STC11040-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00813-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 26 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cY\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de custodia de su menor hijo \u201cJ\u201d, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2022 el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d se\u00f1al\u00f3 cuota alimentaria a cargo de \u201cP\u201d, \u00aben la suma de $1.000.000 mensuales, y dos cuotas adicionales en los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o por el mismo valor cada una, [para ser descontadas] directamente por el pagador de la Rama Judicial dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes y consignadas en la cuenta [bancaria] de la madre\u00bb, advirtiendo que con el reajuste de 2023, su valor actual es \u00ab$1.160.000\u00bb. <\/p>\n
Que a la referida disposici\u00f3n de descuento por n\u00f3mina -emitida el 26 de enero de 2023-, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial \u201cX\u201d, el 7 de febrero de 2023 \u00able dio el radicado (\u2026), sin embargo, no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado\u00bb, en tanto que desde febrero hasta abril de 2023 \u00abno ha efectuado las consignaciones de forma completa\u00bb, y han quedado saldos insolutos, y \u00abno ha sido consignada la cuota del mes de mayo, pese a que dicho pago deb\u00eda ser realizado dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene \u00aba la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial \u201cX\u201d y\/o [a] quien corresponda, que de forma inmediata proceda al pago de las cuotas de alimentos que ha dejado de cancelar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que, en relaci\u00f3n con los alimentos en cuesti\u00f3n, \u00aba trav\u00e9s de oficio No. (\u2026) del 16 de enero de 2023 [remitido a la actora el 26 del mismo mes y a\u00f1o], se le comunic\u00f3 tal decisi\u00f3n al pagador Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial \u201cX\u201d, informando que dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes deb\u00eda consignar dicha suma de dinero a la cuenta [de la demandante]\u00bb. <\/p>\n
Que el \u00ab22 de febrero de 2023 [la actora] inform\u00f3 del pago parcial de las cuotas alimentarias que estar\u00eda efectuado el pagador, por lo que [tras acreditar que el oficio fue diligenciado el 7 de febrero de 2023], a trav\u00e9s de prove\u00eddo de fecha 27 de junio de 2023, se requiri\u00f3 al pagador, con el fin de que informara el tr\u00e1mite dado al oficio No. (\u2026) y allegue relaci\u00f3n de las consignaciones efectuadas, [libr\u00e1ndose] oficio No. (\u2026) del 05 de julio de 2023, [y] de conformidad a las solicitudes efectuadas por la demandante, el 19 de julio de 2023 se procedi\u00f3 a [su] remisi\u00f3n directamente por la secretar\u00eda de este despacho judicial al pagador\u00bb. <\/p>\n
2. El Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de \u201cX\u201d, dijo que, sobre dicho requerimiento, \u00abTalento Humano\u00bb se pronunci\u00f3 \u00abel d\u00eda 26 de julio de 2023\u00bb, y por ello pidi\u00f3 se declare \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al estimar que \u00aben los meses de enero, febrero y marzo [de 2023] se le hicieron pagos inferiores a lo ordenado en la sentencia y se omitieron los pagos de los meses mayo y junio, con lo cual, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de \u201cX\u201d afecta los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y al debido proceso del ni\u00f1o accionante\u00bb; adem\u00e1s, \u00abse evidencia un actuar pasivo de la Juez [accionada], pues pese a que la representante del actor desde febrero del a\u00f1o en curso de manera insistente la requiri\u00f3 para que hiciera valer la orden judicial, fue solo hasta el 27 de junio del 2023, es decir, m\u00e1s de cuatro meses despu\u00e9s, cuando orden\u00f3 requerir (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la entidad empleadora del demandado que \u00abhaga efectiva la orden dada por la Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 6 de diciembre de 2022 y por tanto consigne de manera completa las cuotas alimentarias causadas a favor del reclamante hasta la fecha\u00bb, y a la titular del estrado, \u00abque utilice los poderes dispuestos en el art\u00edculo 130 de la Ley 1098 de 2006, para que logre garantizar las cuotas de alimentos pendientes de pago\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el Director Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de \u201cX\u201d, aduciendo que ha efectuado los respectivos descuentos y consignaciones, empero, \u00abque en calidad de pagador no es posible deducir m\u00e1s del 50% de lo que legalmente compone el salario del demandado, [y que] existe imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica para dar cumplimiento al fallo\u00bb, porque conforme al principio de que \u00abnadie puede ser obligado a lo imposible (\u2026), nadie puede ser sancionado por incumplir una obligaci\u00f3n por hechos totalmente ajenos a su voluntad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los convocados vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, en tanto: (i) el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, se abstuvo de gestionar lo pertinente para que se materializara el descuento y pago completo de las cuotas alimentarias fijadas dentro del litigio n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, a favor de un menor de edad; y, (ii) el \u00e1rea de pagadur\u00eda de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de \u201cX\u201d, desatendi\u00f3 la orden judicial anteriormente indicada. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo estimatorio del amparo de las prerrogativas invocadas, precisando que: (i) la Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, al interior del juicio n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, incurri\u00f3 en defecto procedimental al omitir gestionar lo pertinente para para hacer efectivo el pago oportuno y completo de las cuotas alimentarias fijadas a favor de un menor de edad; y (ii) el pagador de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de \u201cX\u201d, desatendi\u00f3 la orden judicial en relaci\u00f3n con el descuento y pago completo de tales alimentos. <\/p>\n
3.1. Del defecto procedimental. <\/p>\n
Surge en relaci\u00f3n con el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, pues la queja est\u00e1 dirigida a la inaplicaci\u00f3n de los mecanismos jur\u00eddicos previstos legalmente para lograr el acatamiento de la orden de retenci\u00f3n y pago de alimentos a favor de un menor de edad. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, frente al t\u00f3pico en menci\u00f3n, la Corte advierte deficiencias en la gesti\u00f3n del despacho accionado, ya que, en su debida oportunidad y conforme a las facultades legalmente conferidas como directora del proceso, no despleg\u00f3 una decidida y eficaz actividad tendiente a hacer efectiva la correspondiente resoluci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Esto, porque el respectivo expediente digital muestra que, tras fijar como cuota alimentaria a cargo del se\u00f1or \u201cP\u201d \u00abla suma [de] un mill\u00f3n de pesos ($1.000.000) mensuales, y dos cuotas adicionales en los meses de junio y diciembre de cada ca\u00f1o por el mismo valor cada una, [las cuales] deber\u00e1n ser descontad[a]s directamente por el pagador de la rama judicial dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes y consigna[r]los a la cuenta bancaria (\u2026)\u00bb, el juzgado comunic\u00f3 esa decisi\u00f3n a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial -DESAJ- de \u201cX\u201d con \u00aboficio No. 0(\u2026)\u00bb del 16 de enero de 2023; no obstante, acreditado el diligenciamiento de la misiva el \u00ab8 de febrero de 2023\u00bb, no otorg\u00f3 respuesta al desacato que pronta y reiteradamente la interesada le puso de presente. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan memoriales remitidos virtualmente el 8, 14, 16 y 22 de febrero de 2023, la demandante inform\u00f3 que el pagador realizaba los descuentos de manera incompleta, toda vez que desconoci\u00f3 el reajuste anual se\u00f1alado en el fallo del 6 de diciembre de 2022, y aunque el 2 de marzo de 2023 acredit\u00f3 la radicaci\u00f3n del oficio como se lo exigi\u00f3 el juzgado, e insisti\u00f3 en que se requiera \u00abla entrega del excedente correspondiente a la cuota ordenada de los meses de enero y febrero\u00bb, no hubo pronunciamiento encaminado a intimar, en los t\u00e9rminos de la ley adjetiva y especial, al responsable de cumplir la orden judicial, pues s\u00f3lo hasta el 27 de junio de 2023, se dispuso el requerimiento, y el 12 de julio de esa anualidad le remiti\u00f3 el oficio para su diligenciamiento. <\/p>\n
N\u00f3tese que la juez cognoscente estaba llamada a remediar la situaci\u00f3n irregular antes esbozada, porque aunado a la posibilidad de hacer uso de los poderes correccionales (art\u00edculo 44-3 del C\u00f3digo General del Proceso), el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006 se\u00f1ala que es su deber \u00abadoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos\u00bb, y, por ende, tambi\u00e9n respecto de los definitivos. <\/p>\n
Tampoco observ\u00f3 la posibilidad de aplicar lo previsto en el canon 130 de la misma codificaci\u00f3n, cuyo numeral 1\u00b0 indica que: \u00abCuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podr\u00e1 ordenar al respectivo pagador o al [empleador] descontar y consignar a \u00f3rdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley\u00bb, y que, \u00abEl incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aqu\u00e9l o de este se extender\u00e1 la orden de pago\u00bb. <\/p>\n
En tales circunstancias, por emerger di\u00e1fana la omisi\u00f3n de asumir una postura coercitiva que corrigiera el desafuero, se justifica la intervenci\u00f3n del fallador constitucional dirigida a dicho prop\u00f3sito, porque, se itera, pese a contar con las herramientas jur\u00eddicas para materializar el pago de la cuota alimentaria para una menor de edad, la funcionaria no hizo uso de las facultades jurisdiccionales, cuando ellas debieron fluir inclusive de manera oficiosa, pues a trav\u00e9s de ellas se persegu\u00eda satisfacer las necesidades de una persona de especial protecci\u00f3n constitucional y porque en asuntos de familia, procede decidir ultra y extra petita (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 281 del estatuto adjetivo general). <\/p>\n
Seg\u00fan lo que acaba de verse, m\u00e1s all\u00e1 de una eventual dilaci\u00f3n porque no impuls\u00f3 las peticiones elevadas por la querellante, surge un defecto procedimental del estrado cognoscente, frente al cual la Corte Constitucional ha dicho que se configura cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Adicionalmente, recu\u00e9rdese que de cara a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb, adem\u00e1s, \u00abel juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. Y todo ello debe ponderarse con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial, m\u00e1xime cuando, como en este caso, la omisi\u00f3n de ello conlleva afectaci\u00f3n a los derechos e intereses superiores de un menor de edad. <\/p>\n
3.1.2. En este orden, para la Sala no pasa inadvertido que se est\u00e1 ante prerrogativas de una de aquellas personas en estado de debilidad manifiesta, toda vez que en esa categor\u00eda se encuentran \u00ablos ni\u00f1os, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos f\u00edsicos, s\u00edquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza\u00bb (CC T-719-03, T-789-03, T-456\/04, T-700\/06, T-1088\/07, T-953\/08, T-707\/09 y T-708\/09), quienes, por ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00abdebido a su condici\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica o social particular, merecen una acci\u00f3n positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva\u00bb (CC T-167\/11). <\/p>\n
Respecto de estos grupos de personas y en particular de los menores de edad, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
Esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006, al se\u00f1alar en art\u00edculo 8\u00ba que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, y apuntar en el art\u00edculo 9\u00ba, que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, concluyendo que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.2. Del desacato de una orden judicial de descuento y pago de alimentos. <\/p>\n
Como se anunci\u00f3, emerge respecto del pagador de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de \u201cX\u201d, respecto de lo resuelto por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 6 de diciembre de 2022 dentro del litigio n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, consistente en descontar de los ingresos del demandado, una cuota alimentaria mensual por la suma de \u00ab$1.000.000\u00bb, y dos m\u00e1s al a\u00f1o -una en junio y otra en diciembre-, por id\u00e9ntico valor, teniendo en cuenta que las mismas deb\u00edan reajustarse \u00abconforme el incremento que decrete el gobierno nacional para el salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb, para ser consignadas \u00abdentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes\u00bb en cuenta bancaria manejada por la madre del beneficiario. <\/p>\n
Ahora, las exculpaciones expuestas por el pagador de la DESAJ de \u201cX\u201d no devienen atendibles, pues el hecho de que el demandado tenga otras obligaciones deducibles de n\u00f3mina, no impide que se apliquen en el orden de prevalencia que la ley prev\u00e9, en especial el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, seg\u00fan el cual, \u00ab[l]os cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u00bb, concordante con el canon 2495 del C\u00f3digo Civil y los sendos pronunciamientos jurisprudenciales, en particular de la Corte Constitucional, que tratan sobre dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese sobre el punto que: \u00abTodos los funcionarios estatales, desde el m\u00e1s encumbrado hasta el m\u00e1s humilde, y todas las personas, p\u00fablicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligaci\u00f3n perentoria e inexcusable de cumplirlos, m\u00e1xime si est\u00e1n relacionados con el imperio de las garant\u00edas constitucionales\u00bb (CC T-329\/94). Se subraya. <\/p>\n
En ese mismo sentido y enfatizando su importancia cuando se trata de alimentos para menores de edad, posteriormente record\u00f3 que: \u00ab[e]l cumplimiento de las \u00f3rdenes de embargo y retenci\u00f3n sobre salarios proferidas por los funcionarios judiciales no escapa al deber de acatamiento del que se hace part\u00edcipe tanto a autoridades p\u00fablicas como a particulares, pues con ello se garantiza que el ejecutado cumpla con la obligaci\u00f3n dineraria que pesa sobre su cabeza; con mayor raz\u00f3n, entonces, si este embargo se perfecciona como cuota alimentaria para un menor de edad, ya que con ella se garantiza su digna subsistencia y se protegen el c\u00famulo de derechos fundamentales de que es acreedor el ni\u00f1o\u00bb (CC T-1051\/03). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, se advierte que esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abdentro de ese conjunto de garant\u00edas, se halla la alimentaci\u00f3n equilibrada, de la cual ha sostenido esta Corte en relaci\u00f3n con sus destinatarios que \u201c(\u2026) debe implicar la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedirles el goce efectivo (\u2026)\u201d, m\u00e1s cuando \u201c(\u2026) prev\u00e9 la regla 134 de la Ley 1098 de 2006 que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ SC, 6 ago. 2009, exp. 00238-01, citada en STC16395-2017; STC12299-2019, y STC8418-2021, 8 jul., rad. 00097-01). Se resalta. <\/p>\n
Finalmente, reit\u00e9rase que, para una tutela judicial efectiva, los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia esperan que el derecho declarado sea cierto, lo cual, para el caso de la fijaci\u00f3n de alimentos, consiste en que las cuotas sean pagadas oportunamente, pues se trata de atender los derechos superiores de los ni\u00f1os. Por tal raz\u00f3n, la autoridad al verificar el cumplimento de las \u00f3rdenes por ella misma impartidas, no puede trasladar la incertidumbre y menos las consecuencias desfavorables de la demora en su ejecuci\u00f3n, como carga a los beneficiarios de la prestaci\u00f3n, dado que se trata de personas de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone avalar la sentencia de primer grado, precisando que con este se resguardan las prerrogativas iusfundamentales del menor de edad, en particular al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a una tutela judicial efectiva. <\/p>\n
Por tanto, la orden impartida a la titular del juzgado accionado, consistir\u00e1 en que, conforme a sus facultades y poderes jurisdiccionales que la ley le otorga como directora del proceso, gestione lo pertinente para garantizar el pago oportuno y completo de los alimentos a favor del menor por quien se act\u00faa, y al pagador de la entidad empleadora del obligado, que acate estrictamente la orden judicial de descuento y consignaci\u00f3n de las cuotas alimentarias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC11040-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00813-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76695","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76695","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76695"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76695\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76695"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76695"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76695"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}