STC11105-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11105-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00418-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de A el 23 de agosto de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por B contra el Juzgado C tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio D. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, supuestamente conculcadas por la autoridad fustigada en desarrollo del recaudo por alimentos n\u00ba D seguido en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado C se adelanta el aludido juicio en el cual se pretende el pago de cuotas alimentarias a favor de su hija menor, precisando que, el 24 de marzo de 2022, se libr\u00f3 orden de apremio por valor de $ 5.729.073. <\/p>\n
Manifiesta, que propuso excepciones de m\u00e9rito y pidi\u00f3 que se decretaran como pruebas \u00abinforme de contador p\u00fablico (\u2026) para que con destino al proceso presente PRUEBA POR INFORME (\u2026) respecto de sus c\u00e1lculos en torno a las obligaciones extinguidas por el demandado\u00bb, no obstante, censura que el 7 de febrero de 2023 el despacho acusado \u00abomiti\u00f3 muchas [pruebas] aportadas y solicitadas en la oportunidad legal (\u2026) especialmente la prueba por informe del Contador P\u00fablico\u00bb, por lo que solicit\u00f3 adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n y adem\u00e1s propuso reposici\u00f3n, pedimentos que fueron resueltos desfavorablemente el 15 de junio anterior. <\/p>\n
Relata, que en la audiencia inicial, llevada a cabo el 25 de julio de 2023 se presentaron una serie de irregularidades que vulneran sus prerrogativas, en la medida que el estrado se centr\u00f3 en indagar y decretar pruebas respecto de \u00abalgunos pagos desarrollados por el demandado que NO corresponden a los se\u00f1alados en la demanda\u00bb y agrega que la juez \u00ababandon[\u00f3]\u00bb en diferentes oportunidades la diligencia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al Juzgado C \u00abproceda a desarrollar nueva audiencia de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 392 del C.G.P. concordante con el art\u00edculo 443 ib\u00eddem en la que NO se alteren las pretensiones de la demanda, NO se altere el mandamiento de pago ejecutoriado de fecha 24 de marzo de 2022, se ordene solo la pr\u00e1ctica de las pruebas necesarias, pertinentes, \u00fatiles y conducentes para demostrar si se adeudan o no las sumas pretendidas en la demanda y las ordenadas en el mandamiento de pago, todo ello acorde con las pruebas solicitadas por las partes en la demanda y en el escrito de excepciones, incluida la prueba consistente en prueba por informe del se\u00f1or Contador P\u00fablico JOS\u00c9 DAVID VILLALBA PORTO identificado con C.C. No. 9.098.247 y T.P. 115182- T, para que con destino al proceso presentara PRUEBA POR INFORME, acorde con lo reglado por el art\u00edculo 27511 del C\u00f3digo General del Proceso, ello respecto de sus c\u00e1lculos en torno a las obligaciones cobradas en las pretensiones de la demanda e igualmente en el mandamiento de pago ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Procurador 10 Judicial II de Familia se\u00f1al\u00f3 que deber\u00e1 examinarse \u00absi verdaderamente las solicitudes planteadas por el accionante tienen la envergadura e idoneidad para lograr que se decrete la nulidad de la Audiencia, ya que se trata de un Proceso alimentario donde debe garantizarse plenamente el inter\u00e9s superior de los NNA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. E se opuso a la prosperidad del auxilio argumentando que \u00abel accionante parte de conjeturas y supuestos, ni siquiera el Despacho C ha realizado la valoraci\u00f3n en la sentencia del material probatorio recaudado. El Despacho simplemente le ha informado que un proceso ejecutivo de alimentos, se persigue el bienestar del menor y que el C\u00f3digo General del Proceso le dio facultades ultra y extra petita a los Jueces de familia, con la \u00fanica intensi\u00f3n de salvaguardar la integridad del menor\u00bb. <\/p>\n
Defendi\u00f3 el proceder de la convocada, relievando que, \u00abla Juez a (sic) decretado pruebas de oficio en har\u00e1s de conocer la verdad material, ha respetado y practicado las pruebas solicitadas por las partes, y nunca se ha apartado del debido proceso establecido en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidi\u00f3 que se declare la improcedencia del resguardo, en tanto que no encuentra que se est\u00e9n amenazando o vulnerando las prerrogativas de la menor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La titular del Juzgado C hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del compulsivo que origina el reclamo constitucional y puntualiz\u00f3 que \u00abno puede responder el interrogante que realiza el actor como problema jur\u00eddico [de la solicitud de amparo], pues al no haber emitido un fallo aun le est\u00e1 prohibido hacerlo, pero si se debe tener en cuenta que es nuestro deber primordial ejercer Ia funci\u00f3n jurisdiccional declarando el derecho controvertido o restablecer el violado, interpret\u00e1ndolo y aplic\u00e1ndolo imparcialmente en los casos concretos y en ello no hemos frustrado el cometido del debido proceso, por lo que no habr\u00eda lugar de manera alguna a preguntarle al demandado solo lo que quiera responder- la tutela es subsidiaria y no est\u00e1 llamada a remplazar la juez natural conforme a reiterados precedentes de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo \u00absolicit[\u00f3] el estudio de fondo de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, para efectos de que mediante fallo de tutela se determine la procedencia de la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia alegado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, aunado a que fue prematura su interposici\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado C vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el accionante, en desarrollo del ejecutivo de alimentos D (i) al proferir el auto que dispuso el decreto de pruebas y (ii) al llevar a cabo la audiencia inicial celebrada el 25 de julio de 2023. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la presente queja constitucional y su cotejo con la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
El reclamo se enfila a cuestionar, de un lado, el prove\u00eddo de 7 de febrero de 2023, por medio del cual la autoridad accionada decret\u00f3 pruebas, pues en criterio del actor pese a que resultaba \u00abconducente \u00fatil y pertinente [el] (\u2026) informe de contador p\u00fablico (\u2026) para que con destino al proceso presente PRUEBA POR INFORME (\u2026) respecto de sus c\u00e1lculos en torno a las obligaciones extinguidas por el demandado\u00bb, no se accedi\u00f3 a ello, y del otro, que se presentaron una serie de \u00abirregularidades\u00bb en la audiencia de 25 de julio de 2023, que imponen que se invalide lo all\u00ed decidido. <\/p>\n
Al examinar el tr\u00e1mite acusado, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por el demandado en el juicio que origina la controversia, en primera medida porque el auto de 7 de febrero hoga\u00f1o, se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la citada determinaci\u00f3n la autoridad convocada, dispuso, en s\u00edntesis, que se tendr\u00edan como medios de prueba, entre otros, aquellos documentales aportados por los interesados en la demanda y su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n, fue recurrida por el aqu\u00ed accionante arguyendo que el informe del contador p\u00fablico solicitado resultaba \u00abNECESARI[O], PERTINENTE, \u00daTIL y CONDUCENTE a los fines del proceso para demostrar el cumplimiento del demandado aun por sumas superiores a las injustamente se\u00f1aladas por la demandante y por aquellas ordenadas por el despacho en el mandamiento ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
El mencionado despacho mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, el 15 de junio anterior resaltando que \u00abtom\u00f3 en cuenta lo aportado en la contestaci\u00f3n, hecho que se sustenta en la providencia del 07 de febrero del 2023, puesto que en el apartado, de las pruebas de la parte demandada, se determin\u00f3 que se tendr\u00edan como prueba toda la documentaci\u00f3n aportada en el escrito presentado por la parte interesada, a las cuales se les dar\u00e1 el valor probatorio que corresponda al momento de fallar, ahora bien, aunque no se haya hecho pronunciamiento concreto de las especificadas por el apoderado en su solicitud, \u201ctoda la documentaci\u00f3n\u201d hace referencia a las que fueran aportada en el documento, es por esa raz\u00f3n, que respecto a el c\u00e1lculo de capital e intereses desarrollado por el Contador P\u00fablico F, como documento declarativo emanado de tercero, se aclara que, el mencionado, se encuentra arrimado al proceso y ser\u00e1 estudiado en cuanto a su valor probatorio en el momento procesal que la ley dispone para tal actuaci\u00f3n, no se excluye o se desmerita la informaci\u00f3n contentiva del mismo o los memoriales que ha enviado el apoderado en varias ocasiones, pues, como ya antes se expuso, este material se encuentra en el expediente, si se incluy\u00f3 en el auto que fija audiencia p\u00fablica cuando fue englobado en la expresi\u00f3n, toda documentaci\u00f3n y esta la que ser\u00e1 objeto de estudio o an\u00e1lisis, posteriormente\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Ahora, al auscultar la diligencia celebrada el 25 de julio anterior, en la que se practicaron pruebas y finalmente la juez de conocimiento orden\u00f3 \u00abcomo prueba oficiosa (\u2026) a Bancolombia a que certifique quien es el titular de la cuenta de ahorros n\u00famero 0 y su vez certifique si desde esta cuenta, se hicieron transferencias cuenta bancaria a nombre de la se\u00f1ora E cuenta N\u00b0 1; de ser as\u00ed, en qu\u00e9 fecha y por qu\u00e9 valor se han realizado las transacciones\u00bb, observa esta Corporaci\u00f3n que no existe irregularidad que haga procedente la invalidaci\u00f3n de esa audiencia, descart\u00e1ndose con ello la vulneraci\u00f3n aducida en la solicitud de amparo. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas a trav\u00e9s de este mecanismo, lo que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo, por cuanto no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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