STC11246-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11246-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00376-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 23 de agosto de 2023, dictado por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el amparo que promovi\u00f3 Hortensia Breton Pati\u00f1o contra los Juzgados Diecinueve Civil Municipal y S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas 68001-40-03-019-2021-00425-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Adujo, en esencia, que mediante Escritura P\u00fablica 6161 del 7 de febrero de 1993 le fue asignado en la sucesi\u00f3n de su padre el 5.356% del predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-29324, del cual fue sacada por su hermana Cristina Breton Pati\u00f1o en el a\u00f1o 2007. Indic\u00f3 que surti\u00f3, sin \u00e9xito, distintos tr\u00e1mites policivos para su reingreso al inmueble, as\u00ed como que desde entonces su hermana no le ha entregado cuentas de la fracci\u00f3n de los c\u00e1nones de arrendamiento que le pertenecen por su cuota parte del mismo, a pesar de haberse identificado como administradora en distintos escenarios judiciales. Por lo anterior inici\u00f3 proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas en el cual, mediante sentencia anticipada de 11 de agosto de 2022, se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por encontrar probada la excepci\u00f3n de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa teniendo en cuenta que la parte pasiva no est\u00e1 obligada a rendir cuentas a la parte demandante\u201d, decisi\u00f3n que fue confirmada por el ad quem (13 feb. 2023). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que los despachos judiciales accionados desconocieron el precedente de la Corte Constitucional (T-743\/2008), dado que la obligaci\u00f3n de rendir cuentas puede surgir de disposiciones legales, tales como el cuasicontrato de comunidad o la agencia oficiosa o gesti\u00f3n de negocios ajenos que ten\u00edan lugar en el caso estudiado. <\/p>\n
2.- El Juzgado 19 Civil Municipal de Bucaramanga efectu\u00f3 un relato de las actuaciones m\u00e1s relevantes, destac\u00f3 que, revisado el asunto, encontr\u00f3 que no era viable solicitar a Cristina Breton cuentas de su gesti\u00f3n, por no haberse allegado probanza de su calidad de administradora del inmueble. Adicion\u00f3 que, para solicitar el reconocimiento y pago de c\u00e1nones de un bien com\u00fan, los comuneros no estaban obligados a rendir cuentas por la administraci\u00f3n que desarrollaban bajo el entendido que lo hacen a nombre propio en ejercicio de actos de se\u00f1or y due\u00f1o y no en nombre de sus pares. <\/p>\n
El Juzgado 7\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3 que se cumpli\u00f3 cabalmente el tr\u00e1mite procesal y sustancial dispuesto por la ley. <\/p>\n
3.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo por inmediatez dado que la providencia que desat\u00f3 la segunda instancia se profiri\u00f3 el 13 de febrero de 2023 y la tutela fue radicada el 15 de agosto de la misma anualidad. A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, lo decidido por las autoridades accionadas fue razonable. <\/p>\n
4.- La gestora impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que se cumpli\u00f3 con la inmediatez, puesto que la sentencia se notific\u00f3 el 14 de febrero de 2023, pero cobr\u00f3 ejecutoria el 21 del mismo mes y a\u00f1o, por lo que la tutela se present\u00f3 en el t\u00e9rmino oportuno y, frente al fondo del asunto, reiter\u00f3 lo indicado en su libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, dado que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Revisado el asunto encuentra la Sala que, si bien el actor, a trav\u00e9s del presente mecanismo censura las sentencias que resolvieron de fondo el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, lo cierto es que el debate jur\u00eddico se cerr\u00f3 por aquella proferida el 13 de febrero de 2023, por medio de la cual el Juzgado 7\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga confirm\u00f3 la sentencia anticipada de primera instancia, por lo que el estudio constitucional recaer\u00e1 sobre esta. <\/p>\n
Establecido lo anterior, de la revisi\u00f3n del proceso en comento, encuentra la Sala que la judicatura atacada no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados, dado que el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas supone, necesariamente, la existencia de un convenio o mandato legal que imponga al convocado la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas pedidas derivadas de la administraci\u00f3n que se le confiri\u00f3, factor que no se encuentra presente en la relaci\u00f3n que aqueja el accionante en contra de la demandada. En efecto, los supuestos f\u00e1cticos que fundaros las pretensiones no establecen la existencia de una obligaci\u00f3n de la demandada de rendir cuentas pues no ejerci\u00f3 funciones de administraci\u00f3n delegadas por los dem\u00e1s comuneros. <\/p>\n
El juzgado del circuito accionado inici\u00f3 por establecer los requisitos para proferir sentencia anticipada: <\/p>\n
\u201cLa sentencia anticipada es una figura estipulada dentro del art\u00edculo 278 del C. G. del Proceso, la cual atendiendo a los principios de econom\u00eda procesal y la celeridad permite al juez dictar sentencia de fondo, sin tener que agotar las etapas procesales. <\/p>\n
Las posibilidades que tiene el juez para dictar la sentencia anticipada a que se refiere el art\u00edculo 278 ib\u00eddem, son: <\/p>\n
1. Cuando las partes o sus apoderados de com\u00fan acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. <\/p>\n
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa.\u201d <\/p>\n
Prosigui\u00f3 por enunciar brevemente el proceso de la rendici\u00f3n provocada de cuentas, as\u00ed como quienes est\u00e1n sujetos a dicha obligaci\u00f3n, con especial \u00e9nfasis en la necesidad de un contrato o negocio jur\u00eddico previo: <\/p>\n
Ahora bien, respecto del proceso de rendici\u00f3n de cuentas, un proceso civil, en donde una parte se obliga a otra parte, ya sea por intermedio de un contrato o negocio jur\u00eddico, a que rinda informe sobre la gesti\u00f3n y los frutos de dicho contrato o negocio jur\u00eddico, dicha prerrogativa jur\u00eddica aplica tambi\u00e9n para administradores y representantes legales. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 2181 del C.C establece que: \u201c\u2026 Rendici\u00f3n de cuentas del mandatario\u2026El mandatario es obligado a dar cuenta de su administraci\u00f3n\u2026 Las partidas importantes de su cuenta ser\u00e1n documentadas si el mandante no le hubiere relevado de esta obligaci\u00f3n\u2026 La relevaci\u00f3n de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra \u00e9l justifique el mandante\u2026\u201d <\/p>\n
Los procesos de rendici\u00f3n provocada de cuentas suponen, as\u00ed, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligaci\u00f3n de hacerlo, y esa obligaci\u00f3n de rendir cuentas se deriva, por regla general, de otra obligaci\u00f3n: la de gestionar actividades o negocios por otro. <\/p>\n
Los sujetos obligados a rendir cuentas lo est\u00e1n porque previamente ha habido un acto jur\u00eddico que los obliga a gestionar negocios o actividades por otra persona. <\/p>\n
Posteriormente, se refiri\u00f3 al caso en concreto frente a cada una de las probanzas allegadas y concluy\u00f3 que existe una comunidad entre los herederos del causante Guillermo Breton Mantilla (q.e.p.d.), pero que los comuneros no nombraron a ning\u00fan administrador de la copropiedad y que Cristina Breton Pati\u00f1o no actu\u00f3 en tal calidad, sino en calidad de copropietaria, motivo por el cual no existe legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva: <\/p>\n
Descendiendo al caso, y de las pruebas documentales obrantes en el presente proceso, se advierte que en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 300-29324 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga, en anotaci\u00f3n N\u00b0 004, la demandante HORTENSIA BRETON PATI\u00d1O y demandada CRISTINA BRETON DE NAVAS ostenta el 5.356% cada una, del 100% del referido inmueble. <\/p>\n
Por su parte la demandada CRISTINA BRETON DE NAVAS adquiri\u00f3 el 18.74960% correspondiente a los derechos de cuota de MARIELA PATI\u00d1O DE BRETON, seg\u00fan se registra la anotaci\u00f3n N\u00b0 26 del folio de matr\u00edcula Inmobiliaria, luego a la anotaci\u00f3n N\u00b0 28, la demandada CRISTINA BRETON DE NAVAS enajena el 2.80% de los derechos de cuota a MARIELA BRETON DE DUARTE. <\/p>\n
Se tiene la existencia de la comunidad proindiviso de las partes (demandante y demandada), respecto de los dem\u00e1s herederos del causante GUILLERMO BRETON MANTILLA (q.e.p.d.), sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 300-29324 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
En consecuencia de lo anterior, la demandante HORTENSIA BRETON PATI\u00d1O y CRISTINA BRETON DE NAVAS, son copropietarias del bien inmueble antes referido, ejercen su dominio respecto del porcentaje que cada una ejercen el en el derecho real del inmueble en menci\u00f3n. <\/p>\n
Al existir una comunidad, todos aquellos copropietarios, si no est\u00e1 bajo su manejo el todo del inmueble, nombrar un administrador, en aras de explotar conjuntamente el inmueble com\u00fan y percibir los frutos o rentas que aquel produzca. <\/p>\n
El administrador representar\u00e1 a los comuneros y tendr\u00e1 sus respectivas obligaciones, legitim\u00e1ndose para rendir cuentas de la administraci\u00f3n a su cargo ante los dem\u00e1s o de todos los comuneros. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De ah\u00ed que, dicha circunstancia descarta su legitimaci\u00f3n de la causa por pasiva para refutar, por esta v\u00eda, las actuaciones que se susciten en el precitado proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, ya que a estas diligencias deben comparecer los titulares de los derechos y que en el presente caso no fue arrimada prueba documental id\u00f3nea que acreditara dicha administraci\u00f3n o mandato sobre el inmueble objeto del litigio, como quiera que a juicio, la demandada CRISTINA BRETON DE NAVAS es copropietaria del bien inmueble en cuesti\u00f3n y no administradora del mismo, por el cual, no est\u00e1 obligada por ley a rendir cuentas, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 167 del C.G. del P., el cual establece que: \u201c\u2026incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u2026\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Expuestos los anteriores argumentos y de la valoraci\u00f3n probatoria, resulta acertado colegir la falta de legitimaci\u00f3n de la causa por pasiva de la demandada CRISTINA BRETON DE NAVAS, toda vez, se reitera que por disposici\u00f3n legal o por una relaci\u00f3n contractual, no est\u00e1 obligada a rendir cuentas como lo pretende la demandante HORTENSIA BRETON PATI\u00d1O, puesto que el legislador ha dispuesto que conforme a la ley, quien est\u00e1 obligado a rendir cuentas de su administraci\u00f3n para que as\u00ed lo haga, y si voluntariamente no ha procedido a hacerlo, tambi\u00e9n concede la interpelaci\u00f3n para que se efectu\u00e9, presupuesto no cumplido para este caso frente a la demanda. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que la demandada no ha sido nombrada como administradora de la comunidad sobre el bien inmueble, motivo por el cual no le es exigible rendir cuentas bajo el proceso incoado por la impulsora. Para arribar a tal conclusi\u00f3n se apoy\u00f3 en sentencias de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c\u2026El objeto de este proceso, es que todo aquel que conforme a la ley, est\u00e9 obligado a rendir cuentas de su administraci\u00f3n lo haga, si voluntariamente no ha procedido a hacerlo. <\/p>\n
Antes de la reforma del C\u00f3digo de Procedimiento Civil el proceso presentaba dos fases, perfectamente definidas y con sus respectivos objetivos: la primera para determinar la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas; la segunda, tendiente a establecer el monto o la cantidad que una parte sal\u00eda a deber a la otra. Con la reforma de 1989, el proceso fue simplificado y puede culminar sin necesidad de dictar sentencia, en el supuesto de que no exista controversia sobre el monto fijado en la demanda, pues si el demandado, dentro del t\u00e9rmino de traslado no se opone a recibir las cuentas presentadas, ni las objeta, ni propone excepciones previas, el juez las aprueba mediante auto que no es apelable y prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo\u201d. <\/p>\n
Los procesos de rendici\u00f3n provocada de cuentas suponen, as\u00ed, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligaci\u00f3n de hacerlo. Y esa obligaci\u00f3n de rendir cuentas se deriva, por regla general, de otra obligaci\u00f3n: la de gestionar actividades o negocios por otro. En el Derecho sustancial, est\u00e1n obligados a rendir cuentas, entre muchos otros, por ejemplo, los guardadores \u2013tutores o curadores- (arts. 504 a 507, C\u00f3digo Civil Colombiano), los curadores especiales (art. 584, C.C.C), el heredero beneficiario respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios (arts. 1318 a 1320, C.C.C), el albacea (art. 136, C.C.C), el mandatario (arts. 2181, C.C.C., y 1268 del C\u00f3digo de Comercio), el secuestre (art. 2279, C.C.C), el agente oficioso (art. 1312, C.C.C), el administrador de la cosa com\u00fan (arts. 484 a 486, C.P.C), el administrador de las personas jur\u00eddicas comerciales (arts. 153, 230, 238 y 318, Co.Co., y 45, Ley 222 de 1995), el liquidador (arts. 238, Co.Co., y 59, inc. 5, Ley 1116 de 2006), el gestor de las cuentas en participaci\u00f3n (arts. 507 y 512 del Co.Co.), el fiduciario (art. 1234, Co.Co.), el comisionista (art. 1299, Co.Co.) y el editor (arts. 1362 y 1368, Co.Co.). En todas estas hip\u00f3tesis, los sujetos obligados a rendir cuentas lo est\u00e1n porque previamente ha habido un acto jur\u00eddico (contrato, mandamiento judicial, disposici\u00f3n legal) que los obliga a gestionar negocios o actividades por otra persona. <\/p>\n
De hecho, un comunero, si es designado administrador de la comunidad, en la forma como lo disponen los art\u00edculos 484 y 486 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seguramente estar\u00e1 obligado a rendir cuentas de su gesti\u00f3n, espont\u00e1neamente o a petici\u00f3n de los comuneros (art\u00edculo 485, C.P.C). Pero si el caso es que uno de los comuneros ha introducido motu proprio, y con afectaci\u00f3n a su propio peculio, mejoras en la cosa com\u00fan, la \u00fanica hip\u00f3tesis en la cual estar\u00eda llamado a rendir cuentas de su gesti\u00f3n, es que solicite para s\u00ed el reembolso de lo pagado por \u00e9l en pro de la comunidad (art\u00edculo 2325, C.C.C), o que solicite el reconocimiento de las mejoras. En estos dos \u00faltimos eventos, los escenarios procesales para rendir las cuentas no ser\u00edan, precisamente, los procesos de rendici\u00f3n de cuentas, sino los procesos en los cuales se solicite el reembolso de lo pagado en pro de la comunidad o el reconocimiento de mejoras, y no como obligaci\u00f3n del comunero, sino como condici\u00f3n indispensable para obtener lo pretendido\u2026\u201d (T-143\/08). (Subrayado y en negrilla fuera del texto original) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De igual forma resalta igualmente la Sentencia SC1644-2022, bajo radicado N\u00ba 08001-31-03- 005-2017-00175-01, M.P. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u201c\u2026La g\u00e9nesis de lo anterior radica en el mandato contenido en el art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil, que ense\u00f1a que \u00ablas obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o m\u00e1s personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptaci\u00f3n de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o da\u00f1o a otra persona, como en los delitos; ya por disposici\u00f3n de la ley, como entre los padres y los hijos de familia\u00bb. <\/p>\n
El com\u00fanmente llamado contrato de administraci\u00f3n est\u00e1 reglado en el art\u00edculo 2142 de la obra en cita y consiste b\u00e1sicamente en la gesti\u00f3n de negocios realizada por una persona, que se llama mandatario, en nombre y representaci\u00f3n de otra, que se denomina comitente o mandante. Ha dicho la jurisprudencia que \u00ab[s]on elementos esenciales del mandato: una parte que confiera el encargo y que se llama mandante o comitente; otra parte que acepta el encargo y que se llama en general mandatario: que el encargo verse sobre negocio o negocios que interesen de alg\u00fan modo al mandante, puedan ser ejecutados legalmente por \u00e9ste y por el mandatario, sean reales o futuros y se relacionen con terceros\u2026 El objeto propio del mandato son actos jur\u00eddicos que deben cumplirse por cuenta del mandante, al contrario de lo que sucede en el arrendamiento de servicios cuyo objeto son hechos de orden material. (Planiol. Tratado Elemental. T2 n\u00famero 2232)\u00bb. (CSJ SC de 30 sep. 1947. G.J. LXIII, p\u00e1g. 39). Por consecuencia, es legitimado para incoar la demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas quien, de acuerdo con la ley o con la convenci\u00f3n, tenga derecho a exigirlas ante quien, debido a un encargo o gesti\u00f3n, deba rendirlas\u2026 <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa entonces el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el querellante, pues, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en la providencia reprochada contiene un criterio razonable e independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que, la decisi\u00f3n cuestionada no fue arbitraria ni desmedida, toda vez que se cumpli\u00f3 con uno de los requisitos de la sentencia anticipada, pues se configur\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa dado que la demandada no ten\u00eda obligaci\u00f3n de rendir cuentas de acuerdo con las normas aplicables al caso, as\u00ed como las providencias de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, desde la misma demanda se observa que la impulsora, al describir los supuestos f\u00e1cticos que generaron el litigio, nunca manifest\u00f3 haber entregado en administraci\u00f3n a su hermana el bien inmueble. Contrario a ello, por su misma descripci\u00f3n de la ocurrencia de los hechos, la accionante manifest\u00f3 que \u00abfue sacada\u00bb por su hermana del predio, motivo por el cual, m\u00e1s que un mandato, existieron actos de se\u00f1or y due\u00f1o, motivo por el cual no se enmarca en los supuestos generadores de la obligaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11246-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11246-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00376-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 23 de agosto de 2023, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76751","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76751","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76751"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76751\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76751"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}