STC11249-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11249-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01647-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Estefany Echeverry Toro frente al fallo proferido el 24 de agosto de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital, salud, vida digna, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin efecto la \u2026 sentencia SL1238-2023\u00bb y, en consecuencia, \u00abproceda al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a [su] favor y a favor de [su] hija [menor de edad]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Estefany Echeverry Toro, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir, en la que solicit\u00f3 el \u00abreconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, que fue desestimada parcialmente por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira con sentencia del 28 de mayo de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante, siendo confirmada con providencia del 14 de febrero de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe. <\/p>\n
2.2. Frente a ese \u00faltimo fallo, la actora interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con prove\u00eddo del 30 de mayo de 2023. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el estrado acusado incurri\u00f3 en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional \u00abrespecto a la aplicaci\u00f3n de los denominados casos l\u00edmite caracterizados porque al afiliado le faltan pocas semanas para cumplir el presupuesto legal exigido, el juez \u2026 debe valorar los elementos particulares del caso, tales como, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del accionante\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicion\u00f3 que, el afiliado, a la fecha del fallecimiento, contaba con 21 a\u00f1os de edad, perteneciendo al grupo de la poblaci\u00f3n joven de conformidad con las disposiciones internacionales, por lo que, a su juicio, es aplicable anal\u00f3gicamente el beneficio contemplado en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, que establece que \u00absolo deber\u00e1n acreditar que han cotizado 26 semanas en el \u00faltimo a\u00f1o inmediatamente anterior al hecho causante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adujo no haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues \u00abresolvi\u00f3 el problema jur\u00eddico planteado a la luz de la ley y la jurisprudencia, siguiendo el precedente de esta Corporaci\u00f3n, respecto a la ausencia de vac\u00edo legislativo en la disposici\u00f3n que prev\u00e9 los requisitos para que se cause la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abfrente a lo propuesto en la acci\u00f3n constitucional, concerniente a que a trav\u00e9s del interrogatorio de parte se aportaron elementos de juicio suficientes para valorar sus condiciones particulares, cabe resaltar que ello no fue planteado en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expuso que \u00abel precedente de la Corte Constitucional citado por la accionante, carece de identidad f\u00e1ctica, pues en ellos se analizan \u00fanicamente supuestos de pensi\u00f3n de invalidez, situaci\u00f3n, diferente a la pensi\u00f3n de sobrevivientes ac\u00e1 debatida\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que la sentencia reprochada es razonable, pues la autoridad judicial accionada \u00abresolvi\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n a la recurrente, dado que estaba demostrado que el afiliado no hab\u00eda cotizado la densidad de semanas requeridas para causar la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada por sus beneficiarias\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del resguardo insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la mencionada sede judicial, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia respectiva, de cara al caso concreto, expres\u00f3 que: <\/p>\n
Desde ya se advierte que las conclusiones a las que arrib\u00f3 el ad quem no son equivocadas, puesto que al constatar que Jonathan Estiven Gonz\u00e1lez cotiz\u00f3 47 semanas en sus \u00faltimos tres a\u00f1os de vida, evidentemente no se daban las condiciones para causar la pensi\u00f3n de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios al tenor del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, normatividad aplicable por ser la vigente al momento de la muerte del afiliado. <\/p>\n
Por otra parte, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, que solamente exige 26 semanas de cotizaciones en el a\u00f1o inmediatamente anterior al hecho causante, que reclama la demandante, la Sala expuso que: <\/p>\n
El planteamiento que hace la censura carece de fundamentaci\u00f3n normativa, pues no existe en el ordenamiento jur\u00eddico ninguna disposici\u00f3n especial que prevea el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con una densidad de cotizaci\u00f3n menor a las 50 semanas, en aquellos casos en los que el afiliado ha fallecido con menos de 26 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
As\u00ed, aunque el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003 s\u00ed contiene una previsi\u00f3n en tal sentido, ella solo hace referencia a la pensi\u00f3n de invalidez, sin que por analog\u00eda pueda extenderse a la asignaci\u00f3n por muerte, ya que, lejos de avizorarse alg\u00fan vac\u00edo normativo, esta \u00faltima prestaci\u00f3n se encuentra expresamente regulada en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, adem\u00e1s de que no es de recibo la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de normas excluyentes. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n a la censura, pues est\u00e1 demostrado que el afiliado no cotiz\u00f3 la densidad de semanas requeridas para causar la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Adicionalmente, respecto al desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, en cuanto a la flexibilizaci\u00f3n de requisitos para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n en los denominados \u00abcasos l\u00edmite\u00bb, el despacho judicial atacado expres\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora bien, la recurrente invoca cuatro providencias de la Corte Constitucional para aducir que cuando el afiliado no cumple las 50 semanas, pero est\u00e1 muy cerca de ello, debe flexibilizarse el requisito. Pues bien, lo primero que cabe decir es que en ninguna de ellas se analiz\u00f3 concretamente el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes de los beneficiarios de un afiliado que hubiera cotizado menos de 50 semanas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os anteriores a la muerte, sino el de la pensi\u00f3n de invalidez, es decir, son cuestiones diferentes al caso ac\u00e1 <\/p>\n
debatido. <\/p>\n
De todas maneras, haciendo abstracci\u00f3n de esa consideraci\u00f3n, cabe anotar tambi\u00e9n que las dos primeras sentencias (CC T-138-2012 y T-915-2014) se refirieron a casos de afiliados que padec\u00edan una enfermedad progresiva (VIH), y justamente fue esa particular consideraci\u00f3n la que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para adjudicar el derecho a favor de los accionantes, la que no se avizora en el sub judice. <\/p>\n
Las otras dos sentencias (CC T-235-2015 y T-503-2017), tambi\u00e9n sobre pensi\u00f3n de invalidez, consideran que en los denominados casos l\u00edmite, caracterizados porque al afiliado le faltan pocas semanas para cumplir el presupuesto legal exigido, el juez no puede realizar una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de la ley, sino que debe \u00abvalorar los elementos particulares del caso, tales como: la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del accionante, su estado de salud, si tiene personas a su cargo, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Entonces, aun en caso de que se llegara a aplicar el criterio vertido en las sentencias aludidas por la censura, no ser\u00eda posible casar el fallo impugnado, pues al enderezarse el cargo por la v\u00eda directa, no cuenta la Corte con elementos de juicio suficientes para valorar la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la demandante y de su hija, su estado de salud y dem\u00e1s condiciones particulares que eventualmente podr\u00edan <\/p>\n
conducir a una soluci\u00f3n jur\u00eddica diferente. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es verdad que el ad quem interpret\u00f3 con error el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003 al exigirle a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de un afiliado al sistema que probara haber convivido con \u00e9l al menos durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os de vida, puesto que tal exigencia solo se predica cuando quien fallece ostenta la calidad de pensional (CSJ SL1730-2020). Con todo, tal yerro es intrascendente, pues en todo caso, la pensi\u00f3n de sobrevivientes no qued\u00f3 causada, tal como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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