STC11033-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10968-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00442-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 29 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cK\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, \u00abel d\u00eda 12 de enero de 2023, le fue asignada la demanda [de filiaci\u00f3n extramatrimonial de su hijo reci\u00e9n nacido]\u00bb, y \u00abal ver que no se obten\u00eda respuesta [el 24 de abril] procedi\u00f3 a radicar [solicitud de] vigilancia administrativa, [la cual se decidi\u00f3 de fondo el] 5 de mayo, [ordenando] compulsar copia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en contra del secretario del [estrado querellado]\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abde manera rigurosa y excesiva por la aparente radicaci\u00f3n de la vigilancia administrativa\u00bb, el juzgado se pronunci\u00f3 \u00aben auto del 02 de mayo (sic)\u00bb, resolviendo \u00abinadmitir\u00bb la demanda \u00abcon casi 12 requerimientos\u00bb, algunos de los cuales \u00abno hac\u00edan parte del presente proceso, por lo que solicitarlos era obligarnos a lo imposible\u00bb. <\/p>\n
Que tras subsanar la demanda, \u00abde manera inexplicable e injusta [fue] rechazada [con] auto del 05 de junio de 2023\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual, \u00abel d\u00eda 19 de junio de 2023 [interpuso] recurso de reposici\u00f3n y [en] subsidio el de apelaci\u00f3n, [empero] a la fecha de la presentaci\u00f3n de esta tutela [18 de agosto de 2023] no se tiene pronunciamiento alguno\u00bb, por tanto, no ha logrado \u00abhacer efectiva la orden de embargo del salario del demandado (…), pues la demanda se radic\u00f3 precisamente con una urgencia en las medidas cautelares\u00bb, ya que \u00abha peligrado su salud y la de su hijo reci\u00e9n nacido\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al estrado acusado que \u00abestudie la subsanaci\u00f3n de la demanda [rad. \u201c2023-00000\u201d] y emita las \u00f3rdenes correspondientes\u00bb, y proceda a \u00abinstar[lo] para que en el futuro act\u00fae conforme a los numerales 1, 2, 8 y 15 del art\u00edculo 42 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que la demanda de filiaci\u00f3n incoada por la ac\u00e1 querellante, con \u00abauto de fecha 05 de junio de 2023 fue rechazada por no haber subsanado en debida forma los defectos anotados [en auto del 20 de abril de la misma anualidad]\u00bb; que \u00abcontra dicho prove\u00eddo la apoderada de la parte demandante presenta recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, [y que] el d\u00eda 25 de agosto de 2023, se fij\u00f3 en lista el recurso interpuesto\u00bb, por lo que al proceso \u00abse le han imprimido las actuaciones necesarias\u00bb. <\/p>\n
Que, por lo anterior, el juzgado \u00abno ha incurrido en ninguna circunstancia que se puedan considerar vulneradora de los derechos fundamentales del accionante (\u2026), y que de presentarse alguna tardanza en la gesti\u00f3n del despacho ha obedecido en parte al c\u00famulo de solicitudes que nos corresponde atender d\u00eda tras d\u00eda, a las condiciones actuales de trabajo en entornos virtuales (\u2026). As\u00ed mismo, [porque], por virtud del Art. 56 de la Ley 1996 de 2019 nos corresponde la revisi\u00f3n oficiosa de todos los procesos de interdicci\u00f3n que se hayan adelantado en el despacho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de la misma ciudad, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que para resolver deber\u00e1 tenerse en cuenta la respuesta que brinde el convocado. <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al sostener que si bien el despacho accionado \u00abno se ha pronunciado a\u00fan en torno a los recursos formulados por la accionante el 9 de junio de 2023, lo cierto es que del informe rendido por esa dependencia emerge que su tardanza es razonable, esto es, que no es atribuible a desidia o desinter\u00e9s de su parte, sino que obedece a circunstancias objetivas de congesti\u00f3n y a la sobrecarga laboral de los despachos judiciales del pa\u00eds, razones que son ajenas a su voluntad y que le han impedido decidir en el plazo previsto por la ley\u00bb. No obstante, procedi\u00f3 a \u00abINSTAR\u00bb al juzgado \u00abpara que se pronuncie sin m\u00e1s demora (\u2026) sobre los recursos en cuesti\u00f3n, pues en la demanda se solicitaron medidas cautelares que buscan garantizar la atenci\u00f3n en salud de la actora y de su hijo reci\u00e9n nacido, lo que ameritar\u00eda dar prioridad a [ese] asunto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del auxilio para insistir en sus argumentos, recordando que, conforme a la jurisprudencia constitucional, excepcionalmente y para evitar un perjuicio irremediable, se puede \u00abalterar el orden\u00bb para la resoluci\u00f3n de los asuntos, y que \u00abno se tuvo en cuenta que contra el [estrado querellado] se hab\u00eda radicado una vigilancia administrativa y que, a los dos d\u00edas del pronunciamiento de la misma, (\u2026) a manera de retaliaci\u00f3n rechaz\u00f3 la demanda, tom\u00e1ndose las cosas de manera personal y proco profesional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, en particular al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por no haber otorgado el impulso pertinente a la demanda de filiaci\u00f3n radicada bajo el n\u00b0 \u201c2023-000002\u201d. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
En similar sentido, se\u00f1al\u00f3 que: \u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u00bb, y que \u00abla tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC8932-2023, 6 sep., rad. 00398-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con la informaci\u00f3n que reposa en las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 la sentencia impugnada y en su lugar acceder\u00e1 al ruego tuitivo, toda vez que es evidente la dilaci\u00f3n injustificada enrostrada al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, en relaci\u00f3n con la calificaci\u00f3n de la demanda de filiaci\u00f3n extramatrimonial que impetr\u00f3 la ac\u00e1 querellante. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, la Sala considera necesario reiterar que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
Posteriormente esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. En similar sentido el art\u00edculo 9\u00ba, se\u00f1ala: \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.2. Precisado lo anterior, conforme a lo anunciado, la dilaci\u00f3n procesal endilgada al juzgado en relaci\u00f3n con el pleito promovido por la accionante a favor de su menor hijo, no s\u00f3lo se muestra evidente sino adem\u00e1s injustificada, pues tras su presentaci\u00f3n a reparto, la demanda ingresada al despacho el 12 de enero de 2023, s\u00f3lo recibi\u00f3 calificaci\u00f3n mediante auto del 20 de abril de 2023, inadmiti\u00e9ndola por 12 causales diferentes. <\/p>\n
En este punto se advierte que, para el 24 de abril de 2023, cuando a\u00fan no hab\u00eda sido notificada la anterior providencia, pues tal actuaci\u00f3n vino a darse mediante estado electr\u00f3nico el 25 del mismo mes y a\u00f1o2, la actora present\u00f3 solicitud de vigilancia judicial administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura, quien el 5 de mayo de 2023, tras encontrar probada la mora judicial, dispuso que por la autoridad competente se adelantara la correspondiente investigaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
Ahora, con auto del 5 de junio de 2023, el juzgado rechaz\u00f3 la demanda, se\u00f1alando que las \u00ablas falencias advertidas en la providencia del 20 de abril de 2023 (\u2026) no fueron subsanadas en su totalidad (\u2026)\u00bb, decisi\u00f3n que la actora la refut\u00f3 en oportunidad a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y subsidiariamente el de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
De cara a dichos recursos, observa la Sala que a la fecha en que se profiere esta providencia, el querellado no ha acreditado que se hubiere pronunciado, situaci\u00f3n que se corrobora al revisar los estados electr\u00f3nicos publicados en el respectivo micrositio de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, manteni\u00e9ndose, por tanto, la dilaci\u00f3n procesal que motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.3. Definido el comportamiento del juzgado, la Corte advierte que, contrario a lo indicado por la colegiatura de primera instancia, esta no se torna excusable, pues para que pueda aseverarse que el juez despleg\u00f3 actividad diligente, respetando y haciendo respetar los deberes y obligaciones que la ley impone, la inobservancia de los t\u00e9rminos establecidos legalmente para resolver un asunto debe estar justificada en razones probadas y objetivamente insuperables, esto es, en el surgimiento de situaciones imprevisibles e ineludibles. <\/p>\n
Sin embargo, en el caso sub j\u00fadice, el funcionario s\u00f3lo refiri\u00f3 que la tardanza reprochada obedec\u00eda al \u00abc\u00famulo de solicitudes [y por] las condiciones actuales de trabajo en entornos virtuales\u00bb, sin que ninguna de esas situaciones fueran soportadas al menos sumariamente, comoquiera que omiti\u00f3 allegar estad\u00edsticas, as\u00ed como el diligenciamiento de solicitud a la autoridad administrativa encargada de brindar soluci\u00f3n a problemas de conectividad o suministro de equipos f\u00edsicos adecuados para realizar oportuna y eficazmente sus labores. <\/p>\n
Por tanto, la argumentaci\u00f3n del encartado resulta insuficiente para exculpar la dilaci\u00f3n, porque seg\u00fan la decantada jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u00abla mora judicial s\u00f3lo se justificar\u00eda en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que act\u00fae el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos judiciales se\u00f1alados por la ley\u00bb (T-502\/97), ya que para el juez es una obligaci\u00f3n cumplir diligentemente los plazos para adelantar las actuaciones y diligencias, de lo contrario, a \u00abquien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo\u2026 se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CC T-1154\/04). <\/p>\n
De ah\u00ed que frente a la congesti\u00f3n o exceso de trabajo de los jueces, usualmente invocados como excusa para pretender justificar la dilaci\u00f3n de los procesos, haya reiterado que no constituyen argumento v\u00e1lido, a menos que medie una evaluaci\u00f3n objetiva al respecto, \u00abpues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicci\u00f3n la ineficiencia o ineficacia del Estado\u00bb (CC C-301\/93; T-190\/95, T-604\/95, T-502\/97, T-292\/99, T-710\/03, T-201\/04, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario implicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
Al respecto, en el mismo precedente, la Corte Constitucional indic\u00f3 que: \u00ab\u2026en los casos en que el funcionario judicial advierte que materialmente le resulta imposible cumplir con los t\u00e9rminos procesales, dada la probada congesti\u00f3n del respectivo despacho, deber\u00e1, en aras de hacer reales y efectivos los derechos de las personas que acuden a la jurisdicci\u00f3n y en cumplimiento de los deberes que consagra el art\u00edculo 153 de la ley 270 de 1996, solicitar cuantas veces sea necesaria la intervenci\u00f3n del \u00f3rgano instituido para llevar el control del rendimiento de las corporaciones y dem\u00e1s despachos judiciales y a quien se le ha atribuido adoptar las medidas para descongestionar aquellos en los que se detecte dicha situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A tono con lo anterior, recientemente precis\u00f3 que para definir si de la mora judicial emerge violaci\u00f3n al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debe identificarse si es justificada o injustificada, y que ello: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Exige analizar si el incumplimiento del t\u00e9rmino procesal \u201c(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administraci\u00f3n de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congesti\u00f3n judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resoluci\u00f3n de la controversia en el plazo previsto en la ley\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el sub lite, adem\u00e1s de no haber probanza estad\u00edstica sobre la congesti\u00f3n judicial o de exceso de carga laboral, esta \u00faltima bajo la perspectiva de lo que se conoce como razonable, es decir, la obtenida del estudio de los diferentes factores que influyen en la determinaci\u00f3n de un n\u00famero de asuntos que permitan la evacuaci\u00f3n oportuna del trabajo asignado, tampoco se allegaron datos estad\u00edsticos que influyeran en el factor rendimiento, y que en su oportunidad sirvieron para solicitar las medidas de descongesti\u00f3n por parte del Consejo Seccional de la Judicatura, y mucho menos hay una comparaci\u00f3n de las cifras en cuanto a otros despachos que pueden encontrarse en situaci\u00f3n semejante. <\/p>\n
Entonces, al no haber demostrado de manera objetiva las circunstancias que imped\u00edan pronunciarse oportunamente, y tampoco que hubiera adoptado medidas para superar los obst\u00e1culos para el ejercicio de sus funciones, acudiendo ante la entidad competente en procura de solucionar la supuesta congesti\u00f3n, no hay fundamento alguno para tener por excusada la mora judicial enrostrada al accionado. N\u00f3tese, como agravante de lo antedicho, que el cognoscente no evalu\u00f3 la concurrencia en el caso de un menor de edad, y que, en raz\u00f3n a su inter\u00e9s superior como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, para tras ello otorgar al asunto un tratamiento prioritario o preferente. <\/p>\n
En suma, para efectos exculpatorios, no basta afirmar la existencia de especiales circunstancias que pueden agobiar al funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes, sino que \u00e9stas deben probarse, y, por consiguiente, de ellas debe informarse a la ciudadan\u00eda, concretamente al afectado con el retraso judicial e indic\u00e1rsele una fecha probable en la que su proceso obtendr\u00e1 resoluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
En este orden, por cuanto el funcionario acusado no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, al omitir una pronta, completa y eficaz respuesta a la demanda y dem\u00e1s peticiones formuladas dentro del litigio, vulner\u00f3 los derechos fundamentales del ni\u00f1o, en particular, las prerrogativas al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se revocar\u00e1 la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y en su lugar, se amparar\u00e1n las prerrogativas invocadas en el sentido analizado en esta instancia. Como consecuencia, se ordenar\u00e1 al juzgado accionado, en el t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas, si no lo ha hecho antes, con pleno respeto por su autonom\u00eda, realice pronunciamientos de fondo, completos y congruentes frente al recurso y dem\u00e1s peticiones elevadas por la reclamante en el pleito en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia desestimatoria de primer grado y que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia deprecados por la demandante. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a pronunciarse sobre los recursos interpuestos por la actora dentro del juicio n\u00b0 \u201c2023-00000\u201d, y realice las dem\u00e1s actuaciones a que haya lugar, atendiendo lo se\u00f1alado en la parte motiva de la presente providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n