STC11243-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00597-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de abril de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Blanca Dolores Giraldo R\u00edos y Hernando de Jes\u00fas R\u00edos Giraldo como agentes oficiosos de Sonia Patricia R\u00edos Giraldo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de sus agentes oficiosos, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra Colfondos S.A. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia SL3913 de 2022 y se le ordene a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral emita una nueva sentencia casando la del Tribunal Superior de Medell\u00edn Sala Sexta de Decisi\u00f3n Laboral y confirme el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de [la misma ciudad] que le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Expone la gestora que, padece una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 50.75% generada por un accidente de tr\u00e1nsito, y luego de que Colfondos le neg\u00f3 la pensi\u00f3n porque no contaba con 50 semanas cotizadas 3 a\u00f1os antes de la estructuraci\u00f3n de su invalidez, promovi\u00f3 el referido juicio para obtenerla, a lo cual accedi\u00f3 el 21 de septiembre de 2016 el Juzgado Quinto Laboral de Medell\u00edn, decisi\u00f3n que apelaron ambos extremos y la llamada en garant\u00eda y fue revocada el 4 de diciembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, prove\u00eddo este que la accionante atac\u00f3, pero no fue casado mediante decisi\u00f3n SL3913 de 14 de septiembre de 2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.2. Afirma que si bien el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, se\u00f1ala como requisito para acceder a la prestaci\u00f3n que el afiliado acredite 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido como excepci\u00f3n a esa regla que el afiliado se encuentre muy cerca al septenario, como en su caso que sum\u00f3 46.16 semanas, ello, puntualmente en los fallos T138-2012, T915-2014, T-235-2015 y T503-2017, adem\u00e1s, sostiene, se desconoci\u00f3 la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y que debieron contar las semanas cotizadas con posterioridad a la data de estructuraci\u00f3n, seg\u00fan el prove\u00eddo T-200 de 2011. <\/p>\n
2.3. Narra que es madre cabeza de familia, al cuidado de dos hijos y que, como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito que le caus\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral, qued\u00f3 con \u00abproblemas cognitivos graves\u00bb que limitan su comunicaci\u00f3n y funcionalidad \u00aba\u00fan para las actividades m\u00e1s sencillas\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Mapfre Colombia Vida Seguros indic\u00f3 que lo pretendido por la gestora es discutir una decisi\u00f3n con efectos de cosa juzgada, mediante argumentos expuestos en sentencias de tutela, que no tienen efectos vinculantes para el presente caso, adem\u00e1s de que al resolverse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n se abordaron las excepciones jurisprudenciales para la contabilizaci\u00f3n de las semanas en cantidad inferior a la exigida por la ley, las cuales no encontr\u00f3 aplicables, porque no hab\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad residual posterior a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, como ocurre con enfermedades cr\u00f3nicas o degenerativas. <\/p>\n
3. Colfondos S.A. indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo que aqu\u00ed se definiera e inform\u00f3 que no tiene ninguna solicitud de la gestora pendiente de resolver. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn corrobor\u00f3 que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo emitida en primera instancia dentro del juicio criticado, para absolver a la demandada, y, resalt\u00f3 que durante el mismo se respetaron las garant\u00edas superiores de todos los intervinientes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras citar apartes relevantes del fallo de casaci\u00f3n objeto de cuestionamiento concluyo que lo all\u00ed decidido no pod\u00eda considerarse alejado de la raz\u00f3n, sino acorde con la normatividad y la jurisprudencia aplicables, de manera que lo expuesto en la tutela era una diferencia de criterio que no hac\u00eda procedente a la solicitud de amparo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante a trav\u00e9s de sus agentes oficiosos, insistiendo en los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Sonia Patricia R\u00edos Giraldo se duele de la sentencia de 14 de septiembre de 2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL3913-2022) que NO CAS\u00d3 el fallo de 4 de diciembre de 2020 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que a su vez revoc\u00f3 lo decidido el 21 de septiembre de 2016 por el Juzgado Quinto Laboral de Medell\u00edn, para en \u00faltimas no acceder a las pretensiones y negarle la pensi\u00f3n de invalidez, dentro del proceso ordinario laboral que aquella promovi\u00f3 contra Colfondos S.A. Pensiones y Cesant\u00edas, con llamamiento en garant\u00eda de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., pues, en sentir de la actora, lo decidido desconoci\u00f3 la jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En la providencia cuestionada, la Sala Hom\u00f3loga Laboral memor\u00f3 que, <\/p>\n
el Tribunal neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, porque la actora no cumple con el requisito de las 50 semanas de cotizaci\u00f3n dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez en el 57.10%, esto es, al 2 de marzo de 2014, por cuanto ella solo complet\u00f3 45.87 semanas para ese momento. Adem\u00e1s, decidi\u00f3 que el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no ten\u00eda aplicaci\u00f3n en este caso, porque la demandante no estuvo afiliada ni cotiz\u00f3 en vigencia de normas anteriores; y tampoco se le pod\u00eda aplicar el par\u00e1grafo 1\u00ba del nl. 2\u00ba del art. 39 de la Ley 100 de 1993, modificado el art. 1 de la Ley 860 de 2003, dado que ella ten\u00eda 30 a\u00f1os para el momento de la estructuraci\u00f3n, por tanto, no entraba a la categor\u00eda de joven como se defini\u00f3 en la sentencia CC C-020 de 2015. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la recurrente en casaci\u00f3n sostuvo como inconformidad que, <\/p>\n
el juez colegiado no pod\u00eda aplicar autom\u00e1ticamente el requisito de la densidad de cotizaciones que exige dicho precepto legal, esto es, 50 semanas de cotizaci\u00f3n dentro de los tres a\u00f1os anteriores al 2 de marzo de 2014, y, por tanto, debi\u00f3 incluir en dicho c\u00f3mputo las semanas cotizadas despu\u00e9s de esta fecha que realiz\u00f3 la accionante, cuando se encontraba en incapacidad m\u00e9dica, pues, de lo contrario, se desconocen los derechos humanos de las personas en estado de discapacidad y se les discrimina. <\/p>\n
Frente a ello, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3 que, <\/p>\n
la censura no tiene raz\u00f3n, puesto que el art. 1 de la Ley 860 de 2003 tiene claramente preestablecido el requisito de la densidad de cotizaciones para causar la pensi\u00f3n, tal y como lo entendi\u00f3 el juez colegiado, y la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la actora del 57.10% se deriv\u00f3 de un accidente de origen com\u00fan que no le permiti\u00f3 volver a laborar, por tanto, la p\u00e9rdida de capacidad laboral no provino de una enfermedad catalogada como cr\u00f3nica, degenerativa o cong\u00e9nita, tampoco de secuelas tard\u00edas, ni las cotizaciones fueron realizadas en virtud de un trabajo practicado despu\u00e9s del accidente o de la fecha de estructuraci\u00f3n que, para este caso, coinciden. <\/p>\n
Esos son los \u00fanicos eventos en los cuales, esta Sala de Casaci\u00f3n, a partir de la sentencia CSJ SL3275-2019, vari\u00f3 su l\u00ednea de pensamiento en cuanto al momento desde cu\u00e1ndo deben contabilizarse los aportes o semanas que dan lugar a la prestaci\u00f3n pensional originada en una de esas particulares contingencias, y abri\u00f3 la posibilidad de que se tenga en cuenta, entre otras, la de la \u00faltima cotizaci\u00f3n efectuada, en el entendido de que es esa calenda donde se presume que la enfermedad se revel\u00f3 de tal forma que le impidi\u00f3 seguir trabajando. <\/p>\n
Ahora bien, la censura no controvierte que el derecho pensional pretendido se regula por el art. 1 de la Ley 860 de 2003 que modific\u00f3 el art. 39 de la Ley 100 de 1993, pues solo se lament\u00f3 del sentido que le dio el juez colegiado y de su forma de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que, <\/p>\n
esta Sala reconoce que hay situaciones espec\u00edficas donde el c\u00f3mputo de la densidad de cotizaciones puede variar, pero se debe advertir que se trata de una excepci\u00f3n por razones justificadas y no es la regla general, como parece entenderlo la censura en su argumentaci\u00f3n. As\u00ed lo tiene dicho esta Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL3480-2022 <\/p>\n
a contrario sensu, si la p\u00e9rdida de capacidad laboral proviene de otras enfermedades que no sean cong\u00e9nitas, cr\u00f3nicas, degenerativas, ni sea de eventos en que se presentan secuelas ulteriores o tard\u00edas, la regla en el c\u00f3mputo de la densidad de cotizaciones del art. 1 de la Ley 860 de 2003 se aplica tal cual como dice claramente la norma y lo entendi\u00f3 el juez colegiado, y, en estos casos, las cotizaciones que se realicen en estado de incapacidad, con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n no llevan a modificar la fecha de corte para el c\u00f3mputo de los tres a\u00f1os dentro de los cuales se deben reunir las 50 semanas de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior guarda consonancia con lo que se dijo en otra decisi\u00f3n m\u00e1s reciente, la CSJ SL5170-2021, cuando resolvi\u00f3 la cuesti\u00f3n desde cu\u00e1ndo se comenzaba a reconocer la pensi\u00f3n de invalidez en los casos donde el afiliado estuvo en incapacidad despu\u00e9s de la fecha de estructuraci\u00f3n y la Sala asent\u00f3 que la pensi\u00f3n de invalidez se comienza a disfrutar desde el d\u00eda en que se dej\u00f3 de recibir el subsidio por incapacidad m\u00e9dica y que las cotizaciones efectuadas durante estas incapacidades se ten\u00edan en cuenta para efectos de la definici\u00f3n del IBL y el monto, pero que no serv\u00edan para completar la densidad de las 50 semanas de cotizaci\u00f3n en el \u00faltimo trienio, porque eran realizadas despu\u00e9s de la fecha de estructuraci\u00f3n y no correspond\u00edan a la actividad laboral, como s\u00ed se aceptaban en el caso de las enfermedades cong\u00e9nitas, cr\u00f3nicas o degenerativas o en eventos de secuelas tard\u00edas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Igualmente, en la sentencia CSJ SL5576-2021, esta Sala reiter\u00f3 los casos excepcionales en que se pueden contabilizar las semanas de cotizaci\u00f3n despu\u00e9s de la fecha de estructuraci\u00f3n, inclusive las realizadas en incapacidad m\u00e9dica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 a la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte concluir sobre el punto que, <\/p>\n
no incurri\u00f3 el juez colegiado en la trasgresi\u00f3n del art. 1 de la Ley 860 de 2003 que modific\u00f3 el art. 39 de la Ley 100 de 1993, pues, conforme a lo que tiene asentado la Sala, en el presente caso no se pod\u00edan tener en cuenta las cotizaciones efectuadas despu\u00e9s de la fecha de estructuraci\u00f3n para sumar las semanas requeridas para causar el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, comoquiera que el caso de la actora no se adec\u00faa a las situaciones excepcionales que lo permiten, y, por tanto, debe aplic\u00e1rsele la regla general. <\/p>\n
De otro lado, consider\u00f3 que, <\/p>\n
Igualmente, le corresponde a la Sala decir que la interpretaci\u00f3n del art. 1 de la Ley 860 de 2003 que exige, por regla general, las 50 semanas de cotizaci\u00f3n dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez y lleva a negar el derecho de la accionante, es la que se deriva del propio texto legal y no contradice los derechos constitucionales de la actora en su condici\u00f3n de invalidez, ni por su discapacidad. <\/p>\n
Ciertamente, la Constituci\u00f3n y la Convenci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad debidamente ratificada, entre otras normas internacionales, reconoce que este grupo poblacional no puede ser discriminado, pero no se discrimina a la accionante porque se le niega la pensi\u00f3n, dado que ella no re\u00fane las semanas de cotizaci\u00f3n que exige la ley para todas las personas que se encuentran en condici\u00f3n de invalidez en los t\u00e9rminos del art. 38 de la Ley 100 de 1993. Aunado a que su estado de invalidez no se deriva de una enfermedad, cong\u00e9nita, cr\u00f3nica o degenerativa ni de secuelas tard\u00edas que justifique el cambio de la fecha de corte para contabilizar la densidad de cotizaciones exigidas por el legislador, como una excepci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, con la aplicaci\u00f3n del art. 1 de la Ley 860 de 2003 siguiendo su texto, tampoco se desconocen los tratados internacionales ratificados por Colombia que garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de discapacidad, toda vez que estos instrumentos reconocen, entre otros, el derecho de protecci\u00f3n a la seguridad social a este grupo poblacional por parte de los estados y, bajo los par\u00e1metros trazados en esos instrumentos, a cada Estado le corresponde definir, en su derecho interno, las pol\u00edticas de seguridad social para su poblaci\u00f3n y, justamente, el art. 48 de la Constituci\u00f3n define la seguridad social como un servicio p\u00fablico de car\u00e1cter obligatorio que ser\u00e1 prestado de conformidad con lo que defina la ley, en concordancia con el art. 365 ibidem. <\/p>\n
Igualmente, el citado art. 48 reafirma que los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensi\u00f3n de invalidez o de sobrevivencia ser\u00e1n los establecidos por las leyes del sistema general de pensiones. En ese orden, se observa que la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, cuyo art. 1 define los requisitos para causar la pensi\u00f3n de invalidez (entre ellos, la densidad de cotizaciones) y fue declarado exequible con las sentencias CC C-428-2009 y C-727-2009 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo anterior, tampoco puede ser acogida la tesis de la censura de que se d\u00e9 por satisfecho el requisito de las 50 semanas de cotizaci\u00f3n en el \u00faltimo trienio para causar la pensi\u00f3n a favor de la actora, por haber cancelado 46,16 semanas al sistema y solo faltarle 3.84, pues estima que una aplicaci\u00f3n fr\u00eda y mec\u00e1nica de la norma genera una franca desprotecci\u00f3n a los beneficiarios y, por ello, el an\u00e1lisis debe realizarse con flexibilidad. <\/p>\n
En la pr\u00e1ctica, lo que propone la censura es desconocer o inaplicar el requisito legal de la densidad de las 50 semanas de cotizaci\u00f3n, para favorecer la pensi\u00f3n de la accionante, pero esto no es de recibo, pues, si se aceptara, se abrir\u00eda la posibilidad infinita de rebajar el tope m\u00ednimo de las semanas de cotizaci\u00f3n por la sola raz\u00f3n de haberse \u00abcasi\u00bb cumplido, lo cual no es acorde con la misma Constituci\u00f3n, comoquiera que, se itera, se trata de un requisito que fue fijado por el legislador en desarrollo del mandato constitucional del art. 48 y ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional, por considerar que el legislador tiene un papel protag\u00f3nico en materia de regulaci\u00f3n de la seguridad social, con el prop\u00f3sito de garantizar la viabilidad econ\u00f3mica del sistema, la eficiencia de los principios que lo gobiernan, derivando de ello las potestades de configuraci\u00f3n de las condiciones y los mecanismos de afiliaci\u00f3n, CC C-428-2009. En consecuencia, por virtud del mismo art. 48 constitucional, en concordancia con el 365 ibidem, el art. 1 de la Ley 860 de 2003 se trata de una norma de orden p\u00fablico que no puede ser desconocida. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional; y es que, en rigor, lo aqu\u00ed expuesto es una diferencia con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, por haber considerado que seg\u00fan la norma y la jurisprudencia aplicables, las situaci\u00f3n de la actora no encuadraba en las excepciones a la forma de contabilizar las semanas de cotizaci\u00f3n al sistema pensional, porque su estado no deriva de una enfermedad cong\u00e9nita, cr\u00f3nica o degenerativa ni de unas secuelas tard\u00edas, sin que el solo hecho del no reconocimiento del beneficio pudiera interpretarse como una afrenta a sus derechos constitucionales, ni a los tratados internacionales ratificados por Colombia que garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad. <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recibida en la secretar\u00eda de esta Sala el 7 de septiembre de 2023. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11243-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00597-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76749","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76749\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}