STC11003-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11003-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00980-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 30 de mayo de 20231, que neg\u00f3 la tutela de Javier Andr\u00e9s G\u00f3mez Chaves frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esa ciudad, la Secretar\u00eda de la Sala Penal de ese tribunal, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-10327. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, petici\u00f3n y libertad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante auto n\u00ba 646 del 27 de julio de 2022 le neg\u00f3 la solicitud de libertad por \u00abprescripci\u00f3n de la condena\u00bb (privado de la libertad por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb), decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, cuestion\u00f3 que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, no ha resuelto la alzada. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, interpuso el recurso el 11 de octubre de 2022, y han transcurrido m\u00e1s de \u00ab7 meses esperando respuesta de la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se ordene al tribunal accionado que resuelva el recurso de alzada que present\u00f3 pues, su condena \u00abest\u00e1 pr\u00e1cticamente cumplida y necesito saber la respuesta inmediata\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, en el proceso que se sigui\u00f3 contra el ac\u00e1 accionante, dict\u00f3 sentencia condenatoria el 26 de abril de 2013 imponi\u00e9ndole una pena de 99 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb, y que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda, Unidad de Delitos contra la Seguridad P\u00fablica de Tunja, relacion\u00f3 las actuaciones que adelant\u00f3 contra G\u00f3mez Chaves, a quien le imput\u00f3 el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de arma de fuego o municiones\u00bb, respecto del cual se allanar\u00eda, siendo condenado por el juez de conocimiento a la pena de 99 meses de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndole todo tipo de subrogados, decisi\u00f3n que no fue apelada, quedando en firme en estrados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la ponencia de la decisi\u00f3n le correspondi\u00f3 al magistrado Sim\u00f3n Eduardo Mart\u00ednez Escand\u00f3n y que, a los asuntos se les asigna un turno de acuerdo al orden de llegada, \u00abdando prelaci\u00f3n a libertades condicionales, impedimentos, recusaciones, conflictos de competencia y acciones constitucionales; una vez se efect\u00fae el registro del proyecto pasa para el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s integrantes de la Sala [\u2026] cuando sea suscrito por todos sus integrantes, se remite a secretar\u00eda para su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo un recuento de la actuaci\u00f3n procesal e indic\u00f3 que ya se asign\u00f3 el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, lo que constituye para la salvaguarda un \u00abhecho superado\u00bb. <\/p>\n
5. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja inform\u00f3 que, con auto de 5 de abril de 2023 se concedi\u00f3 el recurso de alzada contra la providencia del 27 de julio de 2022 dictada por el Juzgado Segundo de esa especialidad, y el 18 de mayo de 2023 se remitieron las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el expediente de dicho proceso permaneci\u00f3 en ese Centro de Servicios porque fue llevado a digitalizaci\u00f3n (a cargo de una empresa contratista) y que regres\u00f3 solo hasta el mes de abril de 2023, as\u00ed mismo que, se observ\u00f3 un error de lectura del CD contentivo de la sentencia que debi\u00f3 ser corregido y, solo una vez superada dicha situaci\u00f3n, fue remitido al tribunal para lo de su cargo. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo advertir justificada la mora judicial denunciada por cuanto, \u00abcomo lo indic\u00f3 el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja [\u2026] el protocolo de digitalizaci\u00f3n del expediente le impidi\u00f3 tramitar de manera oportuna y enviar el recurso de apelaci\u00f3n del accionante al Tribunal, circunstancia especial que justifica la demora en la resoluci\u00f3n del caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos y la solicitud del escrito inicial en el sentido de demandar una resoluci\u00f3n pronta al recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra el auto que neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal que se le impuso respecto del proceso rad. 2011-10327. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si, el tribunal convocado est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas invocadas por el quejoso al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada por no haber resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto n\u00ba 646 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja el 27 de julio de 2022 (proceso radicado n\u00ba 2011-10327), que neg\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal. <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al estudiar acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 nov. 2016, rad. 88998) <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC 5 ag. 2011, rad. 1359-01; reiterada en STC10755-2015, 12 ag.). <\/p>\n
2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisado este asunto, como lo advirti\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, la inobservancia de los t\u00e9rminos procesales para la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada contra el auto de primer grado que neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n, no es resultado de un probado abandono o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
2.2.1. En este evento, es del caso considerar las explicaciones ofrecidas por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja que describi\u00f3 la situaci\u00f3n que origin\u00f3 el retraso en el envi\u00f3 de las diligencias al tribunal para el adelantamiento del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n que aqu\u00ed se reclama. <\/p>\n
2.2.2. Al respecto, destac\u00f3 que el expediente del proceso de G\u00f3mez Chaves, que se encontraba en f\u00edsico, antes de ser remitido al tribunal debi\u00f3 ser sometido a un proceso de digitalizaci\u00f3n. <\/p>\n
Para esa labor indic\u00f3 que, fue entregado a una empresa contratista, la cual tambi\u00e9n se encargar\u00eda del cargue de la informaci\u00f3n al aplicativo web de la Rama Judicial. <\/p>\n
2.2.3. As\u00ed mismo, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abaun cuando los procesos fueron regresados a esta secretar\u00eda en f\u00edsico y la conversi\u00f3n digital se ha efectuado paulatinamente, dada la exorbitante cantidad de expedientes y la congesti\u00f3n que presentamos, fue necesario adoptar un sistema de turnos para poder atender los asuntos y as\u00ed garantizar un trato objetivo a los sentenciados vigilados, priorizando tr\u00e1mites pendientes \u00fanicamente para las vigilancia con preso que tenga peticiones como puestas a disposici\u00f3n, vigilancias cercanas a pena cumplida y materializaci\u00f3n de mecanismos sustitutivos concedidos <\/p>\n
2.2.4. De otra parte, cont\u00f3 que, se present\u00f3 un \u00aberror de lectura en el archivo de video contentivo de la sentencia\u00bb, por lo que, solo hasta el 18 de mayo de 2023, una vez solucionado el inconveniente con el archivo digital, fue inmediatamente remitido al tribunal para lo de su competencia. <\/p>\n
2.3. De manera que, esta Sala, luego de ponderar el escenario acreditado por la dependencia administrativa y prohijando lo dilucidado por la Sala a quo, ratificar\u00e1 la negativa del amparo deprecado, en tanto que, la mora denunciada no luce puntualmente injustificada y, en todo caso, se aprecia ajena a la responsabilidad de las autoridades judiciales convocadas. En otra ocasi\u00f3n, frente a reclamaciones de igual tenor se dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de definici\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues, como se plasm\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Por lo tanto, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
En definitiva, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica, bajo el supuesto de una tardanza injustificada, teniendo en cuenta que no se demostraron los componentes previamente indicados en la jurisprudencia en cita que, en forma excepcional, permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando la soluci\u00f3n de los juicios se dilata sin raz\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La mora judicial que se le atribuye a las autoridades convocadas se justifica en razones objetivas (fuerza mayor, culpa de un tercero) que impiden se\u00f1alarles una actitud ap\u00e1tica o arbitraria frente a la resoluci\u00f3n de la controversia que tienen asignada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 22 de septiembre de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 25 de septiembre de 2023. <\/p>\n
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