STC11012-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC11012-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 27 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Quintero Ortega contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, los Juzgados Noveno Penal del Circuito de Conocimiento y Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que se dispuso la citaci\u00f3n del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento, la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Media Seguridad, ambos de Bucaramanga, y dem\u00e1s intervinientes en los procesos penales con radicado n\u00ba 2019-00352 y 2019-05765. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad, habeas data, petici\u00f3n, igualdad y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que se encuentra privado de la libertad desde el 12 de agosto de 2019, cumpliendo la pena impuesta por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga en sentencia de 11 de junio de 2020, de 168 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb en el proceso penal n\u00ba 2019-05765. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que formul\u00f3 solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena con fundamento en la Ley 1826 de 2017, que fue desestimada por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga en auto de 2 de marzo de 2022, determinaci\u00f3n que mantuvo el 3 de junio de 2022 y, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad el 2 de mayo de 2023. <\/p>\n
Adujo que, en la sentencia condenatoria, la cual \u00abha sido objetada con todos los recursos posibles\u00bb, nunca se tuvo en cuenta la circunstancia de menor punibilidad estipulada en el literal a) del art\u00edculo 55 del C\u00f3digo Penal de no tener antecedentes penales, adem\u00e1s desconoci\u00f3 la Ley 1826 de 2017, toda vez que se allan\u00f3 a cargos en primera instancia y se le indic\u00f3 que lograr\u00eda un beneficio al momento de dosificar la condena impuesta, sin embargo, esto no sucedi\u00f3 pues la pena impuesta desborda lo se\u00f1alado en la norma, sumado a que tampoco se tuvo en cuenta la rebaja del 50% al que se pod\u00eda acceder incluso cuando se configura la flagrancia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tambi\u00e9n en el proceso penal n\u00ba 2019-00352, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga en sentencia de 18 de agosto de 2021 lo conden\u00f3 a 108 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb, violando de esa forma el principio del non bis in \u00eddem, puesto que se le \u00abacus\u00f3 dos veces de un delito, con el pretexto de abrir un nuevo proceso\u00bb, por lo que ahora tiene dos procesos y dos condenas que en total suman 276 meses de prisi\u00f3n, situaci\u00f3n que considera injusta y desproporcionada frente a las penas que fueron impuestas por los mismos hechos, a otros involucrados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00aba los compa\u00f1eros de causa\u00bb se les conden\u00f3 a 199 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhurto calificado y agravado en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb, aplic\u00e1ndoseles una tasaci\u00f3n por el delito m\u00e1s grave y una ponderaci\u00f3n por el otro delito, lo que difiere al tiempo de condena definitivo que le fue aplicado a \u00e9l, pues se les dosific\u00f3 solo 1 a\u00f1o por el delito de porte de armas de fuego, cuando en su caso fue de 9 a\u00f1os. <\/p>\n
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas, igualmente efectuaron una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del par\u00e1grafo del art\u00edculo 539 de la Ley 906 de 2004 y del art\u00edculo 16 de la Ley 1826 de 2017, desconociendo adem\u00e1s el principio de favorabilidad y el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal, al considerar que la rebaja de pena por aceptaci\u00f3n de cargos, solo procede en los casos de flagrancia de los delitos enlistados en el art\u00edculo 534 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que i) se determine, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada, que su condena es err\u00f3nea al haberse aplicado la dosificaci\u00f3n punitiva, ii) se corrija la pena impuesta, teniendo en cuenta lo estipulado en las normas y la colaboraci\u00f3n con la justicia, as\u00ed como la rebaja del 50% que concede la Ley 1826 de 2017 y, iii) se estudie la viabilidad de decretar la nulidad del proceso con radicado n\u00ba 2019-00352, puesto que no se debi\u00f3 dar apertura a un nuevo asunto sino unirlo al proceso con radicado n\u00ba 2019-05765 y aplicar una sola condena. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida el 2 de mayo de 2023 a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la negativa de la redosificaci\u00f3n de la pena, la profiri\u00f3 en el marco de la vigilancia de la condena impuesta al accionante, donde expuso argumentos similares a los que ahora fundamentan este amparo dirigidos a cuestionar el quantum de la condena por no atender a la rebaja que contempla la Ley 1826 de 2017, cuya aplicaci\u00f3n persigue invocando el principio de favorabilidad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que tal y como se indic\u00f3 en la decisi\u00f3n cuestionada, los jueces de ejecuci\u00f3n de penas est\u00e1n sujetos al principio de inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada, por lo que \u00fanicamente pueden modificar el fallo en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, o en los eventos que la norma que fundament\u00f3 la condena haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia, circunstancias que no se ajustaban a lo pretendido por el actor, quien debi\u00f3 acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para que se estudiara la posibilidad de derruir el principio de cosa juzgada, m\u00e1xime cuando no existe sucesi\u00f3n de normas en el tiempo. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, inform\u00f3 que tiene a su cargo la vigilancia de la ejecuci\u00f3n de la pena de 168 meses de prisi\u00f3n, impuesta al accionante, en sentencia de condena proferida el 11 de junio de 2020, por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, por el delito de hurto calificado y agravado, asimismo, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones adelantadas por ese despacho y solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, argumentando que no ha vulnerado los derechos invocados por Juan Carlos Quintero Ortega. <\/p>\n
3. El Procurador 5 Judicial II Penal de Bucaramanga, sostuvo que el objeto del accionante no es otro que buscar una tercera instancia, cuando incluso sus argumentos son esencialmente los mismos que acertadamente el Tribunal Superior de esa ciudad analiz\u00f3 para arribar a la conclusi\u00f3n de la improcedencia de la redosificaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
4. El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso penal n\u00ba 2019-05765 adelantado en contra del aqu\u00ed accionante y otros, por los delitos de \u00abhurto calificado agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb, en el que se profiri\u00f3 sentencia condenatoria el 11 de junio de 2020 y en el que \u00fanicamente acept\u00f3 cargos por la conducta contra el patrimonio econ\u00f3mico. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante, pues en todas las actuaciones procesales estuvo asistido por su abogado defensor y estuvieron presentes de manera virtual en la audiencia de lectura de sentencia, fecha en la que la qued\u00f3 ejecutoriada, sin que en la misma se hubiera apelado la decisi\u00f3n de condena. <\/p>\n
5. La Fiscal Coordinadora del Grupo de Investigaci\u00f3n y Juicio ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga, se\u00f1al\u00f3 que, consultado el sistema misional SPOA se logr\u00f3 establecer que la extinta Fiscal\u00eda 11 Seccional adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n con radicado 2019-05765, actuaci\u00f3n que finaliz\u00f3 con la sentencia condenatoria por allanamiento a cargos en contra de Juan Carlos Quintero Ortega, por el delito de hurto calificado y agravado, sin que advirtiera vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
6. El Fiscal 40 Seccional se refiri\u00f3 al proceso penal n\u00ba 2019-00352 adelantado por el punible de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb, el cual se adelant\u00f3 ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, que termin\u00f3 con sentencia de 18 de agosto de 2021 por preacuerdo previo entre los sujetos intervinientes. <\/p>\n
7. El responsable de la Oficina de Tutelas de la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bucaramanga indic\u00f3 que esa entidad no es la responsable para atender las pretensiones del reclamante, en ese orden, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al establecer el incumplimiento de los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad respecto de las sentencias condenatorias proferidas el 11 de junio de 2020 y 18 de agosto de 2021, por los Juzgados Noveno y Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga, en los procesos penales n\u00ba 2019-05765 y 2019-00352, respectivamente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que han transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde que fue proferida la sentencia condenatoria en el proceso n\u00ba 2019-05765 y, frente a la cual no interpuso recurso de apelaci\u00f3n, adem\u00e1s, en el proceso penal n\u00ba 2019-05765 se emiti\u00f3 fallo de primera instancia el 18 de agosto de 2021, es decir transcurridos 1 a\u00f1o y 10 meses despu\u00e9s a la formulaci\u00f3n del amparo, asunto en el que pude acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Por otra parte, resolvi\u00f3 negar el amparo constitucional en relaci\u00f3n con las decisiones proferidas el 2 de marzo de 2022 y 2 de mayo de 2023, por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, respectivamente, luego de considerar que esas autoridades resolvieron la solicitud planteada de manera razonada y con apego a la normativa aplicable al caso en concreto, por lo que descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n o puesta en peligro de alg\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 que la impugnaci\u00f3n est\u00e1 dirigida al reclamo del derecho a la igualdad, pues en el proceso n\u00ba 2019-05765 los tres investigados fueron imputados por los delitos de \u00abhurto calificado y agravado y porte y tr\u00e1fico de armas de fuego\u00bb, en el que los tres se allanaron a cargos por el primero de los delitos, y solo Gildardo Le\u00f3n Mart\u00ednez y Dinael Ortega se allanaron por el segundo. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que en su caso el Juez de conocimiento impuso una condena de 168 meses de prisi\u00f3n por el solo delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb y al no allanarse a cargos por el otro delito, se le inici\u00f3 un nuevo proceso en el que fue condenado a 108 meses de prisi\u00f3n, siendo en total 276 meses por las dos condenas. <\/p>\n
Adujo que, con esa actuaci\u00f3n, el Juzgado accionado le vulner\u00f3 sus derechos al debido proceso e igualdad, pues en la imputaci\u00f3n se le atribuyeron unos cargos y al momento de la acusaci\u00f3n se le conden\u00f3 por otro y le abri\u00f3 un nuevo proceso por el delito que se tom\u00f3 como principal para las otras dos personas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022 entre otras). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Juan Carlos Quintero Ortega acude a este mecanismo excepcional, en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y los Juzgados Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad, en los procesos penales adelantados en su contra por los delitos de \u00abhurto calificado agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb. <\/p>\n
2.1 En relaci\u00f3n con la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, a trav\u00e9s de la cual lo conden\u00f3 a 168 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb en el proceso penal n\u00ba 2019-05765, se advierte la improcedencia del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos de la inmediatez y subsidiariedad, porque, analizadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se evidenci\u00f3 que el accionante no solo no acudi\u00f3 en tiempo al juez constitucional, pues transcurrieron alrededor de 3 a\u00f1os para la formulaci\u00f3n del amparo, sino que, adem\u00e1s, dej\u00f3 de utilizar los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance para exponer los reparos que alega ahora a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, pues no se evidenci\u00f3 que hubiera formulado recurso de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2 Frente a la sentencia del Juzgado Sexto Penal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga de 18 de agosto de 2021, a trav\u00e9s de la cual fue condenado por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb, en el proceso penal n\u00ba 2019-00352, se advierte la misma situaci\u00f3n, toda vez que han transcurrido alrededor de 2 a\u00f1os desde la referida fecha, sumado a que tampoco se encontr\u00f3 en las pruebas aportadas, que hubiera apelado la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, el requisito de la oportunidad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual, m\u00e1xime cuando \u00abno se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01) <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la desidia en el empleo de los medios ordinarios de defensa, imposibilita el uso de la acci\u00f3n tutela, si en cuenta se tiene el car\u00e1cter residual y subsidiario de la misma, puesto que, como lo ha reiterado la Sala, este mecanismo no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales o administrativas, puesto que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026)Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ. STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC 2012-00320- 01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a las decisiones que negaron la redosificaci\u00f3n de la pena, de manera preliminar se indica que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se circunscribir\u00e1 a la proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 2 de mayo de 2023, en raz\u00f3n a que la determinaci\u00f3n de primera instancia fue sometida al escrutinio de esa autoridad a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, de manera que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC14012-2015, STC11805-2021, reiterada en STC4694-2022 y, STC2780-2023). <\/p>\n
3.1 Analizados los fundamentos de la inconformidad del peticionario y las pruebas allegadas, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinadas las consideraciones expuestas por el Tribunal Superior de Bucaramanga en la decisi\u00f3n cuestionada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.2 En efecto, tras relatar los antecedentes del caso, plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a resolver, determinar si hab\u00eda lugar o no a redosificarle la pena al recurrente, considerando el principio de favorabilidad en relaci\u00f3n con la Ley 1826 de 2017, y destac\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) en la actualidad el fallo proferido en contra del condenado se encuentra ejecutoriado, dado que no fue objeto de recurso alguno, por ende, respecto de aquel opera el principio procesal de la inmutabilidad o irreformabilidad de la sentencia, el que nos ense\u00f1a que una vez la decisi\u00f3n ha quedado en firme, al juzgador que emiti\u00f3 el fallo le est\u00e1 vedado revocar o reformar la misma. <\/p>\n
Adicionalmente, los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, conforme con lo reglado en el art\u00edculo 38 del C.P.P., adquieren la competencia una vez que se encuentra en firme el fallo condenatorio, sin embargo, se debe tener en cuenta que los despachos de dicha especialidad se encuentran sujetos al principio de inmutabilidad de la sentencia condenatoria ejecutoriada. <\/p>\n
De manera que no pueden modificar la esencia del fallo, salvo en las hip\u00f3tesis de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, esto es el numeral 74 del art\u00edculo aqu\u00ed citado, o en aquellos eventos en los cuales la norma en la que se ciment\u00f3 la condena haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia (n\u00fam. 9 ib\u00eddem5), circunstancias excepcionales que en ning\u00fan momento se adec\u00faan a la petici\u00f3n de los sentenciados, la cual, como antes se indic\u00f3, persegu\u00edan la modificaci\u00f3n de un fallo que se encontraba en firme, para as\u00ed reducir su pena conforme la Ley 1826 de 2017\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que, si lo pretendido era romper la inmutabilidad e irrevocabilidad del fallo, se debi\u00f3 acudir a alguna de las causales de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, dise\u00f1adas para esa finalidad de \u00abderruir las repercusiones del principio de la cosa juzgada\u00bb sobre una sentencia que se encuentre en firme. <\/p>\n
Asimismo, expuso que la Ley 1826 de 2017 incluy\u00f3 en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la figura de acusador privado, incorporando un nuevo libro, denominado procedimiento especial abreviado y acusaci\u00f3n privada, en el que el legislador restringi\u00f3 su aplicaci\u00f3n a los delitos enlistados en el art\u00edculo 10 y agreg\u00f3 el canon 534, en el que se estableci\u00f3 que el procedimiento especial abreviado se aplicar\u00eda a algunas conductas punibles, entre las que se encuentra el hurto calificado y agravado. En ese sentido se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Esto significa que el procedimiento abreviado se aplica exclusivamente para efectos del juzgamiento, frente al listado de delitos all\u00ed contemplado, limitante que se explica en raz\u00f3n de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa que ostenta el Congreso de la Rep\u00fablica, indicando as\u00ed la creaci\u00f3n y regulaci\u00f3n de un procedimiento expedito para conductas que consider\u00f3 de menor lesividad, lo cual se desprende de los antecedentes apreciados como exposici\u00f3n de motivos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, seg\u00fan se extracta de los apartes transcritos en los autos del 2 de marzo de 2022, la declaratoria de responsabilidad de Gildardo Le\u00f3n Mart\u00ednez, Dinael Ortega y Juan Carlos Quintero Ortega, obedeci\u00f3 a la aceptaci\u00f3n de culpabilidad que efectuaron respecto del reato contra el patrimonio econ\u00f3mico contemplado en los art\u00edculos 239, 240 inciso 2\u00b0, 241 numeral 10 y 267 del C\u00f3digo Penal, y los dos primeros tambi\u00e9n frente al punible descrito en el art\u00edculo 365 ib\u00eddem, sin que tales delitos se encuentren incluidos en el listado taxativo de conductas que se tramitan conforme el procedimiento especial abreviado, con las rebajas de pena que en ese ordenamiento de autorizan. <\/p>\n
De manera que, no puede establecerse la identidad referida entre los comportamientos por los que fueron sentenciados, esto es, los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado en concurso heterog\u00e9neo con hurto calificado y agravado, con alguna de las hip\u00f3tesis que regula la norma de la cual se demanda su aplicaci\u00f3n para obtener una redosificaci\u00f3n de la pena (Ley 1826 de 2017), raz\u00f3n por la cual no resulta procedente el descuento pretendido por los opugnadores\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, determin\u00f3 que no era procedente reducir la pena en el monto establecido por el art\u00edculo 16 de la Ley 1826 de 2017, puesto que, si bien para la fecha de ocurrencia de los hechos ya reg\u00eda la norma, no hab\u00eda lugar a aplicarla porque no se trataba de conductas all\u00ed enlistadas, por lo que el Juez de conocimiento al proferir la sentencia se encontraba sujeto a lo previsto en los art\u00edculos 301 y 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, porque el tratamiento beneficioso que prev\u00e9 la otra norma no opera frente a conductas diferentes a las contempladas por el legislador, respecto de las cuales se justifica una rebaja menor en casos de aceptaci\u00f3n de la responsabilidad cuando ha mediado la captura en flagrancia, en ocasiones atendiendo a su naturaleza y gravedad, en otras en atenci\u00f3n al bien jur\u00eddico tutelado, lo cual no resultaba disponible por los particulares. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el derecho a la igualdad, consider\u00f3 que no se presentaron supuestos equiparables al de los recurrentes que permitieran proceder de tal forma, adem\u00e1s, destac\u00f3 que, si bien han existido casos de aplicaci\u00f3n de las rebajas estipuladas en la Ley 1826 de 2017, se ha exigido que los delitos por los que se est\u00e1 juzgando, correspondan a los enlistados en el art\u00edculo 10 de esa norma, de modo que no hab\u00eda lugar a acceder a la redosificaci\u00f3n en el caso estudiado. <\/p>\n
Con fundamento en esa l\u00ednea argumentativa, resolvi\u00f3 confirmar las decisiones proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, a trav\u00e9s de las cuales neg\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la pena a Juan Carlos Quintero Ortega y los otros dos sentenciados. <\/p>\n
4. En ese orden, la sentencia impugnada se confirmar\u00e1, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta en los razonamientos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga que revele la v\u00eda de hecho alegada por Juan Carlos Quintero Ortega. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, esa Corporaci\u00f3n fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en las normas aplicables al caso y jurisprudencia que rigen la materia, las cuales le permitieron concluir que no era procedente la redosificaci\u00f3n de la pena al tenor de lo estipulado en la Ley 1826 de 2017, por cuanto la declaratoria de responsabilidad del aqu\u00ed reclamante se debi\u00f3 a la aceptaci\u00f3n de cargos que efectu\u00f3 en relaci\u00f3n con el delito de hurto calificado y agravado, el cual no se encuentra incluido en el listado taxativo de conductas que se tramitan conforme del procedimiento penal especial abreviado, con las rebajas de pena que se autorizan en esa norma. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Juan Carlos Quintero Ortega a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en los pronunciamientos objeto de inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el accionante con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades. (STC825-2020, reiterada en STC2260-2022 y, STC9235-2023 entre otras). <\/p>\n
6. Igualmente, se destaca que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ. STC12805-2021, reiterada recientemente en STC842-2023 y, STC5171-2023). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11012-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC11012-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01399-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76685","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76685"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76685\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}