STC11236-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11236-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03773-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n radicado bajo el N\u00ba 1100131100022017-00253. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderada judicial, la entidad accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ante el fallecimiento de El Abed Ahmed Izat en Colombia, esa entidad recibi\u00f3 el 14 de diciembre de 2015 de Marco Antonio Velilla Moreno \u00abamigo personal\u00bb del causante, la denuncia de existencia de bienes con vocaci\u00f3n hereditaria, quien indic\u00f3 que el se\u00f1or Ahmed Izat, al momento de su fallecimiento figuraba como due\u00f1o de un inmueble y un veh\u00edculo en Colombia, as\u00ed como de una cuenta en d\u00f3lares en una entidad financiera en Zurich, Suiza, que no estaba declarada ante la Dian y que contiene un \u00abmonto [que] supera lo certificado provisionalmente por la entidad bancaria el 21 de marzo de 2021\u00bb, e igualmente \u00abhizo varias averiguaciones, pudi\u00e9ndose constatar que el causante no dej\u00f3 testamento y, hasta donde los esfuerzos investigativos lo permitieron, concluy\u00f3 que no exist\u00edan herederos del causante ni en Colombia, ni en el extranjero\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, por lo anterior, el ICBF radic\u00f3 el 1\u00ba de marzo de 2017 la demanda de sucesi\u00f3n, que admiti\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 el 26 de abril de 2017 y, ante las dificultades para obtener los dineros de la cuenta mencionada para el pago de los servicios p\u00fablicos del inmueble, su administraci\u00f3n y vigilancia, celebr\u00f3 un \u00abcontrato de participaci\u00f3n\u00bb con el se\u00f1or Velilla Moreno, quien ha cumplido con esos gastos y adem\u00e1s desembols\u00f3 el valor del aviso correspondiente para convocar a los posibles herederos, y a quien debe devolver el valor de esos pagos \u00abal momento de adjudicarse y venderse el bien por parte del ICBF\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que como la Dian puede liquidar los impuestos sobre los bienes inventariados, resultaba necesario establecer el monto que est\u00e1 depositado en la referida cuenta, porque, es probable que \u00abni siquiera fuera posible cancelar el valor\u00bb de \u00e9stos con la venta del predio que est\u00e1 a nombre del causante. <\/p>\n
Indic\u00f3 que por lo anterior, solicit\u00f3 al Juzgado de conocimiento la realizaci\u00f3n de una \u00abcarta rogatoria (\u2026) para poder nacionalizar una cifra cierta y determinada, dej\u00e1ndola a \u00f3rdenes del despacho judicial\u00bb, documento que fue expedido el 30 de septiembre de 2020, y a trav\u00e9s del cual \u00absolicit\u00f3 a la autoridad del mismo rango y\/o entidad competente en Zurich, Suiza prestar colaboraci\u00f3n para solicitar a la entidad financiera Clariden Leu, ubicada en Zurich, Suiza, fusionada con Credit Suisse, para que certificara, acreditara y entregara extractos de todos los productos financieros y los saldos actuales a nombre del causante se\u00f1or EL ABED AHMED IZAT (Q.E.P.D)\u00bb. <\/p>\n
Expuso que como Suiza no tramita la \u00abcooperaci\u00f3n judicial internacional a trav\u00e9s de los C\u00f3nsules Colombianos, (\u2026) sino a trav\u00e9s de las Embajadas correspondientes, y previos los tramites estrictos\u00bb, surg\u00eda necesaria la expedici\u00f3n de otra \u00abcarta rogatoria\u00bb para que se concrete la informaci\u00f3n en cuanto a los dineros consignados en la cuenta y que se pongan a disposici\u00f3n del Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, lo que le requiri\u00f3 despu\u00e9s de recibir la \u00abrespuesta oficial\u00bb de la que se adjunt\u00f3 traducci\u00f3n oficial en Franc\u00e9s y Alem\u00e1n, sin embargo, en auto de 10 de febrero de 2022 neg\u00f3 la solicitud, junto con su petici\u00f3n \u00abde asignaci\u00f3n de cita presencial\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que reclam\u00f3 la aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de esa providencia y el aplazamiento de la diligencia de inventarios y aval\u00faos fijada, pero sus peticiones se desestimaron y, aunque formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, el primer recurso se neg\u00f3 el 2 de junio de 2022 y, concedido el segundo, el Tribunal Superior accionado lo inadmiti\u00f3 el 21 de junio siguiente, frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, propuso s\u00faplica, mecanismo que se desat\u00f3 de manera favorable en providencia de 24 de junio de 2022, y se dispuso la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en auto de 15 de mayo de 2023, el Tribunal Superior accionado confirm\u00f3 la providencia recurrida, decisi\u00f3n con la cual vulner\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que la adici\u00f3n de la \u00abcarta rogatoria\u00bb es necesaria en los t\u00e9rminos pretendidos, porque no puede celebrarse la diligencia de inventarios y aval\u00faos en el proceso de sucesi\u00f3n, \u00absin contar el Despacho Judicial con los dineros que reposan en la cuenta bancaria con n\u00famero de cliente 0068-336116-3 m\u00e1s los intereses percibidos y\/o generados a la fecha, y que los mismos est\u00e9n a disposici\u00f3n del Juez de familia de Colombia\u00bb, pues, de lo contrario, se afectar\u00e1 \u00abdefinitivamente el derecho que tiene el ICBF frente a dichos dineros\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el proceso fue devuelto al juzgador de primer grado y, en auto de 3 de agosto de 2023 se fij\u00f3 como fecha para la diligencia de inventarios y aval\u00faos el 5 de octubre siguiente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la respuesta otorgada por la entidad financiera en Suiza, s\u00f3lo se limit\u00f3 a \u00abestablecer unas cifras aproximadas, sin garantizar ni hacerse responsable de la informaci\u00f3n remitida, circunstancias que no fueron objeto de revisi\u00f3n y pronunciamiento por los falladores de primera y segunda instancia, quienes profieren los fallos sin emitir pronunciamiento alguno al respecto, vulnerando de esta manera, el derecho al debido proceso de la Entidad\u00bb accionante. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que es necesario que se expida la nueva \u00abcarta rogatoria\u00bb en vigencia del proceso y antes de que se profiera la sentencia, porque de lo contrario no podr\u00e1 contarse con la \u00abcooperaci\u00f3n judicial internacional\u00bb, porque los Tribunales de Suiza no pueden, so pretexto de una sentencia emitida en Colombia, \u00abviolar la soberan\u00eda de suiza, para ordenar que env\u00ede el dinero, pues ello s\u00ed est\u00e1 prohibido y no es una actuaci\u00f3n que pueda imponerse al Banco. En cambio, el tr\u00e1mite de carta rogatoria, durante el proceso, antes de sentencia, que lo realiza por conducto de la cooperaci\u00f3n judicial internacional, s\u00ed es factible. Cuando se dicta sentencia por el Juzgado de Colombia, no se puede acudir a cooperaci\u00f3n judicial internacional. Ya no se podr\u00eda ejecutar una sentencia en Suiza, lo que es el gran error que comete el Juzgado 2\u00ba de Familia al desconocer el tr\u00e1mite sobre esta clase de asuntos\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) A.- Dejar sin efectos el auto del 03 de agosto de 2023, proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, de manera que no se realice la diligencia de inventarios y aval\u00faos el 05 de octubre de 2023. <\/p>\n
B.- En forma subsidiaria, en caso de que no se acceda a la anterior medida provisional, se ordene la prueba del testimonio del se\u00f1or Marco Antonio Velilla Moreno, en la parte inicial de la diligencia de inventarios y aval\u00faos, para que declare lo que le consta respecto de las consultas realizadas sobre la cooperaci\u00f3n internacional, en el tr\u00e1mite de la carta rogatoria en este proceso judicial, <\/p>\n
C.- En forma subsidiaria, en caso que no se acceda a la medida provisional inicial, se ordene al Juez de Primera Instancia, que durante la diligencia de Inventarios y Aval\u00faos, adopte en forma razonada la decisi\u00f3n frente a la necesidad de emitir una nueva carta rogatoria, con el objetivo de concretar el valor a favor del causante luego de las deducciones, comisiones etc., y dicho valor final sea puesto a disposici\u00f3n del Estado Colombiano, a \u00f3rdenes del Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, antes de realizar el Acta de Inventarios y Aval\u00faos y por ende previo a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Marco Antonio Velilla Moreno manifest\u00f3 su inter\u00e9s en coadyuvar la acci\u00f3n de tutela formulada, porque tiene inter\u00e9s en el proceso de sucesi\u00f3n en \u00abcondici\u00f3n de denunciante de los bienes y de acreedor en virtud del contrato de cuentas en participaci\u00f3n No 01016882019 celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF\u00bb y es la persona que \u00abrealiza todos los gastos de conservaci\u00f3n y cuidado de los bienes\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, reclam\u00f3 que se le conceda \u00abpersoner\u00eda (\u2026) no solo para efectuar la defensa de mis propios intereses en desarrollo de la acci\u00f3n de tutela, sino para compartir con el despacho a su digno cargo, elementos complejos de derecho internacional y tributario, que considero son indispensables, que se tengan en consideraci\u00f3n por el despacho, antes de que se determine cu\u00e1l es la verdadera masa de bienes, sobre la cual recaer\u00eda el impuesto a las sucesiones, y las consecuencias, de que no ingresaran realmente los dineros que reposan en la cuenta bancaria suiza con numero de cliente 0068-336116-3 m\u00e1s los intereses percibidos y\/o generados a la fecha\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, que se acceda a la \u00abampliaci\u00f3n\u00bb de la carta rogatoria para llevar a cabo la cooperaci\u00f3n diplom\u00e1tica internacional \u00abque permita identificar los valores reales y exactos que Suiza a trav\u00e9s de los canales diplom\u00e1ticos colocar\u00eda a \u00f3rdenes de la jurisdicci\u00f3n colombiana y de la sucesi\u00f3n que se adelanta (\u2026), porque de lo contrario no ser\u00e1 posible tramitar desde Colombia, ni adelantar las gestiones tendientes a obtener el dinero que reposa en las cuentas bancarias del causante se\u00f1or EL ABED AHMED IZAT (Numero de cliente 0068-336116-3) en el banco Credit Suisse AG o Credit Suisse (Schweiz) AG Z\u00farich\u00bb, y que se suspenda la diligencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuestiona, las providencias del Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 de 3 de agosto de 2023 y la del Tribunal Superior de esta ciudad de 15 de mayo de 2023, mediante la cuales, en la primera, neg\u00f3 la adici\u00f3n de la carta rogatoria ordenada en auto de 2 de diciembre de 2019 y en la segunda, confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n esa \u00faltima determinaci\u00f3n, relativa a la procedencia de modificar la carta rogatoria para lograr que los dineros de la cuenta del causante El Abed Ahmed Izat que se encuentra en Suiza, se pongan a disposici\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n, puesto que, para la accionante, esas determinaciones vulneran los derechos que reclam\u00f3 porque, en s\u00edntesis, no puede adelantarse la etapa de inventarios y aval\u00faos sin tenerse claridad sobre el monto depositado en la cuenta referida y porque si el proceso termina, no podr\u00e1 acceder a los valores all\u00ed depositados. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, y revisada la providencia de 15 de mayo de 2023, que puso fin al debate aqu\u00ed propuesto, no se advierte irregularidad manifiesta que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues en esa decisi\u00f3n el Tribunal Superior explic\u00f3 con suficiencia el objeto de la carta rogatoria expedida y la utilidad de la respuesta enviada al proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
3.1 En efecto, en ese pronunciamiento, se expuso que el proceso materia de queja ten\u00eda por finalidad la liquidaci\u00f3n de una masa herencial tras la aprobaci\u00f3n del inventario y de los aval\u00faos, momento en el que se deben denunciar los bienes y los valores que hacen parte de esa masa y se formulan objeciones a fin de lograr la exclusi\u00f3n de las partidas que se consideren indebidamente inventariadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en la carta rogatoria expedida por el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, se solicit\u00f3 a la autoridad competente en Suiza, que requerir \u00aba la autoridad competente en Zurich – Suiza que prestara colaboraci\u00f3n para solicitar ante la entidad financiera Clariden Leu hoy Credit Suisse la expedici\u00f3n de los extractos de productos que estuvieran a nombre del causante, as\u00ed como de la cuenta bancaria con n\u00famero de cliente 0068-336116-3 m\u00e1s los intereses percibidos a la fecha\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, advirti\u00f3 que se envi\u00f3 respuesta por parte del consulado de Colombia en Berna \u2013Suiza- en documentos en idiomas alem\u00e1n y franc\u00e9s, que fueron debidamente traducidos y en los cuales se advert\u00eda lo siguiente, <\/p>\n
\u00abi) El Juzgado Municipal de Z\u00farich decret\u00f3 la obligaci\u00f3n de Credit Suisse de revelar si la cuenta solicitada pertenec\u00eda al causante y el saldo al que ascend\u00eda a la fecha de fallecimiento (24 de noviembre de 2015) as\u00ed como el de revelar cualquier otro activo precisando sus valores. <\/p>\n
ii) Credit Suisse expidi\u00f3 certificado de inversiones al 24 de noviembre de 2015 que sintetiza una fortuna de inversi\u00f3n de $444.738USD, que se compone de valor del mercado $435.254USD e intereses generados $9.483USD, menos $29.500USD por concepto de garant\u00eda, con duraci\u00f3n del contrato entre el 3 de octubre de 2000 y el 12 de julio de 2016; certific\u00f3 adem\u00e1s, que al 26 de marzo de 2021 el total de inversi\u00f3n era la suma de $547.740USD, que se compone de valor del mercado $544.276USD e intereses generados $3.464USD. Se precisa que el documento es de car\u00e1cter informativo, pero \u201cno constituye una oferta ni una recomendaci\u00f3n para la compra o venta de instrumentos financieros\u201d\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta la anterior informaci\u00f3n, el Tribunal Superior accionado se\u00f1al\u00f3 que, en su criterio, la petici\u00f3n para adicionar la carta rogatoria, resultaba superflua, pues \u00abcon las respuestas allegadas se establecen claramente los valores que se encontraban a nombre del causante tanto para el momento de su deceso, como para la fecha de expedici\u00f3n del certificado, con lo cual se satisface el objeto indicado por la recurrente que es obtener los datos de la cuenta, la entidad bancaria y las sumas existentes en cabeza del causante, para establecer el monto de los bienes que conforman el inventario, por tanto, la negativa de acceder a la adici\u00f3n de la carta rogatoria resulta acertada y por dem\u00e1s motivada\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, no se establece desafuero en los argumentos de la Corporaci\u00f3n denunciada, pues sostuvo razonablemente que no hab\u00eda lugar a adicionar la carta rogatoria expedida en el proceso porque, en su sentir, ese instrumento hab\u00eda cumplido su finalidad para el proceso de sucesi\u00f3n, porque se recibi\u00f3 la respuesta en relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n de la cuenta del causante, el valor consignado al momento de su deceso y para la fecha de la certificaci\u00f3n, datos que se estimaron \u00fatiles y suficientes para seguir adelante con la etapa subsiguiente, esto es, la de inventarios y aval\u00faos, sin que fuera de recibo la petici\u00f3n orientada a que se dejaran a \u00f3rdenes del juzgado accionado los montos certificados, criterio que no revela arbitrariedad en la actuaci\u00f3n, pues como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada entre muchas en STC2260-2022 y, STC9235-2023). <\/p>\n
A lo anterior corresponde agregar que los reproches del ICBF, en cuanto a los posibles impuestos que deber\u00e1 sufragar a la DIAN por cuenta del proceso de sucesi\u00f3n y la imposibilidad de ejecutar en el exterior la sentencia aprobatoria de la participaci\u00f3n que se profiera, resultan ser cuestiones meramente eventuales que no permiten acceder a la protecci\u00f3n demandada, pues nada evidencia que tales situaciones sean inminentes o que se presenten como amenaza de los derechos invocados, pues, como lo ha manifestado esta Sala en asuntos similares, citando a la Corte Constitucional, <\/p>\n
(\u2026) \u201cpara que el juez de tutela conceda el amparo de los derechos fundamentales de una persona, se requiere demostrar o acreditar la amenaza o vulneraci\u00f3n de estos. De manera que, si dentro del proceso no se revela ese desconocimiento, se impone la denegaci\u00f3n de la tutela (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cHa sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre la necesidad de acreditar la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que se pretende proteger. Al respecto ha sostenido la Corte que \u2018para que se amenace uno o varios derechos constitucionales fundamentales, es necesario un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral\u2019. As\u00ed las cosas, si quien presenta acci\u00f3n de tutela no demuestra los supuestos f\u00e1cticos en que funda su pretensi\u00f3n o si dentro del proceso se demuestra que la alegada violaci\u00f3n o amenaza no existi\u00f3, la acci\u00f3n de tutela debe ser denegada\u2019 (Sentencia T- 431 de 2005) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe manera que si la vulneraci\u00f3n enrostrada es meramente eventual y no hay prueba que lleve a determinar la existencia de una amenaza real de los derechos invocados, como ocurre en este asunto, tal circunstancia en s\u00ed misma conduce al fracaso de esta acci\u00f3n constitucional, pues lo cierto es que si se presentan efectivamente los hechos que el actor considera atentar\u00e1n contra sus derechos, \u00e9ste, en tal momento, podr\u00e1 acudir a las v\u00edas correspondientes para alegar lo que ahora, prematuramente, le ha planteado al juez constitucional\u00bb (CSJ. STC de 26 de marzo de 2012, exp. 2012-00004-01, reiterada en STC4885-2021, postura acogida en STC3660-2023). (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5. Ahora, en cuanto a la petici\u00f3n relativa a que se le ordene al Juzgado accionado permitir que el se\u00f1or Velilla Moreno intervenga en el asunto bien como interesado o como \u00abtestigo\u00bb, se advierte que desconoce el presupuesto de la subsidiariedad, porque tal solicitud no ha sido puesta en conocimiento de ese despacho para que \u00e9ste, como juez natural, adopte la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, en cuanto a la coadyuvancia aducida por el se\u00f1or Marco Antonio Velilla Moreno, esta Sala, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha reiterado que la participaci\u00f3n de tales sujetos se limita a respaldar las pretensiones y argumentos del accionante inicial, por tanto, ning\u00fan pronunciamiento particular procede frente a sus puntuales censuras. As\u00ed, se ha indicado, <\/p>\n
(\u2026) Como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026)\u201d \u00abcon independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (C.C. T-1062\/10 y T-349\/12, citada en CSJ. STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545, STC11096-2019, STC2652-2021, STC6149-2021 y STC15528-2021, entre otras). <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC11236-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11236-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03773-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por el Instituto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76744","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76744","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76744"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76744\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76744"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76744"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76744"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}