STC11215-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03749-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Juan Carlos Prada Mantilla le formul\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 11001-31-03-029-2016-00109-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El quejoso protest\u00f3 porque el Tribunal modific\u00f3 el valor de los honorarios que le reconoci\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en virtud de la representaci\u00f3n judicial que ejerci\u00f3 frente a Yosef Roitman Svartsnaider y Miguel David Gritz Szapiro, quienes formularon demanda ejecutiva con garant\u00eda real frente a la Iglesia Central Denominaci\u00f3n Centro Misionero Bethesda (8 jun. 2023). Ello, porque de los $185.111.848,55 que le fij\u00f3 el juez de primer grado, s\u00f3lo le reconoci\u00f3 $21.666.666,67. <\/p>\n
Adujo que el juez plural concluy\u00f3, a partir del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales que origin\u00f3 su gesti\u00f3n y su declaraci\u00f3n de parte, que el monto de su prestaci\u00f3n fue regulado en dicho negocio jur\u00eddico hasta la inscripci\u00f3n del embargo del inmueble objeto de garant\u00eda, y que de ah\u00ed en adelante convinieron verbalmente que le ser\u00eda \u00abcancelada la suma de $3.000.000 cada seis, por concepto de honorarios\u00bb. Lo que, en su criterio, es el resultado de una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues dichas evidencias no revelan la existencia de la alianza mencionada por la Corporaci\u00f3n, sino que no lo hubo. As\u00ed, por un lado, en dicho negocio jur\u00eddico se estipul\u00f3 que los honorarios causados con posterioridad al registro de la cautela se pactar\u00edan por escrito, lo que nunca ocurri\u00f3, y por otra parte, si bien se refiri\u00f3 al pago de los tres millones de pesos ($3.000.000) despu\u00e9s del registro de la medida cautelar, lo hizo para indicar que se trataba de abonos y no de los honorarios definitivos, a los que tiene derecho. <\/p>\n
En consecuencia, para la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00abal trabajo en proporci\u00f3n a sus labores\u00bb, pidi\u00f3 que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n del Tribunal y en su reemplazo \u00abse accedan a las pretensiones solicitadas dentro del incidente de honorarios profesionales de abogado, comoquiera que no existi\u00f3 convenio o negociaci\u00f3n por escrito y oportunamente en materia de honorarios, posterior a la medida cautelar de embargo dentro del proceso ejecutivo hipotecario, tal cual lo dispone el documento aportado como prueba\u00bb. <\/p>\n
En subsidio, inst\u00f3 que la regulaci\u00f3n se realice de manera \u00abproporcional y razonable\u00bb, teniendo en cuenta que el \u00abapoderamiento\u00bb dur\u00f3 m\u00e1s de cinco a\u00f1os, as\u00ed como que el cr\u00e9dito materia de recaudo asciende a dos mil cuatrocientos dos millones ciento veinte mil ciento cincuenta y nueve pesos ($2.402.120.159). O en su defecto, la fijaci\u00f3n se haga teniendo en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abse\u00f1alando que a partir del registro del embargo en el ejecutivo hipotecario no existe regulaci\u00f3n en materia de honorarios profesionales de abogado, por cuanto no hubo convenio o negociaci\u00f3n por escrito y oportunamente, como se indic\u00f3 en el contrato existente entre las partes en materia de honorarios\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n reprochada y remiti\u00f3 copia de la misma. Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 envi\u00f3 las diligencias acusadas. No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta determinaci\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cuando se enjuicia una providencia judicial a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, no es cualquier error el que habilita su revisi\u00f3n en esta sede, sino uno que haga patente la existencia de una actuaci\u00f3n arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial. De all\u00ed que esta Corporaci\u00f3n ha insistido en que este mecanismo solo puede abrirse, trat\u00e1ndose de actuaciones de la judicatura, en casos de indiscutible arbitrariedad. Igualmente, la hom\u00f3loga Constitucional, mediante sentencia de unificaci\u00f3n, ha puntualizado que este mecanismo no es una instancia o recurso adicional \u00abpara discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial\u00bb (se enfatiza, SU-128 de 2021). <\/p>\n
2.- Bajo esa perspectiva, la Sala advierte que el valor de los honorarios reconocidos en \u00faltima instancia al actor es fruto la evaluaci\u00f3n arm\u00f3nica y conjunta de los medios de convicci\u00f3n recaudados en el asunto. <\/p>\n
En efecto, la Magistratura convocada concluy\u00f3 que el gestor ten\u00eda derecho \u00fanicamente al pago de $21.666.666,67, en lugar de los $185.111.848,55 tasados por el juez de ejecuci\u00f3n con estribo en el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura sobre agencias en derecho, porque evidenci\u00f3 que el gestor y los promotores del coercitivo regularon las condiciones del pago de los honorarios durante todo el tiempo que dur\u00f3 la representaci\u00f3n judicial, por lo que la tasaci\u00f3n deb\u00eda estarse a los lineamientos convencionales. <\/p>\n
As\u00ed, advirti\u00f3 que una primera parte de la gesti\u00f3n, desde la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva hasta la inscripci\u00f3n del embargo del inmueble gravado con hipoteca, se reg\u00eda por lo pactado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre el actor e Isaac Roitman Bubis el 10 de febrero de 2016; mientras que un segundo segmento, comprendido entre dicha actuaci\u00f3n hasta el instante en el que se le revoc\u00f3 t\u00e1citamente el respectivo poder -10 feb. 2022-, estaba regulado por un acuerdo verbal, en virtud del cual aqu\u00e9llos acordaron un pago semestral por $3.000.000. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, lo dedujo de las declaraciones del quejoso y de quien contrat\u00f3 sus servicios. Al respecto la primera ense\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior se desprende del hecho que el abogado Juan Carlos Prada Mantilla al momento de responder el cuestionario que le fuera formulado manifest\u00f3: \u201c\u2026inicialmente pactamos con el se\u00f1or Roitman unos pagos de quinientos mil pesos para hacer la gesti\u00f3n de revisar (\u2026) el expediente y manejar el control del proceso pero tambi\u00e9n es importante aclarar que posteriormente yo firme, entregue varias veces cuentas y posteriormente no me volvieron a pagar esos dineros y hasta donde yo recuerdo por lo general nos pagaban \u2013 me pagaban esa plata ellos el se\u00f1or Roitman semestralmente\u201d. <\/p>\n
Aunado a ello, cuando el a quo le pregunt\u00f3: \u201cEse acuerdo diferente al de los cuatro millones de pesos esto es al acuerdo semestral que se iba a materializar con pagos de tres millones semestrales \u00bfse llev\u00f3 a cabo, se ejecut\u00f3 ese acuerdo?, \u00bfcu\u00e1nto fue cancelado de ese acuerdo?, usted refiere seg\u00fan lo que manifiesta fueron tres millones por revisi\u00f3n del expediente entiendo yo seg\u00fan su respuesta, se materializ\u00f3 usted recibi\u00f3 de ese acuerdo sumas de dinero\u201d el interrogado respondi\u00f3 \u201cSi su se\u00f1or\u00eda (\u2026) si recib\u00ed unas sumas de dinero durante varios semestres de parte del se\u00f1or Isaac , no recuerdo los montos\u201d <\/p>\n
Y sobre la versi\u00f3n de Isaac Roitman Bubis, resalt\u00f3: <\/p>\n
Por su parte el se\u00f1or Isaac Roitman Bubis declar\u00f3 que: <\/p>\n
Posteriormente cuando el doctor Prada propuso que se le pagara semestralmente unos honorarios de tres millones de pesos le fueron aceptados y pagados y de acuerdo a las cuentas de cobro que \u00e9l present\u00f3 para el segundo semestre del 2016, primero y segundo semestre del 2017 y primer semestre de 2018 (\u2026) en total le fueron pagados diecis\u00e9is millones de pesos. <\/p>\n
Por lo que concluy\u00f3: <\/p>\n
Evidente resuelta entonces que, la fijaci\u00f3n del valor de los honorarios con respecto del proceso ejecutivo de la referencia y el pago de los mismos estaban a cargo del se\u00f1or Isaac Roitman Bubis; y comoquiera que dentro del contrato primigenio no se determin\u00f3 el costo de las gestiones causadas con posterioridad al registro de la medida de embargo, cobra validez el acuerdo verbal al que lleg\u00f3 el mandatario con el contratante inicial; en el que no se convino una suma de honorarios definitivos sino un pago semestral, por la labor profesional desplegada por el abogado. <\/p>\n
De modo que, emerge la necesidad de modificar la decisi\u00f3n de instancia puesto que si exist\u00eda una convenci\u00f3n con respecto del valor de las actuaciones desarrolladas en el proceso ejecutivo del ep\u00edgrafe; de tal forma que, a pesar de no encontrarse determinado un monto total; si se acordaron unas sumas de dinero a fin de reconocer el trabajo del doctor Prada Mantilla; las cuales no pueden ser desconocidas por esta Sede, resultando improcedente la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 1887 de 2003 en los t\u00e9rminos indicados por el juez de primera instancia, dado el acuerdo de voluntades sobre los rubros a cancelar con ocasi\u00f3n al ejercicio profesional en la causa. <\/p>\n
Como puede verse, lo dilucidado por el Tribunal responde a un an\u00e1lisis plausible de los medios suasorios acopiados, lo que descarta la intervenci\u00f3n constitucional, reservada como se encuentra para casos de indiscutible arbitrariedad. <\/p>\n
Ahora, es cierto como lo afirma el accionante, que en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios se pact\u00f3 que la actuaci\u00f3n que \u00e9l impulsara con posterioridad a la inscripci\u00f3n del embargo se har\u00eda de forma escrita. Sin embargo, que as\u00ed sea ni quita ni pone a la deducci\u00f3n seg\u00fan la cual hubo un concierto verbal llamado a regular la labor del profesional durante ese per\u00edodo, pues nada obsta para que los contratantes modifiquen las circunstancias bajo las cuales se encuentran vinculados. <\/p>\n
La misma suerte corre el reparo en torno a que no se sopes\u00f3 que al referirse al pago de los tres millones de pesos ($3.000.000) destac\u00f3 que no constitu\u00edan honorarios definitivos, por cuanto no es una cuesti\u00f3n que hubiese pasado por alto el Tribunal, por el contrario, lo not\u00f3, s\u00f3lo que por tener acreditada la existencia de aquel pacto infiri\u00f3 que \u00abno se convino una suma de honorarios definitivos sino un pago semestral, por la labor profesional desplegada por el abogado\u00bb. <\/p>\n
En fin, la Magistratura querellada descart\u00f3 con argumentos serios y plausibles que Juan Carlos Prada Mantilla tuviera derecho al reconocimiento de $185.111.848,55 por concepto de honorarios, porque encontr\u00f3 que la regulaci\u00f3n al respecto estaba sometida a un pacto verbal, con estribo en el cual su labor deb\u00eda ser reconocida con el pago de $3.000.000 semestrales, despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la medida de embargo del predio objeto de hipoteca. <\/p>\n
Luego, no incurri\u00f3 en los desaciertos denunciados por el censor. Otra cosa es que \u00e9l discrepe de la evaluaci\u00f3n realizada por el sentenciador plural, lo que no torna exitoso el amparo, pues este mecanismo no es para imponer al juez una determinada visi\u00f3n del panorama f\u00e1ctico del asunto sometido a su composici\u00f3n. <\/p>\n
3.- En suma, comoquiera que lo resuelto por el Tribunal no es arbitrario, se desestimar\u00e1 en virtud de la razonabilidad de la decisi\u00f3n objeto de reproche. Del mismo modo, no pueden salir avante las aspiraciones principales ni subsidiarias del quejoso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela planteada por Juan Carlos Prada Mantilla. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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