STC11037-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11037-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2023-00500-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00b0 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que no accedi\u00f3 al amparo reclamado por Diana Patricia Mart\u00ednez Coa contra los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal de Barranquilla1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcados en el juicio de radicado 08001400301920180053100. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Matilde Coa C\u00e1rcamo promovi\u00f3 una demanda de pertenencia contra Martha Henr\u00edquez Barros y Carlos Barbosa Corea, en relaci\u00f3n con el bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-211358, tr\u00e1mite en el que los accionados formularon demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Fallecida la demandante, la tutelante solicit\u00f3 ser reconocida como sucesora procesal y, por auto del 31 de agosto de 20202, fue vinculada al proceso en tal calidad. <\/p>\n
2.3. El 12 de octubre de 2021, el Juzgado Municipal accionado emiti\u00f3 sentencia, mediante la cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal, conden\u00f3 a la sucesora procesal Diana Patricia Mart\u00ednez Coa \u00aba restituir a los demandantes, en calidad de due\u00f1o, del predio que ocupa distinguido con la matricula inmobiliaria No. 040-211358, advirti\u00e9ndose que s\u00f3lo la orden de restituci\u00f3n concierne a la primera planta o primer piso del inmueble (\u2026)\u00bb y neg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de los accionantes en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Admitida la alzada interpuesta, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla prorrog\u00f3 la competencia para decidir por auto del 29 de abril de 2022 y, en sentencia del 6 de septiembre siguiente, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
2.5. La actora solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n del fallo de segunda instancia, con fundamento en que no se pronunci\u00f3 sobre lo alegado en la apelaci\u00f3n, en cuanto a que no se le permiti\u00f3 controvertir el dictamen pericial, petici\u00f3n que fue negada el 15 de septiembre de 20223. <\/p>\n
2.6. El 22 de marzo de 2023 se adelant\u00f3 la diligencia de entrega por parte de la comisionada Secretar\u00eda de Gobierno de Barranquilla, en la que la tutelante present\u00f3 oposici\u00f3n, que fue rechazada. Apelada esa decisi\u00f3n, las diligencias fueron remitidas al Juzgado Municipal de origen, Despacho que, por prove\u00eddo del 12 de mayo de 2023, dispuso su env\u00edo al ad quem, que confirm\u00f3 el rechazo de la oposici\u00f3n el 2 de agosto de 2023. <\/p>\n
3. La gestora alega que: i) la sentencia carece de apoyo probatorio; ii) no se le permiti\u00f3 objetar el dictamen pericial; iii) el fallo orden\u00f3 restituir el bien a ella y, por tanto, fue mal encaminado el despacho comisorio; iv) la direcci\u00f3n del inmueble que se ordena restituir no coincide con la se\u00f1alada en el certificado de libertad y tradici\u00f3n; v) no se public\u00f3 en estados el auto del 12 de mayo de 2023; y vi) el Juzgado del Circuito no realiz\u00f3 un control de legalidad frente a las irregularidades referidas. <\/p>\n
4. Conforme a lo narrado, la tutelante solicita que se rehaga la actuaci\u00f3n desde la audiencia de juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Municipal accionado se\u00f1al\u00f3 que su fallo se argument\u00f3 jur\u00eddica y probatoriamente y que estaba en curso la alzada interpuesta contra el rechazo de la oposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo por ausencia del requisito de inmediatez frente a la sentencia y la objeci\u00f3n al dictamen pericial. Asimismo, determin\u00f3 que el despacho comisorio fue elaborado en los t\u00e9rminos dispuestos en el fallo y que, en caso de existir una inconsistencia en la identificaci\u00f3n del inmueble a restituir, tal situaci\u00f3n debi\u00f3 ventilarse al interior del proceso, aunado a que, de tratarse de un error de transcripci\u00f3n en la sentencia, la actora contaba con la posibilidad de solicitar la correcci\u00f3n o aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, dada la ausencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. En efecto, la sentencia de segunda instancia que defini\u00f3 el asunto y estudi\u00f3 el fallo de primer grado, con el cual, en criterio de la accionante, se interrumpi\u00f3 el traslado del t\u00e9rmino para objetar el dictamen pericial con vulneraci\u00f3n de sus derechos, fue proferida el 6 de septiembre de 2022, siendo negada su aclaraci\u00f3n el 15 de septiembre siguiente, mientras que la tutela fue presentada el 22 de agosto de esta anualidad4, cuando se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para acudir a esta instancia, por lo cual la petici\u00f3n no supera el presupuesto de inmediatez (CSJ STC2283-2022). <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad de la tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb5. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. De otro lado, respecto al auto del 2 de agosto de 20236 que confirm\u00f3 en segunda instancia el rechazo de la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega presentada por la accionante, se observa que se fundament\u00f3 en el numeral 1 del art\u00edculo 309 del CGP, que excluye expresamente la oposici\u00f3n \u00abformulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia\u00bb, condici\u00f3n cumplida por la opositora, pues estuvo vinculada al proceso y en su contra se emiti\u00f3 la orden de restituci\u00f3n del inmueble, determinaci\u00f3n no luce abiertamente irrazonable, pues se sustenta en la normativa aplicable y en un an\u00e1lisis integral de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, en cuanto a los dem\u00e1s reparos de la gestora, se advierte que no han sido expuestos ante el Juzgado de conocimiento, circunstancia que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes prematuramente y sin que las censuras hayan sido resueltas en las instancias de defensa ordinarias, dado que el juez de tutela no puede reemplazar las facultades del cognoscente. (CSJ STC8251-2023). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Olga Lucia Padilla Fontalvo, Diana Patricia Mart\u00ednez Coa, Carlos Barbosa Correa, Armando Hern\u00e1ndez Diaz, Zoila Cantillo Figueroa y a la Procuradur\u00eda Delegada Para Asuntos Civiles. <\/p>\n
2\u0002 Documento 05, primera instancia, expediente 2018-00531. <\/p>\n
3\u0002 Documento 20, cuaderno segunda instancia, expediente 2018-00531. <\/p>\n
4\u0002 Seg\u00fan acta de reparto. <\/p>\n
5\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
6\u0002 Allegado con el escrito de tutela (folio 80). <\/p>\n
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