STC11026-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11026-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2023-02000-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 7 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Turgas SA ESP contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en los procesos arbitral No. 133550 y en el ejecutivo No. 016-2023-00316-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que VP Ingenergia SAS ESP promovi\u00f3 demanda arbitral en su contra, en la que Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 laudo el 21 de julio de 2023, en el que la conden\u00f3 a pagar las sumas de, i) $10\u2019265.489.998 por las utilidades del contrato de participaci\u00f3n \u201cTurv 01\/12\u201d, causadas entre el 1\u00ba de octubre de 2017 y el 31 de agosto de 2022, ii) $4\u2019932.841.889 por r\u00e9ditos moratorios, iii) $2\u2019530.181.583 por cl\u00e1usula penal y, iv) $579\u2019058.312 por costas y agencias en derecho. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la anterior decisi\u00f3n es irrazonable, caprichosa y arbitraria, por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas incorporadas al expediente, inobserv\u00f3 el principio de la sana cr\u00edtica y las reglas de la experiencia, adem\u00e1s que desconoci\u00f3 lo pactado por las partes, en tanto estas no se pusieron de acuerdo en relaci\u00f3n a nuevas condiciones aplicables con posterioridad a la terminaci\u00f3n de los contratos de suministro de gas que celebraron. <\/p>\n
Explic\u00f3 que igualmente se desatendi\u00f3 que las estipulaciones contractuales prev\u00e9n que la participaci\u00f3n en las utilidades ser\u00e1 a prorrata de lo realmente aportado y, en esa medida, no se tuvo en cuenta las inversiones realizadas por cada una de las partes para el per\u00edodo comprendido entre el 1\u00ba de octubre de 2017 a 30 de agosto de 2022. <\/p>\n
Sostuvo que, adem\u00e1s, valor\u00f3 indebidamente el dictamen pericial de VP Ingenergia SAS ESP, pues al acogerlo desconoci\u00f3 lo dispuesto en el Decreto 2420 de 2014, el interrogatorio de parte del representante legal de Turgas SA ESP, la exhibici\u00f3n de documentos que efectu\u00f3, el dictamen de contradicci\u00f3n que aport\u00f3, la contabilidad que present\u00f3, las comunicaciones cruzadas entre las partes y la oferta de 30 de junio de 2017 presentada a Cemex. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela tambi\u00e9n la propone como mecanismo transitorio para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como quiera que VP Ingenergia SAS ESP la demand\u00f3 ejecutivamente para obtener el pago de las condenas contenidas en el laudo (radicado no. 2023-00316), proceso en el que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el 29 de agosto de 2023 y decret\u00f3 algunas medidas cautelares de embargo de cuentas bancarias, que de materializarse, Turgas SA ESP \u00abno tendr\u00eda posibilidad alguna de cumplir con sus obligaciones administrativas, laborales, como tampoco sus compromisos comerciales y financieros, dados los efectos funestos entra\u00f1a irrazonable laudo arbitral, lo cual conllevar\u00eda a la desaparici\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la empresa\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin valor ni efecto el laudo de 21 de julio de 2023 y, en subsidio, \u00abse suspenda el cumplimiento del laudo arbitral (\u2026) hasta tanto se resuelvan los recursos de anulaci\u00f3n y revisi\u00f3n, seg\u00fan sea el caso, de llegarse a considerar por el Juez Constitucional que las transgresiones constitucionales aqu\u00ed transcritas (\u2026) se pueden proteger de manera eficaz e id\u00f3neo a trav\u00e9s de alguna de las causales de los recursos extraordinarios de anulaci\u00f3n y\/o revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal de Arbitramento accionado, expuso que no concurre el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto, la accionante cuenta con el recurso de anulaci\u00f3n para cuestionar el laudo. <\/p>\n
En todo caso, explic\u00f3 que en la decisi\u00f3n reprochada se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n apropiada de las pruebas incorporadas al expediente, que sirvi\u00f3 para resolver el pleito en el que conden\u00f3 a la accionante al pago de unas sumas de dinero en favor de su contraparte, sin que se hayan desconocidos los derechos de las partes ni incurrido en v\u00edas de hecho. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que lo que se pretende es revivir t\u00e9rminos para discutir nuevamente sobre el debate planteado, lo cual resulta improcedente, toda vez que la acci\u00f3n de tutela no tiene por finalidad servir de instancia adicional. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil Circuito Bogot\u00e1, inform\u00f3 que tiene bajo su conocimiento el proceso ejecutivo de radicado no. 2023-00316 promovido por VP Ingenergia SAS ESP contra la accionante, en el que libr\u00f3 la orden de pago solicitada con base en el laudo referido y decret\u00f3 las medidas cautelares pedidas, las cuales a\u00fan no se han hecho efectivas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que la demanda se notific\u00f3 por conducta concluyente a la ejecutada, quien pidi\u00f3 fijar cauci\u00f3n para el levantamiento las cautelas, tr\u00e1mite en el que no ha vulnerado las garant\u00edas constitucionales de las partes, por lo que debe negarse el amparo. <\/p>\n
3. VP Ingenergia SAS ESP, afirm\u00f3 que la accionante pretende abstenerse de cumplir las determinaciones adoptadas en el laudo, utilizando esta acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto, revelando que su inconformidad se centra en la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 el Tribunal Arbitral accionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo porque en el laudo atacado \u00abse analizaron y explicaron los motivos para acceder a las pretensiones subsidiarias de VP Ingenergia S.A.S. ESP, declarando que la hoy accionante inobserv\u00f3 la obligaci\u00f3n de dividir y repartir las utilidades del contrato de participaci\u00f3n TURVP 01\/12, con la consecuente condena por dichos emolumentos\u00bb, por lo que la decisi\u00f3n cuestionada no debe tildarse de arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el hecho que la accionante disienta de la postura del Tribunal de Arbitramento no es suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n, porque era necesario que demostrara que la decisi\u00f3n se encuentra desprovista de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en el asunto, y adem\u00e1s, no se demostr\u00f3 \u00abun perjuicio cierto, por cuanto la demandante funda el amparo en sucesos no acaecidos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
La accionante insisti\u00f3 en los mismos argumentos del escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo presupuesto, en reiteradas oportunidades se ha hecho \u00e9nfasis por la Sala en la obligaci\u00f3n que tienen los administrados, consistente en que, previo a acudir a esta acci\u00f3n, se agoten todos los medios defensivos existentes, o que propuestos se hayan resuelto, para conjurar las situaciones particulares que los mismos denuncian lesivas de sus derechos fundamentales, ya que, de no ser as\u00ed, la consecuencia inmediata es la denegaci\u00f3n de las s\u00faplicas elevadas en tal sentido. <\/p>\n
En cuanto al requisito en menci\u00f3n, esta Corte ha explicado que, <\/p>\n
\u00abesta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ. STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC7352-2022 y, STC9422-2023 entre muchos). <\/p>\n
Entonces, la inobservancia de la subsidiariedad se presenta cuando no se interponen los instrumentos de defensa ordinarios previstos en la ley, o cuando a\u00fan existen mecanismos judiciales procedentes para debatir sobre la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n se pretende, o cuando promovidos estos, se encuentran pendientes de resolver, lo que convierte el amparo en prematuro. <\/p>\n
2. En el presente asunto, al examinar la queja y el expediente allegado, se advierte que el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, pero porque no concurre el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3. Lo anterior se afirma, por cuanto la sociedad accionante cuestiona el laudo que el 21 de julio de 2023 profiri\u00f3 el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual accedi\u00f3 a algunas pretensiones y condenas reclamadas en la demanda que en su contra formul\u00f3 VP Ingenergia SAS ESP, decisi\u00f3n contra la cual, seg\u00fan se observa del link del expediente remitido por esa autoridad judicial, la recurrente present\u00f3 recurso extraordinario de anulaci\u00f3n de laudo arbitral, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 40 de la Ley 1563 de 2012, que fundament\u00f3 en las causales de, <\/p>\n
i) \u00abInexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral\u00bb, ii) \u00abCaducidad de la acci\u00f3n, la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb, iii) \u00abEstar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n, o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad\u00bb, iv) \u00abHaberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo\u00bb, v) \u00abContener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritm\u00e9ticos o errores por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraciones de estas, siempre que est\u00e9n comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubiera sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral\u00bb y, vi) \u00abHaber reca\u00eddo el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros, haber concedido m\u00e1s de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento\u00bb. <\/p>\n
Recurso en el expres\u00f3 \u00abEl H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, es el Juez competente para conocer de este recurso extraordinario. Por tanto le ruego a los se\u00f1ores \u00e1rbitros le den el tr\u00e1mite correspondiente para efecto de su decisi\u00f3n por parte de dicho juez colegiado, de conformidad con el art\u00edculo 46 de la Ley 1563 de 2012, y, adem\u00e1s, en consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n del tr\u00e1mite del proceso arbitral\u00bb, que se encuentra en curso y frente al cual a\u00fan no se ha pronunciado el Tribunal de Arbitramento accionado, lo que significa que la accionante est\u00e1 ejerciendo el mecanismo judicial pertinente. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, al margen de la controversia planteada en este tr\u00e1mite constitucional, acerca de si los argumentos del recurso de anulaci\u00f3n se acompasan con los reproches realizados a trav\u00e9s de este amparo, o si lo aqu\u00ed alegado no puede ser reclamado por medio de aquel medio extraordinario, lo cierto es que la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional es prematura, en atenci\u00f3n a que la autoridad competente deber\u00e1 dar soluci\u00f3n al debate de instancia puesto a su conocimiento, siendo \u00fatil destacar que, como lo dijo la Sala en un caso similar, \u00ablas eventuales consecuencias de dicha resoluci\u00f3n hacen que cualquier pronunciamiento sobre el particular, en esta sede excepcional, se torne inviable\u00bb (STC7352-2022). <\/p>\n
En esa medida, como el recurso extraordinario aducido se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n, que eventualmente podr\u00eda modificar o alterar la decisi\u00f3n censurada, no es adecuado que la sociedad accionante ataque el laudo de forma paralela ante la jurisdicci\u00f3n constitucional, pues recu\u00e9rdese que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ. STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017, STC6904-2020 y STC9372-2023, entre otras). <\/p>\n
5. En lo que concierne a la solicitud de suspensi\u00f3n de los efectos del laudo hasta tanto se resuelva el mencionado recurso, o el eventual de revisi\u00f3n, seg\u00fan sea el caso, la Sala no advierte la acreditaci\u00f3n de las exigencias requeridas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, puesto que no basta la simple afirmaci\u00f3n de la supuesta amenaza de las garant\u00edas fundamentales para que el amparo prospere, sino que el reclamante debe probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen impostergable e inminente la injerencia del juez constitucional, para desterrar la afectaci\u00f3n alegada, lo que el accionante no demostr\u00f3. <\/p>\n
Punto sobre el que la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) un perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actualo potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente; (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado; (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
6. Y, en lo que ata\u00f1e al perjuicio que se puede causar con la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo que en contra de la accionante adelanta VP Ingenergia SAS ESP, t\u00e9ngase en cuenta que la primera solicit\u00f3 fijar cauci\u00f3n para evitar la pr\u00e1ctica de aquellas, luego est\u00e1 haciendo uso de una herramienta eficaz e id\u00f3neo para que las cautelas no se hagan efectivas y la amenaza que de estas pueda derivarse, no se presentarse. <\/p>\n
7. En consecuencia, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia constitucional de fecha, contenido y procedencia prenotada, pero por las consideraciones aqu\u00ed anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-02000-01 <\/p>\n
Con el irrestricto respeto por la Sala mayoritaria me permito aclarar el voto en lo relativo a la insatisfacci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad que se predic\u00f3. <\/p>\n
Esta Sala tiene dicho que en aquellos casos en los que la censura radica en la valoraci\u00f3n probatoria desplegada por un tribunal de arbitraje los \u00abrecursos de anulaci\u00f3n y revisi\u00f3n\u00bb no son id\u00f3neos ni efectivos para discutir la legalidad del \u00ablaudo\u00bb en que soporta la queja, si en cuenta se tiene que esa situaci\u00f3n no se adec\u00faa en ninguna de las hip\u00f3tesis contempladas en las causales de procedencia de dichos medios de impugnaci\u00f3n (art\u00edculos 41 y 45 de la Ley1563 de 2012, y 355 del C.G. del P.), es decir, no son susceptibles de ser planteados a trav\u00e9s de tales mecanismos. (STC566-2021, entre otras) <\/p>\n
De all\u00ed que, como en esta salvaguarda la queja se fund\u00f3 en una indebida apreciaci\u00f3n probatoria, el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto por la censora no pueda considerarse un recurso id\u00f3neo para exponer su reproche y, por tanto, no sea dable predicar irrespeto al requisito de procedencia en comento. <\/p>\n
Ahora bien, como de todas formas los raciocinios arbitrales cuestionados no lucen irracionales, comparto la decisi\u00f3n relativa al fracaso del auxilio y es por ello que en este caso no procede el salvamento sino la aclaraci\u00f3n que aqu\u00ed expongo. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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