STC11228-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11228-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-01096-00 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Amelia Rosso de Camacho contra la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n D, y a Colpensiones. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad \u00aben conexidad con la seguridad jur\u00eddica\u00bb, m\u00ednimo vital, confianza leg\u00edtima, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00ablealtad procesal y favorabilidad\u00bb, vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovi\u00f3 de radicado No. 2013-07003-00, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n D, profiri\u00f3 sentencia el 26 de agosto de 2014 en la que concedi\u00f3 las pretensiones reclamadas, y orden\u00f3 a Colpensiones reliquidar su pensi\u00f3n de vejez, con el monto del 75% promedio de los factores salariales devengados durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicio, incluidos la asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual, \u00abgastos de representaci\u00f3n, prima t\u00e9cnica, prima de antig\u00fcedad, prima de vacaciones del per\u00edodo comprendido entre el 31-05-05 al 30-06-06\u00bb, sustentada en la tesis unificada del Consejo de Estado respecto al ingreso base de liquidaci\u00f3n vigente para el 26 de agosto de 2015 en los t\u00e9rminos de la Ley 33 de 1985. Decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que Colpensiones luego de trascurridos 5 a\u00f1os y 3 meses interpuso acci\u00f3n de tutela, que neg\u00f3 por improcedente el Tribunal Superior de Cundinamarca, Secci\u00f3n Tercera Subsecci\u00f3n C en sentencia de 9 de mayo de 2020 que confirm\u00f3 el Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n A el 19 de junio de 2020. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que cuando el expediente arrib\u00f3 a la Corte Constitucional fue seleccionada por la Secci\u00f3n Cuarta de Revisi\u00f3n, donde se profiri\u00f3 la sentencia T-334 de 2021 de 29 de septiembre de 2021, que revoc\u00f3 los fallos de instancia y ampar\u00f3 el derecho invocado, en raz\u00f3n a que \u00aben decisiones proferidas dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento de derecho en los que se desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional, seg\u00fan el cual el ingreso base de liquidaci\u00f3n para liquidar la pensi\u00f3n de vejez, establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 36 de la ley 100 de 1993,no es un aspecto sometido a transici\u00f3n\u00bb, y dej\u00f3 sin efecto la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
Consider\u00f3 que en la providencia proferida por la Corte Constitucional se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto \u00abmaterial o sustantivo desconocimiento de precedentes\u00bb, porque aplic\u00f3 de manera errada el precedente contenido en la sentencia de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, que \u00abestuvo vigente cuando se emiti\u00f3 la sentencia de Unificaci\u00f3n de jurisprudencia sobre el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 en el expediente 52001-23-33-000- 2012-00134-01 del Consejo de Estado\u00bb, desconoci\u00f3 el art\u00edculo 33 de 1985, el acto legislativo 01 de 2005 para los empleados p\u00fablicos en relaci\u00f3n con los topes pensionales, as\u00ed como los reiterados pronunciamientos relacionados con los requisitos de subsidiaridad \u00aby inmediates\u00bb (sic), ratificadas con posterioridad en las sentencias de Unificaci\u00f3n 136 de 2022 y 290 de 2022. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada proferir un nuevo fallo teniendo en cuenta los lineamientos constitucionales sobre la materia que versa la presente litis, as\u00ed como \u00ablas sentencias del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, la de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado en el Expediente 52001-23-33-000- 2012-00134-01 del a\u00f1o 2018, la de Unificaci\u00f3n 136 de 2022 y 290 de 2022 de la Corte Constitucional, las cuales versan sobre hechos con similitud al aqu\u00ed discutido\u00bb, y as\u00ed, confirmar el fallo proferido por el Consejo de Estado Secci\u00f3n Tercera Subsecci\u00f3n A, el 19 de junio de 2020. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, se dispuso la notificaci\u00f3n a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
1. La presidente de la Corte Constitucional, respondi\u00f3 que cuando se trata de sentencias proferidas por la Sala Plena o por las Salas de Revisi\u00f3n de tutelas de la Corte Constitucional, en ning\u00fan caso procede la solicitud de amparo contra estas providencias. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que al parecer la accionante plantea un reproche de nulidad contra la Sentencia T-344 de 2021, y es precisamente ese mecanismo el id\u00f3neo para resolverlo de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 86 A del Reglamento interno de la Corporaci\u00f3n de 5 de julio de 1992 modificado por el Acuerdo 1 de 30 de abril de 2015, siempre y cuando se cumplan con los requisitos all\u00ed exigidos. <\/p>\n
2. Colpensiones como vinculado, pidi\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela por improcedente porque no se cumple con los requisitos de procedibilidad determinados en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, as\u00ed como tampoco se demostr\u00f3 que la Corte Constitucional vulnerara los derechos reclamados por la accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Amelia Rosso de Camacho pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se ordene a la Corte Constitucional que profiera una nueva sentencia \u00abteniendo en cuenta los lineamientos constitucionales jurisprudenciales sobre la materia que versa la presente litis\u00bb, as\u00ed como \u00ablas sentencias del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, la de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado en el Expediente 52001-23-33-000- 2012-00134-01 del a\u00f1o 2018, la de Unificaci\u00f3n 136 de 2022 y 290 de 2022 de la Corte Constitucional, las cuales versan sobre hechos con similitud al aqu\u00ed discutido\u00bb, porque, seg\u00fan afirma, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho en la sentencia T-394 de 2021 de 29 de septiembre de 2021 en la que resolvi\u00f3 dejar sin efecto \u00abla sentencia dictada el 26 de agosto de 2014 por la Subsecci\u00f3n D, de la Secci\u00f3n Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovi\u00f3 la se\u00f1ora Amelia Rosso Camacho contra el Instituto de Seguro Social, por las razones se\u00f1aladas en esta providencia, as\u00ed como las resoluciones proferidas en cumplimiento del fallo que se revoca\u00bb. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo alegado, advierte la Sala la inviabilidad del amparo, porque conforme lo establece el inciso primero del art\u00edculo 49 del Decreto 2067 de 1991, \u00abcontra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno\u00bb, bien sea en el campo del control abstracto de constitucionalidad o en procesos relativos a la revisi\u00f3n de fallos de tutela, la decisi\u00f3n cuestionada constituye \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que el inciso segundo de la norma referida dispone \u00ab(\u2026) s\u00f3lo las irregularidades que impliquen violaci\u00f3n del debido proceso podr\u00e1n servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso\u00bb, en ese contexto, si la accionante consideraba que exist\u00eda una posible irregularidad o desafuero de la Corte Constitucional en la sentencia T-394 de 29 de septiembre de 2021, pudo promover el incidente de nulidad seg\u00fan lo dispuesto por el reglamento interno de la Corporaci\u00f3n en el art\u00edculo 86 A del Acuerdo 5 de 1992 modificado por el acuerdo 1 de 30 de abril de 2015, lo que no hizo, de manera que desaprovech\u00f3 la oportunidad para exponer las inconformidades que presenta a trav\u00e9s de este amparo, sin que pueda ahora valerse del mismo para solucionar su desatenci\u00f3n, porque era ese el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo esa Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, \u00abLa declaratoria de nulidad de una sentencia proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional a la cual s\u00f3lo puede arribarse cuando en la decisi\u00f3n concurran \u201csituaciones jur\u00eddicas especial\u00edsimas y excepcionales, que tan s\u00f3lo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneraci\u00f3n del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisi\u00f3n adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petici\u00f3n de nulidad pueda prosperar\u201d\u00bb (Autos de 22 de junio de 1995, de 30 de abril de 2002 y -031a de 2002). <\/p>\n
Ahora, en lo que refiere a los presupuestos formales de procedencia que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas en sede de revisi\u00f3n constitucional, ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, entre otros, el de la temporalidad, as\u00ed, \u00abLa solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo adoptado por la Corte. Vencido este t\u00e9rmino, se entiende que toda circunstancia que acarrear\u00eda la nulidad del fallo queda saneada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad, ante la falta de agotamiento de los recursos ordinarios, presupuesto acerca del cual, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que, <\/p>\n
\u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021, STC14292-2021, STC2296-2022, STC2818-2022, STC3871-2022, STC6005-2023 y STC7844-2023, entre otras). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, se evidencia que la acci\u00f3n de tutela carece de relevancia constitucional, pues no se advierte un desconocimiento de los derechos fundamentales invocados, porque la inconformidad de la solicitante se trata en esencia es una disputa de orden econ\u00f3mico, porque se dej\u00f3 sin efecto el proceso ejecutivo en el que pretend\u00eda cobrar los dineros que fueron ordenados en la sentencia de 26 de agosto de 2014 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2013-070003-00 que propuso, pretensiones que son ajenas a la naturaleza y fin de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Amelia Rosso de Camacho contra la Corte Constitucional. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11228-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11228-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-01096-00 Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Amelia Rosso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76737","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76737","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76737"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76737\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}