 feb., la declar\u00f3 improcedente, tras considerar que se incumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez y que \u00abla sentencia controvertida contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto\u00bb. Fallo que no fue impugnado por los interesados y fue excluido de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional el 28 de abril de 2023 (T-9.339.384), configur\u00e1ndose as\u00ed el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como el presente resguardo corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por los promotores, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7283-2022, 9 jun. 2022, rad. 00083-01). <\/p>\n
4.2. De la razonabilidad: <\/p>\n
4.2.1. Ahora bien, en atenci\u00f3n a que no se colige temeridad respecto de los restantes accionantes, revisada la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada infirm\u00f3, en sede extraordinaria de revisi\u00f3n, la determinaci\u00f3n estimatoria del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta, pues evidenci\u00f3 que Cajanal \u00abs\u00ed aplic\u00f3 los reajustes de los art\u00edculos 116 de la Ley 6\u00aa de 1992 en los casos en los que era procedente, as\u00ed como el del 143 de la Ley 100 de 1993 en todos los asuntos demandados, de modo que no hab\u00eda lugar a lo pretendido\u00bb, no se observa la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al desatar el recurso formulado por la UGPP, en el que pidi\u00f3 la revisi\u00f3n para esclarecer \u00absi se impuso una suma peri\u00f3dica que afecte al patrimonio p\u00fablico con trasgresi\u00f3n de lo que regula la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva de trabajo sobre el asunto concreto -causal b)- o del debido proceso -causal a)-\u00bb; el estrado encartado destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abCuando se trate de la UGPP, la Corte ha considerado que dicha entidad est\u00e1 legitimada para representar los intereses de la extinta Cajanal y el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se cuenta desde el 12 de junio de 2013 si el acto censurado es anterior a esta fecha, pues solo hasta este momento asumi\u00f3 la defensa de dicha entidad (CC SU-427-2016, CSJ AL1479-2018 y CSJ AL1932-2018)\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00aben el caso (\u2026) la sentencia controvertida cobr\u00f3 ejecutoria el 6 de mayo de 2011 y la UGPP interpuso la demanda de revisi\u00f3n el 6 de mayo de 2016, por lo que se respet\u00f3 el lapso de 5 a\u00f1os contados a partir del 12 de junio de 2013, en los t\u00e9rminos expuestos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, procedi\u00f3 a analizar \u00ablos temas propuestos por la UGPP\u00bb. En primer lugar, examin\u00f3 cada una de las pretensiones de reliquidaci\u00f3n de las pensiones, con base en los factores salariales de ley y en los documentos adosados al plenario y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Jos\u00e9 Mercedes Salazar \u00abno tiene derecho al reajuste pensional conforme a los factores salariales del art\u00edculo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin que al respecto tengan incidencia las previsiones convencionales. Ello porque la pensi\u00f3n se caus\u00f3 en vigencia de la Ley 33 de 1985 y Cajanal se sujet\u00f3 a lo efectivamente aportado, tal y como se lo impon\u00eda la Ley 62 de 1985\u00bb.<\/p>\n
ii. Jos\u00e9 Clodomiro Garc\u00eda Celis \u00abno tiene derecho al reajuste pretendido, pues (\u2026) Cajanal se sujet\u00f3 a lo efectivamente cotizado por el empleador\u00bb. De manera que \u00abla sentencia tiene un triple defecto: (i) aplic\u00f3 factores salariales que no hicieron parte de la base para calcular los aportes a pensiones; (ii) tom\u00f3 como base de comparaci\u00f3n para el reajuste pensional un valor de mesada inicial que no correspond\u00eda a la realidad y, (iii) dispuso la indexaci\u00f3n del ingreso base de liquidaci\u00f3n sin justificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Miguel \u00c1ngel Le\u00f3n Noriega \u00abno tiene derecho a reajuste alguno por este concepto, pues Cajanal se sujet\u00f3 a lo efectivamente cotizado\u00bb. Ello, toda vez que \u00abla sentencia (\u2026) calcul\u00f3 la pensi\u00f3n demandada con las primas referidas y el auxilio de alimentaci\u00f3n devengado en todos los meses, aun cuando no hicieran parte de la base de aportes a pensiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. En igual sentido se pronunci\u00f3 sobre Carmen Arturo Pe\u00f1aranda, pues estableci\u00f3 que \u00abla reliquidaci\u00f3n [del fallo atacado] es equivocada pues, en primer lugar, tom\u00f3 como par\u00e1metro el valor que se determin\u00f3 en la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 4162 de 12 de abril de 1989, que estaba desactualizado y era desde luego inferior al posteriormente reajustado en la Resoluci\u00f3n 008020 de 4 de agosto de 2010; y en segundo lugar, aplic\u00f3 todos los factores salariales certificados, pese a que no hicieron parte de la base de aportes a pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En el caso de Luis Felipe Rinc\u00f3n Chinchilla, indic\u00f3 que \u00abla Jueza: (i) si bien aplic\u00f3 los factores salariales del art\u00edculo 45 Decreto 1045 de 1978, tom\u00f3 los valores completos certificados en el documento [aportado], pese a que no todos fueron devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio y, (ii) fij\u00f3 la diferencia pensional con el valor inicial de la pensi\u00f3n que no estaba actualizado al retiro\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En lo que ata\u00f1e a Ram\u00f3n Ovidio Navarro, reliev\u00f3 que dicho asunto \u00abse rige por el inciso 3.\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que el derecho se caus\u00f3 el 23 de marzo de 1997, antes de los 10 a\u00f1os contados desde la vigencia del sistema de pensiones. Por tanto, la prestaci\u00f3n deb\u00eda calcularse con el tiempo que le hac\u00eda falta para adquirir el derecho o el de toda la vida laboral si le es m\u00e1s favorable al afiliado\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, anot\u00f3 que \u00abla sentencia acusada tom\u00f3 como base inicial el valor de la mesada pensional fijada para el 23 de marzo de 1997 -$321.856,73- y, sin indexarlo, lo compar\u00f3 contra una mesada real de $707.407,08 que obtuvo a partir de diciembre de 2001 (\u2026), no obstante que el valor inicial de comparaci\u00f3n que escogi\u00f3 era de 1997 y, por tanto, evidentemente inferior\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, efectu\u00f3 el c\u00e1lculo teniendo en cuenta \u00abel ingreso base pensional en los t\u00e9rminos indicados, esto es, con lo cotizado en el tiempo que le hac\u00eda falta para alcanzar el derecho, se tiene que entre el 1.\u00ba de enero de 1994 y el 23 de marzo de 1997 transcurrieron 1073 d\u00edas, los cuales se transponen entre lo cotizado hacia atr\u00e1s desde el 10 de diciembre de 2001 -retiro efectivo del servicio p\u00fablico por la ficci\u00f3n jur\u00eddica del reintegro-, lo que corresponde a lo devengado entre el 18 de diciembre de 1998 y el 10 de diciembre de 200\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed coligi\u00f3 que \u00abel valor inicial de la mesada pensional de Ram\u00f3n Ovidio Navarro, a partir del 11 de diciembre de 2001, asciende a $589.439,23\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abcomo el valor pagado por Cajanal a diciembre de 2001 fue de $528.716,67, la diferencia pensional correspond\u00eda a la suma de $60.722,56 y no de $385.550 como lo dispuso el fallo acusado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, sobre el \u00abreembolso de las sumas supuestamente retenidas por Cajanal desde septiembre de 1995 por descuentos de aportes en salud en porcentajes superiores a los establecidos legalmente\u00bb, la Colegiatura fustigada reliev\u00f3 que \u00abal revisar los certificados de descuentos en salud que obran en el expediente en cada caso en concreto, la Sala advierte que siempre se respet\u00f3 el tope m\u00e1ximo de cotizaci\u00f3n, de modo que no hab\u00eda lugar a reintegrar suma alguna a los pensionados\u00bb. <\/p>\n
Luego, realiz\u00f3 las proyecciones pensionales en cada caso, aplicando los \u00abajustes de ley\u00bb correspondientes y concluy\u00f3 que \u00aben todos lo efectivamente devengado por los pensionados fue superior, lo que permite inferir que Cajanal s\u00ed aplic\u00f3 los reajustes de ley\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abcomo la Jueza consider\u00f3 lo contrario y dispuso nuevamente estos reajustes, la UGPP acierta al indicar que se incurri\u00f3 en un doble pago, de modo que prospera la causal b) de revisi\u00f3n invocada y se invalidar\u00e1 la sentencia en todos estos aspectos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, declar\u00f3 \u00abinfundada la causal a) del art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, que se aleg\u00f3 con fundamento en la vulneraci\u00f3n al debido proceso por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de Cajanal, y fundadas las causales a) y b) de igual precepto en relaci\u00f3n con las condenas impartidas en el fallo, que se invalidar\u00e1 totalmente\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abABSOLVER a la demandada de las pretensiones de reajustes legales de los art\u00edculos 116 de la Ley 6\u00aa de 1992 y 143 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como del reembolso de las cotizaciones en salud que presentaron los demandantes. (\u2026) ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de reajustes de los ingresos base de liquidaci\u00f3n pensional en los casos de Jos\u00e9 Mercedes Salazar, Carmen Mart\u00edn Chinchilla, Jos\u00e9 Clodomiro Garc\u00eda Celis, Miguel \u00c1ngel Le\u00f3n Noriega, Jos\u00e9 del Rosario Ortega, Carmen Arturo Pe\u00f1aranda P\u00e9rez, Roberto Antonio Ropero, Justiniano Bayona Rodr\u00edguez y Said Arturo Manzano Pe\u00f1aranda. <\/p>\n
Se [estipula] que: el monto inicial de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de (\u2026) LUIS FELIPE RINC\u00d3N CHINCHILLA, a partir del 1.\u00ba de enero de 1989, es de $103.104,78; [y] el monto inicial de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de Ram\u00f3n Ovidio Navarro, a partir del 11 de diciembre de 2001, es de $589.439,23 <\/p>\n
(\u2026) COMPULSAR COPIAS de las presentes diligencias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue si la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de C\u00facuta y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario incurrieron en alguna falta o conducta delictiva o disciplinaria y, en caso afirmativo, adopten las decisiones que estimen pertinentes\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, la determinaci\u00f3n cuestionada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
4.2.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.2.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, puesto que: (i) se colige un actuar temerario por parte de Ram\u00f3n Ovidio Navarro, Martha Ni\u00f1o Chinchilla y Carlos Felipe Rinc\u00f3n Ni\u00f1o, ya que, con anterioridad, promovieron otro auxilio de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se estudia; y, respecto de los dem\u00e1s, (ii) se verific\u00f3 la razonabilidad de la providencia confutada, ya que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 22 de septiembre de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Comparecieron en las siguientes calidades: Ram\u00f3n Ovidio Navarro en nombre propio, Hilda Mar\u00eda Bayona de Garc\u00eda como \u00abc\u00f3nyuge sobreviviente (\u2026) de Jos\u00e9 Clodomiro Garc\u00eda Celis\u00bb; Flor de Mar\u00eda P\u00e1ez \u00abc\u00f3nyuge sobreviviente (\u2026) de Jos\u00e9 Mercedes Salazar\u00bb; Berta Felisa Ascanio Arias \u00abc\u00f3nyuge sobreviviente (\u2026) de Carmen Arturo Pe\u00f1aranda P\u00e9rez\u00bb; Yeison Ignacio Le\u00f3n Noriega \u00abhijo estudiante, sobreviviente (\u2026) de Miguel \u00c1ngel Le\u00f3n Noriega\u00bb; Martha Ni\u00f1o Chinchilla y Carlos Felipe Rinc\u00f3n Ni\u00f1o \u00abc\u00f3nyuge sup\u00e9rstite e hijo, respectivamente, (..) de Luis Felipe Rinc\u00f3n Chinchilla\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 De acuerdo con la providencia de revisi\u00f3n. <\/p>\n
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STC11001-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11001-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01500-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76678","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76678\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}