STC11239-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11239-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02011-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de septiembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Rosa Mar\u00eda Salazar Arandia instaur\u00f3 contra los Juzgados Cuarenta y Tres Civil del Circuito y Dieciocho Civil Municipal, ambos de esta misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00094. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y a la propiedad\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos los autos emitidos el 31 marzo de 2022 y 4 de mayo de 2023 en el asunto de la referencia. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia anticipada en la que declar\u00f3 probada de manera parcial la excepci\u00f3n de \u201cpago total de la obligaci\u00f3n\u201d y, en consecuencia, sigui\u00f3 adelante con el ejecutivo que Nelson Daniel Rosales Espinosa inco\u00f3 en su contra, respecto de: (i) $8\u2019122.276 por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento de dos locales comerciales ubicados en el centro comercial \u201cBah\u00eda 122 P.H.\u201d correspondientes a los meses de enero y febrero del a\u00f1o 2017; y de (ii) $11\u2019741.530 por lo adeudado en virtud de lo pactado en una conciliaci\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo el 27 de mayo de 2016 (31 mar. 2022) \u2013rad. 2021-00094-. <\/p>\n
Recurri\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, en tanto, con la prueba incorporada al paginario demostr\u00f3 \u201cfehacientemente\u201d que no solo cancel\u00f3 lo convenido en la citada \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb, sino que \u201cpag[\u00f3] un valor en exceso\u201d; empero, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito modific\u00f3 esa providencia y el quantum relacionado en el segundo \u00edtem ascendi\u00f3 a $46\u2019929.702 (4 may. 2023). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con las anteriores decisiones, se desconoci\u00f3 lo resuelto por el iudex plural en el prove\u00eddo de 10 de octubre de 2019, a trav\u00e9s del cual declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en ese coercitivo, tras hallar configurada la causal prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso \u201cpor indebida notificaci\u00f3n\u201d; ello, por cuanto, en esa oportunidad, dicho estrado \u201cacept[\u00f3] que para enero de 2017 ya los locales hab\u00edan sido restituidos\u201d, de manera que, en su sentir, es \u201ccontradi[ctorio]\u201d que le impongan la suma de \u201c$11\u2019741.530 correspondientes a c\u00e1nones de arrendamiento del a\u00f1o 2017\u201d, cuando para esa fecha ya no ocupaba los establecimientos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los juzgadores confutados de forma \u201carbitraria\u201d omitieron valorar las consignaciones que aport\u00f3 y no le dieron el \u201cgrado de veracidad\u201d que se requiere, situaci\u00f3n que calific\u00f3 de \u201cexceso ritual manifiesto\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que si bien firmaron \u201cacta de conciliaci\u00f3n\u201d el 27 de mayo de 2016 que \u201ca la larga se convirti\u00f3 en el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n (\u2026), no puede el juez desconocer que ese acuerdo (\u2026) est\u00e1 estrechamente relacionado con el contrato de arrendamiento\u201d, por ende, los emolumentos que transfiri\u00f3 al ejecutante y que no se mencionaron en ese documento se deben tener en cuenta, \u201cno se puede pensar que (\u2026) [le] consignaba dineros a la cuenta bancaria (\u2026) solo porque si, sin raz\u00f3n aparente, o como una obra de caridad, la l\u00f3gica, la sana cr\u00edtica y la experiencia, nos dicen que los dineros consignados obedec\u00edan a una obligaci\u00f3n existente entre las partes que no era otra distinta que la suscripci\u00f3n de un contrato de arrendamiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso al ruego, toda vez que la directriz que adopt\u00f3 \u201cfue ajustada a derecho\u201d. <\/p>\n
Nelson Daniel Rosales Espinosa asever\u00f3 que el tr\u00e1mite emprendido por las convocadas se encuentra \u201cajustad[o] a la normatividad procesal vigente y aplicable al caso concreto\u201d. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se advierte que las decisiones adoptadas por el juez del conocimiento sobrepasen los l\u00edmites de la juridicidad o una hermen\u00e9utica m\u00ednimamente plausible, o lo que es lo mismo, que esas decisiones sean fruto de su capricho, evidenci\u00e1ndose, por el contrario, que las diferencias expuestas por la accionante respecto de las providencias ac\u00e1 cuestionadas, escapan a la competencia del juez constitucional, lo que ciertamente conduc\u00eda a la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela no constituye instancia adicional a trav\u00e9s de la cual se pueda controvertir las decisiones adoptadas por los jueces dentro del marco de su competencia (…)\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la precursora reiterando los reproches planteados en la demanda, insistiendo en la \u00abexistencia de consignaciones efectuadas con anterioridad a la suscripci\u00f3n del acta de conciliaci\u00f3n (\u2026), entonces no es viable que el juez de tutela desconozca dichos pagos con el concepto netamente procesal [y] que [esas] consignaciones corresponden a hechos anteriores al acta (\u2026), porque eso no tiene sentido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n del veredicto refutado, puesto que el fallo expedido por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante el cual \u00abmodific\u00f3\u00bb lo solventado por el a quo y aument\u00f3 la suma a sufragar por la accionante, en el coactivo que Nelson Daniel Rosales Espinosa promovi\u00f3 en su contra (4 may. 2023), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, previo a dirimir el problema jur\u00eddico a resolver, precis\u00f3 que la \u00abconciliaci\u00f3n extrajudicial (\u2026) reviste los efectos de cosa juzgada y (\u2026) de reunir los requisitos que consagra el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, presta m\u00e9rito ejecutivo (art. 64, Ley 2220 de 2022)\u00bb; de ah\u00ed que, al examinar el caso concreto en el que se alleg\u00f3 como soporte para el cobro el \u00abacta de conciliaci\u00f3n del 27 de mayo de 2016\u00bb, observ\u00f3 que all\u00ed Rosa Mar\u00eda se comprometi\u00f3 \u00abde manera incondicional e irrevocable\u00bb a cubrir $50\u2019349.375 \u00abpor concepto de c\u00e1nones de arrendamiento adeudados a la fecha en que se celebra esta audiencia\u00bb que pagar\u00eda en la forma indicada en el numeral segundo del legajo, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ocho (8) cuotas mensuales iguales de cinco millones quinientos novena y cuatro mil ($5\u2019594.000,00) moneda legal corriente cada una, las cuales se obliga a pagar la convocada, a la convocante, el d\u00eda veinte (20) de cada mes, debiendo pagar la primera cuota el d\u00eda veinte (20) de junio de dos mil diecis\u00e9is (2016) y pagando de manera continua e ininterrumpida, las ocho (8) cuotas mensuales, m\u00e1s una \u00faltima cuota de cinco millones quinientos noventa y siete mil trescientos setenta y cinco pesos ($5\u2019597.375,00) moneda legal corriente, esta \u00faltima cuota deber\u00e1 pagarse el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, all\u00ed se concert\u00f3 en torno a los emolumentos que la querellante hab\u00eda depositado antes de la data de celebraci\u00f3n de la \u00abaudiencia\u00bb, tema frente al cual, se dijo: \u00ab(\u2026) en el evento en que la convocada a la fecha en que se celebra la presente audiencia, hubiese efectuado pagos imputables a la suma aqu\u00ed pactada, desde ahora se acepta y se obliga a hacer entrega de los comprobantes de consignaci\u00f3n que acrediten dichos pagos dentro de los quince d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que las partes suscriben el presente acuerdo\u00bb. <\/p>\n
Con ese derrotero, concluy\u00f3 que no era aceptable, tal como lo pretend\u00eda la quejosa, incluir a la obligaci\u00f3n perseguida estipendios \u00abtransferidos\u00bb por ella al ejecutante desde el a\u00f1o 2013, por cuanto, de un lado, dichas \u00abconsignaciones\u00bb fueron anteriores a la suscripci\u00f3n del \u00abacta\u00bb y, de otro, era desconocer lo pactado en \u00e9sta, en la que inclusive se estipularon los tiempos para presentar las constancias respectivas en caso de que para ese momento hubiese pagado por ese concepto. Adicionalmente, anot\u00f3 \u00ab(\u2026) menos a\u00fan, se le pueden atribuir alg\u00fan grado de veracidad a las consignaciones adosadas cuando de \u00e9stas no se extrae para qu\u00e9 fueron constituidas, por un lado, porque tal hecho fue con anterioridad a la celebraci\u00f3n del acuerdo de voluntades, (\u2026), de otro, ya que tampoco se registr\u00f3 que eran con destino a los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, sin perjuicio que fueron consignados en la cuenta bancaria del ejecutante\u00bb. <\/p>\n
De modo que, resalt\u00f3, tampoco era posible extraer de las evidencias adosadas por la suplicante, que los dineros \u00abconsignados\u00bb y que ahora buscaba abonar a la deuda principal, estuvieran dirigidos a cancelar los \u00abc\u00e1nones de arrendamiento de un a\u00f1o especifico o, en su lugar, un lapso determinado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, al evaluar las pruebas allegadas por Rosa Mar\u00eda con las que intent\u00f3 respaldar la defensa de m\u00e9rito que formul\u00f3 de \u201cpago total de la obligaci\u00f3n\u201d, explic\u00f3 que, contrario a lo solucionado por el juzgador municipal, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la demandada no alleg\u00f3 al paginario medios de prueba de los cuales pueda desprenderse la veracidad de los hechos en los cuales fundamenta la excepci\u00f3n propuesta, ya que, si bien al momento de ejercer la defensa aleg\u00f3 que se tuviera en cuenta los sendos pagos militantes en el abonado virtual \u201c09CONTESTACION DE LA DEMANDA\u201d, dentro el cuaderno principal, como se acot\u00f3 en precedencia, \u00e9stos no fueron producto de la conciliaci\u00f3n celebrada, como tampoco se aportaron en la diligencia el 27 de mayo de 2016 o posteriormente a ella, tal como lo prev\u00e9 el numeral 2\u00b0 del canon 442 ya visto, con todo, el demandante, sin miramiento de ello, los tuvo en cuenta a fin de resarcir el monto de la deuda; reconocimiento que, a la postre, repercute en la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se decanta y que no puede ser pasada por alto por este Funcionario y, de contera, hizo imperativo la modificaci\u00f3n de la orden de apremio. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que toca a los c\u00e1nones de arrendamiento \u00ab\u2026correspondiente a los meses de diciembre de 2016 a marzo de 2017\u2026\u00bb, de la respuesta dada por la pasiva, se tiene que el 1\u00b0 de marzo de 2017, se realizaron dos consignaciones por $3.425.579,00 y $1.325.579,00 resaltando que no se hizo alusi\u00f3n a qu\u00e9 obligaci\u00f3n afectan las mismas, (\u2026) se reitera, el extremo ejecutante las aplic\u00f3 a las obligaciones adeudadas y, como se dijo, permite que en esta instancia el mandamiento ejecutivo se modifique acorde a lo confesado en sus escritos\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, quiere decir que las razones que llevaron al funcionario confutado a alterar en esa sede la suma debida por la actora fueron precisamente que de las pruebas recolectadas se evidenci\u00f3 que \u00e9stas se hicieron previamente a la \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb y que no se ten\u00eda la certeza si tal tr\u00e1mite concern\u00eda a ese motivo en espec\u00edfico. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la impulsora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al pleito, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC1307-2023). <\/p>\n
3.- Con base en lo cavilado, se refrendar\u00e1 el prove\u00eddo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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