STC11084-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11078-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 63001-22-14-000-2023-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 31 de agosto de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Luisa Fernanda Mar\u00edn Zuluaga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo 2019-00022-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La accionante demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Marybeth S\u00e1nchez Cano interpuso demanda ejecutiva hipotecaria contra Claudia Juliana Mar\u00edn Zuluaga, Andrea del Pilar Mar\u00edn Zuluaga, Cristian Mar\u00edn Zuluaga y la tutelante, con el fin de que se libre mandamiento de pago por $150.000.000 conforme a la sumas contenidas en 2 pagar\u00e9s, m\u00e1s los intereses respectivos1. Seguidamente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia \u2013con auto del 14 de febrero de 2019- resolvi\u00f3 \u00ablibrar mandamiento de pago\u00bb, conforme a la cuant\u00eda pretendida. Asimismo, orden\u00f3 \u00abdecretar el embargo y secuestro del bien inmueble [\u2026], objeto de la garant\u00eda hipotecaria constituida por escritura p\u00fablica 1401 del 10 de junio de 2016 de la Notar\u00eda Tercera del Circulo de Armenia\u00bb2. De igual forma, en actuaci\u00f3n de la misma fecha, estableci\u00f3 \u00ablibrar despacho comisorio con el inserto al juez civil municipal de Armenia, para que lleve a cabo el secuestro del bien\u00bb. Y, facult\u00f3 al \u00abcomisionado para que designe secuestre\u00bb3. <\/p>\n
2.3. El Tribunal de Armenia -con fallo del 15 de febrero de 2022-, dispuso \u00abconfirmar la sentencia de 2 de febrero de 2021\u00bb5. Posteriormente, remiti\u00f3 el expediente al juez a quo. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento de lo ordenado en auto del 14 de febrero de 2019, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro -el 22 de octubre de 2021-. La autoridad subcomisionada concedi\u00f3 el uso de la palabra a los asistentes a dicha actuaci\u00f3n, donde se present\u00f3, conforme a las reglas procesales, el apoderado sustituto de la ejecutante -Santiago Arroyave Botero-, la se\u00f1ora Luisa Fernanda Mar\u00edn Zuluaga y el auxiliar de la justicia \u2013secuestre-6. Actuaci\u00f3n en la que no se present\u00f3 oposici\u00f3n por parte de quien habitaba el inmueble \u2013aqu\u00ed tutelante-7. <\/p>\n
2.5. De conformidad con lo surtido en dicha diligencia, el 4 de agosto de 2023, la actora present\u00f3 solicitud de nulidad -con fundamento en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G.P.-, por cuanto estim\u00f3 que \u00abhubo ausencia notoria y a simple vista la falta de correos electr\u00f3nicos de los apoderados Dr. David Ezeriguer S\u00e1nchez, quien otorg\u00f3 poder sustitutivo al Dr. Santiago Arroyave Botero, quien acept\u00f3 la sustituci\u00f3n\u00bb8. Adem\u00e1s, Andrea del Pilar Mar\u00edn Zuluaga \u2013codemandada-, a trav\u00e9s de abogado, igualmente requiri\u00f3 nulitar el tr\u00e1mite de secuestro, entre otras peticiones9. En consecuencia, el Juzgado \u2013con providencia del 14 de agosto de 2023-, resolvi\u00f3 no tener en cuenta la nulidad propuesta por Luisa Fernanda Mar\u00edn Zuluaga, pues \u00abcarec[i\u00f3] del derecho de postulaci\u00f3n para ser escuchad[a]a en esta causa, conforme a lo dispuesto en el art. 73 del CGP\u00bb. Y, rechaz\u00f3 la anulaci\u00f3n pedida por la codemandada, dado que no cumpli\u00f3 las exigencias de los art\u00edculos 134 y 135 del C.G.P10. Inconformes con lo decidido, interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n11. Asunto que no ha sido desatado hasta el momento por el estrado. <\/p>\n
2.6. En ese orden, censur\u00f3 que el \u00abpoder de sustituci\u00f3n [a otro abogado], sin el lleno del requisito de se\u00f1alar sus correos electr\u00f3nicos, tal como lo exige el art\u00edculo 5 del Decreto 806 de 2020\u00bb, advierte que la actuaci\u00f3n se encuentra \u00abviciada de nulidad, la cual no fue subsanada en su oportunidad procesal por la parte demandante y desde luego por el despacho donde cursa el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario, tal como est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 132, en concordancia con el art\u00edculo 133, #4 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se decrete la nulidad \u00abprevista en el art\u00edculo 133, #4 del C.G.P., y en consecuencia se subsane en su oportunidad procesal\u00bb. Y, se \u00absuspenda cualquier diligencia dentro del tr\u00e1mite procesal, mientras se subsana lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado, manifest\u00f3 que la gestora \u00abno identifica de manera puntual y precisa la acci\u00f3n y\/u omisi\u00f3n presuntamente vulneradora del derecho [\u2026]. Adicionalmente, no se cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que est\u00e1 en tr\u00e1mite resolver la nueva nulidad propuesta por el apoderado de la ac\u00e1 accionante [\u2026] del expediente, decisiones frente a las cuales proceden los recurso de Ley\u00bb. <\/p>\n
2. Andrea del Pilar, Cristian y Claudia Juliana Mar\u00edn Zuluaga coadyuvaron el amparo propuesto. <\/p>\n
3. Marybeth S\u00e1nchez Cano mencion\u00f3 que la actora no demostr\u00f3 \u00abuna afectaci\u00f3n real, necesaria y pertinente\u00bb para que por intermedio del juez de tutela se le garantice\u00bb lo pedido. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, estim\u00f3, por un lado, que no se cumpli\u00f3 con la inmediatez por cuanto el \u00abataque dirigido contra la diligencia de secuestro que fue realizada el 22 de febrero de 2021, pues desde aquella \u00e9poca hasta la fecha de formulaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 16 de agosto de 2023, han transcurrido m\u00e1s de 17 meses\u00bb. Por otro, que no se observ\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad \u00abpuesto que [\u2026] los demandados [\u2026], contaban con la posibilidad de interponer recurso de reposici\u00f3n contra el mencionado auto de 14 de agosto de 2023, en el aparte que se abstuvo de resolver la petici\u00f3n de nulidad procesal invocada con fundamento en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P., por falta del derecho de postulaci\u00f3n [\u2026]\u00bb. Y, por \u00faltimo, anot\u00f3 que, igualmente, resulta prematuro pues la actora tiene los recursos procedentes a su alcance, frente a la determinaci\u00f3n dictada el 17 de agosto de 2023. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La actora funda su inconformidad bajo argumentos similares a los se\u00f1alados en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Ello, en raz\u00f3n a que no cumpli\u00f3 con el presupuesto de la inmediatez12. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab003Demanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab009AutoMandamientoDePago\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab014Auto\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab41Sentencia \u2013Acta Audiencia Art. 372\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab24. SentenciaSegundaInstancia2019-0022-01 (055)\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo de video \u00ab3DC 037 8 CM 2\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo de video \u00ab2DC 037 8 CM\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab129SolicitudNulidad\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Archivo PDF \u00ab134SolicitudNulidad\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Archivo PDF \u00ab139AutoFijaCaucionyOtros\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Archivo PDF \u00ab144AllegaRecursoReposicion\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
13\u0002 Seg\u00fan se identifica del acta de reparto respectiva. <\/p>\n
14\u0002 Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
15\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
<\/p>\n
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