STC11241-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00260-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el cuatro de septiembre pasado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 William Javier Su\u00e1rez contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de esa urbe; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del proceso disciplinario que curs\u00f3 en su contra, para lo cual se consideran hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
1.1.William Javier Suarez fue sancionado con la suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado por 12 meses y multa de cuatro (4) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, al hallarlo responsable a t\u00edtulo de dolo de incumplir el deber de conducta consagrada en el numeral sexto, art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, falta disciplinaria d\u00e9cima del mandato 33 ibidem, lo anterior en el marco de una petici\u00f3n de Habeas Corpus que el quejoso promovi\u00f3 en favor de Maritza Serna Becoche, seg\u00fan se extrae del extenso y farragoso escrito allegado. <\/p>\n
1.2. Se\u00f1ala el quejoso que Maritza Serna Becoche es una mujer \u00abcon apariencia de hombre\u2026 en el centro carcelario se la conoce con el alias de \u201cBrandon\u201d\u00bb, que se enter\u00f3 que la reclusa por su cuenta hab\u00eda presentado una solicitud de libertad condicional y que como \u00ab\u00e9l sabe que esos tr\u00e1mites son demorados\u00bb, decidi\u00f3 por solidaridad presentar una petici\u00f3n de Habeas Corpus, creyendo que lo hac\u00eda a nombre de la hermana de Maritza, por tal raz\u00f3n la identific\u00f3 con el n\u00famero de c\u00e9dula de aquella. <\/p>\n
1.3. Aduce que \u00abatinando solo a consultar la p\u00e1gina judicial del juzgado de ejecuci\u00f3n de penas de la ciudad de Popay\u00e1n, (\u2026) anot\u00f3 los nombres y apellidos de quien figuraba como Serba Becoche, sin advertir que se trataba de la hermana (\u2026) y adem\u00e1s de tener una limitaci\u00f3n visual\u00bb lo que le impidi\u00f3 darse cuenta de que se no se trataba espec\u00edficamente de Maritza Serba Becoche. <\/p>\n
1.4. Se\u00f1ala que efectu\u00f3 el c\u00e1lculo aritm\u00e9tico de la pena relacionada, y consider\u00f3 que estaba cumplida y por eso impetr\u00f3 la acci\u00f3n de habeas corpus; sin embargo, \u00abcuando ley\u00f3 la sentencia advirti\u00f3 que era la hermana de su prohijada, quien igualmente hab\u00eda sido condenada\u00bb, pero que nunca actu\u00f3 con mala intensi\u00f3n, reconoce su error y solicita disculpas a la administraci\u00f3n de justicia \u00abpues debi\u00f3 de ser m\u00e1s cuidadoso de leer la sentencia pero como no ten\u00eda el expediente incurri\u00f3 en un error, pero no estima aceptable que se le impute la conducta a t\u00edtulo de dolo, pues para ello deb\u00eda haber un conocimiento previo y la intenci\u00f3n de causar un fraude, incluso, que cuando se percat\u00f3 del error no interpuso recurso alguno contra la decisi\u00f3n que declaro improcedente el Habeas Corpus, requiriendo a su poderdante por no haberle dicho la verdad\u00bb. <\/p>\n
1.5. Aclar\u00f3 que tanto Maritza Serna Becoche como Diana Marcela Serna Becoche fueron condenadas por los delitos de concierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n, encontr\u00e1ndose en principio privadas de la libertad en la C\u00e1rcel de reclusi\u00f3n de mujeres de esta ciudad solo la primera de ellas. <\/p>\n
1.6. En su defensa, aleg\u00f3 que su caso era un t\u00edpico ejemplo de error de convicci\u00f3n y por lo tanto operaria la causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad disciplinaria que recoge el numeral 6 del art\u00edculo 22 de ley 1123 de 2007, pues de una simple lectura del expediente era posible determinar que efectivamente Maritza y Diana Marcela Serba Becoche eran hermanas y fueron condenadas por el mismo delito y por el mismo juzgado, solo que, con penas diferentes, deviniendo entonces que el citado error era invencible, no configur\u00e1ndose los supuestos sancionatorios del art\u00edculo 33.10 del estatuto disciplinario del abogado. <\/p>\n
1.7. Para el Consejo Seccional de la Judicatura William Javier Suarez, \u00abconoc\u00eda que su patrocinada no ten\u00eda derecho a la libertad por pena cumplida y sin embargo plasm\u00f3 en el escrito de habeas corpus citas inexactas, inexistentes y descontextualizadas, tendientes a desviar el recto criterio de la jueza que conoc\u00eda de la misma, encontr\u00e1ndose con la acuciosidad de la servidora judicial que indag\u00f3, y pudo establecer que lo que pretend\u00eda el jurista encartado era precisamente hacerla incurrir en enga\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
1.8. En segunda instancia, solicit\u00f3 decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n del proceso disciplinario a partir de la audiencia de juzgamiento y ordenar que se rehaga con fundamento en el hecho que se desconoci\u00f3 el derecho fundamental a la defensa y al debido proceso; y en su reemplazo absolverlo de la falta disciplinaria. <\/p>\n
1.9. Critica que en el marco de la investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra, obr\u00f3 prueba suficiente que su conducta no se encuadr\u00f3 t\u00edpicamente en la falta contemplada en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007 por infracci\u00f3n al deber profesional se\u00f1alado en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, a t\u00edtulo de dolo, sin que se analizara en su caso la causal de la justificaci\u00f3n basada en error invencible. <\/p>\n
2. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que en virtud de las consideraciones anteriores formul\u00f3 recurso de revisi\u00f3n, el cual fue rechazado por improcedente, sin considerar la necesidad de esa discusi\u00f3n de la necesidad de remedio para cuestionar la legalidad del tr\u00e1mite atacado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Cali realiz\u00f3 un recuento de la causa disciplinaria conocida bajo el radicado Nro. 76001-11-02-00-2019-00025-00 que se sigui\u00f3 en contra del accionante William Javier Suarez, originada por la compulsa de copias interpuesta por el Juzgado 03 de Peque\u00f1as Causas de Cali, en sentencia de primera instancia aprobada en acta Nro. 151 del 16 de octubre de 2019, mediante la cual se decidi\u00f3 sancionar al togado con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por doce (12) meses y multa de cuatro (4) S.M.L.M.V, al encontrarlo disciplinariamente responsable de haber incurrido en la falta consagrada en el art\u00edculo 33 numeral 10\u00b0 de la Ley 1123 de 2007, por trasgresi\u00f3n al deber establecido en el art\u00edculo 28 numeral 6\u00b0 de la normatividad en cita. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, porque \u00ablo cierto es que no media una interpretaci\u00f3n abiertamente ilegal o caprichosa, enfatizando el Juzgador que es improcedente el recurso de revisi\u00f3n en materia disciplinaria, como quiera que contra dichas decisiones solo proceden el de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 79 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que si bien la ley 1123 de 2007 no contempl\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n, s\u00ed lo hizo el C\u00f3digo General Disciplinario (L. 1952 de 2019), que en su art\u00edculo 238 A se\u00f1ala que \u201cEl recurso extraordinario de revisi\u00f3n procede contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la Procuradur\u00eda\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que es un derecho fundamental de toda persona condenada contar con un recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, contrario a lo que sostuvo la impugnante, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. El resguardo constitucional invocado est\u00e1 condenado al fracaso, como pasar\u00e1 a exponerse. <\/p>\n
2.1. El reproche del promotor radica en la improcedencia declarada del recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n de segunda instancia del tr\u00e1mite disciplinario en el que result\u00f3 sancionado. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, tal como lo precis\u00f3 la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial tal pretensi\u00f3n impugnaticia resulta improcedente: <\/p>\n
En segundo lugar, en el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, no est\u00e1 contemplado el recurso de revisi\u00f3n, en raz\u00f3n a que, tal y como lo establece el cap\u00edtulo VI, art\u00edculo 79 al 83 de la Ley 1123 de 2007, por expresa reserva legal se consagra: \u201cART\u00cdCULO 79. CLASES DE RECURSOS. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de acuerdo con lo previsto en esta codificaci\u00f3n. PAR\u00c1GRAFO. Contra las decisiones de simple tr\u00e1mite no procede recurso alguno. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 80. RECURSO DE REPOSICI\u00d3N. Procede contra las decisiones interlocutorias dictadas en audiencia o diligencia; se interpondr\u00e1 y sustentar\u00e1 de manera oral en el mismo acto, y ser\u00e1 resuelto inmediatamente; el auto que lo decida se notificar\u00e1 en estrados. Tambi\u00e9n procede contra los autos que imponen multa al quejoso temerario y al testigo renuente, y el que decide la solicitud de rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 81. RECURSO DE APELACI\u00d3N. Procede \u00fanicamente contra las decisiones de terminaci\u00f3n del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitaci\u00f3n, la que niega la pr\u00e1ctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia. Podr\u00e1 interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposici\u00f3n respecto de las providencias que lo admitan. Se conceder\u00e1 en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deber\u00e1 interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n. Vencido este t\u00e9rmino, los no apelantes podr\u00e1n pronunciarse en relaci\u00f3n con el recurso dentro de los dos (2) d\u00edas siguientes. Sobre su concesi\u00f3n se decidir\u00e1 de plano. El recurso ser\u00e1 rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n contra la cual no procede recurso alguno. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 82. PROHIBICI\u00d3N DE LA REFORMATIO IN PEJUS. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo sancionatorio, cuando se trate de apelante \u00fanico, no podr\u00e1 agravar la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 83. EJECUTORIA. Las decisiones contra las que proceden recursos dictadas en audiencia o diligencia, exceptuando la que decreta la terminaci\u00f3n del procedimiento, quedar\u00e1n en firme al finalizar esta o la sesi\u00f3n donde se hayan proferido, si no fueren impugnadas. Las decisiones dictadas por fuera de audiencia contra las que proceden recursos quedar\u00e1n en firme tres d\u00edas despu\u00e9s de su \u00faltima notificaci\u00f3n, si no fueren impugnadas.\u201d (subrayado y negrilla fuera del texto original) De conformidad a lo antes citado, se puede extraer que el legislador determin\u00f3 que contra la decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, entendi\u00e9ndose que no se contempla en materia disciplinaria recursos extraordinarios, de modo que, existe una cl\u00e1usula de taxatividad en sede de recursos, es decir que, por expresa voluntad del legislador no se incluy\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n contra las decisiones adoptadas dentro del procedimiento disciplinario adelantado contra los abogados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en consecuencia, SE ORDENA: PRIMERO: ABSTENERSE DE TRAMITAR POR IMPROCEDENTE el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or abogado WILLIAM JAVIER SUAREZ, teniendo en cuenta la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como tambi\u00e9n de la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, concluyendo que, la discusi\u00f3n jur\u00eddica planteada abord\u00f3 las normas aplicables de conformidad con la legislaci\u00f3n disciplinaria vigente. <\/p>\n
2.4. Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no haya recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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