STC11008-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11008-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01609-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de agosto de 2023, que neg\u00f3 la tutela de Gerson Steven Brice\u00f1o Garz\u00f3n frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2022-05338. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y defensa t\u00e9cnica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, tras ser capturado en flagrancia el 13 de agosto de 2022, la fiscal\u00eda le imput\u00f3 el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb, cargo que inicialmente no acept\u00f3. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, para la audiencia de acusaci\u00f3n, su progenitora contrat\u00f3 al abogado Sady Oswaldo Ortiz Gonz\u00e1lez, \u00abquien aconsej\u00f3 [\u2026] preacordar con la fiscal\u00eda e indemnizar los perjuicios causados [a la v\u00edctima] para reducir la pena hasta dieciocho (18) meses\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 1\u00ba de noviembre de 2022, ante el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de Bogot\u00e1, la fiscal\u00eda anunci\u00f3 que se hab\u00eda llegado a un preacuerdo entre las partes consistente en \u00abdegradar el grado de participaci\u00f3n de coautor a c\u00f3mplice\u00bb, el cual fue aprobado por el juez, quien, seguidamente, dio paso a la audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia, seg\u00fan lo contemplado en el art\u00edculo 447 de la ley 906 de 2004. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, en esa diligencia, su apoderado manifest\u00f3 que ya se hab\u00edan indemnizado los perjuicios materiales y morales a la v\u00edctima, con un dep\u00f3sito en el Banco Agrario de Colombia por valor de \u00ab$2\u2019160.000\u00bb, y reclam\u00f3 en su favor \u00abel descuento punitivo de las \u00be partes de la pena que permite el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, la juez de conocimiento, consider\u00f3 que el mencionado dep\u00f3sito solo correspond\u00eda al valor de los bienes hurtados a la v\u00edctima, \u00ablos cuales no fueron recuperados, lo cual constituye un resarcimiento parcial del acusado y la rebaja por reparaci\u00f3n procede cuando se restituye el objeto material del delito o su valor e indemniza los perjuicios causados al ofendido\u00bb, por lo tanto, lo conden\u00f3 a 72 meses de prisi\u00f3n como pena principal. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, su mandatario apel\u00f3 la sentencia, pero el 10 de marzo de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la confirm\u00f3 en su integridad. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 esencialmente sus reproches contra la actuaci\u00f3n de su defensor, al respecto adujo que, el abogado Ortiz Gonz\u00e1lez \u00abincurri\u00f3 en actos graves de falta de instrucci\u00f3n, incompetencia, impericia y hasta imprudencia [pues] en el traslado como en la apelaci\u00f3n se desnud\u00f3 que no ten\u00eda claros los conceptos de incremento patrimonial y de perjuicios materiales y morales connaturales a este tipo de delitos [\u2026] al parecer no ley\u00f3 bien el escrito de acusaci\u00f3n donde se consign\u00f3 de forma clara la estimaci\u00f3n de los perjuicios por parte de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, dicho profesional \u00abno tuvo una labor perita de conocimiento especializado, diligente y efectiva en cumplimiento de su funci\u00f3n [\u2026] [y que] lo dej\u00f3 sin posibilidad real de indemnizar a la v\u00edctima y de contera, recibir los beneficios de reducci\u00f3n de pena (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, tanto al juez de primera instancia como al tribunal, les correspond\u00eda velar por la efectividad de los derechos de las partes, y que debieron percibir la situaci\u00f3n presentada con el defensor y procurar \u00abasegurarle una adecuada defensa t\u00e9cnica, una defensa real y efectiva, bien sea suspendiendo el tr\u00e1mite del traslado del art\u00edculo 447 y reconvini\u00e9ndole al defensor para que se preparara en debida forma o separarlo del cargo y previni\u00e9ndolo para que designara otro abogado o se le designara uno del sistema de la Defensor\u00eda P\u00fablica; y por parte del tribunal, debi\u00f3 haber declarado la nulidad de la actuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que, se declare que las providencias de primera y segunda instancia que lo condenaron, son vulneradoras de sus derechos fundamentales, por lo tanto, que se ordene dejarlas sin efecto; y \u00ab(\u2026) al se\u00f1or Juez 38 Penal Municipal de Bogot\u00e1, rehacer el traslado del art\u00edculo 447 de la ley 906 de 2004, para permitir a la actual defensa t\u00e9cnica, que en debida forma, realice la indemnizaci\u00f3n de todos los perjuicios materiales y morales sufridos por la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n procesal y, en lo puntual, manifest\u00f3 que, \u00abpara acceder a la rebaja por reparaci\u00f3n a la v\u00edctima, esta deb\u00eda ser completa y acorde con lo manifestado por la v\u00edctima, estimados en $4.000.000 de pesos, de los cuales, el procesado s\u00f3lo consign\u00f3 la mitad\u00bb. Resalt\u00f3 que el representante de la Fiscal\u00eda fue reiterativo en precisar que la v\u00edctima no fue indemnizada integralmente por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados con la conducta penal, motivo por el cual, no era aplicable la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, en efecto, en sentencia de 10 marzo de 2023, confirm\u00f3 la providencia dictada en primer grado que declar\u00f3 al actor responsable del delito de hurto calificado y agravado. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que contra la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 esa corporaci\u00f3n no se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la medida que, aunque la defensa anunci\u00f3 que lo har\u00eda, no lo sustent\u00f3 en el t\u00e9rmino fijado para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
3. El abogado Sady Oswaldo Ortiz Gonz\u00e1lez, quien defendi\u00f3 al accionante en el proceso penal objeto de controversia, indic\u00f3 que, cumpli\u00f3 a cabalidad con su rol, pues, sostuvo varias reuniones con la fiscal\u00eda para consolidar el preacuerdo, y que, \u00aben esas ocasiones, el ente acusador intentaba establecer comunicaci\u00f3n con la v\u00edctima, sin resultados satisfactorios. Resalt\u00f3 que la v\u00edctima exig\u00eda un monto de 15 millones como perjuicio, empero, al revisar la denuncia, se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que el monto era de 2.160.000, por lo tanto, procedi\u00f3 a su consignaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, en la audiencia concentrada, se vari\u00f3 su sentido para presentar el preacuerdo, mismo que fue aceptado por la juez, y que, sobre todo, en esa oportunidad el fiscal acept\u00f3 que se hab\u00eda indemnizado a la v\u00edctima como requisito para acceder al convenio punitivo de responsabilidad; de ah\u00ed que, explic\u00f3, \u00abhubiera solicitado la rebaja contemplada en el art\u00edculo 269 del C.P., misma que fue negada y, por lo mismo, objeto de apelaci\u00f3n ante el tribunal\u00bb. Finalmente, cont\u00f3 que, luego de que fuera confirmada la sentencia en segunda instancia, consult\u00f3 a la madre del procesado si presentaba el recurso de casaci\u00f3n, pero \u00abesta le indic\u00f3 que no lo presentara (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n; al respecto, dijo que, \u00ab(\u2026) resulta di\u00e1fano que el cuestionamiento que el actor enarbola frente al proceso, por su insatisfacci\u00f3n con la defensa t\u00e9cnica como motivo de invalidaci\u00f3n del mismo, decae al verificarse que no agot\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el apoderado del querellante quien manifest\u00f3 impugnar el fallo de primer grado sin agregar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al condenarlo a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhurto calificado y agravado en calidad de c\u00f3mplice\u00bb, (producto de un preacuerdo), y especialmente, por no advertir que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica, evidenciada en la audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia, pues, supuestamente, la impericia del abogado que lo asisti\u00f3, le impidi\u00f3 acceder a los beneficios punitivos derivados de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
2.2. En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, se pudo verificar que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 10 de marzo de 2023, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de esta capital, en lo que es materia de reproche. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que ahora plantea, relacionadas con las irregularidades que habr\u00edan incidido en la aceptaci\u00f3n de cargos a trav\u00e9s del preacuerdo, derivadas de la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica aqu\u00ed alegada o el indebido asesoramiento frente a las consecuencias del mismo y la supuesta impericia que evidenci\u00f3 su mandatario en la audiencia del art\u00edculo 447 del estatuto adjetivo penal, aparentemente determinante en la decisi\u00f3n adoptada por los jueces de instancia de negarle la posibilidad de acceder a los beneficios punitivos por la indemnizaci\u00f3n a la v\u00edctima. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora propone ante el tribunal de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
2.3. Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judiciales, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
En definitiva, se impone ratificar la declaratoria de improcedencia del resguardo por incumplimiento del presupuesto que viene destac\u00e1ndose, lo cual es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas por la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional expone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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